15 de diciembre de 2010, 10:40
nuevatribuna.es | 14.12.2010
Existen muchas dudas sobre la solvencia de la economía española. Los interrogantes no sólo se refieren a la capacidad del Estado español para atender a las obligaciones que se derivan de la deuda soberana. Las sospechas se extienden también al conjunto del sector privado. Empresas y hogares afrontan las mismas dificultades financieras, si no mayores, que el sector público.
Bancos y, especialmente, cajas de ahorro están siendo sometidos a una mayor supervisión, medidas de saneamiento y complejos procesos de reestructuración respaldados con dinero público que denotan que la situación del sistema bancario distaba mucho del cuadro idílico que algunos pintaban. Por lo que se ve ahora, la actuación de los bancos españoles no parece haber sido tan responsable e irreprochable como juran sus fans. Durante la década que precedió a la actual crisis global, caracterizada por un explosivo crecimiento de las operaciones crediticias y el consiguiente sobreendeudamiento de las entidades bancarias y de sus clientes, los bancos españoles asumieron riesgos excesivos que han requerido las garantías y el dinero que sólo el sector público está en condiciones de proporcionar.
Las dudas y desconfianzas sobre la solvencia de España se sostienen en sólidas razones económicas y financieras, por mucho que también reflejen filtraciones, rumores interesados y un fuerte componente especulativo. La mayoría de las veces son inversores especializados, instituciones financieras mundiales, economistas de todo tipo y condición, autoridades económicas, responsables políticos,… los que albergan las mayores reservas y las exponen para quien quiera escucharlas o leerlas. En todo caso, no es cierto que sean únicamente los mercados financieros y los especuladores los que aviesamente alimentan las sospechas, dado su innegable interés en extender, magnificar y aprovechar sus efectos.
¿A qué viene entonces la ofensiva para descalificar a los mensajeros domésticos que plantean reparos a la discutible solvencia de la economía española? Pueden darse varias respuestas a este interrogante. A las evidentes razones que surgen de la lógica precaución para no alentar más incertidumbres de las que ya existen deben sumarse los efectos de la pugna política que protagonizan Gobierno y oposición ante la proximidad de nuevas contiendas electorales. Hay también un claro intento de descalificar y acallar los recelos que apuntan en otra dirección: las durísimas políticas de ajuste fiscal, recortes de protección social, abaratamiento del sistema público de pensiones y desregulación del mercado laboral que defienden los órganos de poder de la UE y los Gobiernos de los países miembros no convencen a una ciudadanía que se interroga sobre su conveniencia y utilidad para salir de la crisis. Las políticas de austeridad y desregulación nada pueden hacer para generar empleo, no van a permitir alcanzar los exigentes objetivos de reducción del déficit fiscal comprometidos por los Gobiernos de los países periféricos y, como consecuencia, son perfectamente compatibles con la inquietud, excitación y alto grado de especulación que desde hace meses caracterizan a los mercados de deuda pública.
Las señales que muestran la falta de confianza en la economía española fueron apabullantes durante la última semana del pasado mes de noviembre. La rentabilidad de la deuda pública alcanzó máximos históricos (el bono español a 10 años llegó a ofrecer un rendimiento del 5,64% en el mercado secundario), sucedió lo mismo con la prima de riesgo (el diferencial con la rentabilidad que ofrecía el bono alemán superó los 250 puntos básicos; inmediatamente después, el lunes 29 de noviembre, alcanzó los 274 puntos y superó los 300 puntos el 30 de noviembre). Y lo mismo ocurrió con la cotización de las acciones de las empresas que forman parte del Ibex 35 (que perdió un 7,95%), siendo especialmente afectados los grandes bancos, cuyas cotizaciones retrocedieron más que la media y siguieron sufriendo caídas significativas en días posteriores. Los efectos calmantes del plan de rescate de Irlanda y de la intervención del BCE fueron rápidos y evidentes, pero duraron muy poco tiempo. Desde entonces, la percepción del riesgo soberano de los países periféricos que reflejan los mercados financieros no ha cambiado de forma significativa y nada de lo hecho en los últimos meses por las autoridades de la UE ha permitido mejorar su valoración de forma consistente.
Insistir en que la capacidad de pago de España no está en cuestión o en que hay que mantener, cueste lo que cueste, el rumbo impopular de las denominadas reformas estructurales ayuda poco a resolver los problemas y en nada facilita el acceso a la financiación internacional que requiere la economía española y, especialmente, el sector bancario. Puede haber, como sostiene el Gobierno del PSOE, recelos injustificados por parte de los mercados financieros internacionales e insuficiencias en la comunicación gubernamental; pero lo que realmente fallan son las políticas de ajuste fiscal y reforma estructural que han impuesto las instituciones comunitarias y que ha hecho suyas el Gobierno español sin asomo de crítica o un mínimo distanciamiento. Los verdaderos problemas de la economía española no se derivan de una mala o escasa comunicación, son las políticas que se aplican y el diagnóstico en que se basan los que no sirven. Y ese cuestionamiento debe también alcanzar a una estructura productiva y un modelo de crecimiento que acumulan ineficiencias y desequilibrios que la crisis global se ha encargado de poner en evidencia y exacerbarlos hasta confirmar la insostenibilidad del modelo.
