19 de enero de 2011, 5:38
nuevatribuna.es | 17.01.2011
El peculiar debate que nos viene ocupando desde hace casi un año, cuando el Gobierno anunció que pretendía alargar la edad legal de jubilación hasta los 67 años, se basa en titulares más que en argumentos y está plagado de falsas evidencias. En reformas anteriores al menos se ha intentado establecer un debate nacional, poniendo a disposición de los actores sociales y políticos un documento de base. Es lo que hizo Fuentes Quintana cuando, en 1982, elaboró un Libro Blanco en función del cual discutimos su propuesta de reforma de la Seguridad Social. Más tarde, como consecuencia del Acuerdo Económico y Social, de octubre de 1984, el Ministerio de Trabajo puso al servicio del debate sobre aquella reforma de las pensiones un llamado Libro Naranja. Debate que culminó, no obstante, en la reforma impuesta de 1985.
En esta ocasión, en el Documento sobre revisión del Pacto de Toledo presentado por el Gobierno con fecha de 29 de enero de 2010, únicamente se hace referencia a la evolución del número de pensiones en el largo plazo, a la actual edad media de jubilación, a la evolución de la esperanza de vida a los 65 años y a la evolución del número de pensiones y de la pensión media en la última década. Todo relacionado únicamente con el envejecimiento demográfico. El hecho de disponer de un pacto entre partidos con amplio apoyo social, como es el Pacto de Toledo, no exime, en mi opinión, de presentar un cuadro más amplio de opciones a la hora de abordar una nueva reforma de nuestro sistema de pensiones.
Esta es una de las paradojas. El número de pensionistas, los años que van a vivir una vez jubilados y los gastos que, por lo tanto, van a producir en pensiones es, sin duda, importante. Pero también lo era hace cincuenta años cuando había menos pensionistas, la esperanza de vida después de los 65 años era mucho más corta y el gasto en pensiones mucho más bajo. Sin embargo, aunque todos esos factores han mejorado y aumentado desde entonces de forma espectacular y el gasto en pensiones se ha triplicado, hemos podido absorberlos. A pesar de todo ello, nuestro gasto en pensiones es tres puntos del PIB inferior a la media comunitaria. Entre otras cosas por algunas medidas de moderación o racionalización del gasto que se han realizado en los últimos 25 años con el argumento de garantizar nuestro sistema de pensiones.
¿Por qué antes ha sido posible dar respuesta a ese desafío demográfico y ahora se dice que es imposible? Básicamente porque ahora no se quiere abordar el factor que en un régimen de reparto, es decir, de solidaridad entre activos y pasivos, es más decisivo que la ratio de dependencia demográfica: la ratio de dependencia económica. Es decir, el número de personas en edad de trabajar, la tasa global de empleo y la calidad del mismo, el incremento de la riqueza nacional medida por el PIB per cápita, el aumento de la productividad del país y la manera de repartirlo. De ello no se habla ni se hacen proyecciones. Tampoco de políticas que propicien una mayor natalidad, de la política de inmigración o de políticas que puedan crear empleo, mantener la continuidad del empleo de las mujeres, prolongar la tasa de empleo de los trabajadores mayores de 50 años. Es también notable la ausencia de un indicador coherente de cuánto puede crecer la economía en los próximos 40 años ni de cómo se quiere repartir la productividad entre salarios y beneficios.
El único horizonte que, sin decirlo, se plantea con esta reforma es el siguiente: las pensiones futuras serán más bajas y habrá que trabajar más tiempo para conseguirlas. Además, a tenor de una de las últimas recomendaciones emanadas del Pacto de Toledo, es perfectamente plausible que la revisión del poder adquisitivo de las pensiones puede no estar asegurada, ya que se sugiere la posibilidad de utilizar amplios y genéricos parámetros interpretables por el Gobierno, como sucede con la revisión del Salario Mínimo Interprofesional. Si estas conclusiones son equivocadas sería muy conveniente que el Gobierno las desmintiera con cálculos y precisiones inequívocas. Sería un gran alivio para muchos ciudadanos comprobar que estábamos equivocados.
También nos puede tratar de demostrar que si no se toman estas medidas, precisamente estas y nada más que éstas, las futuras pensiones no sólo serán más reducidas sino inexistentes. Que es lo que implícitamente parece sostenerse, sin mayores ilustraciones ni debate contradictorio.
