Conviene diferenciar dos agendas bien distintas en la política del Gobierno del PP. Una de ellas promueve medidas para hacer frente a la crisis, si bien equivocadas a juicio de muchos. La otra agenda se apoya en la crisis, utiliza la crisis como coartada, pero responde a una motivación ajena a la crisis y mucho más relacionada con el programa máximo de la derecha política y económica de este país. Por tanto, lo que a veces se vende a la opinión pública como parte del ajuste fiscal propio de la estrategia de austeridad frente a la crisis, no es sino una ofensiva en toda regla para revisar a la baja el Estado Social y Democrático de Derecho consensuado en la Transición Democrática española.
La agenda macroeconómica del Gobierno es una agenda injusta y equivocada, que parte además de un engaño masivo. Injusta, porque hace recaer la factura más importante de la crisis sobre los sectores más vulnerables de la población, recortando algunos de sus derechos sociales más básicos. Es una agenda errada, porque incorpora medidas fundamentalmente procíclicas, que harán crecer la recesión y el desempleo. La historia económica enseña que en escenarios de decrecimiento, priorizar el control del déficit y estrangular la reactivación no ayudan a salir de la crisis sino que, antes al contrario, contribuyen a profundizarla. El proyecto de presupuestos públicos para 2012, por ejemplo, penaliza la inversión productiva y la innovación: un error de manual. La agenda también es inmoral, porque parte de las mentiras pronunciadas por los dirigentes del PP en campaña electoral: ni la subida de impuestos, ni los copagos sanitarios, ni la amnistía fiscal, por ejemplo, tienen el aval democrático de las urnas.
La otra agenda, la estrictamente política, pretende colarse al socaire de la crisis y de los sacrificios que los españoles están resignados a soportar para ver alguna luz al final del túnel. Porque la reforma laboral no tiene nada que ver con la crisis. Abaratar el despido y otorgar al empresario todo el poder en la organización del trabajo no facilita la creación de empleo. Si se facilita el despido en un contexto de crisis lo que suele ocurrir es que se despida más, como estamos comprobando con las cifras del paro en marzo y abril. No, la primera consecuencia de esta reforma no es la creación de empleo, sino el aumento de los despidos y la indefensión de los trabajadores ante las bajadas de salarios y la revisión de condiciones laborales en el seno de las empresas.
Como recogía ‘The New York Times’ hace escasos días, sacrificar la formación de los trabajadores futuros para pagar la burbuja inmobiliaria de ayer conduce irremediablemente al fracaso, en lo económico decía el periódico, y en lo social añade a menudo Rubalcaba. Contratar menos profesores y acumular más alumnos en las aulas públicas deteriora la enseñanza y contribuye a la desigualdad. Subir las tasas universitarias y bajar las becas al mismo tiempo constituye una fórmula segura para expulsar de la enseñanza superior a las familias menos pudientes. Seguro que este era el objetivo. La derecha nunca asumió con agrado que la sociedad se llenara de titulados universitarios, cuando esa condición había estado reservada históricamente a la casta de los poderosos. No, esto no tiene nada que ver con la crisis. Esto es ideología, y de la peor.
También es puramente ideológica la reforma sanitaria. Porque la sanidad pública española no tiene un problema general de sobrecoste, sino de subfinanciación. Nuestra sanidad es generalmente barata y eficiente, en comparación con lo que otros países avanzados gastan en salud. Pero el PP ha visto en la crisis lo que llaman una “ventana de oportunidad”, es decir, una gran excusa para aplicar la tijera en un servicio que atiende necesidades básicas para la población. Hacer pagar los medicamentos a los pensionistas enfermos no nos ayudará a salir de la crisis, pero nos avergonzará como sociedad injusta. Negar el tratamiento sanitario al inmigrante o al turista no nos hará una sociedad más rica, sino más pobre, al menos moralmente más pobre.
Las ayudas a la dependencia estaban sentenciadas desde el mismo día en que la derecha ganó las elecciones. Siempre consideraron que se trataba de un derroche propio de los gobiernos manirrotos de ZP. ¿Qué hacer con nuestros mayores o nuestros discapacitados? Aparcarlos en casa, al cuidado de la “mujer auténtica” que propugna Gallardón. A no ser que se tengan recursos para pagar el altísimo coste de una residencia o una asistencia específica.
¿Ayudará la amnistía fiscal a salir de la crisis? Está claro que no. La historia económica demuestra también que los ejercicios posteriores a los episodios de perdón impositivo suelen ser ejercicios con menos recaudación de impuestos. Resulta lógico. Si declaro mis rentas con honestidad he de pagar el 20%, el 30% o el 40% al fisco. Si las oculto, la amnistía fiscal me permitirá pagar tan solo el 10%. La pedagogía apunta irremisiblemente a la defraudación fiscal. ¿Y quién se beneficiará más? Quienes más dinero negro acumulan. Los “peloteros” del suelo reventaron la crisis con sus especulaciones, y ahora el PP les premia lavando su dinero sucio.
Si la crisis induce a la tristeza, algunas de las medidas que se plantean para combatirla provocan ira y vergüenza.