20 de septiembre de 2010, 16:50
NUEVATRIBUNA.ES - 2.9.2009
...para ir financiando en lo posible el déficit fiscal ocasionado lógicamente por las medidas necesarias de Gasto público compensatorio –esa es la intención- de la caída de la demanda agregada como consecuencia de la bajada de uno de sus componentes, el Consumo.
Me referiré primero a la “ayuda”.
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El cuadro adjunto es el Gasto consolidado en los Presupuestos del Estado (incluida Seguridad Social) para el año 2009. Cuando se habla de posibilidades presupuestarias no queda más remedio que descender a los números. Veamos: El gasto que representaría 420 euros mensuales de “ayudas” por 14 pagas a 600.000 ciudadanos son 3.528 millones de euros (no hay más que multiplicar). Esta cifra es importante –sin duda-, pero si la dividimos por el Presupuesto de gasto consolidado (364.203 mills. de euros) para tener una idea relativa del mismo nos sale un porcentaje del 0,97% (¡no llega al 1%!); y si somos precavidos y no queremos tocar las cuentas de la Seguridad Social por lo que sólo metemos en el saco de los presupuestos los gastos que hipotéticamente pudieran reasignarse -en el caso hipotético de no tener en cuenta ninguna medida de aumento del gasto- podemos tener sólo en cuenta los gastos totales excluidos los de la Seguridad Social (239.158 mills. de euros); con ello el gasto de esta “ayuda” de 420 euros en 14 pagas para 600.000 ciudadanos representaría el 1,48%. La cuestión que se plantea desde la izquierda y desde los sindicatos es: ¿es asumible como gasto el 1,48% del mismo sobre los Presupuestos excluida la Seguridad Social para ayudar a los que han perdido el empleo –sea cual sea la fecha- o que nunca lo han tenido para la octava potencia económica del mundo?
A mí me parece insuficiente. Veamos otras cifras: 600 euros por 14 pagas a 1.000.000 de ciudadanos son 8.400 millones de euros que representan el 2,31% del Gasto presupuestado total y el 3,51% excluida la Seguridad Social del total.
He puesto entre comillas lo de “ayuda” porque no puede ser tal, y menos hacerla depender de un cierto porcentaje de paro. De hacerlo así, resultaría que los que tuvieran la ayuda y la perdieran en ese hipotético caso recibirían un doble castigo: estar en el paro, recibir una ayuda y luego perderla -sin quererlo ni beberlo- porque otros han encontrado empleo y, como consecuencia, el porcentaje del paro ya impide la ayuda a los que siguen en el mismo: ¡no pude haber mayor incoherencia, mayor burla al parado que permaneciera en el paro y ya sin ayuda!, mayor desaguisado. En economía las cosas tienen una lógica cuando se presuponen y una inercia cuando se llevan a cabo. La “ayuda” ni puede ser una ayuda dependiente de nada que no sea encontrar trabajo o tener otra renta de integración por parte de otro organismo o institución pública. Debiera ser –en mi opinión- una renta de integración laboral, es decir, dependiente de la integración en el mundo laboral.
Ha dicho la Sra. Salgado, ministra de economía, que “en una unión monetaria el dinero no se puede crear si no es con incremento de déficit”. Esto es falso. En primer lugar el dinero se crea y se destruye todos los días cuando el Banco Central Europeo ejerce su labor de prestamista bancario de última estancia y cuando hace operaciones de mercado abierto. Esta no es la cuestión. El déficit real –que es el que importa- es la diferencia entre los ingresos obtenidos y los gastos ejecutados por el conjunto de las Administraciones Públicas y la Seguridad Social en España al cabo del año. Si se incurre en un déficit, éste se puede compensar mediante nuevos ingresos provenientes de aumentos de impuestos (ingresos), lucha más eficaz contra el fraude fiscal y en las cotizaciones o con aumento de la emisión de deuda pública (excluyo la posibilidad de préstamos de organismos internacionales). Es verdad que tanto el aumento del déficit como el aumento de la deuda ha de compensarse o amortizarse tarde o temprano, pero una política anticíclica exige aumentar déficit y deuda en situaciones de vacas flacas como la actual y esperar a las vacas gordas, que llegarán antes precisamente si se incurre en déficits y aumentos de deuda pública para compensar la caída de la demanda agregada, como ocurre actualmente y como está haciendo el Gobierno Central, aunque demasiado tímidamente y con miedo al P.P. y a su demagogia. Conclusión: el Gobierno lo hace cuasi-bien y la ministra lo justifica y lo explica mal.
