24 de noviembre de 2010, 15:47
NUEVATRIBUNA.ES - 24.11.2010
...El pasado viernes 19 de noviembre hubo una comparecencia sobre la situación de malos tratos que sufren las mujeres migrantes en la Asamblea de Madrid con especial insistencia en la violencia machista: 74 asesinatos, el 50 por ciento padecido, sufrido por personas de otros países de procedencia pero de igual condición humana y mayor desamparo. En un país en el que los migrantes apenas superan el 12 por ciento, la mujer extranjera es más vulnerable ante esta lacra. Al menos cinco veces más que las españolas, lo que no multiplica por cinco la gravedad de los hechos, pero sí plasma la preocupante ausencia de visibilización. La tasa de asesinatos entre las españolas por cada 100.000 es de 1:63; la de las foráneas de 8:52.
A pesar de la valentía de la mujer extranjera a la hora de delatar a sus verdugos, los indicadores marcan una preocupante disminución en las denuncias presentadas. Algo estaremos haciendo mal cuando no conseguimos que frene el goteo permanente de asesinatos de mujeres por sus ex parejas o maridos. Amnistía Internacional ha señalado que a pesar de la avanzada legislación, las normas y prácticas administrativas impiden salvar las vidas de las mujeres. Y esto se puede y debe cambiar.
Las migrantes apenas se benefician de las ayudas, ni de las concesiones de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones humanitarias. Todo a pesar de hallarse en el sector de más riesgo por la falta de redes familiares y sociales de apoyo que tienen. Las barreras lingüísticas, su percepción de las instituciones más como amenaza que como protección, y la dependencia económica del agresor son causas de lo primero.
Los avances
El balance, sin duda, no es el deseable. No se puede negar la voluntad y la preocupación de todas las administraciones e instituciones pero no hemos conseguido dar con la clave.
Fruto de esa sensibilidad, la Asamblea de Madrid aprobó en su momento la ley 5/2005 de 29 de diciembre, Ley integral de la contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid. Ha supuesto un avance porque recoge la necesidad de hacer visibles y atender a aquellas víctimas de la violencia de género cuya singular situación las hace más vulnerables, como son, evidentemente, las mujeres inmigrantes y las mujeres con discapacidad.
Consecuente con ello, se formuló y definió el plan de acción integral contra la violencia de género en la Comunidad de Madrid para el período 2005 – 2008. Este plan contempló cuatro áreas de actuación: Prevención y sensibilización, asistencia y atención integral, protección e investigación.
El período del plan terminó sin los frutos deseados. A pesar de no tener informes anuales de ejecución, ni evaluación del plan por parte del gobierno regional… Todas las asociaciones y ONG que realizan seguimiento a esta realidad coinciden en que, en el mejor de los casos, no se ha mejorado la situación.
No hay política pública en la Comunidad tampoco en esto. Esforzarse por la autonomía de la mujer para mejorar las cifras de inserción laboral es más que urgente, más no se trabaja en esta línea. Hay una descoordinación en políticas públicas de empleo y formación. El gobierno de Esperanza Aguirre no aporta los recursos necesarios, ni aumenta la formación, ni los microcréditos para las emprendedoras. Habrá una reducción importante en los presupuestos 2011 para estas partidas: un 5% menos respecto el 2010. Y son la base para el futuro de las mujeres y de la sociedad.
No se promueve la creación de cooperativas de mujeres que ayuden a que éstas sean contratadas a través del Régimen General. A pesar de que la economía social genera una sociedad redistributiva y equitativa, según los principios del cooperativismo y de la nueva ley de economía sostenible, no se promueve el modelo.
Las asignaciones presupuestarias actuales son insuficientes: la mayoría de asociaciones coinciden en que llevan a cabo sus actividades contra la violencia de género de forma precaria. No se puede prescindir de las mujeres inmigrantes como interlocutoras válidas. Más cuando se trata de la lucha contra realidades como la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la feminización de la pobreza, los matrimonios serviles, la esclavitud laboral o la mutilación genital femenina.
Es urgente articular y coordinar las iniciativas de tratamiento de la violencia de género para causar sinergias que potencien la eficacia del trabajo en red, así como el acceso a los recursos. Para ello, resulta indispensable generar espacios de encuentro y debate específicos para los temas relacionados con migración y violencia de género, pero la comunidad no es la suma de todos, sino la resta de quienes piensan distinto. Por ello, ya no tendremos consejo de la mujer.
