4 de octubre de 2010, 4:46
NUEVATRIBUNA.ES - 1.10.2010
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
La respuesta laboral y ciudadana a la convocatoria sindical de una jornada de huelga general ha sido un éxito. Especialmente por la paralización de los polígonos industriales y por las grandes movilizaciones ciudadanas. A destacar en el activo de la huelga una participación de jóvenes, que no se había producido desde las manifestaciones contra la guerra de Irak. Un éxito equivalente, con algo de menor participación en las AAPP y mayor en otros sectores, a la del 2002 contra el decretazo de Aznar. Y equiparable, desde luego, con las tres huelgas y movilizaciones (tienen anunciadas otras dos) que han llevado a cabo las organizaciones sindicales francesas contra la prolongación de la edad de jubilación hasta los 67 años para tener derecho a la pensión completa.
El 29-S ha mostrado claramente el rechazo a unas medidas que implican la mayor regresión social planteada en los 33 años de democracia. La huelga ha sido una contundente expresión del rechazo de los trabajadores y de la protesta de los ciudadanos.
Ello, a pesar de que el contexto económico era muy desfavorable (nada que ver con los de las huelgas de los años 1988 y 2002, netamente expansivos). A pesar también de una campaña antisindical sin precedentes y de que, a diferencia de las huelgas de 1988 y de 2002, todos los medios de comunicación y la absoluta mayoría de las fuerzas políticas han estado, de forma más o menos agresiva, en contra de la huelga. Además, una huelga general contra un gobierno socialista siempre es más difícil. Entre otras cosas porque cuando gobierna la derecha el principal partido de la izquierda apoya la huelga.
En contra de la huelga conspiraba, igualmente, el hecho de que los sindicatos han sido víctimas, como tantos otros, de un exceso de credibilidad en Zapatero. Su confianza en que mantendría su palabra de no realizar una reforma laboral sin consenso y de colocar las políticas sociales como hilo conductor de las medidas frente a la crisis; o de que impediría la puesta en práctica de las políticas que le venían demandando desde hace tiempo – además de la patronal y los partidos de la derecha - la una y trina conjunción del área económica de su Gobierno, de su Oficina Económica y del Banco de España ha retardado la reacción de los sindicatos.
El hacer depender su estrategia de contención de que el dique-Zapatero aguantara, ha obstaculizado que las organizaciones sindicales establecieran y difundieran, inmediatamente después del giro gubernamental, una propuesta alternativa a la política del Gobierno. Habrían hecho, de esta forma, más comprensible sus posiciones. En ello ha incidido también la trampa saducea de un diálogo social sobre la reforma laboral que se prolongaba meses y meses sin que el Gobierno realizara ninguna propuesta. Sólo el día anterior a la ruptura presentó, finalmente, sus propuestas. Por cierto, tan abstrusas como alejadas de la literalidad de lo que, finalmente, ha sido la reforma que ha aprobado.
Y ahora ¿qué? Considero que la huelga ha puesto de relieve algunas cuestiones como éstas.
En primer lugar, la huelga general ha modificado el escenario político. Ha incorporado al mismo la contestación social frente a las políticas del Gobierno. Parece, por ello, bastante erróneo, si no suicida, reducir la huelga sólo a una valoración de los sectores que han parado o la energía eléctrica consumida.
Los sindicatos han apelado al coraje político y democrático de los trabajadores y de la ciudadanía frente a las agresiones sociales. Se han plantado ante el seguidismo, la resignación y la supeditación del Gobierno a los dictados antidemocráticos de los mercados. Han convocado a los perdedores de la crisis para afirmar que hay otras formas de afrontarla. El sindicalismo sabe que la huelga más inútil frente a una ofensiva antisocial es la que no se hace. Tras la huelga, cuanto menos, el sindicalismo español podrá decir en el futuro, y sea cual sea el fruto que se consiga con la misma, lo que está inscrito en la lápida de la tumba de Billy Brant: lo he intentado.
