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lunes 23/5/22

Monterrey: tiempos violentos

NUEVATRIBUNA.ES - 8.4.2010Monterrey es una ciudad al norte de México, la tercera en tamaño, la segunda en industria y la primera en riqueza. Capital del Estado de Nuevo León, la “Sultana del Norte” es una urbe orgullosa de sí misma y una de las más americanizadas del país.
NUEVATRIBUNA.ES - 8.4.2010

Monterrey es una ciudad al norte de México, la tercera en tamaño, la segunda en industria y la primera en riqueza. Capital del Estado de Nuevo León, la “Sultana del Norte” es una urbe orgullosa de sí misma y una de las más americanizadas del país. Hogar de la clase empresarial más importante de México y colmo de la modernidad nacional, tiene una de las mejores universidades de América Latina, el Instituto Tecnológico de Monterrey (privado), el primer “Taco Bell” de México, y el municipio con más ingresos per capita del subcontinente latinoamericano: San Pedro Garza García.

Con una mezcla de cosmopolitismo y provincialismo sui generis, los regiomontanos se han caracterizado por dejar un poco de lado los asuntos nacionales, y establecer distancias con el resto de habitantes de la república. Con una cultura política distinta y un estilo de vida que tiene como referencias más a los Estados Unidos (y a sí mismos) que a la capital del país, la burbuja regiomontana fue hasta hace muy poco una barrera del todo impermeable, dentro de la cual los problemas del otro México no parecían importar gran cosa.

Ahora, esta ciudad se ve inmersa en un fenómeno que lacera a parte ricas y pobres del país por igual: el del narco y el de los resultados de la estrategia militar utilizada por el gobierno federal. De repente, el Distrito Federal se antoja más seguro que esta ciudad. Porque Monterrey y Nuevo León arden.

La violencia

No es que Monterrey haya sido ajena hasta ahora al fenómeno del narcotráfico. No. Lo que ocurre es que nunca antes había sido un campo de batalla. Como escribía, clarividente, Luis Astorga ya hace unos años, el narco y la violencia “era algo que no le quitaba el sueño a la clase política y empresarial de Nuevo León cuando los traficantes solo vivían, invertían, y lavaban dinero en el estado y mataban en otros lugares del país”. Ahora la cosa cambia. Y si bien es cierto que las ejecuciones y las “balaceras” no son algo inédito en la ciudad, su frecuencia, cantidad, y ubicuidad actual si lo es. ¿Qué ha pasado? Exploremos a los distintos personajes en esta historia.

Los “narcos”

La idea fuerza que explica la reciente ola de violencia que existe en la región es que, en principio, la zona de Monterrey se ha convertido en escenario de una enorme disputa entre organizaciones traficantes, que la ciudad estaría “a la espera de un cártel dominante”.

Hace algunos meses, el procurador de Justicia del Estado de Nuevo León, aseguró que el Cartel del Golfo (una organización traficante “tradicional”, y bajo cuya influencia ha estado siempre la zona del noreste de México donde se ubica Monterrey) y lo que en su día fue su brazo armado, Los Zetas (una organización nueva que tiene su origen en una serie de desertores de un cuerpo de elite militar, y que ahora funciona como un cártel más), estaban en guerra. Nuevo León junto con el estado de Tamaulipas, al este, serían los campos de batalla de este conflicto por el control de las rutas de tráfico de estupefacientes, y por la plaza. Aunque esta es la versión más extendida, se encuentra incompleta: faltan personajes y hechos de potencial explicativo importante.

Circula también otra versión que sostiene que en Nuevo León se convocó una reunión en 2001 de varios capos por iniciativa de Juan José Esparragoza (líder histórico del cártel de Sinaloa). El resultado de esa reunión habría sido la decisión de los sinaloenses de desplazar a los tamaulipecos (C. del Golfo y Zetas) de Monterrey. De ser un lugar de residencia de varias familias de líderes del negocio, y por tanto un terreno neutral, la ciudad disputada se convirtió en escenario de luchas sangrientas entre bandas rivales, corrupción política y policíaca mediante. Específicamente, se dice que las plazas obtenidas finalmente por la gente de Sinaloa (de la mano de una célula de ese cártel, la de los Hermanos Beltrán Leyva) fueron San Pedro Garza García y Santa Catarina.