El futuro del sistema de pensiones depende no sólo de la evolución de los gastos sino también de la de los ingresos, sobre los que poca cosa se dice. Respecto al gasto, tres son los factores que lo determinan: la cuantía de las mismas, su actualización periódica – la revalorización – y el tiempo durante el que las mismas se perciben. Sobre estas tres variables se pretenden adoptar medidas restrictivas. Si bien la que ha acaparado toda la atención social y mediática, hasta ahora, es el retraso de la edad de jubilación.
Teóricamente, parece querer optarse por la solución menos traumática: viviremos más tiempo, luego, trabajemos durante más tiempo. A problema demográfico, solución demográfica, como afirmó el gobierno de Sarkozy. Así no tendremos que recortar la cuantía de la pensión. Falsa evidencia. Para poder trabajar más tiempo hace falta que haya trabajo. Sino, lo único que haremos es tener parados de mucha más larga duración. Y, por tanto, pensiones más bajas. Ya actualmente más del 30% de los que llegan a la jubilación en España (en media, a los 63 años) provienen del paro. ¿En qué parte de la reforma de pensiones está el plan para hacer posible que todos – ese es el sentido de una edad legal – puedan trabajar hasta los 67 años? No está en ninguna parte y, por eso, lo único que hace esta reforma es favorecer las pensiones de los mejor instalados (que podrán cobrar durante más tiempo su salario de activo y que mejorarán con más años de cotización su pensión futura) y perjudicar las de los más inestables (que estarán más tiempo en el paro, cobrando o sin cobrar ningún subsidio, y que verán reducidas sus cotizaciones y, por ende, sus pensiones).
Contradictorio es, igualmente, el discurso y la práctica de los más acérrimos defensores de hacernos trabajar dos años más para tener derecho a la pensión completa. Por ejemplo el Banco España, tan partidario de llevar la edad legal de jubilación a los 67 años, a la hora de facilitar la fusión de Caja Madrid autoriza prejubilaciones a los 52 años, cargando a los contribuyentes un coste de 250 millones de euros. El problema no son las prejubilaciones ya que para los trabajadores mayores es mejor ir a la prejubilación que al paro, y también lo es para la viabilidad de algunas empresas. Así se pudieron hacer muchos procesos de reconversión. El problema es que las prejubilaciones se hagan pura y simplemente para rejuvenecer y aligerar los costes sociales de las empresas. El problema es que, además se haga a costa de la Seguridad Social. Y, tras la reforma del mercado de trabajo, el problema es que las empresas puedan despedir tan fácilmente y tan barato, sustituyendo a sus trabajadores más antiguos por otros nuevos.
No menos paradójico es que si, como dicen las previsiones del Ministerio de Trabajo, el gasto en pensiones pasará del actual 8,7% del PIB al 15,4% en 2049 se sigan manteniendo las desgravaciones fiscales a los fondos privados de pensiones, que pueden pasar a costarnos anualmente varios puntos de PIB de aquí a cuarenta años. ¿No tendría más sentido eliminar o limitar tales desgravaciones de tal manera que, destinando ese ahorro a financiar las pensiones públicas, nuestro gasto público en pensiones fuera equivalente en 2060 – entre el 12% y el 14% del PIB – al que, por ejemplo, prevé la UE para Alemania, Italia, Austria o Francia en esa fecha? En esta misma materia ¿qué sentido tiene negar rotundamente la posibilidad de incrementar las cotizaciones para financiar las pensiones públicas y hacer proselitismo a favor de las aportaciones, incluso con carácter obligatorio, a los fondos privados?
Chocante resulta, igualmente, que esta reforma de las pensiones – o las de la legislación laboral y la negociación colectiva – se presente como un elemento paradigmático de la ética de la responsabilidad y del futuro de la cohesión social del país; y que, sin embargo, ni ésta ni ninguna de las otras reformas figuren en el último programa electoral del partido del Gobierno. Sobre todo porque afectan a un pacto intergeneracional y a expectativas prometidas, son cuestiones que exigen visión a largo plazo y no pueden responder a ninguna iluminación sobrevenida. Si tan evidentes eran las medidas a tomar parece lógico pensar que ya debieron estar concebidas hace varios años. Amén de un ejercicio democrático, haberlas incorporado al programa del PSOE hubiera facilitado, además, con tiempo suficiente, el acuerdo en el ámbito parlamentario y con los interlocutores sociales.
