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sábado 28/5/22

Penalizar el despilfarro

Observo con preocupación que mientras los presupuestos públicos siguen implacables con los recortes y las inversiones públicas o desaparecen o se ejecutan lentamente...

Padecemos un despilfarro vergonzante, enquistado en las cuentas públicas de las tres administraciones

Observo con preocupación que mientras los presupuestos públicos siguen implacables con los recortes (por ejemplo, en tres años se ha reducido el 25% Las partidas en educación y servicios sociales) y las inversiones públicas o desaparecen o se ejecutan lentamente, al mismo tiempo padecemos un despilfarro vergonzante, enquistado en las cuentas públicas de las tres administraciones. Así lo ponen de manifiesto los niveles de deuda recientemente publicados. Somos el segundo país con más deuda exterior. En las autonomías, la deuda ha llegado a una situación de asfixia, a pesar de las ayudas por parte del ministerio de Hacienda.

Es el momento de poner las cosas claras: La utilización de un recurso económico de manera impropia o no racional, es un despilfarro, lo que los franceses llaman ‘gaspillaje’, y ambas tienen una enraizada práctica en nuestros pueblos. Se despilfarra de todo: agua, energía, alimentos, medio ambiente, esfuerzo educativo que ha de emigrar... Pero hay despilfarros que sangran para todos, cuales son los de los bienes comunes y públicos, incluyendo los despilfarros de los recursos presupuestarios.

Lo contrario del despilfarro es la conservación, el buen uso, la economía, la eficiencia, la eficacia y la ética en la gestión. Pero estos criterios fallan. Y cuando no se respetan los principios de la economía pública ni de la ética en su gestión, hay que aplicar el código penal. Así de claro. El despilfarro es perseguible y debe exigirse como un deber social.

En su intervención en el Congreso para presentar el informe del año 2012, la Defensora del Pueblo ya alertó de la necesidad de tipificar como delito penal el “despilfarro” de los caudales públicos porque, decía, “evitaría que se malgaste el dinero de todos, obtenido por las Administraciones públicas de los impuestos que gravan la renta o el consumo de millones de personas. Instaba a que fuese obligatorio señalar, en cada proyecto de obra pública, todas las partidas previstas hasta su conclusión, considerando además como imprescindible que antes de realizar una nueva infraestructura se evalúe su uso social.

Son los excesos lo que hay que perseguir, excesos en proyectos inservibles, en campañas publicitarias de auto justificación de ciertas políticas, o las que tienen otros oscuros objetivos. Todas estas conductas, particularmente graves, dice la Defensora del Pueblo, deben tener una respuesta en nuestro código penal.

Porque hay que vigilar el manejo de los fondos públicos, seguía diciendo, con más control efectivo que los privados. Y terminaba afirmando que, además, la consecuencia jurídica final, debía perseguir “la inhabilitación para el cargo o función pública” de los despilfarradores de los caudales públicos. Lamentamos que en la Ley de Transparencia se haya perdido la oportunidad de incorporar esta petición de la Defensora del Pueblo.

En España existe la tradición de invertir ingentes cantidades en proyectos que ha resultado una ruina, los cuales han sido impulsados por políticos de una forma irresponsable, algo que en nuestro entorno de países de la UE habría sido inviable. Por eso no tenemos buena imagen como gestores. Las escandalosas inversiones realizadas por los gobiernos de Zaplana, Carlos Fabra, Camps, Valcárcel, Ruiz Gallardón, así como los impulsados por los gobiernos de Aragón, Cataluña, Andalucía, Galicia y muchos proyectos de infraestructuras como ha ocurrido con el AVE y aeropuertos provinciales, suscita un serio debate en este sentido.

No son cifras insignificantes: ‘La Caja Mágica’ costó 294 millones de euros (174 millones más de lo presupuestado) la Expo de Zaragoza cerró con un déficit de 504 millones y si repasamos los despilfarros regionales, nos encontramos tantas “desviaciones” que nos han elevado a ser los primeros endeudados, aunque se pretenda encubrir con la mala escusa que ha sido por el déficit social.

Por eso queremos auditar la deuda. No para impagarla, como dicen algunos, sino para analizar los motivos de su emisión y poder explicar a la sociedad que hubo un tiempo en el que unos señores con poder político abusaron de la confianza de sus votantes y gobernaron con despilfarro, endeudándonos, imponiendo recortes sociales cuando la crisis puso de manifiesto el desgobierno que estaban realizando, porque esta crisis ha puesto en su sitio a los que nos han arruinado. Esperemos que la justicia, algún día, dictamine lo adecuado.

Penalizar el despilfarro