Pero hay más. Al conflicto entre Sinaloa y Golfo por Nuevo León, y entre éste último cártel y su otrora brazo armado, los Zetas, hay que darle una vuelta de tuerca. De acuerdo con el periodista Ramón Alberto Garza no sólo los Zetas ganaron en autonomía y empezaron a pelear contra sus antiguos patrones, sino que la gente de los Beltrán Leyva también hizo lo propio con el Cártel de Sinaloa (las razones de ambas rupturas son oscuras y seguramente van más allá del mero afán de lucro y tienen que ver , en el primer caso, con la pugna por el liderazgo dentro del C. del Golfo una vez preso en Estados Unidos Osiel Cárdenas, y en el C. de Sinaloa, con el hecho de que Arturo Beltrán rompe con los demás líderes cuando se ve sin apoyo en su intento de rescatar a su hermano, capturado en 2008, sintiéndose traicionado). La situación, contraintuitiva en principio, es que se tendría al Cártel de Sinaloa y al del Golfo (rivales tradicionales, ahora aliados coyunturales) luchando contra sus respectivos ex socios menores, los Zetas y los Beltrán Leyva. Y en medio de esa disputa, el Estado de sitio donde nos encontramos actualmente.

Así las cosas, las acciones de las organizaciones traficantes han llegado a tal grado, que el fin de semana del 19 de marzo, bloquearon decenas de importantes arterias y carreteras de acceso a Monterrey, por medio de barricadas ad hoc, formadas por autos previamente robados a mano armada y colocados luego en medio de la vía (algunos de ellos calcinados). Esto con el objeto de dificultar el paso de comandos de la organización rival y/o del Ejército, causando un caos vial y un estado colectivo que raya en la paranoia que se vive desde entonces.

El Estado: políticos, funcionarios y militares

Como consecuencia de estos enfrentamientos, numerosos efectivos del Ejército y de la policía federal se han visto desplegados en el territorio. Convoys de siempre al menos 5 vehículos militares patrullan la ciudad al tiempo que la presencia de comandos armados de las organizaciones delictivas se hace cada vez más frecuencia. A pesar de, o quizá por, la presencia militar en la zona, la violencia y los enfrentamientos entre militares y sicarios, y entre miembros de los distintos cárteles entre sí, han aumentado. Aunque se han producido detenciones, la intervención tanto del Ejército como de elementos de la Marina en Nuevo León no ha frenado la violencia (cosa, por lo demás, previsible). Antes bien, parece ser el detonante de ciertas situaciones evitables y condenables.

Dos ejemplos que han ganado lamentable celebridad: uno, el mismo día que Hillary Clinton visitaba México para hablar del tema de la violencia fronteriza y relacionada con el narcotráfico salen a la luz unas fotografías en la prensa de un individuo que es detenido por la Marina. El presunto delincuente se muestra prácticamente íntegro (lleva una pequeña herida en el brazo) en la siguiente imagen, donde se observa cómo es subido a un helicóptero. Finalmente, la última imagen es la de un hombre, de razonable parecido, con la misma ropa, muerto (ejecutado), envuelto en una “cobija” y tirado en una cuneta. “Cae, lo trasladan, aparece muerto”, fue el titular de un diario de tirada nacional. Las explicaciones aún están ausentes. Lo único que la Secretaría de Marina ha declarado es que sí, ellos lo trasladaron, pero lo entregaron con vida a la policía municipal, intentando lavarse las manos.

