6 de septiembre de 2010, 13:26
NUEVATRIBUNA.ES - ...8.2010
...La situación requiere una respuesta activa, masiva y firme contra esta política y por el cambio de su orientación. Los sindicatos han dado un paso al frente y han asumido una gran responsabilidad: encabezar esa oposición social y dar cauce a esa demanda de cambio mediante la convocatoria de una Huelga General para el 29 de septiembre, en el marco de una jornada europea de movilización popular, convocada por la Confederación Europea de Sindicatos contra los planes europeos de ajuste.
La peor opción frente a esta nueva política regresiva del Gobierno, más en este contexto de crisis económica y de empleo, sería la resignación sociopolítica y sindical, la pasividad y el fatalismo en la sociedad. Se podría combinar con la adaptación colectiva a la nueva política económica, a las nuevas condiciones de retroceso de la mayoría de la población, particularmente de las capas desfavorecidas, de sus derechos sociolaborales. En el plano individual, esa capacidad adaptativa es desigual y entre las capas populares generaría más zonas de vulnerabilidad y fragmentación. En su conjunto, no es la perspectiva deseable. Es la otra cara de la moneda de una hegemonía política y cultural conservadora.
La situación sociolaboral y de empleo, la dimensión y gravedad de las medidas gubernamentales, su conexión, consistencia y continuidad a largo plazo, así como el cuestionamiento de la capacidad contractual del sindicalismo, todavía con gran capacidad representativa e influencia social, constituyen un reto para el conjunto de la izquierda social y los grupos progresistas, y exigían una respuesta firme y contundente. Esta convocatoria de huelga, de un fuerte proceso de movilización social y su éxito, suponen cimentar otra alternativa laboral, económica y sociopolítica. Expresa la voluntad de los sindicatos de consolidar su representatividad y su legitimidad propias y un refuerzo de la ‘autonomía’ sindical, sin la subordinación a intereses partidistas y electorales (aunque sin obviarlos o con indiferencia). Se ha roto el contexto de diálogo social como eje vertebrador de la dinámica sindical y de un determinado equilibrio en las relaciones laborales, y se ha abierto una brecha social profunda entre sindicatos mayoritarios y Gobierno socialista. El sindicalismo representa una parte significativa de la sociedad, se opone a este giro regresivo del Gobierno y reclama una política socioeconómica y laboral diferente.
Los intereses, legitimidades y lealtades electorales y sindicales se pueden entrecruzar. No obstante, ambos campos, el político-electoral y el sindical o sociolaboral son distintos. La nueva política regresiva del Gobierno y la firme oposición sindical configuran un nuevo escenario de conflicto social. La decisión de este giro antipopular ha sido del Gobierno y él tiene la responsabilidad de afrontar sus consecuencias. Las derechas pretenden sacar ventaja electoral y recuperar el poder mientras apenas esconden su alternativa política y económica todavía más antisocial. Pero el carácter regresivo de esas medidas, el rechazo ciudadano y la exigencia sindical de un cambio de la política socioeconómica, dan suficiente soporte para justificar una confrontación general. Ello es autónomo del contexto político-electoral e incluso del interés legítimo manifestado en amplios sectores del sindicalismo y de la izquierda social por evitar la vuelta al poder del PP. Pero no debe conllevar, sino todo lo contrario, reducir el rechazo a esa política gubernamental y dejar de exigir su cambio.
Frente a la movilización sindical y el desgaste social producido por sus planes de ajustes y reformas antipopulares, el Gobierno pretende insistir y profundizar en la misma política antisocial, intentando sobrellevar su aislamiento parlamentario y explicar su nueva orientación regresiva. Respecto del periodo anterior, significa abandonar su ‘contrato’ con sus bases sociales de izquierda y su ‘representación’ de demandas populares. No obstante, tiene poca capacidad de gestión política-discursiva y un tiempo limitado antes de que se pueda iniciar, de forma consistente, un nuevo periodo de crecimiento económico, tal como confía, y mucho menos un ciclo expansivo para el empleo de calidad, los servicios públicos y las prestaciones sociales. El nuevo relato gubernamental –reformismo regresivo pero ‘eficiente’- puede ser bien visto por los poderosos, pero es insuficiente para ejercer un liderazgo ‘social’ y tiene una dificultad adicional para restablecer la confianza con sus bases sociales y electorales.
Por otro lado, el partido socialista apuesta por desactivar la respuesta promovida por los sindicatos y favorecer la pasividad social para que la huelga general no sea un éxito, se frene el rechazo popular y le permita consolidar su política sociolaboral, instrumentalizando la legalidad parlamentaria para avalar su gestión regresiva y cerrar este ciclo sociopolítico. Tampoco es válido el argumento de evitar la pérdida del poder gubernamental a manos de la derecha como recurso para contrarrestar el descontento popular a su política y que no revierta en disminución de apoyo electoral. Por el contrario, el rechazo popular a esta política es una oportunidad para que el Gobierno socialista la cambie y pueda retomar la confianza social perdida.
En definitiva, es necesaria una Huelga General masiva, una amplia y continuada movilización sindical y ciudadana contra estas medidas regresivas, para impedir el giro antisocial del Gobierno y promover un cambio de su política socioeconómica y laboral.
