Siete millones de ciudadanos y ciudadanas españoles residentes en la Comunidad Autónoma de Cataluña siguen a día de hoy con los mismos problemas por resolver que el 27 de septiembre. Si acaso, con un mayor grado de frustración en sus expectativas. La apelación a la épica para asistir a una noche de discursos encendidos desde un balcón proclamando la República de Catalunya quedó reducida a unas declaraciones de dirigentes políticos, al uso de todas las noches electorales, magnificando unos, y justificando otros las respectivas cosechas de votos. Como en otras recientes elecciones la mirada estaba puesta en el baile de un único diputado, el que, al final, le ha faltado a Artur Mas, no para satisfacer su propósito soberanista sino para alcanzar la meta más modesta y asequible de seguir presidiendo el gobierno de la Generalidad. Una cuestión que, a día de hoy, sigue estando en el aire
Quien leyera mi comentario previo, entenderá que no experimento ninguna sorpresa. ¿Quiere esto decir que las cosas puedan seguir igual? En absoluto. España no puede convivir prolongando, indiferente a la realidad, una situación como la actual en la que una proporción muy alta de catalanes ha expresado de nuevo -con todos los matices que se quiera- su voluntad de alterar radicalmente su relación con el Estado español.
La reforma Constitucional ha de ser uno de los ejes centrales de la campaña para las ya inminentes elecciones generales. No es fácil prever que el natural enfrentamiento a cara de perro por conseguir la mayoría en la nuevas Cortes permita visualizar los contactos discretos entre los dirigentes de los grandes partidos, incluidos los nacionalistas, para acordar un documento de mínimos a partir del cual abrir una debate a la sociedad que es la que, a fin de cuentas, habría de convalidar con su voto en un Referéndum el nuevo texto constitucional. La política con mayúsculas, la que no aspira a rentabilidades cortoplacistas, se practica y es exigible cuando están en juego las reglas básicas de la convivencia. Sí, aunque hoy no parezca popular decirlo, como cuando se negoció la Constitución del 78, tanto desde los escaños de las Cortes, como en unos escalones o en un restaurante.
Por descontado que en ese proceso va a ser determinante quién lidere el Gobierno español y la correlación de fuerzas en el nuevo Parlamento. Admitida la hipótesis de la inexistencia de mayorías absolutas -y los resultados de Cataluña reafirman esa tendencia- la necesidad de pactos de gobernabilidad resultará inesquivable. No entraré en el divertido juego de las quinielas. Corresponderá a los partidos en condiciones de sumar establecer sus prioridades y dejarlas muy claras ante la opinión pública antes de pedir el voto, para que los ciudadanos no se sientan traicionados.
La complejidad del momento no permite frases para la galería, y es posible que las alianzas sean de “geometría variable”. Porque la coincidencia en el modelo de Estado, por ejemplo la propuesta federalista o la aceptación de un cierto “derecho a decidir”, puede entrar en contradicción con muy serias y profundas discrepancias respecto a las políticas económicas y sociales que son, en definitiva, las principales preocupaciones expresadas y sentidas por la gran mayoría de la población. Hemos gastado muchas palabras y muchos esfuerzos durante demasiadas semanas en debatir sobre los conceptos de nación, nacionalidad, singularidad…y muy pocos minutos sobre la solución a los problemas de desigualdad, rayanos en la pobreza de miles de familias sin recursos. Tal vez sea esa la causa de algunos sorprendentes resultados del 27 de septiembre.