10 de noviembre de 2010, 13:11
NUEVATRIBUNA.ES - 5.11.2010
PARA DIARIO DEL AIRE
Ayer pude conocer, escuchar y saludar a María Ubilerma Sanabria en un acto convocado por Amnistía Internacional en Salamanca. María cuenta la historia de su hijo, Jaime Steven Valencia Sanabria, como si acabara de descubrir la imagen muerta de su niño en una fosa de Ocaña, al sur de Santander (Colombia). La aflicción en su rostro y el temblor de sus palabras es todo un alegato contra la impunidad de los 3.183 casos de ejecuciones extrajudiciales que en el periodo 2002-2009 soportó Colombia bajo la presidencia de Álvaro Uribe y que están tan llenas de silencio.
Jaime Steven residía en Soacha, un municipio al suroeste de Bogotá, cuya población supera los 300.000 habitantes, con una tasa de desempleo (22 por ciento) que duplica la del país (11 por ciento). Además, la mayoría de esa población forma parte de los cientos de miles de desplazados que han tenido que abandonar sus lugares de residencia por culpa del conflicto armado que sufre Colombia desde hace medio siglo. Esa gran precariedad social hace de Soacha un municipio proclive a que tanto la guerrilla de las FARC como los grupos paramilitares tengan allí oportunidad de expandir sus estructuras y actividades.
La Defensoría del Pueblo emitió en 2007 un informe Riesgo en que se decía que se estaban haciendo notar en ese municipio grupos al margen de la ley que intimidaban a la población civil y amenazaban a la juventud para reclutarla a la fuerza. A finales de ese año, la Defensoría del Pueblo consignó la presencia de grupos ilegales de las Autodefensas Unidas de Colombia en territorios próximos a Soacha, sin que las autoridades gubernamentales tomaran ninguna providencia.
Fue a partir de enero de 2008 cuando empezaron las desapariciones forzadas de jóvenes en la citada localidad y en algún barrio popular de Bogotá, entre ellas la de Jaime Steven, de 16 años, cuya mirada dulce e inteligente lleva su madre por el mundo con la evocación de sus sueños: ser cantor y veterinario. Tanto él como los 16 jóvenes restantes fueron asesinados al día siguiente o muy pocas fechas después de su desaparición. En septiembre de ese año las primeras fotografías de las víctimas les fueron mostradas a sus familiares como guerrilleros dados de baja en combate y sepultados como NN en el municipio de Ocaña. Algunos aparecían vestidos con uniformes militares que no tenían el impacto de las balas. Uno de los jóvenes, afectado de discapacidad mental, aparecía con un arma en su mano derecha inválida.
¿Cómo podrían haber muerto en combate a más de 14 horas de Soacha? ¿Cómo y dónde podrían haber recibido entrenamiento militar, si tan sólo algunos habían salido por corto tiempo de la ciudad en donde residían? ¿Cuándo podían haberse unido a la guerrilla si fueron asesinados días después de su desaparición?
Gracias al coraje de María Ubilerma y las restantes madres de los falsos positivos de Soacha, que han tenido que soportar y soportan amenazas de muerte (algunas cumplidas como en el caso del otro hijo de Carmenza Gómez) para que el silencio siga custodiando la impunidad de tantas ejecuciones extrajudiciales en el país, se está dando en Colombia un lento despertar de muchas otras madres que hasta ahora han callado por temor a perder la vida de sus otros hijos. Como dice María, con las madres de Soacha se destapó esa olla podrida y es preciso proseguir hasta que se haga justicia.
Contó María Ubilerma que durante un mitin electoral del actual presidente Don Santos, las madres de Soacha se presentaron en primera fila del acto, ataviadas con las camisetas donde llevan estampados los rostros de sus hijos. Quien fuera ministro de Defensa con Álvaro Uribe optó por abandonar la tribuna, hasta el punto de negar al día siguiente que había estado en Soacha.
Decenas de miembros de las fuerzas de seguridad fueron detenidos en 2009 en relación con esas muertes. En enero de 2010, sin embargo, 31 de esos militares fueron liberados por los tribunales al no haberse iniciado la audiencia del juicio oral en un plazo de 90 días desde su detención. En algún caso se ha llegado a emplear la muerte de la madre de uno de los imputados hasta cinco veces para retardar el proceso. Para la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA), las pruebas son tan contundentes que todo ese tipo de dilaciones bien podría darse para que el caso no llegue más arriba y pueda salpicar al entonces ministro de Defensa y hoy presidente de la nación.
Lo primero que hizo María Ubilerma al saludarme fue mostrarme la imagen de su hijo. Jaime Steven tenía uno de sus inteligentes ojos inflamado y la boca golpeada cuando acabaron con su vida y sus sueños de cantor. Dice María que sus largas pestañas estaban pegaditas de haber llorado. Llueve ese llanto sobre la fuerza y el valor de su madre. Mamita María Ubilerma, mamitas de Soacha, madres Coraje, vuestras vidas y ejemplo dan vida a lo mejor de nosotros mismos.
