El Gobierno del PP ha emitido su segundo Real Decreto Ley (RDL); en esta ocasión sobre el marco legal de relaciones laborales. Y digo relaciones laborales y no mercado laboral como expresa el título del RDL porque las relaciones sociales en el ámbito del trabajo no se deben regir por una libre oferta y demanda. En cualquier contexto civilizado es preciso que los poderes públicos regulen las relaciones laborales; mercantilizar a las mismas es volver a otros tiempos.
Las medidas que ha implementado el Gobierno de España son múltiples, afectando a numerosos niveles laborales: intermediación, negociación colectiva, contratación, despido, formación, salarios, movilidad geográfica, sector público, conciliación… Es una profunda transformación en relación con el modelo anterior. Por mucho que algunos hayan expresado que es un vuelta de tuerca más, no lo es; estamos en otra dimensión que rompe con la anterior. De tal modo, que la constitucionalidad de algunas de las medidas se pondrá en cuestión.
Para valorar conjuntamente las mismas basta recurrir al adjetivo que puso el Ministro de Economía: agresivas. La justificación esgrimida por el PP se basa en la situación de paro masivo que vive España. Aunque por otra parte, reconocen que no servirá para crear empleo. Lo que si es objetivo es que la relación social trabajado-empresario se convierte en la más asimétrica desde la instauración de la democracia. Una relación de poder donde el empresario se ve reforzado y el trabajador, en algunos casos, sometido. Sinceramente, considero que este nuevo marco laboral no nos augura nada bueno y rompe con una tradición básica del Estado de Bienestar como es el Diálogo Social entre los diferentes actores sociolaborales.
UGT y CCOO en lógica consecuencia con el calado de las medidas han mostrado su palmario rechazo convocando movilizaciones. Sin lugar a dudas, se abre una etapa de conflicto social.
A la vez, y en un escenario a medio plazo, los propios sindicatos deberán adaptarse al nuevo marco laboral resultante. Las condiciones, las reglas del juego, han cambiado y por lo tanto la acción y la estructura sindical deberán ser diferentes. Por ejemplo, si el convenio de empresa prevalece, ¿qué sentido tendrá la estructura federativa en ramas de actividad? ¿Cuál será el papel de los abogados laboralistas en un marco de bajo nivel de garantías jurídicas? ¿La unidad de acción dará un paso más?
Aquellos que consideran que la reforma emprendida quita poder sindical y que ello conducirá al debilitamiento de sus organizaciones, no se dan cuenta que el mutualismo sindical; es decir, la unión de los trabajadores para la defensa de sus intereses de clase se desarrolló y se potenció en etapas más duras que éstas. Por lo tanto, el movimiento sindical español de clase que agrupa a más de dos millones de trabajadores seguirá siendo influyente en la defensa del interés general; que es el de los trabajadores, mayoritarios en este país. En este interés general, las fuerzas políticas del espectro progresista y de izquierdas tienen el reto del trabajo unitario en complicidad con el movimiento sindical de clase.