sábado 29/1/22

Políticas sociales en un escenario de crisis económica y de destrucción de empleo

NUEVATRIBUNA.ES - 20.5.2009La consideración de las políticas sociales en tiempos de crisis, de su naturaleza, alcance y efectos, suele ser objeto de controversia, cuando no de análisisy planteamientos presuntamente teóricos (y realmente ideológicos), que enturbian el carácter radicalmente estabilizador que tales políticas juegan, por su propia naturaleza, tanto en lo que se refiere a garantizar o, al menos, posibilitar, el bienestar de
NUEVATRIBUNA.ES - 20.5.2009

La consideración de las políticas sociales en tiempos de crisis, de su naturaleza, alcance y efectos, suele ser objeto de controversia, cuando no de análisis
y planteamientos presuntamente teóricos (y realmente ideológicos), que enturbian el carácter radicalmente estabilizador que tales políticas juegan, por su propia naturaleza, tanto en lo que se refiere a garantizar o, al menos, posibilitar, el bienestar de las personas, como, consecuentemente, la cohesión social y, de manera derivada, el crecimiento económico. De hecho, únicamente con políticas sociales de carácter marcadamente estructural es posible combinar de manera equitativa y sostenible, crecimiento y desarrollo.

Las tesis, los discursos y las prácticas neoliberales que han liderado y determinado el modelo de globalización actualmente existente, han suplantado, invadido y parasitado el resto de los discursos hasta malversarlos en algunos casos o, en otros, hasta hacerlos aparecer como discursos residuales, “alternativos” (en el sentido de carentes de auténtica capacidad como alternativa o, al menos, de capacidad crítica en su más positiva acepción), o, simplemente, como discursos que no hacen sino recomponer el pasado en forma de añoranza. En este contexto, el resistencialismo o la resignación parecen haber sido las dos estrategias de la izquierda. Una estrategia que, cautiva del dominio ideológico del pensamiento económico se refleja en lo que Vicenç Navarro denomina “nueva sabiduría convencional” que se está creando en España (con su llamada a apretarse los cinturones), reproducida fielmente por las enormes cajas de resonancia que aportan los medios de información y persuasión próximos a aquellos grupos de presión, y que, según el mismo autor, basa sus recetas económicas de austeridad en una interpretación equivocada de las causas de la crisis económica y financiera, atribuyendo la crisis a un exceso del gasto público y a una falta de modernización salarial, que crea un exceso de la demanda que debe reducirse.

Sin embargo, los últimos 20 años, período en que la emergencia y consolidación del discurso neoliberal se ha asentado en el conjunto del planeta, han supuesto que hoy, (y muy pocos economistas en el mundo se atreven a negarlo), las desigualdades sociales, tanto a nivel mundial como en la mayoría de países donde tales políticas se han desarrollado, hayan alcanzado unos niveles que no se habían visto desde principios del siglo XX. Y las políticas liberales han sido determinantes en el crecimiento de tales desigualdades. Ciertamente, cuando la economía crece a buen ritmo, cuando hay pleno empleo y se generan recursos suficientes para que se alcance un nivel mínimo de satisfacción social, las políticas públicas de carácter social no se perciben como un elemento estructural estrictamente necesario simplemente porque hay menos situaciones que requieran la protección colectiva, en la medida en que la suficiencia individual de las personas, fundamentalmente la que se refiere a su suficiencia económica, suele ser alta. Además, cuando las economías disfrutan de buena salud es también más fácil encontrar los recursos necesarios para paliar las situaciones extremas de necesidad o de carencia que pueden plantearse, por ejemplo, como consecuencia de los cambios demográficos o de la distinta composición de la población inactiva. Entonces, es menos problemático disponer de fuentes de financiación que no repercutan negativamente sobre la estabilidad financiera o la dinámica de crecimiento.

Sin embargo, cuando la economía se deteriora, cuando se multiplican el desempleo y la pobreza, no sólo hay más problemas que atender y más carencias que paliar, sino que además los recursos destinados a ello provocan mayores desajustes en las actividades de las que depende el crecimiento en las economías capitalistas “puras”: la rentabilización de los capitales privados, en la medida en que, por ejemplo, una política fiscal orientada a una redistribución social de la riqueza es incompatible con esa rentabilización máxima (y privada) del capital. Incluso cuando la economía está en fase de crecimiento, la redistribución de renta en la que se expresa siempre la Política Social no será tan convulsiva para quienes ceden la parte de su ingreso que la financia. Se considerará incluso una inversión necesaria y bienvenida pues contribuye a legitimar el sistema de apropiación desigual establecido, tal y como afirmaba, hace ya un decenio, Klaus Offe. Desde estos parámetros de interiorización de las tesis neoliberales, una de las medidas de estímulo de la economía que está teniendo mayor visibilidad en los medios económicos ha sido la reducción de impuestos.

