Quinto.
La globalización abre a las empresas multinacionales los mercados de trabajo de los países emergentes donde el coste del trabajo es un submúltiplo del de los países de vieja industrialización y dónde, sobre todo, no existen los vínculos entre la ley y los sindicatos en la explotación de la mano de obra. Sin embargo, la nueva industrialización va más allá del esquema ricardiano de la división internacional del trabajo entre países productores de materias primas y países industrializados.
La eliminación de las barreras comerciales alcanzada a través del WTO, la revolución informáticas y de las telecomunicaciones permiten a las empresas multinacionales sobrepasar los confines nacionales de los mercados de trabajo extendiéndolos a nivel planetario, sobretodo con referencia a la producción masiva de los sectores de alta intensidad de trabajo como el textil, el vestido, la electrónica, la zapatería y los juguetes más allá de una progresiva deslocalización de los servicios basados en las telecomunicaciones. Es sorprendente que una parte de la literatura económica, siguiendo las tesis del FMI se haya obstinado a negar el impacto de la globalización en las condiciones de trabajo de los países de vieja industrialización.
No hay sombra de duda que la deslocalización de cuotas crecientes de trabajo industrial por parte de las empresas multinacionales –o, incluso, su sola amenaza e intervenir o intensificar la deslocalización-- ha reducido el poder contractual de los sindicatos. Pero es también sorprendente y engañosa la tesis inversa que oscurece el impacto que han ejercido las políticas neoliberales sobre los salarios y las condiciones de trabajo.
Ante todo, como hemos visto, el ataque a los sindicatos y la redimensión del poder contractual se abren camino a principios de los años ochenta con la revolución reaganiana en América y thatcheriana en Gran Bretaña, cuando la globalización estaba lejos de asumir la dimensión y las características de la segunda mitad de los años noventa. En segundo lugar, la compresión hasta la liquidación del poder de negociación colectiva se verifica en sectores de servicios a la personas y a las empresas, donde –como hemos visto en el caso de Walmart-- no hay impacto negativo de la globalización. Finalmente, la deslocalización de una parte de la producción industrial en masa no cambia la naturaleza de país altamente industrializado de los EE.UU. como, en los años más recientes, muestra el incremento del valor añadido de su producto interior bruto, incluso con la presencia de reducciones de plantilla que es debido al progreso tecnológico y al aumento de la productividad.
Desde este punto de vista, es indicativo el sector del automóvil respecto al cual la globalización se mueve en dirección contraria. No es casual que todas las grandes empresas multinacionales del auto –japonesas, alemanas y surcoreanas— se instalen en los Estados Unidos, fabricando el 40 por ciento de coches. Si la UAW ha visto caer vertiginosamente su propia representación de un millón y medio de afiliados a menos de 400.000, la causa no puede imputarse a la redimensión de la industria automovilística, sino a otras medidas antisindicales adoptadas en los Estados del sur, donde las leyes estatales impiden, en la práctica, la constitución de la representación sindical en los centros de trabajo.
A falta de una negociación de sector a nivel nacional, la ausencia del poder contractual en la empresa comportó que no sólo en los Estados del sur sino también en las fábricas del auto de Detroit y en la región de los Grandes lagos, donde se encuentran instaladas las “tres grandes” (General Motors, Ford y Chrysler), las nuevas contrataciones perciban a igual trabajo un salario por hora demediado de 14 dólares contra los 28 que, como media, tienen los trabajadores que están cubiertos por los antiguos contratos.
Obscurecer el papel determinante de las políticas neoconservadoras y de la inversión del rol de las instituciones en la caída de la representación sindical en América, ahora reducida al siete por ciento de la fuerza de trabajo en el sector privado, se utiliza para alimentar una coartada ideológica, condenada como una verdad casi obvia, pero que de hecho no tiene fundamento. En Alemania, la mayor potencia industrial europea, la industria automovilística –situada en los primeros puestos del mundo— se caracteriza por una fuerte presencia de IG Metall, el sindicato industrial europeo más fuerte y por la cogestión (mitbestimmung) que garantiza a los trabajadores el derecho de participar en la determinación de las estrategias de inversión y empleo de las grandes empresas. Es un claro ejemplo del papel que juegan las políticas sindicales y las instituciones del trabajo en el cuadro de la globalización que afronta Alemania, que mantiene el puesto más alto de la balanza comercial de todos los países de vieja industrialización.
Sexto
Nos hemos centrado en la revolución neoliberal de los años ochenta en América, no por una razón historiográfica o académica. Su interés está en el hecho de que no se trata de un fenómeno particular y aislado, sino del nacimiento de un nuevo modo de pensar la economía, las relaciones sociales y la democracia en los centros de trabajo. El paradigma reaganiano basado en la redimensión de la intervención pública y la desregulación de los salarios tuvo una experiencia gemela en Gran Bretaña bajo la égida de Margaret Thatcher, pero la Europa continental no fue substancialmente inmune. El thatcherismo y el reaganismo implicaban un exceso de ideología que puso en dificultad las políticas tradicionales de los gobiernos del continente, puestos en el trance entre el nuevo americanismo postfordista y la cultura europea del trabajo, fruto de las luchas sociales y de progreso democrático del siglo pasado.
