Este es el estado de ánimo que debe presidir las reuniones de las cúpulas directivas de las grandes firmas automovilísticas, tras el auténtico maremoto provocado por las recientes revelaciones del fraude cometido por Volkswagen, la posterior caída de su presidente y el previsible procesamiento del mismo a instancias de la fiscalía alemana.
Tras una primera noticia, que hablaba de que las autoridades estadounidenses habían descubierto una aplicación incorporada al software de algunos de los modelos de la compañía, que ocultaba en el transcurso de las inspecciones unas emisiones entre 10 y 40 veces superiores a las homologadas, se desencadenó todo un efecto dominó que trae en jaque desde entonces a la reputada industria alemana, y pone en tela de juicio el rigor de las autoridades germanas a la hora de velar por el estricto cumplimiento de la legalidad.
Quizás sea sólo una impresión mía, pero el primer aviso de carácter ecológico transitó durante unas horas por los medios ocupando esos rincones de las noticias ambientales que únicamente son visitadas por contadísimos lectores de perfil verde, y sólo a partir del momento en que comenzaron a salir los números a relucir fue cuando los teletipos adquirieron el rango de bombas informativas.
Pérdidas económicas incalculables para el conglomerado empresarial, consecuencias en los territorios de distintos países que acogen plantas de producción de algunas de sus marcas, derivadas políticas de primer orden en Alemania como consecuencia de la pérdida de prestigio de su buque insignia industrial, riesgos laborales evidentes… Todos los datos comenzaron a entrelazarse al tiempo que los valores del gran gigante mundial del motor se hundían en bolsa, los gobiernos titubeaban sobre los límites de exigencia a exhibir ante sus ciudadanos sin que ello implicase poner en riesgo posibles inversiones, Merkel y sus ministros diseñaban una hoja de ruta para capear el más que previsible período de conflagración política interna, y las estructuras sindicales comenzaban a marcar las líneas rojas a la hora de exigir responsabilidades empresariales que pudiesen traducirse en restricciones de orden laboral.
Bien pronto las razones ambientales, aquellas que dieron origen a la crisis, pasaron a un segundo, tercer o cuarto plano. Comenzó a hacerse un recuento de daños y un cálculo de costes para su reparación, y las cifras no tardaron en sobrevolar cotas estratosféricas.
Es preciso rescatar el buen nombre de la compañía y salvaguardar la marca Alemania ante todo, han de paliarse los daños que el prestigio devaluado pueda ocasionar por una previsible huida de clientes hacia otras marcas, debe ofrecerse una reparación suficiente a los compradores afectados para evitar un litigio de descomunales dimensiones… Todo ello va a conllevar un considerable quebranto económico a Volkswagen, pero a todos conviene que la cosa no se vaya de las manos, no vaya a ser.
La retirada del software espía de todo el parque de vehículos afectado es una medida abarcable, si no se quiere inmovilizar a más de once millones de coches por incumplir con los patrones legales de emisiones, pero ello conllevará una pérdida de potencia de los motores y, en consecuencia, una pérdida de valor para sus propietarios que debería ser indemnizada o sustituida, y aquí ya estaríamos hablando de la quiebra de la compañía y todo lo que se derivaría de la misma.
No descarto en absoluto que la parte ambiental se convierta en el chivo expiatorio de una crisis que habrá de taponarse de alguna manera. Esto es, el daño que afecta a todos pasaría a ser prescindible aun siendo el de más valor, precisamente por no tener precio.