14 de abril de 2009, 8:35
NUEVATRIBUNA.ES - 3.3.2009
(PARA FUNDACIÓN SISTEMA)
Nadie que yo sepa -y tengo el cerebro a punto de reventar como el del bueno Alonso Quijano, de tantas lecturas en las que se mezclan la realidad y la fantasía- ha señalado todavía al conjunto del Partido Popular como responsable de la organización de una trama de financiación ilegal. Ni siquiera la confirmación de la presencia de su tesorero nacional, el senador Luis Bárcenas, en la relación de personas mencionadas en la instrucción del caso “Gürtel-Correa” ha sido utilizada desde el resto de fuerzas políticas para intentar el desprestigio del partido conservador en su conjunto. Ni siquiera en los procesos electorales de Galicia y Euskadi, a pesar de los intentos evidentes por parte del conjunto de medios que sintonizan aparentemente con el PP por vincular inexorablemente el curso de un proceso judicial al calendario de las urnas.
La sombra de la sospecha, que afecta indiscriminadamente al funcionamiento de la Justicia y a la actuación de la Policía se publicita desde esos ámbitos y se fabrica en ciertos despachos del PP, con la estrategia demasiado obvia de convertir lo que todavía no es más que un señalamiento de posibles culpabilidades individuales en una oscura conspiración política. Al intentar esa defensa colectiva y sobreactuar con la presentación de impugnaciones y querellas inviables, es la propia dirección del Partido Popular quien está trasladando a la opinión pública el mensaje de que la acumulación de nombres vinculados al PP, alcaldes, diputados, consejeros autonómicos, algunos ya dimitidos de algunas de sus responsabilidades y algunos expedientados internamente, pueda ser algo más que una sospechosa coincidencia.
Frente a la actitud prudente e institucional que confía en la actuación de la Justicia y no se puede permitir contribuir a la desestabilización de la democracia ni contribuir al descrédito generalizado de los partidos políticos, que deben ser los cimientos sólidos de la arquitectura del Estado de Derecho, hay que denunciar la actitud suicida de algunos dirigentes populares absolutamente discrepantes con la recomendación de su propia Secretaría General de proceder a separar las manzanas podridas de las sanas.
El comportamiento del PP en Madrid, siguiendo directrices estrictas de Esperanza Aguirre que han acabado en un minuto con la confianza que pudiera tenerse en el mejor talante de Rosa Posada al frente de la Comisión de Investigación sobre el espionaje, sustituyendo al sospechoso Martín Vasco, es la prueba más evidente del intento a la desesperada por utilizar una mayoría política como escudo para el esclarecimiento de una verdad hasta sus últimas consecuencias. Porque espionaje ha habido, porque se ha hecho desde el territorio que gobierna el Consejero de Justicia e Interior, pero es necesario saber quien dio las órdenes y quien pagó-con qué fondos- ese trabajo sucio. Al propio Partido Popular debería interesarle acotar esas responsabilidades y no alimentar la sospecha de que, más allá de la coincidencia de nombres imputados, no existe una vinculación inequívoca entre las tramas de la corrupción y del espionaje. Dimitir es un sano ejercicio de responsabilidad y una obligación cuando la presencia forzada en un cargo termina por afectar al crédito de la institución a la que se representa. Dejar de ocupar un sillón en un Gobierno no significa la muerte, ni siquiera la política, sino que genera respeto. El señor Granados debería renunciar a su puesto como Consejero. Está seriamente lesionado en su credibilidad y no aporta nada positivo a un equipo que ya tiene suficientes bajas. Y Esperanza Aguirre tiene que forzar su relevo, salvo que, como los malos entrenadores, no controle el vestuario.
Eduardo Sotillos es periodista y, actualmente, secretario de Comunicación y Estrategia del PSM
Fundación Sistema
(PARA FUNDACIÓN SISTEMA)
Nadie que yo sepa -y tengo el cerebro a punto de reventar como el del bueno Alonso Quijano, de tantas lecturas en las que se mezclan la realidad y la fantasía- ha señalado todavía al conjunto del Partido Popular como responsable de la organización de una trama de financiación ilegal. Ni siquiera la confirmación de la presencia de su tesorero nacional, el senador Luis Bárcenas, en la relación de personas mencionadas en la instrucción del caso “Gürtel-Correa” ha sido utilizada desde el resto de fuerzas políticas para intentar el desprestigio del partido conservador en su conjunto. Ni siquiera en los procesos electorales de Galicia y Euskadi, a pesar de los intentos evidentes por parte del conjunto de medios que sintonizan aparentemente con el PP por vincular inexorablemente el curso de un proceso judicial al calendario de las urnas.
La sombra de la sospecha, que afecta indiscriminadamente al funcionamiento de la Justicia y a la actuación de la Policía se publicita desde esos ámbitos y se fabrica en ciertos despachos del PP, con la estrategia demasiado obvia de convertir lo que todavía no es más que un señalamiento de posibles culpabilidades individuales en una oscura conspiración política. Al intentar esa defensa colectiva y sobreactuar con la presentación de impugnaciones y querellas inviables, es la propia dirección del Partido Popular quien está trasladando a la opinión pública el mensaje de que la acumulación de nombres vinculados al PP, alcaldes, diputados, consejeros autonómicos, algunos ya dimitidos de algunas de sus responsabilidades y algunos expedientados internamente, pueda ser algo más que una sospechosa coincidencia.
Frente a la actitud prudente e institucional que confía en la actuación de la Justicia y no se puede permitir contribuir a la desestabilización de la democracia ni contribuir al descrédito generalizado de los partidos políticos, que deben ser los cimientos sólidos de la arquitectura del Estado de Derecho, hay que denunciar la actitud suicida de algunos dirigentes populares absolutamente discrepantes con la recomendación de su propia Secretaría General de proceder a separar las manzanas podridas de las sanas.
El comportamiento del PP en Madrid, siguiendo directrices estrictas de Esperanza Aguirre que han acabado en un minuto con la confianza que pudiera tenerse en el mejor talante de Rosa Posada al frente de la Comisión de Investigación sobre el espionaje, sustituyendo al sospechoso Martín Vasco, es la prueba más evidente del intento a la desesperada por utilizar una mayoría política como escudo para el esclarecimiento de una verdad hasta sus últimas consecuencias. Porque espionaje ha habido, porque se ha hecho desde el territorio que gobierna el Consejero de Justicia e Interior, pero es necesario saber quien dio las órdenes y quien pagó-con qué fondos- ese trabajo sucio. Al propio Partido Popular debería interesarle acotar esas responsabilidades y no alimentar la sospecha de que, más allá de la coincidencia de nombres imputados, no existe una vinculación inequívoca entre las tramas de la corrupción y del espionaje. Dimitir es un sano ejercicio de responsabilidad y una obligación cuando la presencia forzada en un cargo termina por afectar al crédito de la institución a la que se representa. Dejar de ocupar un sillón en un Gobierno no significa la muerte, ni siquiera la política, sino que genera respeto. El señor Granados debería renunciar a su puesto como Consejero. Está seriamente lesionado en su credibilidad y no aporta nada positivo a un equipo que ya tiene suficientes bajas. Y Esperanza Aguirre tiene que forzar su relevo, salvo que, como los malos entrenadores, no controle el vestuario.
Eduardo Sotillos es periodista y, actualmente, secretario de Comunicación y Estrategia del PSM
Fundación Sistema