Dos, un jueves por la noche (del 18 al 19 de marzo), dos estudiantes son asesinados dentro del campus del Tecnológico de Monterrey en un aparente “fuego cruzado” resultado del enfrentamiento entre el Ejército y pistoleros de bandas criminales. Se trataba de dos estudiantes de postgrado de excelencia, que habían permanecido hasta tarde estudiando en la biblioteca de la universidad. El elemento macabro del asunto es que los primeros reportes que dieron parte del enfrentamiento señalaban que los caídos habían sido dos sicarios. La verdadera identidad de los estudiantes tardó dos días en salir a la luz. El Ejército aún no rinde cuentas sobre el por qué de tal demora, ni de la razón por la que confiscó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la universidad (con registro de todo), el por qué los rostros de los chicos aparecen golpeados (si en teoría fueron abatidos bien por error o bien por fuego de los criminales), por qué les fueron “plantadas” armas largas a los cadáveres ni por qué se les sustrajeron sus carnets de estudiante. Un dato más: se dice que los pistoleros (no se detuvo a ninguno) huyeron de la escena gracias a la ayuda de una patrulla de la policía estatal.

Ambos ejemplos dan cuenta de la pertinencia de seguir advirtiendo, a riesgo de repetirnos, de los peligros (en la forma de los llamados daños colaterales y de violaciones de derechos humanos) que conlleva que soldados ejerzan labores de combate a la delincuencia y de trato con la ciudadanía, para lo que, por decir lo menos, no están entrenados.

Lo que no se puede negar como un resultado positivo es que el despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas han llevado a cabo una serie de detenciones de una cantidad de políticos, funcionarios y elementos de la policía (municipal y estatal) vinculados al crimen organizado, lo que ha puesto en evidencia lo enquistada que está la corrupción en la gestión gubernamental regiomontana.

El caso más sonado ha sido el ocurrido el 11 de marzo. Elementos de la Marina ingresaron en el Ayuntamiento de Monterrey, ubicado en la plaza principal de la ciudad, para capturar al titular de Inspección y Vigilancia, es decir, Alcoholes, del municipio, bajo la acusación de laborar para el cártel de Los Zetas, mediante la extorsión a bares y centros nocturnos. Junto a él fueron detenidos cuatro escoltas suyos. El alcalde dijo no tener conocimiento de las acusaciones y se disculpó argumentando que le era “imposible recabar información sobre la totalidad de sus subordinados”. Días después se filtró el dato de que, en las evaluaciones realizadas al hoy detenido para ocupar ese cargo en la administración, había sido declarado “no apto”.

Y no sólo funcionarios, sino políticos. El día anterior, 10 de marzo, se capturó, previo enfrentamiento con el Ejército, a un ex concejal del municipio de Apodaca (PRI) junto con dos de sus escoltas en un auto reportado robado. En el enfrentamiento fue muerto un colaborador del Ayuntamiento, que resultó ser un joven estudiante con un desempeño académico destacado. A todos ellos se les decomisaron armas cortas y droga.

Pero la clase política regiomontana no solo es corrupta, sino que ha dado muestras de una profunda ineptitud. La respuesta del Alcalde de Monterrey ante la corrupción policial ha sido despedir cada cierto tiempo a decenas de policías, por lo que el municipio ahora está necesitado de elementos. No solo este resultado es criticable, sino que parece no preverse que, sin un programa de seguimiento, estos policías “cesados”, pasarán directamente a engrosar las filas de las organizaciones criminales.

A nivel regional, el Gobernador Rodrigo Medina, como ya lo hiciera su antecesor y padrino político Natividad González Parás, convocó a una marcha “ciudadana” desde el poder para reclamar seguridad y un alto a la violencia. Es decir, el gobernador, la autoridad responsable de responder a esos reclamos ciudadanos, organizó él mismo una marcha. ¿Para reclamarse así mismo? Escribió Astorga en relación a la marcha análogo de hace un par de años que era algo “insólito, a menos que el gobernador en lugar de ejercer el poder esperara que los pistoleros se retiraran de manera voluntaria ante tal demostración de gente de buena fe”. Otro tanto se puede decir de la marcha del actual mandatario, en la que no faltaron empleados públicos, funcionarios y trabajadores de los sindicatos oficialistas, “acarreados” bajo amenaza de sendas represalias en caso de no asistir al evento.