Antonio Antón - Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
...La situación requiere una respuesta activa, masiva y firme contra esta política y por el cambio de su orientación. Los sindicatos han dado un paso al frente y han asumido una gran responsabilidad: encabezar esa oposición social y dar cauce a esa demanda de cambio mediante la convocatoria de una Huelga General para el 29 de septiembre, en el marco de una jornada europea de movilización popular, convocada por la Confederación Europea de Sindicatos contra los planes europeos de ajuste.
La peor opción frente a esta nueva política regresiva del Gobierno, más en este contexto de crisis económica y de empleo, sería la resignación sociopolítica y sindical, la pasividad y el fatalismo en la sociedad. Se podría combinar con la adaptación colectiva a la nueva política económica, a las nuevas condiciones de retroceso de la mayoría de la población, particularmente de las capas desfavorecidas, de sus derechos sociolaborales. En el plano individual, esa capacidad adaptativa es desigual y entre las capas populares generaría más zonas de vulnerabilidad y fragmentación. En su conjunto, no es la perspectiva deseable. Es la otra cara de la moneda de una hegemonía política y cultural conservadora.
La situación sociolaboral y de empleo, la dimensión y gravedad de las medidas gubernamentales, su conexión, consistencia y continuidad a largo plazo, así como el cuestionamiento de la capacidad contractual del sindicalismo, todavía con gran capacidad representativa e influencia social, constituyen un reto para el conjunto de la izquierda social y los grupos progresistas, y exigían una respuesta firme y contundente. Esta convocatoria de huelga, de un fuerte proceso de movilización social y su éxito, suponen cimentar otra alternativa laboral, económica y sociopolítica. Expresa la voluntad de los sindicatos de consolidar su representatividad y su legitimidad propias y un refuerzo de la ‘autonomía’ sindical, sin la subordinación a intereses partidistas y electorales (aunque sin obviarlos o con indiferencia). Se ha roto el contexto de diálogo social como eje vertebrador de la dinámica sindical y de un determinado equilibrio en las relaciones laborales, y se ha abierto una brecha social profunda entre sindicatos mayoritarios y Gobierno socialista. El sindicalismo representa una parte significativa de la sociedad, se opone a este giro regresivo del Gobierno y reclama una política socioeconómica y laboral diferente.
Los intereses, legitimidades y lealtades electorales y sindicales se pueden entrecruzar. No obstante, ambos campos, el político-electoral y el sindical o sociolaboral son distintos. La nueva política regresiva del Gobierno y la firme oposición sindical configuran un nuevo escenario de conflicto social. La decisión de este giro antipopular ha sido del Gobierno y él tiene la responsabilidad de afrontar sus consecuencias. Las derechas pretenden sacar ventaja electoral y recuperar el poder mientras apenas esconden su alternativa política y económica todavía más antisocial. Pero el carácter regresivo de esas medidas, el rechazo ciudadano y la exigencia sindical de un cambio de la política socioeconómica, dan suficiente soporte para justificar una confrontación general. Ello es autónomo del contexto político-electoral e incluso del interés legítimo manifestado en amplios sectores del sindicalismo y de la izquierda social por evitar la vuelta al poder del PP. Pero no debe conllevar, sino todo lo contrario, reducir el rechazo a esa política gubernamental y dejar de exigir su cambio.
Frente a la movilización sindical y el desgaste social producido por sus planes de ajustes y reformas antipopulares, el Gobierno pretende insistir y profundizar en la misma política antisocial, intentando sobrellevar su aislamiento parlamentario y explicar su nueva orientación regresiva. Respecto del periodo anterior, significa abandonar su ‘contrato’ con sus bases sociales de izquierda y su ‘representación’ de demandas populares. No obstante, tiene poca capacidad de gestión política-discursiva y un tiempo limitado antes de que se pueda iniciar, de forma consistente, un nuevo periodo de crecimiento económico, tal como confía, y mucho menos un ciclo expansivo para el empleo de calidad, los servicios públicos y las prestaciones sociales. El nuevo relato gubernamental –reformismo regresivo pero ‘eficiente’- puede ser bien visto por los poderosos, pero es insuficiente para ejercer un liderazgo ‘social’ y tiene una dificultad adicional para restablecer la confianza con sus bases sociales y electorales.
Por otro lado, el partido socialista apuesta por desactivar la respuesta promovida por los sindicatos y favorecer la pasividad social para que la huelga general no sea un éxito, se frene el rechazo popular y le permita consolidar su política sociolaboral, instrumentalizando la legalidad parlamentaria para avalar su gestión regresiva y cerrar este ciclo sociopolítico. Tampoco es válido el argumento de evitar la pérdida del poder gubernamental a manos de la derecha como recurso para contrarrestar el descontento popular a su política y que no revierta en disminución de apoyo electoral. Por el contrario, el rechazo popular a esta política es una oportunidad para que el Gobierno socialista la cambie y pueda retomar la confianza social perdida.
En definitiva, es necesaria una Huelga General masiva, una amplia y continuada movilización sindical y ciudadana contra estas medidas regresivas, para impedir el giro antisocial del Gobierno y promover un cambio de su política socioeconómica y laboral.
Antonio Antón - Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid