viernes. 29.03.2024

Mato y luego averiguo: El general Villa y la militarización de la seguridad en Mexico

Hace ya más de un año, cuando comencé a colaborar con Nueva Tribuna por invitación de la periodista Agnese Marra, empecé realizando un compendio de las que me parecían las críticas más urgentes que debían de hacérsele a la “guerra contra el narco” del gobierno federal mexicano.

Hace ya más de un año, cuando comencé a colaborar con Nueva Tribuna por invitación de la periodista Agnese Marra, empecé realizando un compendio de las que me parecían las críticas más urgentes que debían de hacérsele a la “guerra contra el narco” del gobierno federal mexicano. Más que intentar descubrir el hilo negro, intenté filtrar de alguna manera el trabajo de los científicos sociales y escritores mexicanos con más experiencia y lucidez en el tema (Luis Astorga, Fernando Escalante, Jorge Chabat, etc.).

Una de las primeras consecuencias alarmantes que observé como resultado de esta estrategia fue la profundización de la militarización de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia de México. Parecía que, a medida que el discurso dominante era que avanzábamos más en la democratización del país (al menos hasta 2006), más poder iba ganando una de las instituciones menos democráticas: las Fuerzas Armadas. Desequilibrio paradójico, pero que un lector atento de la historia contemporánea mexicana ya debía prever, al menos desde que Vicente Fox, el Presidente de la alternancia (2000-2006) designó como Procurador General de la República a un militar: el General Rafael Macedo de la Concha, quien renunció después del fracaso de la intentona de sacar a Andrés Manuel López Obrador de la carrera hacia la presidencia en 2006 mediante un tristemente célebre proceso de desafuero.

La criminalidad y la ineficiencia o corrupción de las autoridades policiales locales abonó el camino para que militares retirados o en activo fueran copando los puestos de mando de policías municipales y estatales al tiempo que ello justificaba para muchos el hacer de la intervención las Fuerzas Armadas la regla en la lucha contra el narco. Grave error, pues además de obstaculizar la evolución normal de las estructuras civiles del Estado, y probablemente debilitar la democracia mexicana en un futuro, esto implicó problemas serios de ejecución y coordinación.

Como se ha dicho ya, los militares no actúan con una lógica adecuada para el combate a la delincuencia y el trabajo policial. No pueden, como apunta el especialista Ernesto López Portillo, ni modernizar a la policía, ni sustituirla. La endurecen, la disciplinan (en el mejor de los casos), pero no la reconstruyen.

Populismo punitivo, mano dura y tolerancia cero, son nombres de una forma de actuar en pos de la venganza y el castigo expedito, sin participación casi del aparato judicial, que raya en lo ilegal.

Un ejemplo reciente de todo esto son las recientes declaraciones de un general retirado ex director de seguridad pública en Torreón (un municipio del norte del país especialmente flagelado por la violencia) y ahora Secretario de Seguridad de Quintana Roo, el estado del sur de la república donde se encuentra Cancún. El militar se llama Carlos Bibiano Villa y adquirió fama con una entrevista que le realizó hace algunos días Sanjuana Martínez para el periódico La Jornada, en donde declara:

“Me gusta la adrenalina. Venir a patrullar. Cuando agarro a un Zeta o Chapo lo mato. ¿Para qué interrogarlo? Que le vaya a decir a San Pedro lo que hizo. El Ejército tiene seguridad e inteligencia, no necesita información. El día que ellos me agarren a mí no me van a agarrar a besos. ¿Verdad? Me van a hacer pedazos. ¿Y qué? A eso estoy expuesto. El día que me toque, allí nos amarramos y punto”.

Villa exhibe los códigos de “mano dura” en el combate a la delincuencia que tantas violaciones de derechos humanos han causado, y que han hecho que la Secretaría de la Defensa Nacional haya sido en 2010 la institución pública con más quejas reportadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos: 1415. Por eso no es de extrañar que ejecuciones sumarias y muertes de civiles inocentes llamadas daños colaterales (111 al menos, hasta 2010) sean minimizadas por el militar: “Civiles han muerto muy pocos. Nosotros siempre tiramos a matar al narcotraficante”, dice.

