23 de septiembre de 2010, 15:46
NUEVATRIBUNA.ES - 16.12.2009
...pues había sido una noche “futbolera”, en la que los mexicanos celebramos la victoria de la selección nacional en su paso hacia el Mundial. La mañana siguiente se publicó un decreto presidencial por el que Felipe Calderón declara desaparecida a la empresa, dejando en la calle a más de 40 mil trabajadores. De inmediato, esta acción intentó justificarse como de interés nacional: beneficiosa, legal, legitima, y oportuna; al tiempo que se llevaba a cabo una campaña de linchamiento mediático de la empresa LyFC y su sindicato, el Sindicato Mexicano de Electricistas (segundo objetivo de la acción, dada su oposición al gobierno de Calderón).
Mucho ha pasado desde entonces: los trabajadores, dándose cuenta de la gravedad de la acción del Ejecutivo y el riesgo que corrían como clase ante golpe de tal magnitud, del retroceso que el proyecto del gobierno significa para la relación de fuerzas entre capital y trabajo, y de las consecuencias anti populares que traería consigo el fin último de esta estrategia (la privatización de un servicio básico como la electricidad) han presionado al Gobierno y han buscado la solidaridad del pueblo mexicano para lograr la revocación de un decreto de extinción considerado ilegal e injusto, por medio de recursos legales y acciones de resistencia pacífica y desobediencia civil. Se han organizado plantones y marchas, se convocó a un paro cívico nacional, se han interpuesto recursos de amparo, y hay en curso hasta una huelga de hambre colectiva.
El repertorio de acción de los trabajadores es amplio, y se renueva tras cada golpe del gobierno, que sabe que este conflicto definirá su mandato (junto a la fallida guerra contra el narco). Por esa razón, desde octubre una cosa sigue sin cambiar: la campaña de linchamiento mediático y de desinformación que intenta ocultar la verdaderas causas del golpe, aprovechándose del sentimiento de insatisfacción de gran parte de los usuarios de servicios públicos en México (años de mal servicio nos han hecho pensar con el hígado) y de la animadversión hacia los sindicatos que una tradición (funcional al régimen del PRI pero también al del PAN) de corrupción y patrimonialismo ha provocado.
Para contrarrestar esto, hay que acercarnos a las causas esgrimidas por el Gobierno para ponerlas en su justa medida, y sacar a la luz las verdaderas razones de su acción, con información obtenida de los pocos medios que no han entrado al juego, en especial del trabajo de Rafael Barajas en “El Chamuco”.
LAS CAUSAS ALUDIDAS: DÉFICITS, INEFICIENCIA, CORRUPCIÓN, INTERÉS NACIONAL
El argumento vendido por el gobierno federal y sus empleados en los medios es que este golpe a las clases trabajadoras en realidad va en contra de los intereses particulares de unos pocos pillos y vividores , y que redunda en beneficio de la economía nacional y del interés público: debemos creer que es algo conveniente y oportuno. Hay un puñado de “causas justas” de la desaparición de LyFC que han tenido éxito en la propaganda (la ineficiencia, el déficit, la carestía del servicio y las corruptelas) pero que, vistas de cerca, resultan no ser atribuibles a los trabajadores sino a las disposiciones del propio gobierno en aras al desmantelamiento de la empresa para hacer negocios.
Es un hecho que LyFC ha sido deficitaria (40 mil millones de pesos al año). Lo que no se sabe es que este déficit viene causado por dos disposiciones del gobierno: desde hace años LyFC no se dedica a la producción de electricidad sino a su distribución, estando obligada por ley a comprarle la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (otra empresa pública, con un sindicato “a modo”). Lo curioso es que la CFE vendía a LyFC el kilowatt/hora en 1.50 pesos cuando la tarifa industrial es de 88 centavos de peso. Es decir, mientras más distribuía LyFC, más dinero perdía, por disposición del Gobierno. Pero además, esto demuestra que la “pérdida” para la economía nacional no era tal, ya que todo se reducía a una operación contable entre empresas públicas y no implicaba pérdidas para el país. Eso sí, este argumento es muy útil para desacreditar a una empresa.
La segunda razón del déficit de la empresa viene porque, de nuevo por disposición oficial, LyFC distribuía un 80% de su electricidad a un precio muy por debajo del precio de mercado (46 centavos), no a sectores en situación de pobreza, sino a empresas (12 mil), cuando estas pagan una tarifa siempre más elevada que el consumidor doméstico. De hecho uno de los altos directivos de LyFC (colocados por el Gobierno) ha sido acusado por el SME de ser artífice de una deuda de 6 mil millones de pesos en concepto de privilegios para grandes empresas (cercanas a Calderón). Curiosamente, varios de los medios desde donde se lleva a cabo la campaña en contra del SME y a LyFC eran los que recibían energía casi gratuita.
Estos privilegios, además de explicar el origen del déficit de la empresa, echan luz sobre quiénes realmente eran los pillos en este asunto: se ha acusado a los trabajadores (44 mil) de bandidos, cuyos sueldos (300 euros al mes) y prestaciones por encima del mínimo estipulado por la ley eran injustos privilegios que arruinaron a la empresa, y no el resultado de la lucha de largos años por la mejora del contrato colectivo. Realmente, los salarios y prestaciones de los trabajadores no llegaban a representar ni el 15% de los ingresos de la empresa, mientras que los privilegios de los directivos eran tales que por ejemplo, podrían jubilarse luego de menos de dos años de laborar, con unos 6 mil euros mensuales. ¿Quién realmente se beneficiaba de privilegios en LyFC: los trabajadores o los grandes empresarios que no pagaban electricidad y los altos directivos colocados por el Gobierno que la administraban?
