El lunes y el martes, el ministro de Finanzas griego, Evangelios Venizelos –un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Tesalónica, puesto ahí no por sus conocimientos de economía sino para ir precisando las reformas constitucionales que exige cada medida que ponen en marcha–, se ha entrevistado por videoconferencia con altos representantes de la «troika» (UE, BCE y FMI) encargada de gestionar la crisis. Desde el primer momento estuvieron claras las diferencias. La troika quiere que se garantice la reducción del gasto público mediante el despido de 100.000 a 150.000 funcionarios, que se llevaría a cabo entre ahora y 2015. El gobierno griego está dispuesto a pasar a la «reserva» a entre 50.000 y 85.000 funcionarios, lo que comportaría mandarlos a casa con el 60% de su sueldo. Otro punto de fricción ha sido el impuesto de bienes inmuebles, conocido por la amplia defraudación de que ha sido objeto. El gobierno anunció que su pago se incorporaría a la factura eléctrica, de manera que a quien no lo pagara se le cortaría el suministro de luz. Venizelos, el domingo pasado, incluso defendió su «progresividad», toda vez que los jóvenes en paro, que carecen de vivienda, no tendrá que pagarlo. Todo parecía ir bien, hasta que un pajarito le ha dicho a la troika que Grecia no tiene catástro, y por tanto que es inútil que se propongan fortalecer ese impuesto puesto que ni siquiera saben quién tendría que pagarlo. El gobierno griego había estado haciendo el paripé para contentar a la troika. A estas alturas, todo el mundo empieza a pensar que se ha llevado a Grecia más allá del límite de sus posibilidades.
Tras la entrevista del martes, las partes se han despedido hasta un nuevo encuentro a principios de octubre. Teóricamente, en las dos semanas que median, los técnicos de la troika tendrían que ir a Atenas a investigar qué nuevas sorpresas les depara la administración griega. La realidad es que los griegos tampoco quieren asumir ningún compromiso, que les enajene aún más a la opinión pública, hasta estar bien seguros de que Alemania aprueba el segundo rescate, en los términos previstos el 21 de julio. La señora Merkel lo tiene cada vez más difícil entre los socios de su coalición, y dependiendo de lo que ocurra en la votación del Bundestag el 29 de septiembre, quizá todo se vaya al infierno sin que el gobierno griego pueda evitarlo, haga lo que haga. La derrota electoral frente a los socialdemócratas y la debacle de sus socios liberales, en Berlín, permite augurar cualquier cosa. Por otra parte, la troika parece cada vez más convencida de que el gobierno griego no controla realmente la situación en su país y liberar los últimos 8.000 millones de euros del primer rescate, aún pendientes, sería como echar ese dinero a la basura.
Así, cada uno se ha retirado a sus cuarteles a reflexionar y esperar. Si Merkel fracasa el 29 de septiembre, está dicho todo. Si sale adelante, se liberará el último tramo del primer rescate –el gobierno griego tiene contado su dinero, y le llega hasta el 10 de octubre– y Grecia podrá tirar algunas semanas, durante las cuales la troika estudiará qué es lo que el gobierno griego puede hacer y qué lo que no, y empezará a exigir que Grecia deje crecientes zonas de su administración pública en manos de técnicos extranjeros. Mientras tanto, los griegos pueden hacer lo que se les ocurra, desde convocar un referéndum sobre la pertenencia a la zona euro hasta realizar elecciones anticipadas, todo ello sin gran trascendencia práctica. Al final, cada nuevo plazo que las dos partes se van dando sirve para que la troika, crecientemente consciente de las limitaciones del gobierno griego, aumente sus exigencias, exigencias que el gobierno griego llegará un punto que no podrá aceptar, y no por falta de voluntad sino porque materialmente le será imposible hacerlo. Es toda su administración pública la que ese país debe modernizar. Y no hay tiempo.