"El más fuerte nunca es lo bastante para dominar siempre, sino que mudó su fuerza en Derecho y la obediencia en Obligación"
Jean -Jacques Rousseau (Capítulo III del “Contrato social”)
Cuando este glorioso cascarrabias, precursor del Derecho Político en su versión actual, escribía ese pequeño opúsculo que es su “Contrato Social”, sin duda tenía presente el poder en su componente más material e inmediata. Hoy ese Poder, invisible pero ominosamente presente en cada acto cotidiano de comprar el pan o pagar impuestos desproporcionados (ambas acciones realizadas siempre por los únicos contribuyentes netos en un Estado moderno, los otros ni se enteran) ya no necesita aparecer públicamente como coartador de libertades, tiene a su disposición obedientes lacayos, los gobiernos formalmente democráticos, que se apresuran a diseñar las estrategias y trampas más groseras para imponer la Ley del Más Fuerte. Se puede debatir sin renunciar a parcelas legítimas.
Esta reflexión surge cuando ese eufemismo que ahora domina los discursos políticos o las cabeceras de los noticiarios, la calle, aparece como la expresión máxima e indiscutible de la Suprema Verdad Popular. Quien contradiga a la “rebelión de las masas”, reconvertida en “clamor popular”, sufre anatema público cuando no directamente de ostracismo de sus iguales y algunos allegados. Asistimos algo descolocados a tertulias, asambleas, reuniones de vecinos en el ascensor y concentraciones varias que giran indefectiblemente alrededor del mismo guión: “la libertad es elegir un régimen republicano, en lugar de esta antigualla de una monarquía trasnochada e inútil, Vox Populi Dixit.
Habría que remontarse al cambio de la Monarquía Romana por la República y luego por el Imperio. Algo parecido ocurrió con un señor bajito, corso de origen, llamado Napoleón Bonaparte, republicano de primera hora y luego auto coronado Emperador, ya que le pareció humillante que el Papa lo hiciera. Sin tener que remontarse tan lejos tomemos el ejemplo paradigmático de nuestra siempre añorada II República Española, proclamada con tanto júbilo que se les olvidó que también había muchos republicanos (convencidos, ¡faltaría más!) que eran de la derechona más rancia y rencorosa del mundo, y que a la primera ocasión se hicieron limpiamente con el poder, por el mismo legítimo camino de las urnas por el que sus antecesores habían puesto en marcha una verdadera revolución social en una España atrasada y analfabeta, en apenas los dos primeros años. Llegaron los alegres chicos de la CEDA y desmontaron con luz y taquígrafos lo que había costado tanto trabajo arañar al poder de los oligarcas y terratenientes. Para que un zoquete llegue a Presidente de la República sólo hacen falta medios, como en el caso bochornoso de Berlusconi. Y todo legal. Hoy, por desgracia, esos medios financieros y económicos están en las manos que todos conocemos, o intuimos (acuérdense los entusiastas del mito de la “mano invisible” que todo lo sitúa… donde debía estar, hasta que llegaron las malditas conquistas sociales, como diría cualquier cacique lleno de sobres, aquí o en Suiza) y se ponen en funcionamiento al primer clarín.
¿Por qué extraña providencia intelectual los ciudadanos, que a cada ocasión que pueden votar se limitan a elegir de forma contumaz a una panda de impresentables, repetitivamente inútiles y mayoritariamente de la derecha más cavernícola de Europa (o asimilados, ya se me entiende), van a acertar con un lumbrera inesperado como Presidente de la III República Española?
Un Jefe de Estado neutral, no vinculado a ninguna opción política y como árbitro independiente, mero símbolo estatal, transparente en sus actos reglados, y controlado por el Poder Legislativo, se llame rey o regente, es una opción perfectamente equiparable a monarquías parlamentarias. La ciudadanía ya tiene bastante con elegir de forma sensata, a gestores solventes, removibles y al servicio de los ciudadanos; depositar en ellos, con las garantías de que, de forma consensuada, nos dotemos sin mitos.
Llegados a este punto vuelve a surgir el dilema de sobre qué principios se puede reformar la Constitución de 1978. Y, a costa de incurrir en el oprobio público, creo interesante retomar un marco de reflexión filosófica que ayudó los primeros textos constitucionales, y que parecen olvidados. Ese Contrato Social era algo elemental, y hoy parece ¿superado?. Echemos un vistazo a sus líneas maestras. Se trataba de que los ciudadanos tuviesen la Soberanía Permanente, es decir el Poder Legislativo, delegado temporalmente para gestionar de forma honrada y transparente las estructuras del Estado. Me pregunto si esta “mesa transversal de reflexión colectiva” es, primero viable, en segundo lugar operativa y, finalmente orientativa para una nueva Constitución que recoja esas líneas maestras de la Ciudanía. ¿Imposible?, seguro que es difícil pero sin duda obedecerá a las necesidades de los ciudadanos. Solo hace falta voluntad, ideas claras y un sistema de participación directa, transparente y fiable. La ciudadanía española actual está a años luz de la atrasada de hace un siglo, y dejando en evidencia a los chulos del norte que se mofan de los países mediterráneos, el equivalente de las iníciales de Portugal, Italia, Grecia y España, como los vagos del sur (traducido en lenguaje de la Pérfida Albión, como PIGS, “cerdos”), se podría decir que equivale a Preparados, Inteligentes, Generosos y Solidarios, mucho más real y capaces de debatir con argumentos un nuevo Contrato Social del Siglo XXI, que sitúe a cada segmento, Ciudadanía, Política y Poder Financiero en sus respectivos campos de actividad honesta.