27 de enero de 2011, 3:41
nuevatribuna.es | 25.01.2011
Resulta difícil anticipar quiénes podrían obtener mayor beneficio político mediante la consecución del pacto que necesita el país. Sin embargo, resulta más que evidente el altísimo coste que habrá de pagar aquel que se presente ante la opinión pública como el responsable de haber frustrado el pacto.
Estamos en un momento crítico. O el pacto se hace ahora o el pacto será imposible durante los próximos dos años, al menos. Y el país no dispone de esos dos años. Más allá del verano próximo estaremos prácticamente en campaña y, gane quien gane, 2012 será un año de digestiones electorales. Por tanto, ahora o nunca.
El pacto tiene un doble valor, por su contenido y por sus implicaciones, dentro y fuera del país. El contenido puede impulsar las reformas que precisa nuestra economía y nuestra sociedad para salir de la crisis y para dar lugar a un nuevo modelo de desarrollo, más vigoroso, más sostenible y más justo. Y el pacto implica también un plus de compromiso colectivo y de confianza en nosotros mismos, factores ambos que resultan claves en cualquier estrategia de recuperación interior y de crédito exterior.
También hay dos condiciones para el pacto. El consenso sobre sus contenidos, y la voluntad estratégica de quienes lo suscriben. Nadie duda de que la primera condición es difícil de cumplir. Pero muchos sospechamos que el obstáculo más importante para el pacto se encuentra en el cálculo egoísta de algunos que aún coquetean con la tentación de intentar obtener ventajas propias del desastre común.
Que se lo quiten de la cabeza. Los ciudadanos están preocupados y atentos. La paciencia se agota ya ante las incapacidades de unos y de otros para acordar soluciones. Pero esos mismos ciudadanos serán implacables ante la más mínima sospecha de que el acuerdo pueda frustrarse a causa de un desmarque injustificado o de un boicot en clave electoralista.
El pacto tiene que ser social y tiene que ser político. Es decir, deben acordar Gobierno, patronal y sindicatos, y deben acordar los partidos políticos con representación parlamentaria. Solo así lo acordado dispondrá de la legitimidad y la fortaleza necesarias para cumplir sus cometidos. Y solo así tendrá credibilidad el mensaje del frente común para superar las dificultades.
¿Puede alcanzarse un acuerdo en materia de pensiones? Entiendo que sí, porque todos los interlocutores sociales y políticos coinciden en lo fundamental, la necesidad de cimentar el vigente modelo público de reparto para que pueda seguir siendo sostenible a medio plazo. A partir de ahí, la flexibilidad, la inteligencia negociadora y el sentido común que se presupone a unos y a otros deberían bastar para coincidir también en las fórmulas que permitan cumplir aquel propósito común. Sin ganadores ni perdedores.
Disquisiciones parecidas pueden desarrollarse acerca de la reforma laboral, de la reforma del sistema financiero o de la reforma del mix energético.
Los ciudadanos ya tienen su veredicto. El acuerdo será difícil, pero es necesario. Y ¡ay! de aquél que falte a su obligación de colaborar para su logro.
Rafael Simancas | Diputado del PSOE en el Congreso