Dos aspectos relevantes del debate sobre la capacidad de la economía española para atender a sus obligaciones de pago o refinanciar su deuda pública y privada y, al tiempo, cumplir los compromisos de consolidación fiscal que ha aceptado merecen especial atención.
En primer lugar, el sobreendeudamiento y la debilidad estructural de la economía española ofrecen poco margen para la recuperación de un crecimiento económico suficiente que permita pagar sus deudas a agentes económicos privados y públicos o refinanciarlas a unos costes financieros asumibles:
- Los hogares españoles tienen un elevado nivel de endeudamiento (un 125% de la renta nacional bruta disponible que sólo es superado en el Reino Unido) y una parte significativa y creciente de las familias tiene problemas para devolver el dinero que les fue prestado. La morosidad ocasiona una menor rentabilidad de los bancos y una inquietud creciente sobre el valor real o de mercado de sus activos inmobiliarios, la cuantía de los créditos incobrables que está embalsada en sus activos y su impacto sobre la solvencia del sistema bancario.
- Las empresas privadas mantienen un nivel de deuda aún mayor (un 140% del PIB que supera el nivel de todos nuestros principales socios), una baja rentabilidad que intentan recuperar y una reducida utilización de sus capacidades productivas. Tan precaria situación tiene un impacto muy negativo sobre el sistema bancario y obstaculiza su imprescindible tarea de canalizar el crédito hacia el sector privado.
- El fuerte retroceso del precio (y la actividad) del sector inmobiliario aún no ha terminado y va a resultar en gran parte irreversible. La construcción no sólo no puede seguir siendo un motor de crecimiento, sino que tiene todavía pendiente un recorrido a la baja que ocasionará pérdida de empleos, deterioro del tejido productivo y empresarial y depreciación de los activos inmobiliarios.
- Una deuda pública relativamente pequeña (pese a alcanzar un 67% del PIB, sigue siendo inferior al 85% que supone de media en la UE) pero en rápido crecimiento, que es detentada en un alto porcentaje por no residentes (45% del total) que exigen tasas de interés crecientes para compensar incertidumbres y riesgos.
- Las exportaciones hacia los mercados de mayor crecimiento, países emergentes y exportadores de petróleo, tienen un escaso peso en la economía española (inferior al 3% del PIB) y no pueden convertirse en un factor decisivo en el impulso de la actividad económica.
En tales condiciones, la lógica del mercado va a hacer que prosigan los procesos de desendeudamiento del sector privado y las políticas de recorte de salarios y, en menor medida, empleos para restablecer la rentabilidad de las empresas. Y, por si esto fuera poco, las restrictivas políticas presupuestarias que se han impuesto van a retrasar la reactivación económica y consolidar el estancamiento y las altas tasas de paro durante al menos los dos próximos años (2011 y 2012)
En segundo lugar, la UE no tiene ni quiere crear un verdadero sistema permanente de garantía colectiva de la deuda pública de los países de la eurozona. Esa ausencia y la falta de voluntad política para construirlo se hicieron evidentes en el caso griego y se han vuelto a exhibir en el rescate irlandés. Las restricciones políticas (intereses e ideologías conservadoras que dominan los centros de poder político y económico en las instituciones comunitarias y en los países que conforman el núcleo duro de la UE) están impidiendo la búsqueda de salidas cooperativas, sin países víctimas, a la crisis de la deuda soberana.
No se puede saber si la UE podrá o querrá acordar y gestionar en los próximos meses una solución cooperativa a los problemas de la deuda pública, pero ya se puede afirmar que las debilidades institucionales que presentan la gobernanza de la zona euro y las medidas aprobadas por los líderes europeos para, teóricamente, resolver las crisis griega e irlandesa explican una parte importante de los problemas que padecen los países periféricos, su deuda pública y el propio euro.
Mientras no exista un sistema institucional coherente y mayores niveles de integración presupuestaria y fiscal en la UE, los inversores van a mantener sus exigencias de mayor rentabilidad a la deuda pública de los países periféricos y una precaución extrema en la compra de las nuevas emisiones: los altos déficit públicos y las bajas expectativas de reactivación económica de estos países justifican la cautela de los inversores y hacen muy improbable la estabilización de los actuales niveles de deuda. Una parte de los inversores va a seguir deshaciéndose periódicamente, al ritmo que marquen riesgos ciertos o inventados, de los títulos de deuda soberana que detentan, malvendiéndolos. Como consecuencia, los rendimientos de la deuda pública de los países periféricos seguirán aumentando y distanciándose de los que ofrecen los títulos considerados más seguros. Así las cosas, el diferencial creciente de las primas de riesgo generará más razones para vender la deuda soberana menos segura, provocará nuevos incrementos en los tipos de interés de las nuevas emisiones de deuda pública de los países periféricos y más problemas para lograr los objetivos de estabilización fiscal.