Félix Población es escritor y periodista
PARA DIARIO DEL AIRE
Ayer pude conocer, escuchar y saludar a María Ubilerma Sanabria en un acto convocado por Amnistía Internacional en Salamanca. María cuenta la historia de su hijo, Jaime Steven Valencia Sanabria, como si acabara de descubrir la imagen muerta de su niño en una fosa de Ocaña, al sur de Santander (Colombia). La aflicción en su rostro y el temblor de sus palabras es todo un alegato contra la impunidad de los 3.183 casos de ejecuciones extrajudiciales que en el periodo 2002-2009 soportó Colombia bajo la presidencia de Álvaro Uribe y que están tan llenas de silencio.
Jaime Steven residía en Soacha, un municipio al suroeste de Bogotá, cuya población supera los 300.000 habitantes, con una tasa de desempleo (22 por ciento) que duplica la del país (11 por ciento). Además, la mayoría de esa población forma parte de los cientos de miles de desplazados que han tenido que abandonar sus lugares de residencia por culpa del conflicto armado que sufre Colombia desde hace medio siglo. Esa gran precariedad social hace de Soacha un municipio proclive a que tanto la guerrilla de las FARC como los grupos paramilitares tengan allí oportunidad de expandir sus estructuras y actividades.
La Defensoría del Pueblo emitió en 2007 un informe Riesgo en que se decía que se estaban haciendo notar en ese municipio grupos al margen de la ley que intimidaban a la población civil y amenazaban a la juventud para reclutarla a la fuerza. A finales de ese año, la Defensoría del Pueblo consignó la presencia de grupos ilegales de las Autodefensas Unidas de Colombia en territorios próximos a Soacha, sin que las autoridades gubernamentales tomaran ninguna providencia.
Fue a partir de enero de 2008 cuando empezaron las desapariciones forzadas de jóvenes en la citada localidad y en algún barrio popular de Bogotá, entre ellas la de Jaime Steven, de 16 años, cuya mirada dulce e inteligente lleva su madre por el mundo con la evocación de sus sueños: ser cantor y veterinario. Tanto él como los 16 jóvenes restantes fueron asesinados al día siguiente o muy pocas fechas después de su desaparición. En septiembre de ese año las primeras fotografías de las víctimas les fueron mostradas a sus familiares como guerrilleros dados de baja en combate y sepultados como NN en el municipio de Ocaña. Algunos aparecían vestidos con uniformes militares que no tenían el impacto de las balas. Uno de los jóvenes, afectado de discapacidad mental, aparecía con un arma en su mano derecha inválida.
¿Cómo podrían haber muerto en combate a más de 14 horas de Soacha? ¿Cómo y dónde podrían haber recibido entrenamiento militar, si tan sólo algunos habían salido por corto tiempo de la ciudad en donde residían? ¿Cuándo podían haberse unido a la guerrilla si fueron asesinados días después de su desaparición?
Gracias al coraje de María Ubilerma y las restantes madres de los falsos positivos de Soacha, que han tenido que soportar y soportan amenazas de muerte (algunas cumplidas como en el caso del otro hijo de Carmenza Gómez) para que el silencio siga custodiando la impunidad de tantas ejecuciones extrajudiciales en el país, se está dando en Colombia un lento despertar de muchas otras madres que hasta ahora han callado por temor a perder la vida de sus otros hijos. Como dice María, con las madres de Soacha se destapó esa olla podrida y es preciso proseguir hasta que se haga justicia.
Contó María Ubilerma que durante un mitin electoral del actual presidente Don Santos, las madres de Soacha se presentaron en primera fila del acto, ataviadas con las camisetas donde llevan estampados los rostros de sus hijos. Quien fuera ministro de Defensa con Álvaro Uribe optó por abandonar la tribuna, hasta el punto de negar al día siguiente que había estado en Soacha.
Decenas de miembros de las fuerzas de seguridad fueron detenidos en 2009 en relación con esas muertes. En enero de 2010, sin embargo, 31 de esos militares fueron liberados por los tribunales al no haberse iniciado la audiencia del juicio oral en un plazo de 90 días desde su detención. En algún caso se ha llegado a emplear la muerte de la madre de uno de los imputados hasta cinco veces para retardar el proceso. Para la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA), las pruebas son tan contundentes que todo ese tipo de dilaciones bien podría darse para que el caso no llegue más arriba y pueda salpicar al entonces ministro de Defensa y hoy presidente de la nación.
Lo primero que hizo María Ubilerma al saludarme fue mostrarme la imagen de su hijo. Jaime Steven tenía uno de sus inteligentes ojos inflamado y la boca golpeada cuando acabaron con su vida y sus sueños de cantor. Dice María que sus largas pestañas estaban pegaditas de haber llorado. Llueve ese llanto sobre la fuerza y el valor de su madre. Mamita María Ubilerma, mamitas de Soacha, madres Coraje, vuestras vidas y ejemplo dan vida a lo mejor de nosotros mismos.
Félix Población es escritor y periodista