En efecto, el objetivo tendente a favorecer la transformación neoliberal de las relaciones industriales en Europa fue asumido por la OCDE. A ella se dirigieron los gobiernos europeos a principios de los noventa para concretar una terapia común y eficaz contra el declive del crecimiento y el aumento del desempleo de los inicios de los noventa a causa de la descompensación de la unificación alemana y de la especulación de los cambios fijos, que puso de rodillas muchos países de la Unión Europea, entre ellos Gran Bretaña, Italia y España.
Después de dos años de trabajo, la OCDE presentó los resultados en un vasto estudio en dos volúmenes sobre el empleo apropiadamente titulado “Jobs Study - Facts, Analysis, Strategies”. Se trataba de un análisis y de una terapia que reflejaban, sin citarlos, los fundamentos de la nueva filosofía social angloamericana. En síntesis, el “Jobs study” recomendaba una terapia basada en tres ingredientes íntimamente combinados: el repudio de las políticas macroeconómicas keynesianas, la liberalización del mercado de trabajo y la redimensión del welfare state. Los economistas de la OCDE escribieron: «Es una quimera que la política macroeconómica pueda funcionar como un instrumento fácil y eficaz para reducir el desempleo» (Jobs Study, vol.1, p.70).
La alternativa a las «quimeras» keynesianas eran, según la OCDE, las «reformas estructurales» cuyo centro era la flexibilidad del mercado de trabajo. La flexibilidad debía ser entendida de una manera integral, que comprende la libertad de despedir y de modificar libremente los niveles salariales, según las exigencias de las empresas. En substancia –recitaba el Estudio— la rigidez que los sindicatos imponen a través de la negociación colectiva es la causa fundamental del desempleo. “En línea de principio –escribían los economistas de la OCDE-- habrá un nivel de salarios reales - o mejor dicho - un nivel de costo real de la obra que asegure que todos aquellos que están buscando un empleo puedan encontrar trabajo”. En la práctica, si estás desempleado es porque tu oferta de trabajo está fuera del mercado. Si estás dispuesto a trabajar en las condiciones de mercado encontrarás ciertamente un empleo.
Los principios que están en la base de las «recomendaciones» de la OCDE han nutrido a los gobiernos, a las organizaciones empresariales y a un vasto grupo de académicos un mapa sugestivo y fácilmente “vendible” de reformas estructurales orientadas a innovar las políticas de trabajo, incluso cuando la innovación enmascaraba la clonación de terapias más antañonas que las que ya estaban en crisis. Eran unas terapias análogas a las políticas de «ajuste estructural» impuestas por el FMI en las países en vías de desarrollo sobre la base del «Consenso de Washington», antes que los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) decidieran repudiarlas, pasando a una nueva fase de desarrollo que, por su intensidad, no tiene precedentes.
Séptimo
Las «reformas estructurales», recomendadas por la OCDE, avanzaron sin embargo a paso lento y no sin encontrar fuertes resistencias. El empleo, que permaneció estancado entre el 1991 y 1997, registró un crecimiento extraordinario de trece millones de nuevos ocupados en los cuatro años sucesivos (97 – 01) en paralelo al boom económico en los EE.UU. y en la Unión Europea. El empleo “no estándar” aumentó en términos fisiológicos: el part-time menos de un punto porcentual, reflejando el fuerte aumento del empleo femenino; el empleo por tiempo determinado aumentó menos de un punto porcentual, pasando en promedio del 12,6 al 13,4 por ciento en la Unión Europea. En otros términos, la dinámica del empleo se demostraba todavía como una función del crecimiento económico, no de la desregulación del mercado de trabajo.
Con la crisis hemos asistido al retorno de la llama del paradigma de las reformas estructurales como complemento esencial de las políticas de austeridad.
Después, las cosas fueron de manera distinta. El estancamiento se convirtió en el signo característico de la eurozona, ya privada del impulso de la economía americana tras el estallido de la burbuja especulativa del 2001 – 2002, mientras los países de la eurozona se debatían con el atosigamiento (mordida) de la política fiscal que impuso el Tratado de Maastricht –no fue casual que Romano Prodi, siendo Presidente de la Unión Europea, definió como “estúpida”— y de la política monetaria restrictiva del Banco Central Europeo. El empleo dejó de crecer, reflejando la incierta marcha del ciclo económico hasta el estallido de la crisis del 2007 – 2008.
Con la crisis hemos asistido al retorno de la llama del paradigma de las reformas estructurales como complemento esencial de las políticas de austeridad. En substancia, es una forma, puesta al día, del thatcherismo-reaganismo a escala europea y, en particular, en la eurozona bajo la égida del eje Berlín-Frankfurt-Bruselas. No es que la flexibilidad no hubiera avanzado a caballo del siglo (del “Paquete Treu en Italia a las “reformas Hartz en Alemania). Pero era una flexibilidad a la que le faltaban dos elementos esenciales para un cambio radical e irreversible del funcionamiento del mercado de trabajo.
