El proceso del movimiento del 15 M ha tenido, hasta ahora, dos fases: primera, la conformación de la indignación popular hasta la cristalización del movimiento con la gran manifestación del 15-M; segunda, una expresión pública colectiva en numerosas ciudades como foco de denuncia, capacidad de propuestas alternativas y polo simbólico y convergente de voluntad de cambio; se ha producido, fundamentalmente, con una presencia física masiva en el espacio público –acampadas, asambleas y concentraciones-, acompañada por la utilización generalizada de nuevas redes sociales y de comunicación. Esta segunda etapa, de casi un mes, se está agotando y se abre paso la necesidad de comenzar una tercera fase que permita la continuidad de la acción colectiva tras esos objetivos globales. Veamos brevemente las características de este proceso y los logros conseguidos para definir mejor lo que falta por hacer y las perspectivas.
La dinámica de maduración y expresión de este movimiento está incardinada en dos elementos fundamentales antedichos: la persistencia del estancamiento económico y del empleo con graves consecuencias sociales y la desconfianza popular en unas políticas y unas instituciones que no ofrecen una respuesta social sino que se doblegan ante los mercados financieros. Esa conciencia ciudadana se va consolidando a lo largo del año 2010. Por un lado, se produce mayor indignación por el bloqueo de las trayectorias laborales y sociales, la aparición de nuevas brechas sociales y las tendencias de retroceso del bienestar y la seguridad socioeconómica. Por otro lado, se genera una profunda decepción con la gestión del gobierno socialista –particularmente tras su giro antisocial de mayo de ese año, amparado en las medidas conservadoras europeas- que rompe sus compromisos sociales y se vuelca en una gestión impopular de la política socioeconómica que, según encuestas de opinión, rechaza la mayoría de la ciudadanía. Incluso tras la huelga general del 29 de septiembre –con unos cinco millones de huelguistas y más de dos tercios de la ciudadanía que rechazaban la reforma laboral y las medidas gubernamentales- el Gobierno no rectifica y reafirma su política. El siguiente recorte relevante de derechos sociales es el de las pensiones públicas que también es rechazado por la mayoría de la sociedad; esto a pesar del aval de los dirigentes sindicales mayoritarios que con su firma disminuyen su prestigio y liderazgo ciudadano, debilitan su capacidad alternativa a esa política impopular y abren una brecha de desconfianza con parte de la izquierda social y sus propias bases.
El Gobierno socialista, particularmente, desde mayo de ese año, con los planes de ajuste fiscal y la reforma laboral se coloca en una vía de recortes antisociales, sin legitimidad ciudadana, y sin que haya signos relevantes de reactivación económica y del empleo. La Unión Europea aprueba políticas de ajuste y recorte de derechos, con una gestión institucional (UE-Gobiernos) liberal-conservadora de la crisis y con un reparto desequilibrado e injusto de sus costes, particularmente en España (y otros países periféricos). Hay un descrédito de los intentos de justificación de esa política (inevitabilidad, lo menos malo, culpabilidad a la sociedad, neutralidad técnica) y se resquebraja la legitimidad del poder establecido. Frente a la buscada resignación popular los poderosos reciben el rechazo social a esa política regresiva, junto con la llamada desafección y desconfianza en el partido socialista por su gestión gubernamental. El poder financiero y económico, amparado por la desregulación y la pasividad de los gestores institucionales, aparece como causante de la crisis y ganador, junto con la hegemonía de la derecha europea. Las capas populares son los perdedores injustificados con imposición de nuevos sacrificios, mientras la socialdemocracia se pone del lado del poder establecido con pequeñas diferencias con la derecha política.
Por otro lado, esa mayoría social crítica con las políticas de austeridad había contado con una importante representación y encauzamiento de su malestar a través de la acción de los sindicatos, particularmente con la huelga general del 29-S que suscitó apoyos de la mayoría popular a sus objetivos. No obstante, el giro de los dirigentes sindicales al renunciar a exigir de forma firme y prolongada una rectificación profunda de esa política regresiva y avalar en febrero los recortes de los derechos de las pensiones futuras, además de constituir un error estratégico, es visto como un mayor desamparo por gran parte de la ciudadanía descontenta e indignada. Esa actuación de los aparatos sindicales mayoritarios tiene dificultades de legitimación social y el vacío representativo producido, lejos de afianzar el pesimismo y la fragmentación del descontento social, da pié a la oportunidad de que el fuerte malestar existente se exprese por otra vía autónoma.
La persistencia de la crisis, la falta de credibilidad institucional sobre su salida inmediata, el rechazo a su gestión antisocial, la desafección hacia la clase política, junto con la ausencia de otros grandes movimientos o grupos sociales que encaucen esa profunda indignación, confluyen en mayo con ocasión de la campaña electoral. Una iniciativa adecuada y en el momento oportuno de varios grupos de jóvenes, con poca estructura organizada, se conecta con la conformación de esa profunda indignación popular, y cristaliza el movimiento. Así, se introducen en el debate público los auténticos problemas de fondo de la ciudadanía, y se genera un polo representativo del descontento y las aspiraciones populares de cambio que condiciona la agenda mediática y política.
