21 de octubre de 2010, 14:04
NUEVATRIBUNA.ES - 21.10.2010
Otra vez a los mismos, otra vez a los más humildes, otra vez a los más débiles, otra vez a los trabajadores y trabajadoras. Parece que este Gobierno se ha propuesto sin ningún rubor castigar a la clase trabajadora para dar satisfacción a los mercados, a la gente pudiente y a quienes sin ningún escrúpulo conducen a la miseria a millones de personas en pro de su propia actividad especulativa. Ahora a través del Ministerio de la Vivienda, se anuncia la supresión de las ayudas a la vivienda protegida.
La vivienda de VPO tiene hoy por hoy su principal atractivo en las ayudas. Si estas desaparecen, las ventajas de la vivienda protegida quedan reducidas sólo al valor del suelo, que no puede sobrepasar el 15% del precio final de la vivienda que está tasado oficialmente en los diferentes regímenes, especial, precio general y de iniciativa municipal y autonómica. Esto en tiempos de bonanza, tiempos pasados, fue una ventaja importante. Hoy ya no lo es tanto.
Hoy la ventaja principal de esta vivienda reside en las ayudas para pagar la entrada, que es cuando hay que hacer el mayor desembolso dinerario, lo que supone un gran obstáculo para muchas familias y en especial para los/as más jóvenes. Hoy el valor del suelo no está tan distante entre la vivienda protegida y la de renta libre, en condiciones de homogeneidad, lugar, ciudad, etc. Esto hace que el precio final de la vivienda esté hoy por hoy bastante próximo, hasta el punto de que incluso en algunos casos la vivienda protegida de iniciativa municipal y autonómica supera en precio final a la de renta libre.
Por consiguiente, con la supresión de las ayudas el Gobierno no hace sino castigar, otra vez, a las personas y familias de menores ingresos, de menor poder adquisitivo, que son los destinatarios de la vivienda protegida porque en ellos reside la razón para proteger la vivienda: facilitar el acceso a este bien esencial a las personas y familias con mayores dificultades económicas.
Con esta medida se condena a muchas personas, a muchas familias, a muchos trabajadores y trabajadoras, y especialmente a los más jóvenes, a perder la esperanza de tener una vivienda en el corto plazo. Eso sin contar con otro efecto importante: deprimir más aún la actividad promotora y la construcción residencial y consecuentemente contribuir al aumento del paro y a la disminución del consumo. Más depresión para la economía de este país.
La vivienda es un bien esencial, es un derecho amparado por la Constitución al que muchos trabajadores y trabajadoras no pueden acceder si no es con la participación activa de los poderes públicos. La vivienda protegida y las ayudas establecidas por el Estado hasta ahora constituyen una de las maneras que tienen los poderes públicos de contribuir a que muchos ciudadanos/as puedan ver realizado su sueño y satisfecha una necesidad tan vital y esencial como la vivienda, además de dar cumplimiento a un derecho constitucional.
La vivienda es un factor de independencia y libertad. Contar con una vivienda digna, como recoge nuestra Carta Magna, hace a las personas más libres, más independiente y más realizadas. Por eso es un bien esencial, por eso lo ampara la Constitución como un derecho y por eso los poderes públicos tienen la obligación de garantizar que todo los ciudadanos/as y familias de este país puedan tener acceso a ella.
También los Estatutos de Autonomía de diferentes Comunidades Autónomas o Nacionalidades vienen a consagrar el derecho a la vivienda como un derecho esencial de las personas. En algunas de las Autonomías, como en Andalucía, se ha debatido y aprobado en su Parlamento una Ley de la Vivienda que no sólo consagra el derecho sino que establece que este pueda reclamarse en los Tribunales de Justicia.
Para que ese derecho/necesidad puedan ejercerlo las personas humildes de rentas medias-bajas, es imprescindible que los Poderes Públicos se comprometan estableciendo mecanismos, normas e instrumentos que ayuden a esas personas y familias a reunir las condiciones para el acceso a la vivienda y uno de esos mecanismos e instrumentos son las ayudas del Estado y de las Comunidades Autónomas, sin las que las posibilidades de lograrlo son prácticamente nulas.
Pues bien, ahora viene la señora Corredor, nombre muy apropiado para la carrera hacia el pasado en materia de políticas sociales que este Gobierno ha emprendido, y se despide de su cartera dejando un producto más de la traición de Zapatero a los postulados de la izquierda, al programa que le llevó a la Moncloa y a su discurso socialmente progresista de hace tan sólo unos meses. Decía que viene esta señora y anuncia la desaparición de esas ayudas a la compra de la vivienda protegida, o sea que nos deja como legado la desprotección de las personas y familias que más lo necesitan, robándoles esa esperanza e ilusión razonable y acabando con una de las medidas más sociales que el Estado tiene puesta en vigor.
Definitivamente, este Gobierno del señor Zapatero ha perdido el norte de lo social y está llevando a cabo políticas tan regresivas que ni la derecha se habría atrevido a consumar, pero que aplaude a rabiar porque ha encontrado el barrendero perfecto para el patio que persigue gobernar y que a día de hoy, y con esta deriva que el gobierno ha tomado, parece tener más al alcance de la mano cada día que pasa. Y todo en nombre de un patriotismo desmesurado que al señor Rodríguez Zapatero se le ha despertado de repente para salvarnos de las miserias futuras. ¿No será que de lo que habría que salvarse es de él?