Y los sindicatos han movilizado, sin duda, la opinión de mucha más gente que la que se puede contabilizar como huelguistas: al seguimiento material hay que sumarle una evidente “huelga en la sombra” de amplios sectores sociales. Con ello, han puesto en marcha una dinámica que va a condicionar la agenda política, al desvelar ante la ciudadanía las repercusiones de las políticas y contrarreformas del Gobierno para el futuro de nuestro Estado social. Conforme pasen los días y los meses los trabajadores y los ciudadanos van a ser más conscientes de las consecuencias que suponen para sus vidas y para las de sus hijos las medidas que ya se han adoptado y las que se quieren adoptar. Que, como ha afirmado ayer en Bruselas la Confederación Sindical Internacional y también en Madrid su presidente, Michael Sommer, serán desastrosas, si los Gobiernos no cambian de dirección.
Las interpretaciones que se han hecho sobre el 29-S, catalogándolo como una representación, un paripé, una especie de liturgia que al día siguiente desaparecerán volviendo todo a la armonía de la arcadia neoliberal puede que no hayan tenido en cuenta lo que centenares de miles de personas gritaron ayer en Madrid, en Bruselas, en Italia, en Francia, Portugal, Lituania, Letonia, Alemania, Chipre, Serbia, Polonia, Finlandia o Irlanda: que no están dispuestos a perder el modelo social europeo, fruto de doscientos años de luchas. Es muy probable que si los Gobiernos, y la UE misma, no cambian de estrategia económica y social, la crisis económica va a devenir en Europa en una crisis social y política.
En segundo lugar, no parece que las llamadas a recomponer el diálogo social con los sindicatos puedan pasar de una operación de puro marketing si el Gobierno no está dispuesto a rectificar lo que ha aprobado y anunciado en los últimos meses, desde las medidas de ajuste hasta la contrarreforma de las pensiones, pasando por la reforma laboral. Al menos a corto plazo. Otra cosa es a medio plazo, tras el probable batacazo del partido del Gobierno en las elecciones municipales y autonómicas de 2011, el aumento creciente del malestar social por las medidas y reformas adoptadas y cuando se aprecien las consecuencias sobre el paro y la situación económica de la austeridad y recorte social incluidos en los Presupuestos Generales.
Es irreal pensar en un arreglo cosmético con los sindicatos. Y cualquier acuerdo de fondo sólo podría concebirse tras la rectificación del Gobierno y sin la presencia de los empresarios. Como sucedió en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 1990, como consecuencia de la huelga general de 1988. A lo que no creo esté dispuesto ahora este Gobierno. Además, los sindicatos están escarmentados de un Gobierno que ha vulnerado la ley congelando las pensiones e incumpliendo el principio de pacta sunt servanda al hacer caso omiso de los convenios firmados en la AAPP y en empresas públicas, que les ha toreado en el diálogo social o que pretende pactar las políticas activas después de haber aprobado las agencias privadas de colocación. A mayor abundamiento, en una negociación en la que se dejaran al margen cambios sustanciales en la reforma laboral y la de pensiones los sindicatos arriesgarían mucho más su prestigio que con la convocatoria de la huelga general
Es, en cambio, posible que el Gobierno no pueda sacar adelante algunas cuestiones que tiene en cartera. O que decida retirarlas. Por ejemplo, la reforma de la negociación colectiva ante la imposibilidad de acuerdo sobre ella, en este contexto, entre empresarios y sindicatos. Tampoco es seguro que pueda mantener todo lo que ha planteado sobre las pensiones. Además de por la presión de la huelga, porque no cuenta en el Parlamento con ningún apoyo, según lo expresado por los Grupos Parlamentarios, para ampliar la edad de jubilación a los 67 años y, probablemente, tampoco para la congelación de las pensiones. Es dudoso, así mismo, que se pueda atrever a plantear, incluso por las presiones internas de su propio partido, otras medidas barajadas, como la ampliación de los años de carencia (además de la ya anunciada ampliación del período de cálculo) para tener derecho a la pensión; o la ampliación de 35 a 37 años del umbral para tener derecho a la pensión máxima.