La otra cuestión que se discute y ligada con lo anterior es la subida de impuestos para ir compensando el déficit antes de que la absurda norma comunitaria del 3% nos pille el toro a nosotros, el país del toreo. La norma no puede ser más absurda y burocrática: ¿por qué el 3% y no el 1% o el 6%? Nadie lo ha explicado. Mucho mejor sería abandonar este criterio y dejar sólo los de la inflación y los de la deuda pública. Es curioso que mientras se considera que un país está en situación grave porque su déficit pasa del 3% al 5%, no se considera lo mismo si su deuda llega y sobrepasa el 100% de su PIB, como ocurre con Italia, Grecia y Bélgica, (también la norma comunitaria fija el límite en el 60%). Creo acertado no tocar en el impuesto sobre la renta los rendimientos del trabajo por varios motivos: porque las rentas del trabajo deber ser prioritarias en un política de izquierdas, aunque sea moderada; porque tienen un efecto directo sobre el consumo; porque han ido perdiendo peso en comparación con las rentas no salariales (aunque se hayan recuperado en el último año por la caída de los ingresos por impuestos), y porque son la rentas salariales las que reciben el peso del reajuste por mor del aumento del desempleo. El IVA no se puede tocar por dos motivos: es un impuesto indirecto y con redistribución negativa de la renta, y porque en este momento un aumento de este impuesto podría incidir en una mayor bajada del Consumo. Quedan los impuestos de sociedades y los rendimientos no derivados del trabajo. En cuanto al primero no queda claro que no se pueda aumentar, cambiando la tendencia de este gobierno a bajarlo. Es un impuesto que sólo que paga cuando hay beneficios económicos (no meramente contables) y es neutral desde el punto de vista de la asignación de los recursos, por lo que no perjudica las decisiones de inversión. El gobierno parece decidido no sólo a no aumentarlo, sino a rebajarlo. Esto tiene dos consecuencias: menores ingresos fiscales- obviamente- y más incitación al fraude de las grandes fortunas, porque son los muy ricos los que pueden eludir el pago por renta al máximo de la escala de gravamen (el 43%) constituyendo sociedades ficticias aunque legales con este único fin: pagar menos.
Quedan los rendimientos no salariales, es decir las plusvalías, ganancias patrimoniales por compra-venta de inmuebles, de acciones, ejecución de seguros, dividendos, etc., siempre y cuando no estén afectos a alguna actividad empresarial (no hay que olvidarlo para los que se quejan de vicio). En realidad estos rendimientos se cumplimentan en el impreso del IRPF, pero es un impuesto aparte, puesto que no tributan por la escala del gravamen sino a un tipo único del 18% (11,1% para la Administración Central del Estado y el 6,9% para las Comunidades). Aquí hay dos soluciones: o se integran como sería lo suyo en la escala de gravamen y al que le suba la deuda tributaria porque tenga la “desgracia” de tener muchos rendimientos de todo tipo que se aguante; o bien aumentar el tipo del 18% a otro mayor. Como me sospecho que esta va a ser la solución propuesta por el Gobierno al final, habría que pedir que al menos el tipo fuera significativamente superior al tipo medio real (cuota a pagar sobre rendimientos del trabajo) de lo pagado por los rendimientos del trabajo.
Otra opción –se me olvidaba- sería volver al impuesto sobre el Patrimonio, pero no parece que el conjunto de la izquierda parlamentaria no gubernamental y los sindicatos tengan fuerza para imponer ese ritornelo.
Para evitar comentarios errados de un sindicalista de gran responsabilidad institucional, adjunto el cuadro de la presión fiscal para los 5 primeros países de Europa por PIB.
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Somos de los países de menor presión fiscal porque muy por encima están los países nórdicos que son no casualmente los más avanzados del planeta en todos los órdenes. Además, estos datos nos dejan en mejor situación que la actual, porque los ingresos fiscales han caído tanto en el 2008 y caerán más aún en el 2009 que nuestros ingresos respecto al PIB no sobrepasarán probablemente del 34% para el 2010. Y este es uno de los grandes problemas de este país: muy pocos ingresos fiscales (derivados de los impuestos) como para consolidar y avanzar en nuestro aún precario Estado de Bienestar.