Julio Ruiz Ruiz
Otra vez a los mismos, otra vez a los más humildes, otra vez a los más débiles, otra vez a los trabajadores y trabajadoras. Parece que este Gobierno se ha propuesto sin ningún rubor castigar a la clase trabajadora para dar satisfacción a los mercados, a la gente pudiente y a quienes sin ningún escrúpulo conducen a la miseria a millones de personas en pro de su propia actividad especulativa. Ahora a través del Ministerio de la Vivienda, se anuncia la supresión de las ayudas a la vivienda protegida.
La vivienda de VPO tiene hoy por hoy su principal atractivo en las ayudas. Si estas desaparecen, las ventajas de la vivienda protegida quedan reducidas sólo al valor del suelo, que no puede sobrepasar el 15% del precio final de la vivienda que está tasado oficialmente en los diferentes regímenes, especial, precio general y de iniciativa municipal y autonómica. Esto en tiempos de bonanza, tiempos pasados, fue una ventaja importante. Hoy ya no lo es tanto.
Hoy la ventaja principal de esta vivienda reside en las ayudas para pagar la entrada, que es cuando hay que hacer el mayor desembolso dinerario, lo que supone un gran obstáculo para muchas familias y en especial para los/as más jóvenes. Hoy el valor del suelo no está tan distante entre la vivienda protegida y la de renta libre, en condiciones de homogeneidad, lugar, ciudad, etc. Esto hace que el precio final de la vivienda esté hoy por hoy bastante próximo, hasta el punto de que incluso en algunos casos la vivienda protegida de iniciativa municipal y autonómica supera en precio final a la de renta libre.
Por consiguiente, con la supresión de las ayudas el Gobierno no hace sino castigar, otra vez, a las personas y familias de menores ingresos, de menor poder adquisitivo, que son los destinatarios de la vivienda protegida porque en ellos reside la razón para proteger la vivienda: facilitar el acceso a este bien esencial a las personas y familias con mayores dificultades económicas.
Con esta medida se condena a muchas personas, a muchas familias, a muchos trabajadores y trabajadoras, y especialmente a los más jóvenes, a perder la esperanza de tener una vivienda en el corto plazo. Eso sin contar con otro efecto importante: deprimir más aún la actividad promotora y la construcción residencial y consecuentemente contribuir al aumento del paro y a la disminución del consumo. Más depresión para la economía de este país.
La vivienda es un bien esencial, es un derecho amparado por la Constitución al que muchos trabajadores y trabajadoras no pueden acceder si no es con la participación activa de los poderes públicos. La vivienda protegida y las ayudas establecidas por el Estado hasta ahora constituyen una de las maneras que tienen los poderes públicos de contribuir a que muchos ciudadanos/as puedan ver realizado su sueño y satisfecha una necesidad tan vital y esencial como la vivienda, además de dar cumplimiento a un derecho constitucional.
La vivienda es un factor de independencia y libertad. Contar con una vivienda digna, como recoge nuestra Carta Magna, hace a las personas más libres, más independiente y más realizadas. Por eso es un bien esencial, por eso lo ampara la Constitución como un derecho y por eso los poderes públicos tienen la obligación de garantizar que todo los ciudadanos/as y familias de este país puedan tener acceso a ella.
También los Estatutos de Autonomía de diferentes Comunidades Autónomas o Nacionalidades vienen a consagrar el derecho a la vivienda como un derecho esencial de las personas. En algunas de las Autonomías, como en Andalucía, se ha debatido y aprobado en su Parlamento una Ley de la Vivienda que no sólo consagra el derecho sino que establece que este pueda reclamarse en los Tribunales de Justicia.
Para que ese derecho/necesidad puedan ejercerlo las personas humildes de rentas medias-bajas, es imprescindible que los Poderes Públicos se comprometan estableciendo mecanismos, normas e instrumentos que ayuden a esas personas y familias a reunir las condiciones para el acceso a la vivienda y uno de esos mecanismos e instrumentos son las ayudas del Estado y de las Comunidades Autónomas, sin las que las posibilidades de lograrlo son prácticamente nulas.
Pues bien, ahora viene la señora Corredor, nombre muy apropiado para la carrera hacia el pasado en materia de políticas sociales que este Gobierno ha emprendido, y se despide de su cartera dejando un producto más de la traición de Zapatero a los postulados de la izquierda, al programa que le llevó a la Moncloa y a su discurso socialmente progresista de hace tan sólo unos meses. Decía que viene esta señora y anuncia la desaparición de esas ayudas a la compra de la vivienda protegida, o sea que nos deja como legado la desprotección de las personas y familias que más lo necesitan, robándoles esa esperanza e ilusión razonable y acabando con una de las medidas más sociales que el Estado tiene puesta en vigor.
Definitivamente, este Gobierno del señor Zapatero ha perdido el norte de lo social y está llevando a cabo políticas tan regresivas que ni la derecha se habría atrevido a consumar, pero que aplaude a rabiar porque ha encontrado el barrendero perfecto para el patio que persigue gobernar y que a día de hoy, y con esta deriva que el gobierno ha tomado, parece tener más al alcance de la mano cada día que pasa. Y todo en nombre de un patriotismo desmesurado que al señor Rodríguez Zapatero se le ha despertado de repente para salvarnos de las miserias futuras. ¿No será que de lo que habría que salvarse es de él?
Julio Ruiz Ruiz