Ese largo proceso de maduración se transforma en acción colectiva permanente durante casi un mes; se desarrolla su componente expresivo, se divulgan sus objetivos generales, se fortalece una conciencia popular crítica y se amplía la simpatía ciudadana hacia ellos. Se completa el movimiento con una mayor descentralización e implicación en barrios y ciudades y un desarrollo programático y de propuestas sectoriales. La clase política, dentro de su perplejidad, intenta contenerlo, desprestigiarlo o ningunearlo. No puede atacarlo frontalmente sin riesgo de perder todavía más parte de su credibilidad social.
El paso de la frustración (pérdida de esperanza) al descontento (desagrado) y hasta la indignación supone una valoración ética del carácter injusto de esa dinámica y su gestión política. Refleja un avance en la conciencia social y democrática como antesala a la exigencia de cambio. El paso a la acción colectiva democrática y solidaria se produce al considerar una parte de la ciudadanía que los motivos de la indignación son graves, profundos y duraderos y los mecanismos institucionales son insuficientes o están bloqueados. La prolongación de esa doble dinámica económica y de gestión política, el agravamiento de sus consecuencias sociales y el agotamiento de las expectativas de una salida institucional justa es un motivo de fondo para dar continuidad a la indignación, la protesta colectiva y la exigencia de cambio social.
Por tanto, el paso a la acción colectiva progresista se produce cuando se consolida esa indignación, aumenta la desconfianza en las respuestas del sistema político y se legitima la necesidad de la movilización social para exigir cambios. En esa situación se acumula una coyuntura de especial relevancia política –las elecciones municipales y autonómicas-, junto con la conformación de una élite decidida, con una orientación acertada de las dos grandes cambios o reformas: democratización del sistema político -democracia real ya-, como adecuación de las decisiones institucionales a la voluntad de la mayoría de la sociedad, imponiéndose a los ‘mercados’; y otra política y gestión más justa ante la crisis económica. Además, aciertan con un sistema de expresión popular (manifestación del 15-M, acampadas con concentraciones masivas y simpatía popular) y la comunicación generalizada y en red.
Este distanciamiento crítico tanto de los partidos de derecha como del partido socialista, constituye una brecha de desconfianza de parte de la ciudadanía hacia el sistema político que marca profundamente la identidad de este movimiento. Supone intentar la superación de la orfandad popular respecto de la representación institucional. Así, el déficit democrático del sistema político sólo se puede resolver mediante la rectificación de esas medidas y el respeto de la clase política a esas demandas populares mayoritarias –según las encuestas de opinión, si hubieran sido objeto de consulta mediante referéndum no habrían contado con la aprobación popular-. Sólo así se incrementará la legitimidad de las instituciones políticas y se fortalecerá la democracia. Pero lejos de escuchar y tomar nota, las derechas y particularmente el partido socialista con un evidente retroceso de apoyo electoral, siguen reafirmándose en la continuidad de su política de recortes sociales con el riesgo de mayor desafección ciudadana, aunque esperando el debilitamiento de la presión democrática por el cambio.
En definitiva, esta fase del movimiento ha cubierto con éxito algunos objetivos básicos: fortalecer una conciencia popular sobre esos dos objetivos de fondo –giro a la política socioeconómica y democratización del sistema político-; introducir las propuestas de cambio en la agenda mediática y política; organizar un movimiento social potente, democrático y pacífico, y generar un proceso de articulación del tejido asociativo y de participación ciudadana. Son una base fundamental que hay que tratar de no debilitar para encarar la tercera fase que comienza. A mi modo de ver, tres retos aparecen para garantizar la continuidad y consolidación del movimiento.
Primero, la reafirmación de sus objetivos centrales o señas de identidad, complementados con propuestas más concretas y particulares. A corto plazo son difíciles de conseguir, incluido algunas reivindicaciones parciales –como la reforma de la Ley Electoral-, por la determinación contraria de la mayoría de la clase política. Sin embargo, apuntan a cuestiones fundamentales para la sociedad y cuentan con gran aceptación popular.
Segundo, la prolongación, con otras formas y ritmos, de la masividad y persistencia de las actividades expresivas, de movilización y comunicación. Ello supone, por una parte, innovar dinámicas de acción colectiva, integrar actividades descentralizadas y focos de polarización ciudadana, y, por otra parte, reflexionar sobre los sistemas organizativos internos de debate y toma de decisiones, la conformación de liderazgos, representantes o coordinadores, abordando un proceso organizativo más amplio, complejo, plural y diverso, que exige revisar la experiencia y mejorar los mecanismos que tienen más limitaciones.
Tercero, apostar por la ampliación y fortalecimiento del movimiento, la vinculación con más redes sociales y la convergencia con diferentes grupos sociales y sociopolíticos que puedan compartir objetivos sustantivos o parciales. Las posibilidades de avanzar en los objetivos dependen del grado de apoyo popular. La influencia y el condicionamiento a los poderosos y al sistema político deben estar asentados en una gran legitimidad popular; se trata de una prolongada pugna democrática y pacífica contra el poder establecido para promover un cambio sustancial. En el horizonte se dibuja la aspiración por una salida social y progresista a la crisis socioeconómica, una política europea más justa, cooperativa y solidaria y una democracia más avanzada. En resumen, una apuesta por la sociedad -la ciudadanía y las personas- y no por el poder establecido y los mercados.