En suma, más allá de las consultas sobre los reglamentos de la norma laboral, sobre las reformas en el sistema de pensiones o en relación con las políticas activas que el Gobierno está obligado a realizar por ley a los interlocutores sociales, no parece que, a corto plazo, sea probable recuperar la concertación social. Aunque se podría rebajar la tensión social si se retiraran los proyectos de reformar ahora la negociación colectiva y las pensiones.
En tercer lugar, ganar el futuro, como han demandado los líderes sindicales, implica necesariamente cambiar de rumbo. Rectificar las políticas emprendidas por el Gobierno, incluida la reforma laboral aprobada por ley. Por poder se puede, desde luego. En Francia, Chirac retiró el Contrato de Primer Empleo, aprobado en una ley.
Pero lo más importante es que “no dar marcha atrás” es lo que realmente condena a España a retroceder como país y a retroceder socialmente de forma muy grave. Es lo que les está pasando a Grecia, a Irlanda y a Portugal. Y lo que les ha sucedido a los países del Este de la UE sometidos a “curas” de caballo. Es lo que, por su parte, nos anuncian los Presupuestos del Estado para el año que viene. Primero, un crecimiento económico raquítico, apenas perceptible. Como la técnica de los gondoleros venecianos: avanti piano cuasi indietro. Segundo, más desempleo. Y, tercero, más recortes sociales. Rectificar es el único camino que nos puede hacer ir hacia adelante. Lo que se ha hecho y lo que se quiere hacer es mucho más dañino y costoso para el país que haber pagado unos puntos más de interés por la compra de nuevos créditos, de nueva deuda, que España requiere para financiar la enorme deuda, sobre todo privada, acumulada. Nuestro país no tiene riesgo de caer en suspensión de pagos ni los socios europeos, empezando por Alemania, se lo podrían permitir. Pese a haber acatado el dictado de los mercados, las agencias de calificación siguen rebajando nuestra nota de calidad crediticia y los mercados siguen acechando. Si no rectifica y reorienta sus políticas hacia el crecimiento, hacia el empleo y hacia otra manera de reducir el déficit es cuando España corre el riesgo de que la marcha atrás, esa sí, sea pavorosa.
Articulando en una propuesta conjunta las medidas y las demandas que han ido planteando aisladamente a lo largo de estos meses – sobre reforma fiscal, reforma del mercado de trabajo o de las pensiones, sobre protección de los parados, sobre el desbloqueo que está sufriendo la negociación colectiva, o de crecimiento económico y creación de empleo…- los sindicatos están en condiciones de contribuir a ese cambio de rumbo. Estableciendo, al mismo tiempo de esta forma, su plataforma de negociación para una verdadera recuperación de la concertación social.
En fin, la prioridad que, por encima de cualquier otra, emerge en Europa es la necesidad de cambiar de políticas. En caso contrario, lo que puede suceder, está sucediendo, es el cambio de los políticos. Los sindicatos, como los partidos, los periodistas, los empresarios, los clérigos, y no digamos los economistas, necesitan cambiar y mejorar, sin duda. Pero algunos datos apuntan a que las primeras víctimas – en términos de colectivos institucionales - de esta crisis en la que ganan los culpables y pierden las víctimas serán los políticos. En España, según las encuestas, la desafección política ha adquirido rango de descrédito institucional: más de un 70% de los ciudadanos llega a demandar que ni el Presidente ni el líder de la Oposición repitan como candidatos. Contrasta, por cierto, la irrelevancia que los analistas y tertulianos han dado a este dato, en comparación con el ataque desaforado que muchos de ellos han destinado a los sindicatos.
Vientos de cambio, sobre todo para los políticos en el poder, pero no sólo, soplan en Europa. Ed Miliband ha ganado echando por la borda el nuevo laborismo inglés, la popularidad de la Sra Merkel y del Sr. Sarkozy está por los suelos y al presidente Zapatero da la impresión de que se le ha agotado su credibilidad como prestidigitador. Incluso algunos de sus barones regionales empiezan, con guante blanco, a poner en cuestión su idoneidad como futuro candidato.
