El proyecto federal no sólo significa descentralización administrativa y respeto y apoyo al poder local de los ayuntamientos; significa una nueva organización política común sobre nuevas bases cooperativas
Este otoño de 2014 estará protagonizado por la aceleración de la crisis política del modelo de la segunda restauración borbónica que tiene lugar de forma clara desde la primavera de 2010.
Sabemos que las fuerzas políticas, económicas y sociales que intentan preservar el modelo de acumulación y dominio surgido de la Transición del franquismo a la democracia tienen todavía una enorme capacidad de resistencia y de hegemonía de pensamiento, pero ahora es el momento de trabajar para configurar una nueva correlación de fuerzas que posibilite la resistencia y la victoria de los intereses populares.
No estoy planteando la reedición del gobierno de izquierdas en Cataluña, o un gobierno del PSOE en España con apoyos de la izquierda real. Las experiencias del pasado han mostrado todas sus limitaciones. Ahora hace falta un gobierno de la gente para la gente, superando la vetusta dinámica de los partidos que hasta ahora han sido el eje del sistema dinástico. En él debemos incluir al PP, al PSOE, a CiU y a las falsas alternativas del propio sistema para que nada importante cambie: UPyD y C 's.
Hay otra razón necesaria para urgir un cambio de orientación: nos estamos quedando sin país; país entendido como proyecto colectivo que identifica unos bienes materiales y un proyecto social y ambiental de convivencia pensado para la mayoría de la ciudadanía. La crisis está siendo utilizada para cambiar el modelo social y ambiental, también para una involución democrática y del modelo de Estado que conocíamos hasta el momento. Todo indica que la Cataluña, la España y la Europa que se proyectan nada tienen que ver con los ideales de justicia, libertad, igualdad y sostenibilidad por los que lucharon y murieron nuestros abuelos y nuestras abuelas y nuestros padres y madres.
La crisis de los partidos dinásticos es la crisis de la Monarquía Borbónica, y la crisis del sistema político, económico y territorial diseñado en 1978, basado en olvidos y silencios cómplices. Se sacrificó la memoria; se diseñó un sistema político-electoral bipartidista (con la participación de PNV y CiU); se desarrolló un sistema de financiación de partidos basado en la corrupción y el expolio de los bienes públicos; la cultura especulativa y rentista sustituyó buena parte de la cultura productiva y el desarrollo irracional urbanizó y cubrió de infraestructuras innecesarias parte de nuestro territorio con sus consecuentes corruptelas.
Comparto la opinión del constitucionalista Javier Pérez Royo cuando afirma "El ejercicio del poder constituyente del pueblo español en 1978 comportó que la Monarquía no pudiese someterse a discusión. Sólo se pudieron tomar decisiones sobre su configuración constitucional...El texto aprobado por las Cortes fue sometido a referéndum el 6 de diciembre de 1978, pero no por exigencia del propio constituyente, sino porque el texto constitucional tenía su origen en la Ley para la Reforma Política, que había sido aprobada como Ley Fundamental del Régimen de Franco, y su derogación o reforma exigía referéndum"
Así pues la Monarquía, el sistema político y el modelo económico se han convertido en un todo y ahora todo eso está en crisis y es cuestionado.
Hoy, al irse perdiendo la fuerza unificadora de la doctrina de la Transición (basada en el silencio de la complicidad compartida y en la opacidad ante la opinión pública, no rota generalmente por los medios informativos), vamos conociendo episodios siniestros, como por ejemplo la financiación irregular de la campaña a favor de la OTAN del PSOE, las redes mafiosas y corruptas del PP, la financiación de la operación reformista de Miquel Roca en los ochenta y, últimamente, la verdadera historia de la familia Pujol.
El caso Pujol está haciendo mucho daño a Cataluña y lo tenemos que utilizar para no volver a cometer como sociedad los mismos errores otra vez. Por la asimilación que se hizo desde las instituciones gobernadas por CiU y por la sociedad civil construida alrededor del discurso y los recursos de la derecha nacionalista, donde CiU, Pujol y Cataluña eran la misma cosa; se construyó un modelo de país y de sociedad que, a cambio de un incremento del autogobierno, reproducía un modelo económico, político y cultural profundamente conservador. Todo ello con el apoyo del PP y PSOE, que obtenían los compromisos de estabilidad, complicidad y gobernabilidad que CiU les ofrecía en Madrid y Europa, como los pactos de la Transición estipulaban.