Se está creando el paraíso soñado por los especuladores de deuda pública. Un paraíso alimentado por los mecanismos de respaldo limitado que han sido aprobados por la UE y por las contradictorias declaraciones de los principales líderes europeos sobre su alcance y su prolongación en el tiempo.
Poco se sabe de la forma que adoptarán esos mecanismos de rescate a partir de 2013. Lo único que ha trascendido de las negociaciones entre las grandes potencias europeas es que la UE asumirá la propuesta franco-germana de involucrar a los inversores privados en el rescate de la deuda soberna y en las pérdidas que se deriven de su impago a partir de junio de 2013. Las imprecisiones e incertidumbres en torno a futuros planes de rescate y las divergencias crecientes y duraderas entre las tasas de interés de la deuda pública que ofrecen los países periféricos y los del núcleo duro de la eurozona van a ser, hasta entonces, fuente de especulación y aliento para multiplicar la inestabilidad de los mercados financieros.
Los hechos son tozudos. El año 2010 empezó con una grave crisis de la deuda soberana que justificó el rescate de Grecia y la constitución de fondos de estabilización financiera multimillonarios para el conjunto de la eurozona. Como contrapartida, la UE forzó la aplicación de intensos ajustes fiscales que están siendo especialmente duros para los países periféricos. Y el año 2010 va a terminar con otro plan de rescate, el de Irlanda, y con nuevos planes de ajuste que no han impedido que Portugal y España pasaran a estar en el punto de mira de los mercados financieros ni que Italia y Bélgica se incorporaran a la lista de los países que son examinados con especial interés y cuidado por los mercados de deuda.
El rescate de Portugal se da ya por descontado y la única incógnita que queda por resolver es si su papel de próxima víctima tardará semanas o meses en ser efectivo. Lo de España es más discutible y mucho más problemático. No sólo porque partía de una situación más saneada de las cuentas públicas y los problemas de su sistema bancario parecen más acotados sino, sobre todo, porque los efectos políticos y económicos de un hipotético rescate serían de mayor envergadura, peor digestión y consecuencias imprevisibles. Aunque en términos relativos (respecto al PIB) la deuda soberana española es muy inferior a la de los otros países periféricos, en términos absolutos su cuantía (ronda los 700.000 millones de euros) es similar a la suma de las deudas públicas de Grecia, Irlanda y Portugal. En conjunto, sobrepasarían ampliamente el total de los 750.000 millones de euros dispuestos por la UE y el FMI para el rescate de los países periféricos y podrían poner en grave aprieto a buena parte del sistema bancario europeo.
Lo ocurrido en los últimos meses muestra que las medidas de ajuste fiscal y de respaldo temporal a la deuda de los países periféricos aprobadas por la UE no sirven para calmar duraderamente a los mercados financieros o aplacar sus exigencias. En sentido contrario, han animado una dinámica de divergencia creciente entre las economías de la zona euro que amenaza con ampliar aún más las diferencias entre los crecimientos potenciales y los niveles de vida de los países miembros. Por eso resulta tan irracional y tan estrafalaria la ensordecedora intensificación de las declaraciones que subrayan la necesidad de doblar la apuesta, reforzar los ajustes y acelerar unas reformas que muestran tan completa ineficacia económica como injusto, desigual y negativo impacto social.
Sería conveniente, por ello, hacer comprender a los líderes europeos y a los burócratas que pueblan y dirigen las instituciones comunitarias que el desánimo social que provocan sus políticas de austeridad y desregulación puede transformarse, si se empecinan en mantenerlas, en inestabilidad y riesgos políticos y sociales inmanejables.
La movilización del próximo 15 de diciembre convocada por la Confederación Europea de Sindicato permitirá que se expresen de nuevo los intereses y necesidades de las clases trabajadoras europeas y supondrá una nueva oportunidad para enviar a los responsables políticos comunitarios un recado de disconformidad con el rumbo antisocial y antieconómico emprendido por la UE. De igual modo, las manifestaciones del 18 de diciembre convocadas en nuestro país por CCOO y UGT ayudarán a que el Gobierno del PSOE vuelva a tomar nota de que una parte significativa de la ciudadanía está en contra de las desequilibradas políticas de ajuste fiscal y reforma laboral aprobadas en los últimos meses y rechaza las nuevas propuestas para retrasar la edad legal de jubilación a los 67 años y recortar las pensiones.
Que nuestros gobernantes muestren signos preocupantes de sordera e insensibilidad social no significa que hayan perdido la capacidad de oír, sean unos insensatos o puedan permanecer indiferentes ante el descontento, la voz y el voto de la mayoría de la sociedad.
Gabriel Flores | Economista