Se hace imprescindible que el personal responsable del abordaje y tratamiento de la violencia de género reciba formación específica, así como atención integral para quienes están en exposición a situaciones de estrés psicológico y emocional debido a la labor que desempeñan en esta área.
Se tienen que promover las acciones de denuncia que visibilicen las violaciones a los derechos de las mujeres inmigrantes y que exijan el cumplimiento de la normativa nacional e internacional respecto a la violencia de género.
Difícilmente se pueden llevar a cabo estos planes, si los Programas 955 y 956 que forman el área de promoción e igualdad de la mujer, y que conjuntamente se dotan con 37 millones de euros… se recortan. La reducción llega al 13 por ciento, uno de los recortes más fuertes del Presupuesto regional.
Las mujeres, por suerte o por desgracia, tenemos muchos puntos en común. En mi caso, fui una persona que contrariamente a mi voluntad un día abandoné Colombia. He sido la primera de origen latinoamericano en ser diputada, lo que no es para mí un mérito, sino síntoma de un retroceso que esperemos superar pronto con la llegada de más mujeres migrantes a la representación política.
Estamos lejos de conseguir la igualdad de oportunidades, pero no hay que obviar que las migrantes de este país han abierto un hueco importante. El gobierno central, desde la llegada del PSOE en 2004, ha impulsado importantes avances en lo que a los derechos de las mujeres se refiere. Desde entonces las mujeres han conquistado un amplio espacio público, se han aprobado leyes de igualdad, dependencia e integral contra los malos tratos… Luchas que no han sido fáciles, y que han procurado avances para las mujeres permitiéndoles ganar presencia en el espacio público además de derechos porque otras mujeres llegadas de lugares lejanos ejercen los cuidados de los mayores y de la infancia, sin el merecido reconocimiento. Es lo que se conoce como la transnacionalización de los cuidados.
Pongámonos todos el mono de trabajo. Sociedad civil e instituciones hemos de remar todos juntos para superar la situación de desamparo de cientos de miles de mujeres en Madrid, España y el mundo.
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.
...El pasado viernes 19 de noviembre hubo una comparecencia sobre la situación de malos tratos que sufren las mujeres migrantes en la Asamblea de Madrid con especial insistencia en la violencia machista: 74 asesinatos, el 50 por ciento padecido, sufrido por personas de otros países de procedencia pero de igual condición humana y mayor desamparo. En un país en el que los migrantes apenas superan el 12 por ciento, la mujer extranjera es más vulnerable ante esta lacra. Al menos cinco veces más que las españolas, lo que no multiplica por cinco la gravedad de los hechos, pero sí plasma la preocupante ausencia de visibilización. La tasa de asesinatos entre las españolas por cada 100.000 es de 1:63; la de las foráneas de 8:52.
A pesar de la valentía de la mujer extranjera a la hora de delatar a sus verdugos, los indicadores marcan una preocupante disminución en las denuncias presentadas. Algo estaremos haciendo mal cuando no conseguimos que frene el goteo permanente de asesinatos de mujeres por sus ex parejas o maridos. Amnistía Internacional ha señalado que a pesar de la avanzada legislación, las normas y prácticas administrativas impiden salvar las vidas de las mujeres. Y esto se puede y debe cambiar.
Las migrantes apenas se benefician de las ayudas, ni de las concesiones de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones humanitarias. Todo a pesar de hallarse en el sector de más riesgo por la falta de redes familiares y sociales de apoyo que tienen. Las barreras lingüísticas, su percepción de las instituciones más como amenaza que como protección, y la dependencia económica del agresor son causas de lo primero.
Los avances
El balance, sin duda, no es el deseable. No se puede negar la voluntad y la preocupación de todas las administraciones e instituciones pero no hemos conseguido dar con la clave.
Fruto de esa sensibilidad, la Asamblea de Madrid aprobó en su momento la ley 5/2005 de 29 de diciembre, Ley integral de la contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid. Ha supuesto un avance porque recoge la necesidad de hacer visibles y atender a aquellas víctimas de la violencia de género cuya singular situación las hace más vulnerables, como son, evidentemente, las mujeres inmigrantes y las mujeres con discapacidad.