José María Zufiaur - Representante de UGT en el Comité Económico y Social Europeo
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
La respuesta laboral y ciudadana a la convocatoria sindical de una jornada de huelga general ha sido un éxito. Especialmente por la paralización de los polígonos industriales y por las grandes movilizaciones ciudadanas. A destacar en el activo de la huelga una participación de jóvenes, que no se había producido desde las manifestaciones contra la guerra de Irak. Un éxito equivalente, con algo de menor participación en las AAPP y mayor en otros sectores, a la del 2002 contra el decretazo de Aznar. Y equiparable, desde luego, con las tres huelgas y movilizaciones (tienen anunciadas otras dos) que han llevado a cabo las organizaciones sindicales francesas contra la prolongación de la edad de jubilación hasta los 67 años para tener derecho a la pensión completa.
El 29-S ha mostrado claramente el rechazo a unas medidas que implican la mayor regresión social planteada en los 33 años de democracia. La huelga ha sido una contundente expresión del rechazo de los trabajadores y de la protesta de los ciudadanos.
Ello, a pesar de que el contexto económico era muy desfavorable (nada que ver con los de las huelgas de los años 1988 y 2002, netamente expansivos). A pesar también de una campaña antisindical sin precedentes y de que, a diferencia de las huelgas de 1988 y de 2002, todos los medios de comunicación y la absoluta mayoría de las fuerzas políticas han estado, de forma más o menos agresiva, en contra de la huelga. Además, una huelga general contra un gobierno socialista siempre es más difícil. Entre otras cosas porque cuando gobierna la derecha el principal partido de la izquierda apoya la huelga.
En contra de la huelga conspiraba, igualmente, el hecho de que los sindicatos han sido víctimas, como tantos otros, de un exceso de credibilidad en Zapatero. Su confianza en que mantendría su palabra de no realizar una reforma laboral sin consenso y de colocar las políticas sociales como hilo conductor de las medidas frente a la crisis; o de que impediría la puesta en práctica de las políticas que le venían demandando desde hace tiempo – además de la patronal y los partidos de la derecha - la una y trina conjunción del área económica de su Gobierno, de su Oficina Económica y del Banco de España ha retardado la reacción de los sindicatos.
El hacer depender su estrategia de contención de que el dique-Zapatero aguantara, ha obstaculizado que las organizaciones sindicales establecieran y difundieran, inmediatamente después del giro gubernamental, una propuesta alternativa a la política del Gobierno. Habrían hecho, de esta forma, más comprensible sus posiciones. En ello ha incidido también la trampa saducea de un diálogo social sobre la reforma laboral que se prolongaba meses y meses sin que el Gobierno realizara ninguna propuesta. Sólo el día anterior a la ruptura presentó, finalmente, sus propuestas. Por cierto, tan abstrusas como alejadas de la literalidad de lo que, finalmente, ha sido la reforma que ha aprobado.
Y ahora ¿qué? Considero que la huelga ha puesto de relieve algunas cuestiones como éstas.
En primer lugar, la huelga general ha modificado el escenario político. Ha incorporado al mismo la contestación social frente a las políticas del Gobierno. Parece, por ello, bastante erróneo, si no suicida, reducir la huelga sólo a una valoración de los sectores que han parado o la energía eléctrica consumida.
Los sindicatos han apelado al coraje político y democrático de los trabajadores y de la ciudadanía frente a las agresiones sociales. Se han plantado ante el seguidismo, la resignación y la supeditación del Gobierno a los dictados antidemocráticos de los mercados. Han convocado a los perdedores de la crisis para afirmar que hay otras formas de afrontarla. El sindicalismo sabe que la huelga más inútil frente a una ofensiva antisocial es la que no se hace. Tras la huelga, cuanto menos, el sindicalismo español podrá decir en el futuro, y sea cual sea el fruto que se consiga con la misma, lo que está inscrito en la lápida de la tumba de Billy Brant: lo he intentado.