Todavía quedaban muy lejos los dos principios fundamentales de la desregulación neoliberal: la libertad de despedir y la de reducir los salarios. La crisis abría finalmente las puertas a la madre de todas las reformas estructurales en el campo del trabajo con su completa y definitiva desregulación. No es por casualidad que en la mencionada biblia neoliberal de 1994, los economistas de la OCDE escribieran: «En el área del mercado de trabajo siempre son los tiempos de un elevado desempleo los que hacen posible el impulso de los cambios; mientras que la resistencia a dichos cambios es más fuerte y vencedora cuando las condiciones económicas son más tranquilas”. En otras palabras, los tiempos de crisis deben ser explotados para afirmar la nueva ortodoxia fundamentalista basada en la soberanía del mercado.
Es difícil observar en la historia de las relaciones y las reformas sociales si se excluyen las auténticas rupturas revolucionarias, pasajes tan radicales y generales como los que se han producido en la eurozona durante el desarrollo de esta crisis. Hay reseñas detalladas de los cambios introducidos por los gobiernos de la eurozona durante el 2009 y 2012 (véase ETUI, The crisis and national labour law reforms. A mapping exercise, www.insightweb.it). Pero hay momentos que, por su limpidez emblemática, pueden dar una idea sintética e inequívoca de qué representa la tecnocracia dominante y lo que entienden por reformas estructurales los gobiernos que están a su servicio.
Uno de estos momentos es la carta del BCE al gobierno italiano [también al español, n. del t.]. Es un documento que el ahorro de largos y complejos discursos sobre cómo debe ser interpretada la política de gestión de la crisis y su uso ideológico y político. Las prescripciones de la “Carta” son mucho más detalladas que las de un programa normal de gobierno. No sólo se describen las terapias, sino las dosis, los tiempos y las modalidades de su asunción. Dicho con brevedad: la remoción de los obstáculos a la libertad de despido; la flexibilización de los salarios, a través de la reorientación de los convenios colectivos a nivel de empresa y la redimensión del gasto social.
El gobierno «técnico» de Monti, esponsorizado por las autoridades europeas, ha sido un intérprete fiel de las prescripciones tanto sobre el sistema de pensiones (que, por otra parte, había sido juzgado como el más sólido según los análisis anteriores de la misma Comisión Europea) como del substancial desmantelamiento del artículo 18 del Statuto dei lavoratori, cosa que no consiguió ni siquiera el gobierno de Berlusconi. En cuanto a la desregulación de los salarios, el objetivo fue confiado a la liquidación tendencial del convenio colectivo nacional --o a su irrelevancia--, que significaba una forma de americanización que tuvo en Marchionne su profeta y ejecutor.
Paul Krugman, refiriéndose a la crisis de los años Treinta, recordaba recientemente que Andrew Mellon, Ministro del Tesoro del Presidente Hoover, en plena Gran Depresión, afirmaba impúdicamente: «Liquidad la mano de obra, liquidar las acciones, liquidad a los agricultores para eliminar lo podrido del sistema».
Se puede afirmar tranquilamente que la austeridad, considerada casi universalmente como una política monetaria y fiscal estúpida y contraproducente, revela su carácter instrumental con el punto de mira puesto en el cambio histórico del modelo social europeo que, en años normales, se presentó como consistente, y que los ejercicios presupuestarios iban lacerando, más o menos en profundidad, pero sin un pasaje resolutivo hacia la substancial neutralización si no la liquidación, del poder de la negociación colectiva que es la justificación misma de la existencia del sindicato.
Paul Krugman, refiriéndose a la crisis de los años Treinta, recordaba recientemente que Andrew Mellon, Ministro del Tesoro del Presidente Hoover, en plena Gran Depresión, afirmaba impúdicamente: «Liquidad la mano de obra, liquidar las acciones, liquidad a los agricultores para eliminar lo podrido del sistema». Por lo demás --observa Krugman-- se trataba de una posición no lejana de la tesis de Schumpeter que, en aquellas circunstancias recomendaba no acelerar la recuperación, porque «los estímulos artificiales dejan incompleto una parte del trabajo que compete a la depresión» (“The urge of the purge”, New York Times, 5 abril 2013).
Ochenta años después, se trata de impedir que, bajo el signo de un nuevo Mellon, el potente ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, proceda en su asiduo e indiscutido trabajo de destruir las conquistas sociales y democráticas conseguidas en el curso del siglo XX. Esta es una tarea a la que no debe renunciar el movimiento sindical, la izquierda y todas las fuerzas progresistas. Antes de que sea demasiado tarde.
Antonio Lettieri. Editor of Insight and President of CISS - Center for International Social Studies (Roma). He was National Secretary of CGIL; Member of ILO Governing Body, Member of the OECD's Trade Union Advisory Council and Advisor of Labor Minister for European Affairs. Traducción de José Luis López Bulla