Consecuente con ello, se formuló y definió el plan de acción integral contra la violencia de género en la Comunidad de Madrid para el período 2005 – 2008. Este plan contempló cuatro áreas de actuación: Prevención y sensibilización, asistencia y atención integral, protección e investigación.
El período del plan terminó sin los frutos deseados. A pesar de no tener informes anuales de ejecución, ni evaluación del plan por parte del gobierno regional… Todas las asociaciones y ONG que realizan seguimiento a esta realidad coinciden en que, en el mejor de los casos, no se ha mejorado la situación.
No hay política pública en la Comunidad tampoco en esto. Esforzarse por la autonomía de la mujer para mejorar las cifras de inserción laboral es más que urgente, más no se trabaja en esta línea. Hay una descoordinación en políticas públicas de empleo y formación. El gobierno de Esperanza Aguirre no aporta los recursos necesarios, ni aumenta la formación, ni los microcréditos para las emprendedoras. Habrá una reducción importante en los presupuestos 2011 para estas partidas: un 5% menos respecto el 2010. Y son la base para el futuro de las mujeres y de la sociedad.
No se promueve la creación de cooperativas de mujeres que ayuden a que éstas sean contratadas a través del Régimen General. A pesar de que la economía social genera una sociedad redistributiva y equitativa, según los principios del cooperativismo y de la nueva ley de economía sostenible, no se promueve el modelo.
Las asignaciones presupuestarias actuales son insuficientes: la mayoría de asociaciones coinciden en que llevan a cabo sus actividades contra la violencia de género de forma precaria. No se puede prescindir de las mujeres inmigrantes como interlocutoras válidas. Más cuando se trata de la lucha contra realidades como la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la feminización de la pobreza, los matrimonios serviles, la esclavitud laboral o la mutilación genital femenina.
Es urgente articular y coordinar las iniciativas de tratamiento de la violencia de género para causar sinergias que potencien la eficacia del trabajo en red, así como el acceso a los recursos. Para ello, resulta indispensable generar espacios de encuentro y debate específicos para los temas relacionados con migración y violencia de género, pero la comunidad no es la suma de todos, sino la resta de quienes piensan distinto. Por ello, ya no tendremos consejo de la mujer.
Se hace imprescindible que el personal responsable del abordaje y tratamiento de la violencia de género reciba formación específica, así como atención integral para quienes están en exposición a situaciones de estrés psicológico y emocional debido a la labor que desempeñan en esta área.
Se tienen que promover las acciones de denuncia que visibilicen las violaciones a los derechos de las mujeres inmigrantes y que exijan el cumplimiento de la normativa nacional e internacional respecto a la violencia de género.
Difícilmente se pueden llevar a cabo estos planes, si los Programas 955 y 956 que forman el área de promoción e igualdad de la mujer, y que conjuntamente se dotan con 37 millones de euros… se recortan. La reducción llega al 13 por ciento, uno de los recortes más fuertes del Presupuesto regional.
Las mujeres, por suerte o por desgracia, tenemos muchos puntos en común. En mi caso, fui una persona que contrariamente a mi voluntad un día abandoné Colombia. He sido la primera de origen latinoamericano en ser diputada, lo que no es para mí un mérito, sino síntoma de un retroceso que esperemos superar pronto con la llegada de más mujeres migrantes a la representación política.
Estamos lejos de conseguir la igualdad de oportunidades, pero no hay que obviar que las migrantes de este país han abierto un hueco importante. El gobierno central, desde la llegada del PSOE en 2004, ha impulsado importantes avances en lo que a los derechos de las mujeres se refiere. Desde entonces las mujeres han conquistado un amplio espacio público, se han aprobado leyes de igualdad, dependencia e integral contra los malos tratos… Luchas que no han sido fáciles, y que han procurado avances para las mujeres permitiéndoles ganar presencia en el espacio público además de derechos porque otras mujeres llegadas de lugares lejanos ejercen los cuidados de los mayores y de la infancia, sin el merecido reconocimiento. Es lo que se conoce como la transnacionalización de los cuidados.
Pongámonos todos el mono de trabajo. Sociedad civil e instituciones hemos de remar todos juntos para superar la situación de desamparo de cientos de miles de mujeres en Madrid, España y el mundo.
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.