Antonio Mora Plaza - economista.
...para ir financiando en lo posible el déficit fiscal ocasionado lógicamente por las medidas necesarias de Gasto público compensatorio –esa es la intención- de la caída de la demanda agregada como consecuencia de la bajada de uno de sus componentes, el Consumo.
Me referiré primero a la “ayuda”.
El cuadro adjunto es el Gasto consolidado en los Presupuestos del Estado (incluida Seguridad Social) para el año 2009. Cuando se habla de posibilidades presupuestarias no queda más remedio que descender a los números. Veamos: El gasto que representaría 420 euros mensuales de “ayudas” por 14 pagas a 600.000 ciudadanos son 3.528 millones de euros (no hay más que multiplicar). Esta cifra es importante –sin duda-, pero si la dividimos por el Presupuesto de gasto consolidado (364.203 mills. de euros) para tener una idea relativa del mismo nos sale un porcentaje del 0,97% (¡no llega al 1%!); y si somos precavidos y no queremos tocar las cuentas de la Seguridad Social por lo que sólo metemos en el saco de los presupuestos los gastos que hipotéticamente pudieran reasignarse -en el caso hipotético de no tener en cuenta ninguna medida de aumento del gasto- podemos tener sólo en cuenta los gastos totales excluidos los de la Seguridad Social (239.158 mills. de euros); con ello el gasto de esta “ayuda” de 420 euros en 14 pagas para 600.000 ciudadanos representaría el 1,48%. La cuestión que se plantea desde la izquierda y desde los sindicatos es: ¿es asumible como gasto el 1,48% del mismo sobre los Presupuestos excluida la Seguridad Social para ayudar a los que han perdido el empleo –sea cual sea la fecha- o que nunca lo han tenido para la octava potencia económica del mundo?
A mí me parece insuficiente. Veamos otras cifras: 600 euros por 14 pagas a 1.000.000 de ciudadanos son 8.400 millones de euros que representan el 2,31% del Gasto presupuestado total y el 3,51% excluida la Seguridad Social del total.
He puesto entre comillas lo de “ayuda” porque no puede ser tal, y menos hacerla depender de un cierto porcentaje de paro. De hacerlo así, resultaría que los que tuvieran la ayuda y la perdieran en ese hipotético caso recibirían un doble castigo: estar en el paro, recibir una ayuda y luego perderla -sin quererlo ni beberlo- porque otros han encontrado empleo y, como consecuencia, el porcentaje del paro ya impide la ayuda a los que siguen en el mismo: ¡no pude haber mayor incoherencia, mayor burla al parado que permaneciera en el paro y ya sin ayuda!, mayor desaguisado. En economía las cosas tienen una lógica cuando se presuponen y una inercia cuando se llevan a cabo. La “ayuda” ni puede ser una ayuda dependiente de nada que no sea encontrar trabajo o tener otra renta de integración por parte de otro organismo o institución pública. Debiera ser –en mi opinión- una renta de integración laboral, es decir, dependiente de la integración en el mundo laboral.
Ha dicho la Sra. Salgado, ministra de economía, que “en una unión monetaria el dinero no se puede crear si no es con incremento de déficit”. Esto es falso. En primer lugar el dinero se crea y se destruye todos los días cuando el Banco Central Europeo ejerce su labor de prestamista bancario de última estancia y cuando hace operaciones de mercado abierto. Esta no es la cuestión. El déficit real –que es el que importa- es la diferencia entre los ingresos obtenidos y los gastos ejecutados por el conjunto de las Administraciones Públicas y la Seguridad Social en España al cabo del año. Si se incurre en un déficit, éste se puede compensar mediante nuevos ingresos provenientes de aumentos de impuestos (ingresos), lucha más eficaz contra el fraude fiscal y en las cotizaciones o con aumento de la emisión de deuda pública (excluyo la posibilidad de préstamos de organismos internacionales). Es verdad que tanto el aumento del déficit como el aumento de la deuda ha de compensarse o amortizarse tarde o temprano, pero una política anticíclica exige aumentar déficit y deuda en situaciones de vacas flacas como la actual y esperar a las vacas gordas, que llegarán antes precisamente si se incurre en déficits y aumentos de deuda pública para compensar la caída de la demanda agregada, como ocurre actualmente y como está haciendo el Gobierno Central, aunque demasiado tímidamente y con miedo al P.P. y a su demagogia. Conclusión: el Gobierno lo hace cuasi-bien y la ministra lo justifica y lo explica mal.