Y los sindicatos han movilizado, sin duda, la opinión de mucha más gente que la que se puede contabilizar como huelguistas: al seguimiento material hay que sumarle una evidente “huelga en la sombra” de amplios sectores sociales. Con ello, han puesto en marcha una dinámica que va a condicionar la agenda política, al desvelar ante la ciudadanía las repercusiones de las políticas y contrarreformas del Gobierno para el futuro de nuestro Estado social. Conforme pasen los días y los meses los trabajadores y los ciudadanos van a ser más conscientes de las consecuencias que suponen para sus vidas y para las de sus hijos las medidas que ya se han adoptado y las que se quieren adoptar. Que, como ha afirmado ayer en Bruselas la Confederación Sindical Internacional y también en Madrid su presidente, Michael Sommer, serán desastrosas, si los Gobiernos no cambian de dirección.
Las interpretaciones que se han hecho sobre el 29-S, catalogándolo como una representación, un paripé, una especie de liturgia que al día siguiente desaparecerán volviendo todo a la armonía de la arcadia neoliberal puede que no hayan tenido en cuenta lo que centenares de miles de personas gritaron ayer en Madrid, en Bruselas, en Italia, en Francia, Portugal, Lituania, Letonia, Alemania, Chipre, Serbia, Polonia, Finlandia o Irlanda: que no están dispuestos a perder el modelo social europeo, fruto de doscientos años de luchas. Es muy probable que si los Gobiernos, y la UE misma, no cambian de estrategia económica y social, la crisis económica va a devenir en Europa en una crisis social y política.
En segundo lugar, no parece que las llamadas a recomponer el diálogo social con los sindicatos puedan pasar de una operación de puro marketing si el Gobierno no está dispuesto a rectificar lo que ha aprobado y anunciado en los últimos meses, desde las medidas de ajuste hasta la contrarreforma de las pensiones, pasando por la reforma laboral. Al menos a corto plazo. Otra cosa es a medio plazo, tras el probable batacazo del partido del Gobierno en las elecciones municipales y autonómicas de 2011, el aumento creciente del malestar social por las medidas y reformas adoptadas y cuando se aprecien las consecuencias sobre el paro y la situación económica de la austeridad y recorte social incluidos en los Presupuestos Generales.
Es irreal pensar en un arreglo cosmético con los sindicatos. Y cualquier acuerdo de fondo sólo podría concebirse tras la rectificación del Gobierno y sin la presencia de los empresarios. Como sucedió en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 1990, como consecuencia de la huelga general de 1988. A lo que no creo esté dispuesto ahora este Gobierno. Además, los sindicatos están escarmentados de un Gobierno que ha vulnerado la ley congelando las pensiones e incumpliendo el principio de pacta sunt servanda al hacer caso omiso de los convenios firmados en la AAPP y en empresas públicas, que les ha toreado en el diálogo social o que pretende pactar las políticas activas después de haber aprobado las agencias privadas de colocación. A mayor abundamiento, en una negociación en la que se dejaran al margen cambios sustanciales en la reforma laboral y la de pensiones los sindicatos arriesgarían mucho más su prestigio que con la convocatoria de la huelga general
Es, en cambio, posible que el Gobierno no pueda sacar adelante algunas cuestiones que tiene en cartera. O que decida retirarlas. Por ejemplo, la reforma de la negociación colectiva ante la imposibilidad de acuerdo sobre ella, en este contexto, entre empresarios y sindicatos. Tampoco es seguro que pueda mantener todo lo que ha planteado sobre las pensiones. Además de por la presión de la huelga, porque no cuenta en el Parlamento con ningún apoyo, según lo expresado por los Grupos Parlamentarios, para ampliar la edad de jubilación a los 67 años y, probablemente, tampoco para la congelación de las pensiones. Es dudoso, así mismo, que se pueda atrever a plantear, incluso por las presiones internas de su propio partido, otras medidas barajadas, como la ampliación de los años de carencia (además de la ya anunciada ampliación del período de cálculo) para tener derecho a la pensión; o la ampliación de 35 a 37 años del umbral para tener derecho a la pensión máxima.