Todo esto se ha acabado, y aunque la estrategia de la familia Pujol sea la contaminación de pruebas defendiendo el secreto bancario - aquel que permite lavar y blanquear los beneficios de la prostitución, la droga, la extorsión, el crimen organizado y la corrupción en paraísos fiscales - el referente político y moral del modelo de nacionalismo conservador que representa Pujol y CiU están agotados. Que la derecha extrema y la caverna comunicativa no cante, sin embargo, victoria: Pujol es uno de los suyos, como muy bien señalaba el diario ABC en 1985 escogiéndolo "español del año", porque Pujol y CiU forman parte de este pasado y las formas de robar de Pujol o Bárcenas se parecen como dos gotas de agua.
Así pues, el futuro de Cataluña no puede pasar por CiU, como evidentemente no pasa por el PP o por el PSOE del artículo 135 de la Constitución y la negativa al derecho de autodeterminación. No es posible pensar que CiU lidere nada: ni la salida a la crisis, ni el derecho a decidir, ni nada liderado por CiU debe contar con fuerzas sociales y políticas de izquierdas, que quedarían contaminadas por un modelo caduco, fracasado y corrupto.
Es necesario un nuevo comienzo, con fuerzas sociales y políticas y ciudadanía crítica emergente de la experiencia de la crisis y del fracaso del modelo de la Transición, y de ninguna manera ayudar y mantener un modelo corrupto que gesticula sobre la consulta del 9N para proceder al mismo tiempo a la privatización de la salud y la educación, a votar las reformas laborales o a poner como modelo el estado sionista de Israel. La izquierda que justifica o participa en esta agonía queda contaminada para construir un proyecto alternativo de país.
Podríamos estar entrando en una nueva fase recesiva que, si se produce, sería la tercera en cinco años y reforzaría la percepción de la continuidad de la crisis que el Gobierno de Rajoy intenta negar a base de propaganda, en el mejor de los casos asistiremos a un bajo y precario crecimiento económico.
Esto seguirá provocando el aumento de la pobreza y la exclusión social en la zona del euro y afectará especialmente a los países del sur, por la falta de crecimiento y por las políticas de austeridad y devaluación salarial que impiden un crecimiento suficiente y de calidad para favorecer una redistribución de rentas y de patrimonios que perjudica a la mayoría social.
Quien piense que el debate sobre la independencia de Cataluña está al margen y es independiente de la evolución de este tema, o practica la ilusionismo político o utiliza el debate soberanista como cortina de humo de sus verdaderas intenciones.
Las políticas de austeridad aplicadas de forma vanguardista por la derecha catalana han sido conectadas de forma plena con las mismas políticas en su dimensión europea, al tiempo conectadas con la acción y el discurso conservador que la derecha española desarrollaba en España. Ataques continuados a los derechos y las conquistas sociales, privatización del sector público y amplio discurso ideológico para poder desarrollar en el ambiente propenso todo tipo de recortes, privatizaciones, agresiones y actos de desposesión generalizada.
En Cataluña se ha puesto en marcha una acción sistemática de cambio de modelo social y territorial y de desguace planificado y sincronizado del Estado del Bienestar y de los Bienes Comunes con desfiscalización, fraude, recortes y privatizaciones. El debate de las balanzas fiscales (donde existe independientemente de la metodología un problema real de descompensación y falta de transparéncia) se utiliza de forma víctimista para ocultar el modelo clasista a la hora de afrontar la redistribución de la riqueza.
Frente a esto, la alianza entre movimiento social y ciencia ha sido clave para la aparición de una ciudadanía más sabia, más participativa, más activa, que quiere ser protagonista e intervenir en las decisiones sobre las dinámicas y procesos que se quieren implementar en los lugares donde viven. En muchos casos estos ciudadanos organizados se han convertido en los auténticos garantes de los intereses de todos y del bien común, por encima de los intereses privativos. Experiencias de lucha contra la MAT, el fracking, la incineración de residuos y los vertederos descontrolados o contra las nucleares y los trasvases representan un modelo de país hoy indispensable para construir la alternativa, junto a los que han luchado por un sistema de salud, de educación, de vivienda o de derechos laborales y tienen muy claro qué país quieren en estos ámbitos.
El programa mínimo para gobernar en Cataluña o en España debe partir de la experiencia de fracaso de las políticas de austeridad y recortes y de la experiencia de la contestación y movilización ciudadana. Quien se aferre a las lógicas institucionales de los últimos 30 años, incluyendo las del tripartito de izquierdas en Catalunya o las proyecciones mecánicas de gobiernos con el PSOE, se equivoca.