En la misma dirección, aunque de manera mucho más fundamentalista, el discurso según el cual las medidas de protección social, significativamente, las prestaciones de protección al desempleo “desincentivan” la búsqueda de empleo, o aquellas otras que pretenden que la flexibilización del mercado de trabajo a través de la desregulación de las relaciones laborales y la descausalización y abaratamiento del despido incrementarían el empleo, no son sino emergencias oportunistas del paradigma del “todomercado, sólo mercado”. Por lo tanto, plantear el lugar de las políticas sociales en la salida a la crisis económica debe llevar a considerar la naturaleza del modelo de crecimiento que se pretende impulsar. Porque es precisamente del modelo de crecimiento de lo que depende el que que aparezcan situaciones que las hacen necesarias y que, al mismo tiempo, resulten contrarias o no con los estímulos que se precisan para realizarse.

Así, un modelo de crecimiento basado en el reparto desigual tiende amultiplicar las situaciones de carencia y necesidad y, en consecuencia, a hacer más necesarias las políticas de carácter social; pero, al mismo tiempo, son incompatibles con la acción intencionalmente igualitaria sobre la base redistributiva que conllevan, puesto que destruyen o, al menos socavan, el sistema de incentivos que le es propio y drena recursos que le son necesarios en su dinámica de polarización social inherente al de acumulación incrementalista y crecientemente concentrada de la riqueza. Es por ello que la opción por modelos de esta naturaleza, como es el caso paradigmático del asumido como propio en el proceso de creación de la Unión Europea que consideraré a continuación, conlleva siempre una renuncia a la profundización de las políticas sociales que terminan por limitarse a paliar con la tímidamano de la protección social la insatisfacción que provoca la voracidad de la otra, la del mercado.

CC OO defiende y reivindica un modelo social, el que conocemos como “modelo social europeo”, que si por algo se define es por garantizar de manera generalizada la igualdad de oportunidades para todas las personas, y con ella, la cohesión social, a través de un sistema, también regulado, de redistribución de la riqueza, lo que implica regular y limitar la injerencia del mercado en la prestación de servicios de carácter público y la provisión de bienes que se consideran básicos para la supervivencia y el desarrollo de la ciudadanía en una sociedad plenamente democrática. En la misma línea, es preciso preservar el papel del gasto social en el gasto público, en definitiva, en la política económica.

Dentro de este modelo social, nuestro sistema de Seguridad Social solidario, universalista, desmercantilizador, que se caracteriza por la búsqueda de políticas igualitarias en estándares elevados y no en necesidades mínimas, extendido a todos los ciudadanos, emancipador, por tanto de la dependencia del mercado y de la familia, debe quedar no sólo preservado, sino afianzado para poder hacer frene a eventuales tasas de crecimiento en sus gastos, aumento del paro, disminución de las cotizaciones,mayores gastos en prestaciones, y por la posibilidad de que la Seguridad Social pueda servir para abordar los desajustes delmercado de trabajo: fomento del empleo, aligerar el volumen de empleomediante jubilaciones anticipadas, invalideces, prestaciones de desempleo, etc. Se trata de una posición que ni es nueva, ni es ajena a la propia construcción social de la Unión Europea.

La profundidad de los desequilibrios regionales y de las desigualdades personales que afectan ahora a todo los países miembros, inducidos no sólo por la crisis económica sino, en parte almenos, por la patente ausencia de convergencia real enmateria social, de derechos y garantías mínimas para la suficiencia social, de la Unión Europea, han sido contemplada de manera reiterada como un riesgo que podía afectar gravemente al propio proceso de integración europea. El Informe Delors, en su punto 29 advertía que «si no se presta suficiente atención a los desequilibrios regionales la Unión Económica habría de enfrentarse a graves riesgos económicos y políticos. Esta preocupación llevó a poner sobre el tapete la necesidad de alcanzar un adecuado
nivel de cohesión social y económica entre los estados miembros que debería llevar a un notable protagonismo de las políticas sociales, lo que reconoció incluso la propia Comisión de las Comunidades al señalar, en el Consejo celebrado en junio de 1.989, que aquella debía constituir el contexto en donde debía desarrollarse el proyecto hacia la Unión Económica y Monetaria.

