Si el próximo Ministro de Portugal anuncia su intención de crear un Tribunal de Cuentas privado para controlar y reducir el déficit público.
Si las Cuentas de Cataluña serán auditadas por el despacho externo Deloitte, afirmando que el Informe “deberá entregarse en un par de meses” (De la ingeniería financiera a la corrupción, 10 de junio de 2011) y costará 885,000 euros (IVA incluido).
Si el Congreso del Estado de Michoacán (México) anuncia que podría contratar auditores externos para solucionar el rezago en los procedimientos de auditoría por parte de su Órgano de Fiscalización (con 330 empleados) en entidades estatales y ayuntamientos del año 2008 al 2010, el monto a destinarse será de 5 millones de pesos.
Si “Cataluña es la comunidad autónoma más endeudada en términos absolutos, con 34,323 millones de euros, pero en relación con el tamaño de su economía la que tiene más deuda es la Comunidad Valenciana, con el equivalente al 17,4% de su producto interior bruto” (elpais.com, La deuda de las comunidades marca un récord al subir 11,4% del PIB, 17 de junio de 2011), y sin embargo, “El conceller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha afirmado este viernes que la deuda catalana entra ‘dentro de lo previsto’” (Barcelona, 17(EUROPA PRESS). Luego, si se advirtió e informó el grado de endeudamiento, se supone que se adoptaron las medidas para prevenir los riesgos. Pero no fue así, España es una inmensa deuda, y en México, Ramón Galindo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado “Dijo que muchos gobernadores han endeudado hasta niveles impagables sus estados”. Como en el estado de Michoacán, que a principios del 2011 la deuda pública ascendía a 14 mil 869 millones de pesos, casi el 5% del PIB estatal. Por esto, las reestructuraciones de la deuda pública se han justificado en los Órganos de Fiscalización y Gobiernos como medidas extremas o de supervivencia, ejemplo “la contratación de 5 mil 500 millones de pesos con los bancos, es la cantidad netamente requerida por la autoridad estatal para no colapsar las finanzas estatales” (La Voz de Michoacán, 17 de junio de 2011, p. 5 A).
Si en la concepción colectiva de la sociedad se acepta que los Organismos de Fiscalización se encuentran fuera de duda y de la problematicidad. Por ejemplo, “El Tribunal (de Cuentas de España) ha realizado un gran trabajo, aunque no deje de sorprender el dilatado espacio tiempo entre las cuentas fiscalizadas que se incluyen las de hace cinco años. Pero el retraso no hay que imputarlo a este importante órgano constitucional, sino a las propias entidades locales” (Sobre el sector público local (I), Mercedes Fuentes López, 13 de junio de 2011), o la titular de la Auditoría Superior de Michoacán, al afirmar “La auditoría no concluye procedimientos pues los inculpados acuden a tribunales para obtener amparos y librar sanciones” (La Voz de Michoacán, 15 de junio de 2011, p. 10 A).
Si la actualidad, últimas noticias o novedades en los portales de los Organismos de Fiscalización no reflejan el grave problema del endeudamiento público y su relación con el rezago o retraso en éstos. Al contrario, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana informa que ocupa el primer lugar por cumplimiento en 2006 y 2007, y el tercero en 2008 en la rendición de cuentas de las entidades locales, con base en Informe realizado por el Tribunal de Cuentas que “valora la situación y la actividad económico-financiera del sector público local, analiza el cumplimiento de la obligación de las entidades locales de rendir la cuenta general, determinar su integridad, la coherencia interna, estudiar las principales magnitudes presupuestarias económicas y financieras agregadas”. Luego resulta contradictorio que la Comunidad de Valencia sea líder en lo positivo pero también en lo negativo. O, la página web de la Auditoría General de la Nación de la República de Argentina, nos presente como actualidad, el Informe Participación en el XX INCOSAI-2010 en el cual se da a conocer las actividades realizadas en el Congreso de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica, en noviembre de 2010. En el documento se afirma que “los temas fueron sometidos a debate, tal como en el, Tema I: Valor y beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)”. Pero si se debatió hubo necesariamente discusión de opiniones, contienda o controversia sobre cuál es el valor o importancia de la fiscalización, es decir, cuál es el valor de los Organismos de Fiscalización cuando no han previsto el grave endeudamiento público en cada país, municipio, o localidad. Sin embargo, en el referido Informe se concluyó: en confirmar la importancia del rol de las EFS en la vida democrática de las naciones”. Y ciertamente, se confirma la recomendación de la Conferencia acerca del Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, celebrada meses antes, en mayo del mismo año que sugería “se fomente la divulgación del valor y los beneficios de las EFS” (www.intosai.org, en conclusiones y recomendaciones, p. 6/6). Más, divulgar es hacer público una idea o pensamiento que previamente han sido aceptados, excluyendo la posibilidad del debate y la reflexión, entonces ¿Por qué el Informe Participación de la AGN establece que el tema del valor en las EFS fue debatido cuando la participación de los Organismos de Fiscalización consistió solamente en confirmar la recomendación?
Si los comentarios acerca de la privatización de la fiscalización por parte de funcionarios y “expertos” en fiscalización, giran en torno a: ¿Están en entredicho la credibilidad de los auditores públicos?; Otro afirme “no es la mejor propuesta un Tribunal (de Cuentas) privado para supervisar la deuda pública. No se puede negar que es una propuesta audaz, invirtiendo el sistema, en lugar del Estado para regular actividad privada, es el sector privado el que regular al estado”. Y a otros más, les parece que el problema no es una Nueva Auditoría Pública sino hacerlas “pronto y bien” ¿Cómo Ernst&Young o Deloitte? Sí, es el subdesarrollo mental que padecen nuestros auditores públicos que no logran romper el cordón umbilical de la auditoría privada. Porque no han entendido la complejidad de la realidad pública, y por ende, de sus cuentas y de su herramienta básica, una auditoría que se legitima si verdaderamente es pública, no privada. Por ello, la defensa de la auditoría pública no está sujeta a desvaríos ni a interpretaciones trasnochadas. Pero en tanto, tendremos que seguir cuestionando, auditores públicos… ¿Para qué?