El resumen de todo ello tiene que ver con la democracia como mecanismo de control, planificación y propuesta para organizar lo que es de todos y todas; lo público. Como bien afirmaba en un artículo reciente Joan Subirats, "la democracia como -nuevo- contrato político y social".
Es por ello que la democracia se convierte en el polo, en el vértice de respuesta a la triple crisis que nos ocupa, económica y social, política y de modelo de Estado. La respuesta a los tres retos es más democracia, y sin más democracia ninguno de los tres retos tiene solución satisfactoria para las clases populares.
Ahora es el momento de sumar las experiencias sociales y políticas de transformación en nuevas fórmulas que superen el caduco modelo político de la Transición. Hoy las fuerzas políticas transformadoras, las organizaciones sociales y la ciudadanía crítica deben dar lugar a nuevas fórmulas políticas de participación política-electoral relacionadas a la movilización y con voluntad de alternativa a las instituciones.
Las fuerzas políticas transformadoras debemos formar parte de la corriente de fondo de cambio, de forma compartida con miles y millones de personas críticas, que en las elecciones municipales y generales de 2015 deben derrotar a las derechas en pueblos y ciudades y también en las Cortes de Madrid.
El Parlamento y el Gobierno de Cataluña no son diferentes; si somos capaces de sumar para ganar pueblos y ciudades, y si seremos capaces de sumar para ganar el Gobierno del Estado, debemos ser capaces de sumar para ganar Cataluña. Ganar Cataluña debe convertirse en una realidad política que complete el ciclo electoral de cambio.
La única solución para afrontar los retos de construir un nuevo proyecto de país es la de no tener miedo a la democracia, y apostar de forma radicalmente decidida por un proceso que dote de más poder político al único soberano realmente existente en nuestro país, el pueblo.
Un proceso constituyente para construir nuevas bases económicas, políticas, sociales y territoriales sobre las que asentar un proyecto común de convivencia entre pueblos libres e iguales. Este proyecto debe estar basado en el respeto verdadero a los derechos humanos, algunos de ellos mencionados en la Constitución del 78 y al Estatuto de 2010, pero desgraciadamente no ejercidos ni respetados en la práctica, como el trabajo, la salud, el educación, la vivienda, la libertad de expresión y manifestación, la participación política o la libre determinación de los pueblos.
Un nuevo proceso constituyente que ya ha comenzado y que no puede ser restringido a una simple reforma constitucional, y mucho menos a una reforma constitucional cosmética y limitada.
El manejo y la planificación de recursos y sectores estratégicos de nuestra economía, la superación de las limitaciones de leyes electorales y sistemas bipartidistas de reparto de los poderes públicos, la privatización de derechos y servicios públicos como la vivienda, la salud o la educación, por no hablar de la energía, el agua o el suelo, nos indican que, para poder reconstruir este proyecto común que hace aguas por diferentes vías, son los intereses de los diferentes pueblos los que deben protagonizar la agenda y las propuestas de solución.
Un proceso constituyente a nuestro entender es un proceso federativo y republicano. República entendida no sólo como un cambio democrático del jefe del Estado, sino como poder ciudadano organizado al servicio del bien común.
El proyecto federal no sólo significa descentralización administrativa y respeto y apoyo al poder local de los ayuntamientos; significa una nueva organización política común sobre nuevas bases cooperativas con respecto a la libre decisión de los pueblos.
Un proyecto federal hace una propuesta positiva de nueva relación entre los diferentes pueblos de España y tiene en cuenta un cambio necesario en la construcción europea, una nueva oportunidad que haga que la cooperación conlleve muchas más ventajas que el alejamiento o el enfrentamiento. No esperamos que esto lo hagan las derechas: si éstas lideran el proceso, el fracaso y el enfrentamiento está servido.
En Cataluña se abre en otoño un momento político que ni la derecha nacionalista y conservadora catalana ni la derecha nacionalista y conservadora española pueden protagonizar si queremos hacer prevalecer los intereses populares. Las derechas que tanto han coincidido en el modelo de los recortes y la austeridad no pueden liderar en Cataluña ni en el resto del Estado Español las opciones de construcción de nuestro nuevo modelo de convivencia. Son las izquierdas, los movimientos sociales y la ciudadanía crítica los que en un marco constituyente deben presentar una alternativa sólida que dote de capacidad real de decidir a los pueblos y que al mismo tiempo plantee una propuesta común.
Este nuevo marco constituyente es lo que puede generar el nuevo país en el que valga la pena vivir y por el que valga la pena luchar, en función de las personas que lo habitan y no en función de las grandes fortunas y sus marcas políticas. La ciudadanía ya no espera, y ha empezado a protagonizar el cambio.