La mayoría de los participantes en las recientes elecciones europeas, al margen de penalizar fuertemente al partido en el Gobierno (PP) y al principal partido de la oposición (PSOE), han protestado enérgicamente contra la política económica europea y, en particular, contra las políticas de austeridad y los recortes económicos y sociales llevados a cabo por el gobierno del señor Rajoy.
A pesar de la contundente respuesta de la ciudadanía, una buena parte de la opinión pública piensa que los partidos políticos mayoritarios todavía no han entendido el mensaje de los electores, ni tampoco han valorado suficientemente el fuerte retroceso de la derecha conservadora, la elevada abstención y el avance de las fuerzas antieuropeas y de extrema derecha en algunos países (sobre todo en Francia). Eso puede explicar que el candidato socialdemócrata Schulz haya propuesto un gran acuerdo de coalición con la derecha conservadora en el parlamento europeo, que contempla el apoyo a Juncker para presidir la Comisión Europea (lo más lamentable es que Schulz sería el número dos), en clara contradicción con las promesas electorales que apostaban por diferenciarse de las políticas neoliberales presididas por la austeridad y los recortes de la señora, Merkel, muy obsesionada por reducir el déficit a toda costa y en el menor tiempo posible para pagar a los acreedores (sobre todo bancos alemanes), a pesar del costo social (desigualdad y pobreza) que está generando esta política.
El acuerdo con la derecha europea, de entrada, invalidará al grupo socialdemócrata para oponerse, en la práctica, a las políticas neoliberales en el parlamento europeo. Cuando llegue el momento, será interesante seguir de cerca lo que voten los socialistas españoles y observar su repercusión en el seno de un partido en fase de recuperar su credibilidad, con serios problemas internos y sumido en un proceso congresual y de primarias abiertas para elegir al secretario general y al candidato en las futuras elecciones generales.
En este contexto no resulta extraña la redoblada ofensiva neoliberal desoyendo el mensaje de los electores. En concreto, el FMI ha propuesto nuevas medidas de ajuste de marcado carácter ideológico, encaminadas a subir el IVA general y el IVA reducido de algunos productos del 10% al 21%; aumentar los impuestos especiales y medioambientales; reducir el impuesto (a las empresas) de sociedades, como pretende el gobierno; dar otra vuelta de tuerca a la reforma laboral; facilitar a las empresas que puedan reducir aún más los salarios en la negociación colectiva; y reducir las cotizaciones de los empresarios a la seguridad social.
En definitiva, se propone nuevamente que las transferencias de rentas del trabajo al capital soporten una nueva devaluación interna que, de llevarse a cabo, agravaría considerablemente el desempleo y haría más dramática la situación social de los más débiles, además de resultar contraproducente para el consumo interno y la actividad económica y, por lo tanto, para reducir el déficit y pagar la deuda pública.
En coherencia con estas propuestas, el Banco de España ha presentado su informe anual donde recomienda también subir el IVA, reducir los impuestos directos, bajar las cotizaciones a la seguridad social, profundizar en la reforma laboral y continuar con la devaluación salarial, en sintonía con la Comisión Europea y el mencionado FMI.
De la misma manera, el gobierno -precisamente después de las elecciones europeas- ha aprobado la liberalización del transporte ferroviario y privatizado el 49% del capital de AENA (será el primer paso para la privatización total), sin argumentos sólidos y convincentes, como no sean los ideológicos, puesto que ahora se generan beneficios (597 millones de euros en 2013, lo que indica que se privatizarán beneficios públicos), después de un duro proceso de ajuste que afectó a 1.200 trabajadores. Un proceso que, todo indica, puede perjudicar considerablemente el servicio a los usuarios y aumentará las tarifas, como ha ocurrido en otros procesos privatizadores llevados a cabo en otros países, lo que significará un nuevo y sustancioso negocio para los especuladores de siempre.
En esta misma línea, la asamblea de la CEOE ha elaborado un documento de propuestas para responder a la actual situación económica, que atenta, una vez más, contra los derechos de los trabajadores en materia de contratación, despidos colectivos, negociación colectiva, cotizaciones sociales y derecho de huelga. En concreto, según CCOO, la CEOE propone abaratar, aún más, el despido; precarizar más la contratación; poner trabas al derecho de huelga; reducir las cotizaciones a la seguridad social; permitir a los llamados emprendedores la inaplicación del convenio colectivo durante dos años y poder despedir libremente en un periodo de cinco años.
Estas propuestas se están planteando bajo la vigencia de la actual reforma laboral que está causando fuertes destrozos -con la participación activa y beligerante de los empresarios- en el empleo, en el costo del despido, en la precariedad de nuestro mercado de trabajo, en el desplome del número de convenios colectivos y en la fuerte pérdida del poder de compra de los salarios. Precisamente cuando se están produciendo conversaciones encaminadas a recuperar el diálogo social, con la pretensión de negociar un nuevo Acuerdo en materia de negociación colectiva que aborde el empleo (políticas activas), la formación profesional y los salarios, entre otras medidas. Sin duda, se trata de una auténtica provocación sin ninguna causa que lo justifique y demuestra, una vez más, que la CEOE no tiene ningún interés en firmar acuerdos de concertación equilibrados, porque está convencida de que el Gobierno y la derecha política (PP) -con mayoría absoluta en el parlamento- defenderá sin acuerdo sus intereses, como ya lo está haciendo en los últimos años.