¿Y la sociedad civil?

Se organiza, pero no tanto. Estamos entre la atonía, la indefensión, y la movilización. La manifestación convocada a través de redes sociales como Facebook y Twitter para el día 24 de Marzo coordinada por agrupaciones de estudiantes de las distintas universidades de la ciudad da cuenta de las fuertes limitaciones de un movimiento ciudadano que busca un cambio en la política de seguridad. En primer lugar, la limitada capacidad de convocatoria y el sesgo de clase de los convocados, en una ciudad en que se teme o se estigmatiza la participación popular como algo de “nacos” o “revoltosos”. En segundo lugar, la existencia de un importante grupo de ciudadanos que piensan con la dialéctica perversa de la futilidad, el riesgo: que ese tipo de acciones (ejerciendo derechos constitucionales) o bien no cambiará nadan, o provocarán mayor violencia. Llegué a leer en el foro de dicho evento que “nuestro papel como ciudadanos es apoyar al gobierno, y rezar en nuestras casa por el descanso de los muertos”. En tercer lugar, el choque con un gobierno que se esconde antes los problemas, y cuando estos le abruman, no busca el diálogo (la manifestación tuvo que cambiarse de sitio al encontrar vallado y rodeado de policías el recinto donde se planeó originalmente y aunque terminó con la elaboración de una serie de propuestas para el Gobernador, éste en principio se negó a recibir) sino el oportunismo y el titular (marchas mediante). Y en cuarto y último lugar, que la reacción de muchos participantes ha sido una mera reacción defensiva, un querer volver al estado de antes, a la burbuja, al “que se maten en otro lado”. Y contra eso también hay que luchar, contra la indiferencia de una ciudad rica en un país tan desigual.

Más allá de la miasma

El actual brote de violencia tiene causas recientes. La relación de una ciudad rica como Monterrey con el narcotráfico en cambio, tiene raíces profundas. La vanidad, la presunción, y el volcarse hacia una cultura que tiene principio y fin en el consumo es algo que va de la mano con el establecimiento del narco en la región. Como dice Diego Petersen en un reciente artículo, “nada mejor para el aterrizaje del narco que una élite pagada de sí misma y fascinada con su propia imagen”. Y es verdad. No es casualidad que quienes, en palabras de su controvertido alcalde Mauricio Fernández, impusieron la paz en el opulento San Pedro Garza García hayan sido los sinaloenses Beltrán Leyva, interesados en la tranquilidad y seguridad de sus propias familias ahí residentes. Ahora que los muertos caen en la propia ciudad, la situación se complica. Y si el problema del narco (ya sea una especie de miasma como argumentan algunos benevolentes o un resultado, un monstruo incubado y mimado por la elite político-económica que ahora se sale de su control) tiene que ver con la clase dominante, un cambio en ella es necesario. Una renovación moral que duraría años y es dudoso que llegue a buen término. El mismo Petersen escribía que la muerte de los estudiantes del Tec ha sido la gota que ha colmado el vaso, el revulsivo definitivo. No parece que sea así. Aunque estudiantes de una escuela regiomontana exclusiva, eran de otras ciudades, estudiantes con becas, no hijos de grandes potentados y al fin y al cabo una excepción. Edgardo Buscaglia, experto de la ONU en temas de delincuencia organizada, llega a una conclusión más desalentadora pero que parece más realista, basado en la experiencia internacional: mientras el monstruo criado por la elite, no empiece a devorar a sus creadores (y a sus familias), no habrá esfuerzos serios en combatirlo.

César Morales Oyarvide - Politólogo mexicano.

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