En un principio, el objetivo de cohesión social fue entendido en un sentido amplio y que podría considerarse equivalente al «grado hasta el cual las desigualdades en el bienestar económico y social entre distintas regiones o grupos de la Comunidad son política y socialmente tolerables pero en los documentos de la Comunidad y, sobre todo, a la hora de hacer efectivas las políticas económicas globales, el concepto de cohesión social ha ido perdiendo esa significación amplia y ligada a la fijación de objetivos concretos sobre el bienestar social, para quedar reducida a una simple aspiración compensatoria ante los desequilibrios que esas mismas generan. Así lo ha denunciado, en reiteradas ocasiones, la Confederación Europea de Sindicatos.

En el Tratado de la Unión Europea la cohesión social sigue constituyendo un objetivo del proyecto integrador (art. 2), aunque no una condición para impulsar el crecimiento económico y para determinar las medidas de política económica.

Y, de hecho, tal y como puede comprobarse en el Protocolo sobre la cohesión económica y social que acompaña al Tratado, se reduce al fomento de mecanismos reequilibradores, renunciándose, de esa forma, a comprenderla como un prerequisito del crecimiento económico igualador e igualitario. Puede decirse, por lo tanto, que la cohesión social es un objetivo que se reputa necesario (aunque no siempre ni en lamismamedida deseado por todos) para hacer frente a los desequilibrios ya lacerantes que afectan a la Comunidad, como un bálsamo paliativo de los efectos perversos del modelo de crecimiento adoptado y de los estímulos que han sido preferidos para incentivarlo, pero no como una característica que se desee como intrínseca al mismo. Así lo prueba no sólo la propia redacción de los tratados sino, sobre todo, la naturaleza de las medidas de política económica y los principios en los que se ha hecho descansar el diseño del proyecto de integración europea.

Después de la declaración deWashington, el protagonismo de las políticas públicas parece vivir un renovado impulso; sin embargo, estas políticas no pueden quedar reducidas ni en su papel asistencial con respecto a las instituciones financieras, ni a su capacidad para dinamizar los sectores productivos, con ser ambos importantes. Sin embargo, hay que subrayar que los intereses y, más aún, las necesidades que, de manera ya perentoria, afectan a la clase trabajadora y a la mayoría de la sociedad, obedecen no sólo a ritmos y tiempos distintos específicos, sino a principios, objetivos y lógicas
distintos de los intereses del mercado. Intereses de mercado que ya se han instalado en mercado de los servicios cuando estos se han desvelado como un auténtico motor económico de algunos países y, desde luego, como una parte más que significativa de la producción total en todo el mundo, empleando
a cientos de millones de trabajadores y trabajadoras, orquestando un ataque imparable de los servicios públicos, so pretexto de maximizar tanto su eficacia como su eficiencia.

Sin embargo, las experiencias que se derivan de la política de apertura de mercado que en materia de servicios ha seguido durante años la Comisión Europea con el objetivo de crear competencia y un mercado libre, nos dicen que la liberalización ha tenido como efecto generalizado la sustitución de los monopolios públicos únicos por un gran grupo de cuasi monopolios privados. Además, tal liberalización ha reducido la accesibilidad, y a veces la calidad, tanto de los propios servicios públicos como la del empleo a ellos vinculado, sobre no beneficiar a los usuarios.

Desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, es importante subrayar que la existencia de unos buenos servicios públicos, disponibles para todos, son, no sólo una parte esencial del estilo de vida europeo, sino, más profundamente, el resultado de las luchas de la clase trabajadora organizada en pos de unas condiciones mínimamente dignas de vida. Educación, Sanidad, Vivienda, Servicios relacionados con la distribución de energía y con las condiciones generales de salubridad de las poblaciones, Servicios Sociales, Atención a las personas en situación de dependencia, Protección frente a la pobreza la exclusión social, Vivienda protegida, Servicios de Transportes, postales y de correo y, más recientemente, Servicios vinculados con la Información, con la Investigación y el Desarrollo no pueden estar al albur de los criterios del mercado.

Es preciso defender los servicios públicos, su gestión pública y el acceso universal a todos ellos, porque son una piedra angular del interés público que se articula en lo que hemos venido denominando Estado del Bienestar.

Elvira S. Llopis es Vicepresidente de la Fundación 1º de Mayo y Directora del Area de Políticas Públicas, Políticas Sociales y Estado del Bienestar.

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