Es poco creíble, sin embargo, que esta reforma responda a la previsión sino, en todo caso, a la presión de la coyuntura y al oportunismo de los históricos partidarios de sus contenidos. De hecho, en privado el énfasis en la necesidad, y hasta en la urgencia, de este tipo de reforma se sitúa en la presión de los mercados. Lo que tampoco anula su carácter paradójico. Como se puede leer todos los días en la prensa internacional, el problema que tienen los mercados es que no se creen ni el valor de los activos en poder de bancos y cajas de ahorro españolas, ni tampoco que, llegado el momento, estas entidades financieras vayan a ser capaces de renegociar sus deudas mediante nuevos préstamos. Por qué, entonces, en lugar de tratar de afrontar de inmediato ese problema, se pretende hacer creer a la ciudadanía que la demolición del Estado social -que todos los neoliberales del Gobierno y de la oposición siempre han querido hacer y que ahora están llevando a cabo con estas reformas al rebufo de la crisis-, va a conseguir que los mercados se olviden del hecho esencial que les preocupa? Si de todas formas lo más probable es que se vayan a tener que rescatar y/o renegociar las deudas españolas ¿para qué, encima, vamos a arruinar el poco Estado social que tenemos? Y si, por el contrario, no hay peligro de que tales cosas sucedan ¿por qué no hacer las cosas con mayor sosiego y más adecuadas condiciones de contraste y negociación?
Chocante y contradictorio resulta también que, según se presenta, sólo existe una forma de asegurar el futuro de las pensiones y, por tanto, sólo cabe un tipo de reforma: la que consiste en retrasar la edad de jubilación, prolongar los años de cotización y recortar la ratio entre pensión y salario percibido. Para asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones se pueden barajar varios parámetros: la cuantía de la pensión, la tasa de cotización (o salario diferido) – pagada entre empresas y asalariados – aplicada sobre la masa salarial, o la relación entre el número de cotizantes y el número de jubilados. Básicamente políticas de aumento de la productividad y creación de empleo y políticas de redistribución de la riqueza. Las políticas de incremento de la productividad y de creación empleo ni se contemplan. Y en cuanto a las políticas redistributivas, negativa en redondo a tratarlas. Si el país es y será más rico, no se admite pensar en dedicar una parte de esa riqueza a financiar nuevas necesidades sociales vinculadas a la jubilación con contribuciones que provengan de toda la colectividad (“una contribución universal sobre todas las rentas”, como se recogía en las primeras recomendaciones del Pacto de Toledo de 1995, luego eliminada). Cuando, además, nuestro país es uno de los que menor aportación pública realiza a la financiación de la protección social, en torno a 3 puntos menos de PIB que la media de la UE.
Por otra parte, pese a que durante los últimos treinta años el reparto del aumento de la riqueza entre beneficios y salarios ha sido escandalosamente favorable a los primeros, está también prohibido plantear que la cuestión se pudiera equilibrar en los próximos cuarenta años para así financiar pensiones adecuadas y suficientes. Otra falsa evidencia.
Algunas paradojas encierra, así mismo, el tan mentado tema de la contributividad del sistema de pensiones. En general, los sindicatos del centro y el sur de Europa siempre han defendido un sistema de reparto, basado en las cotizaciones sociales. Estos sistemas sustentan las pensiones en un “salario socializado” y no en impuestos sujetos a la discrecionalidad política. Una parte del movimiento obrero – salvo en los países escandinavos - ha mantenido una gran desconfianza histórica al respecto. Las cotizaciones otorgaban a los cotizantes – a los trabajadores como contribuyentes reales de ese salario diferido – un derecho legal, moral y político de percibir sus pensiones. En palabras de Franklin D. Roosevelt “con estas cotizaciones, ningún pajolero político podrá jamás desmantelar vuestra seguridad social”.
Pero tales sistemas contributivos – en los que se tiende a que el equilibrio del sistema se base fundamentalmente en la concordancia entre los ingresos de las cotizaciones de los activos con el gasto de las pensiones de los pasivos – tampoco son una compañía de seguros ni un fondo privado de capitalización. Ni es un simple sistema de ahorro ni sus prestaciones son estrictamente proporcionales a lo cotizado; por eso, garantizan una tasa de reemplazo relativamente superior a los trabajadores con menores salarios y a los peor tratados por el mercado de trabajo.