Lógicamente, una política de esta naturaleza ha repercutido considerablemente en los precios del mes de mayo (IPC) que, según UGT, se mantienen estables en relación con el mes anterior, lo que sitúa la tasa anual en el 0,2%, dos décimas menos que en el mes de abril. Por su parte, la inflación subyacente ha aumentado una décima; sin embargo, en términos interanuales disminuye tres décimas hasta situarse en el 0,0%. También el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) ha disminuido una décima con respecto al mes de abril, situándose en el 0,2%, tres décimas por debajo de la tasa media de la eurozona (0,5%), por lo que ya son nueve los meses con un diferencial negativo consecutivo, lo que confirma los riesgos de caer en una situación deflacionista (caída generalizada de precios, del consumo público y privado y de las expectativa de negocio) que, finalmente, ha exigido la intervención del BCE, aunque lo ha hecho tarde y de manera insuficiente, para estimular el escaso crédito a familias y empresas.
Este cúmulo de hechos reclama con urgencia la necesidad de cambiar la política económica del conjunto de la Unión Europea, a pesar del considerable freno que significa el artículo 135 de nuestra Constitución, aprobado en su día por el PP y el PSOE, que da prioridad al pago de la deuda pública (hasta el límite del 60%) sobre la inversión pública, los servicios públicos y las prestaciones sociales, lo que significa que debemos reducir obligatoriamente, cuando menos, la deuda en 400.000 millones de euros (España debe un billón de euros en concepto de deuda pública), con lo que eso conlleva de negativo para la inversión, el crecimiento económico, el empleo y las políticas sociales. A pesar de todo ello, la reactivación económica, junto al empleo y la defensa del Estado de Bienestar Social, deben ser el fundamento de la socialdemocracia europea si quiere supervivir en un contexto muy marcado por la globalización que, no lo olvidemos, está gobernada por un capitalismo ramplón generador de una creciente desigualdad y pobreza.
Secundando este planteamiento, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha propuesto un plan de inversiones adicionales por valor del 2% del PIB durante un periodo de 10 años, que posibilitaría la creación de 11 millones de empleos en la Unión Europea en actividades dotadas de tecnología y valor añadido en una planificada reindustrialización inmersa en un nuevo modelo productivo, que resulta ineludible para nuestro país. De la misma manera propone una reforma fiscal equitativa, que impulse la progresividad y luche contra el fraude, la economía sumergida y los paraísos fiscales; el fin de la devaluación salarial; medidas para resolver el problema de los parados de larga duración; un plan de empleo para los jóvenes, sobre todo para los comprendidos entre 25 y 35 años; y una protección social suficiente para los más necesitados.
En este sentido, los sindicatos UGT y CCOO están defendiendo con decisión las reivindicaciones de la CES y, al mismo tiempo, están reflexionando sobre las posibilidades reales que tiene en estos momentos el diálogo y la concertación social, dada la actual relación de fuerzas, los graves condicionantes que tiene la reforma laboral -incluso para el diálogo social-, la actitud de los empresarios y la mayoría absoluta del PP, encaminada a defender posiciones marcadamente ideológicas y una economía en beneficio de unos pocos, al margen del sufrimiento, la desigualdad y la pobreza que se está generando en la actualidad.
No podemos perder de vista que, con la actual política económica y la reforma laboral del Gobierno no vamos a corregir significativamente las cifras de desempleo y menos la precariedad de nuestro mercado de trabajo. También resulta contraproducente el desplome de los salarios por sus efectos negativos en el consumo interno y, por lo tanto, en la actividad económica y el empleo. Por eso resulta imprescindible defender un incremento, aunque sea moderado, del poder adquisitivo de los trabajadores y hacerlo de una manera más descentralizada, asumiendo los sindicatos en las empresas y sectores de un mayor protagonismo.
No debemos olvidar que, en la actualidad, los trabajadores no comprenden fácilmente la estrategia de un sindicalismo de corte defensivo (dedicado a limitar daños) y sumamente responsable en medio de la irresponsabilidad de los poderes económicos, financieros y empresariales de marcado carácter especulativo. Los trabajadores tampoco han notado las ventajas de una acción sindical por arriba (acuerdos de concertación sin logros tangibles) que, además, ha traído consigo una fuerte desmovilización de los trabajadores en los centros de trabajo, muy afectados por el desempleo, la precariedad, la inseguridad y el miedo.
La crisis instalada en la sociedad también está pasando factura a la credibilidad de los sindicatos (se les considera una institución más del Estado), víctimas de la incomprensión, el escaso reconocimiento de su labor y una campaña antisindical de la derecha más reaccionaria, amplificada a través de los medios de comunicación afines. La historia es suficientemente explícita y nos demuestra que los sindicatos avanzan y retroceden en función de las circunstancias, la relación de fuerzas y su capacidad de negociación y de movilización, porque no pueden esperar que nadie les regale nada. En todo caso, deben seguir manteniendo muy alta su dignidad y no olvidar nunca la desigual lucha de los trabajadores que nos precedieron.