Sanjuana Martínez, periodista conocida entrar en temas y lugares a donde pocos lo harían, acompaña al general en un patrullaje y es abordo de una camioneta que recorre una de las plazas más violentas del país, donde realiza su entrevista.

Nos enteramos que el general, de 62 años, ha sido objetivo ya de atentados, que recibió entrenamiento en Israel, tiene dos carreras y un postgrado, y que es descendiente de un primo del revolucionario mexicano Doroteo Arango, más conocido con el nombre de Pancho Villa (la descendencia de los héroes mexicanos ha tenido destinos más o menos honrosos: el hijo del líder independentista Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, por ejemplo, fue uno de los conservadores que ofrecieron el trono de México a Maximiliano de Habsburgo a mediados del siglo XIX).

Declaraciones como las de Villa, más que revelar confirman que el discurso de derechos humanos del Gobierno Federal es poco menos que una tomadura de pelo. Si alguna vez se manejó el discurso sobre el restablecimiento del Estado de derecho en las zonas controladas por el narco, de la concientización de la tropa sobre los derechos civiles y los límites del uso de la fuerza para controlar escenarios violentos, como apunta en una columna reciente el periodista Jorge Medellín, todo eso está ya en la basura.

Y, como ocurre en la mayoría de los países que atraviesan crisis como estas, para el general los Derechos Humanos “no funcionan”, pues le parece que con ellos lo que se hace es “defender al delincuente” (un recuento pormenorizado de como este peligroso discurso permeó prensa, élites, y sociedad civil en Brasil lo hace la antropóloga de Berkeley Teresa Pires do Rio Caldeira en su libro “Ciudad de muros”, obra fundamental).

La corrupción del sistema judicial es un hecho para ellos, pero como su falta más grave no es encarcelar a inocentes sino dejar libres a culpables, la solución se les antoja sencilla: ponerlos 3 metros bajo tierra. Lo demás, dicen, es análisis progre.

Hay más. En la misma entrevista, las respuestas que Villa da a Martínez manifiestan otro de los graves problemas de la militarización de la seguridad: la coordinación entre civiles y militares. Villa desconfía “de la Policía Federal porque ellos no matan, nomás agarran. Y el Ejército y la Marina matan”. Y precisa: “El personal militar está adiestrado para el combate. No se raja. Hemos tenido civiles que a la hora de los chingadazos se les frunce. Antes aquí correteaban a los policías, ahora ni madres, los correteamos a ellos y donde los alcanzamos los matamos”.

En palabras más claras, existen claramente rivalidades entre policías y militares, que han llegado ya a enfrentamientos abiertos. Informes de esta situación formaron parte de los cables diplomáticos referentes a México que Wikileaks hizo públicos. La embajada estadounidense considera que “estas instituciones muchas veces están en una competencia de suma cero, donde el éxito de una es visto como el fracaso de otra”

Violaciones de derechos humanos, impunidad, ejecuciones sumarias, conflictos entre fuerzas de seguridad. Son solo algunas aristas de la lucha contra las drogas implementada por el gobierno mexicano, ilustradas de forma involuntariamente gráfica por este hombre que ingresó al ejército a los 16 años. Y aunque desde ámbitos oficiales se continúa negando la militarización de las corporaciones de procuración de justicia y seguridad, lo cierto es que más de cien elementos de alto rango de las fuerzas armadas mexicanas (activos o en retiro) ocupan los principales cargos de seguridad pública en por lo menos 25 de los 31 estados del país y en infinidad de municipios, entre ellos, algunos de los más violentos pero también otros donde la violencia ha sido poco frecuente, según el diario El Universal.

La entrevista de Sanjuana Martínez nos permite conocer al menos como piensa simbólico uno de ellos.

“¿Mata, luego averigua?”, pregunta la periodista.

“Así debe ser. Es un código de honor”, responde el general hecho jefe policiaco.

Mato y luego averiguo: El general Villa y la militarización de la seguridad en Mexico
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