En las últimas décadas, la defensa de los sistemas de reparto (y de una justa contributividad) no ha impedido, sin embargo, algunos cambios importantes. De entrada, todos los supuestos derechos de “propiedad” y control autónomo vinculados al sistema de cotizaciones no han impedido, en absoluto, que los poderes públicos hayan intervenido crecientemente en tales sistemas de pensiones. Segundo, los propios sindicatos han abogado por una clara separación de las fuentes de financiación, derivando hacia la financiación mediante impuestos las prestaciones no contributivas, como las sanitarias o los complementos de mínimos de las pensiones, entre otras. De igual manera, en un contexto de precariedad, de generalización de los bajos salarios y de explosión de las condiciones y trayectorias profesionales, pero también de aumento constante de la riqueza de las naciones, los sindicatos han demandado - como en Francia a través de la Contribución Social Generalizada o en otros países, como Bélgica y Alemania, por citar solo a dos, con propuestas para buscar nuevas fuentes, además de las cotizaciones, para financiar las pensiones mediante impuestos ecológicos o por otros vinculados al volumen de ventas – una mayor aportación pública a la financiación de las prestaciones de carácter universal o de ciertas políticas dirigidas a ayudar a colectivos o sectores de la producción concretos cuyos costes son soportados, indebida y mayoritariamente, por las cotizaciones sociales. En el convencimiento de que una contributividad pura, una estricta relación entre cotizaciones y pensiones, en el actual contexto del mercado de trabajo abocaba a pensiones cada vez más decrecientes. Y ahondaba en la aspiración de poderosos intereses en reducir el sistema de reparto y fomentar el de capitalización.
Esa idea y no precisamente su preocupación por la sostenibilidad de los sistemas de pensiones es la que lleva, en mi opinión, a la OCDE a recomendar que el período de cálculo de las pensiones se extienda a toda la vida laboral. Con lo que las pensiones públicas se reducirían de forma drástica. La pretensión de las organizaciones sindicales cuando reclaman una más equitativa contributividad de nuestro sistema de pensiones es justamente la contraria a la pretendida por la OCDE. Se oponen, en ese sentido, a la reducción de las cotizaciones, a las posibilidades de acceder a la pensión sin el respaldo contributivo suficiente y defienden la equiparación de la base de cotización entre distintos regímenes. Pero también, en coherencia con tal principio, la necesidad de aumentar la base de cotización del régimen general acercándola a los salarios reales (mantener una base máxima de cotización limita claramente la contributividad y la solidaridad) e incluso la pensión máxima. Defienden también la modificación de la carencia genérica de 15 años, otra incongruencia en relación con el principio de contributividad ya que quienes hayan cotizado menos de ese umbral no tienen derecho a la pensión contributiva, y están financiando una parte de las pensiones de los más estables del mercado de trabajo. Ello requeriría, igualmente, la cobertura de situaciones específicas, como los períodos de enseñanza, de cuidados de hijos, de trabajos fijos discontinuos, etc, en una auténtica política de “seguridad social profesional”, en expresión de los sindicatos franceses.
En esa misma lógica contributiva el Gobierno debería – en el marco de las medidas de una reforma equilibrada – ingresar en las arcas del sistema de pensiones los gastos que éste se ha comprometido a financiar desde que se acordó la separación de fuentes de financiación y que no parece tener mucha prisa en resolver.
Paradójico resulta, así mismo, que el Gobierno plantee, al mismo tiempo, que el principal partido de la oposición se sume a las reformas gubernamentales aduciendo que son las que corresponden a su ideario y a las posiciones de las derechas europeas y, a la vez, le acuse de representar las medidas más antisociales sin que ello le impida solicitarle que las pacte con el Gobierno.
La mayor contradicción, no obstante, es la pretensión de confundir recorte con sostenibilidad del sistema. De las medidas anunciadas, entre otras la ampliación del período de cálculo de la pensión a 25 años (que según algunos expertos implicaría un recorte de, al menos, un 10%); el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años (que de acuerdo con J.A. Fernández Cordón supondría un recorte de un 11%, como consecuencia de reducir dos años las potenciales expectativas de pensión); la modificación en la escala de porcentajes por años de cotización, incrementada por la ampliación a 36 o 37 años de los años de cotización necesarios para acceder a la pensión máxima, o la reducción de ciertos mecanismos de solidaridad como la cobertura de lagunas de cotización, se desconoce su coste social. Es por ello exigible al Gobierno que valore y haga públicos los efectos combinados sobre los pensionistas concretos de este conjunto de medidas – a las que pueden sumarse otras – en el corto, medio y largo plazo. Ese ejercicio es muy necesario en un país como el nuestro en el que ya en 2008 el 27,4% de las personas con 65 años se hallaban en situación de riesgo de pobreza, de acuerdo con los datos de la UE. Seguramente se puede sostener que con todo ello las pensiones serán más “seguras”. Es difícil, en cambio, mantener que serán “adecuadas” y que con ello aumentará la cohesión social.
José María Zufiaur | Fundación Sistemas