En suma, más allá de las consultas sobre los reglamentos de la norma laboral, sobre las reformas en el sistema de pensiones o en relación con las políticas activas que el Gobierno está obligado a realizar por ley a los interlocutores sociales, no parece que, a corto plazo, sea probable recuperar la concertación social. Aunque se podría rebajar la tensión social si se retiraran los proyectos de reformar ahora la negociación colectiva y las pensiones.
En tercer lugar, ganar el futuro, como han demandado los líderes sindicales, implica necesariamente cambiar de rumbo. Rectificar las políticas emprendidas por el Gobierno, incluida la reforma laboral aprobada por ley. Por poder se puede, desde luego. En Francia, Chirac retiró el Contrato de Primer Empleo, aprobado en una ley.
Pero lo más importante es que “no dar marcha atrás” es lo que realmente condena a España a retroceder como país y a retroceder socialmente de forma muy grave. Es lo que les está pasando a Grecia, a Irlanda y a Portugal. Y lo que les ha sucedido a los países del Este de la UE sometidos a “curas” de caballo. Es lo que, por su parte, nos anuncian los Presupuestos del Estado para el año que viene. Primero, un crecimiento económico raquítico, apenas perceptible. Como la técnica de los gondoleros venecianos: avanti piano cuasi indietro. Segundo, más desempleo. Y, tercero, más recortes sociales. Rectificar es el único camino que nos puede hacer ir hacia adelante. Lo que se ha hecho y lo que se quiere hacer es mucho más dañino y costoso para el país que haber pagado unos puntos más de interés por la compra de nuevos créditos, de nueva deuda, que España requiere para financiar la enorme deuda, sobre todo privada, acumulada. Nuestro país no tiene riesgo de caer en suspensión de pagos ni los socios europeos, empezando por Alemania, se lo podrían permitir. Pese a haber acatado el dictado de los mercados, las agencias de calificación siguen rebajando nuestra nota de calidad crediticia y los mercados siguen acechando. Si no rectifica y reorienta sus políticas hacia el crecimiento, hacia el empleo y hacia otra manera de reducir el déficit es cuando España corre el riesgo de que la marcha atrás, esa sí, sea pavorosa.
Articulando en una propuesta conjunta las medidas y las demandas que han ido planteando aisladamente a lo largo de estos meses – sobre reforma fiscal, reforma del mercado de trabajo o de las pensiones, sobre protección de los parados, sobre el desbloqueo que está sufriendo la negociación colectiva, o de crecimiento económico y creación de empleo…- los sindicatos están en condiciones de contribuir a ese cambio de rumbo. Estableciendo, al mismo tiempo de esta forma, su plataforma de negociación para una verdadera recuperación de la concertación social.
En fin, la prioridad que, por encima de cualquier otra, emerge en Europa es la necesidad de cambiar de políticas. En caso contrario, lo que puede suceder, está sucediendo, es el cambio de los políticos. Los sindicatos, como los partidos, los periodistas, los empresarios, los clérigos, y no digamos los economistas, necesitan cambiar y mejorar, sin duda. Pero algunos datos apuntan a que las primeras víctimas – en términos de colectivos institucionales - de esta crisis en la que ganan los culpables y pierden las víctimas serán los políticos. En España, según las encuestas, la desafección política ha adquirido rango de descrédito institucional: más de un 70% de los ciudadanos llega a demandar que ni el Presidente ni el líder de la Oposición repitan como candidatos. Contrasta, por cierto, la irrelevancia que los analistas y tertulianos han dado a este dato, en comparación con el ataque desaforado que muchos de ellos han destinado a los sindicatos.
Vientos de cambio, sobre todo para los políticos en el poder, pero no sólo, soplan en Europa. Ed Miliband ha ganado echando por la borda el nuevo laborismo inglés, la popularidad de la Sra Merkel y del Sr. Sarkozy está por los suelos y al presidente Zapatero da la impresión de que se le ha agotado su credibilidad como prestidigitador. Incluso algunos de sus barones regionales empiezan, con guante blanco, a poner en cuestión su idoneidad como futuro candidato.
José María Zufiaur - Representante de UGT en el Comité Económico y Social Europeo