La otra cuestión que se discute y ligada con lo anterior es la subida de impuestos para ir compensando el déficit antes de que la absurda norma comunitaria del 3% nos pille el toro a nosotros, el país del toreo. La norma no puede ser más absurda y burocrática: ¿por qué el 3% y no el 1% o el 6%? Nadie lo ha explicado. Mucho mejor sería abandonar este criterio y dejar sólo los de la inflación y los de la deuda pública. Es curioso que mientras se considera que un país está en situación grave porque su déficit pasa del 3% al 5%, no se considera lo mismo si su deuda llega y sobrepasa el 100% de su PIB, como ocurre con Italia, Grecia y Bélgica, (también la norma comunitaria fija el límite en el 60%). Creo acertado no tocar en el impuesto sobre la renta los rendimientos del trabajo por varios motivos: porque las rentas del trabajo deber ser prioritarias en un política de izquierdas, aunque sea moderada; porque tienen un efecto directo sobre el consumo; porque han ido perdiendo peso en comparación con las rentas no salariales (aunque se hayan recuperado en el último año por la caída de los ingresos por impuestos), y porque son la rentas salariales las que reciben el peso del reajuste por mor del aumento del desempleo. El IVA no se puede tocar por dos motivos: es un impuesto indirecto y con redistribución negativa de la renta, y porque en este momento un aumento de este impuesto podría incidir en una mayor bajada del Consumo. Quedan los impuestos de sociedades y los rendimientos no derivados del trabajo. En cuanto al primero no queda claro que no se pueda aumentar, cambiando la tendencia de este gobierno a bajarlo. Es un impuesto que sólo que paga cuando hay beneficios económicos (no meramente contables) y es neutral desde el punto de vista de la asignación de los recursos, por lo que no perjudica las decisiones de inversión. El gobierno parece decidido no sólo a no aumentarlo, sino a rebajarlo. Esto tiene dos consecuencias: menores ingresos fiscales- obviamente- y más incitación al fraude de las grandes fortunas, porque son los muy ricos los que pueden eludir el pago por renta al máximo de la escala de gravamen (el 43%) constituyendo sociedades ficticias aunque legales con este único fin: pagar menos.
Quedan los rendimientos no salariales, es decir las plusvalías, ganancias patrimoniales por compra-venta de inmuebles, de acciones, ejecución de seguros, dividendos, etc., siempre y cuando no estén afectos a alguna actividad empresarial (no hay que olvidarlo para los que se quejan de vicio). En realidad estos rendimientos se cumplimentan en el impreso del IRPF, pero es un impuesto aparte, puesto que no tributan por la escala del gravamen sino a un tipo único del 18% (11,1% para la Administración Central del Estado y el 6,9% para las Comunidades). Aquí hay dos soluciones: o se integran como sería lo suyo en la escala de gravamen y al que le suba la deuda tributaria porque tenga la “desgracia” de tener muchos rendimientos de todo tipo que se aguante; o bien aumentar el tipo del 18% a otro mayor. Como me sospecho que esta va a ser la solución propuesta por el Gobierno al final, habría que pedir que al menos el tipo fuera significativamente superior al tipo medio real (cuota a pagar sobre rendimientos del trabajo) de lo pagado por los rendimientos del trabajo.
Otra opción –se me olvidaba- sería volver al impuesto sobre el Patrimonio, pero no parece que el conjunto de la izquierda parlamentaria no gubernamental y los sindicatos tengan fuerza para imponer ese ritornelo.
Para evitar comentarios errados de un sindicalista de gran responsabilidad institucional, adjunto el cuadro de la presión fiscal para los 5 primeros países de Europa por PIB.
Somos de los países de menor presión fiscal porque muy por encima están los países nórdicos que son no casualmente los más avanzados del planeta en todos los órdenes. Además, estos datos nos dejan en mejor situación que la actual, porque los ingresos fiscales han caído tanto en el 2008 y caerán más aún en el 2009 que nuestros ingresos respecto al PIB no sobrepasarán probablemente del 34% para el 2010. Y este es uno de los grandes problemas de este país: muy pocos ingresos fiscales (derivados de los impuestos) como para consolidar y avanzar en nuestro aún precario Estado de Bienestar.
Antonio Mora Plaza - economista.