Hay que señalar que entre estos funcionarios estuvo en su día Felipe Calderón. Él fungió como jefe de la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza en la Presidencia de V. Fox, y luego fue Secretario (Ministro) de Energía. Hay que ser muy cínico para proclamarse “cruzado” en contra del sindicalismo corrupto y de las empresas (aparentemente) deficitarias y/o ineficientes cuando en los años en que fue directo responsable de la compañía que ahora cierra no hizo nada, y cuando tiene como aliados (intocables) a dos de los más grandes y corruptos sindicatos: el de maestros con la tristemente célebre Elba Esther Gordillo y el de trabajadores petroleros de Romero Deschamps. Al lado de ellos, los casos de corrupción (puntuales) del SME (uno de los sindicatos más democráticos de México) son naderías. Quienes vieron en el Presidente a un luchador contra las mafias sindicales y empresariales quedarán decepcionados.
Por último, no hay que dejar en el tintero el hecho de que los últimos gobiernos federales han ido quitando paulatinamente presupuesto a LyFC, lo que le ha impedido modernizar equipos e instalaciones: su “ineficiencia” pasa por este hecho claramente, y no por otra cosa. Si ha seguido funcionando con razonable éxito es gracias al esfuerzo de sus trabajadores (sigue siendo una empresa mejor valorada por sus usuarios que la CFE, a quien el Gobierno ha puesto como su ejemplo de “empresa pública de clase mundial” y que se hará cargo de suministrar el servicio que antes daba LyFC). De nuevo, resulta muy sospechoso que el mal desempeño (relativo si lo comparamos con cualquier compañía mexicana) de una empresa atacada por doquiera por el Gobierno (dejándola sin dinero, administrándola mal) sea achacado en exclusiva a sus trabajadores y a su Sindicato.
LAS VERDADERAS CAUSAS: EL SINDICALISMO INCÓMODO, LA PRIVATIZACIÓN Y EL NEGOCIO DEL TRIPLE PLAY
A nadie extrañará que este asunto sea una piedra más en el camino de la privatización de los sectores estratégicos de la energía y sea esta la causa oculta general del conflicto. La mala administración impuesta desde el gobierno, las falsas acusaciones, la “desaparición”, solo se entienden como una forma de allanar el terreno para privatizar. Aunque el Presidente ha negado una y otra vez este hecho, la bancada del PAN ha declarado abiertamente ya esta intención. De nuevo, a nadie sorprende, pues la privatización de la energía eléctrica en México está ya muy avanzada. Violando la Constitución se han ido otorgando más y más permisos “especiales” (más de 700) a particulares para generar energía eléctrica, mientras LyFC fue quedando como una empresa pública, pero dedicada únicamente a la distribución: así se salva la cara ante la opinión pública contraria a privatizar, y no pierden dinero (la distribución no es un negocio grande, luego no importa).
¿Por qué ahora LyFC? La causa oculta particular que está detrás del golpe a LyFC se encuentra en el negocio de la fibra óptica y del “triple play”. Un negocio multimillonario por el que compiten empresarios y políticos mexicanos. El triple play es una tecnología que permite trasmitir televisión, internet, y teléfono a través de redes de fibra óptica al mismo tiempo. De este tipo de redes, LyFC tiene más de mil kilómetros a lo largo del país, lo que la convierte en un negocio de varios miles de millones de dólares. El Sindicato Mexicano de Electricistas y la empresa lo sabían, por lo que desde 2008 empezaron a gestionar el permiso para usar estas (sus) redes para ofrecer servicio de “triple play” (barato o hasta gratuito). Lo que ocurrió fue que toparon con los límites del capitalismo de “cuates” que opera en México (Dresser dixit), pues aunque no había impedimento legal para que el gobierno otorgara dichos permisos, había uno de facto: que en la pelea por el negocio de la fibra óptica estaban empresarios como Slim (magnate mundial y dueño de la telefonía del país) y Azcárraga (dueño de una de las televisoras que integran el duopolio nacional), y empresas como Telefónica y WL Comunicaciones ( en la que participan políticos de las filas del partido del presidente como Canales Clariond o Martens). Amén de que dejar transmitir “triple play” a LyFC y al SME hubiera dado fuerza a un sindicato incómodo y a una paraestatal, fomentado la verdadera competencia y obligado a bajar los precios. En suma, hubiera roto las reglas del manejo de los negocios en el país: la competencia entre monopolios de amigos (del gobierno).
¿Por qué el SME? Como se ha dicho, la acusación de corruptos, bandidos, privilegiados, hacia los trabajadores de LyFC y el SME difícilmente se sostiene (y utilizando un doble rasero). El hecho de que hubiese puntuales casos de corrupción en un Sindicato no justifica el despido de 44 mil trabajadores. Y, si efectivamente el gobierno dio por desaparecida la empresa por esta razón, esa forma de gestionar un problema no dice nada del “buen gobierno” del Ejecutivo y si, mucho, de su torpeza. De hecho el SME es uno de los pocos sindicatos democráticos que existen en México (sus líderes se renuevan cada dos años), y que siempre ha tenido un perfil luchador en materia laboral y por la democratización, desde su fundación en 1914. Se ha opuesto a la privatización de un servicio básico como la electricidad con el PRI de Zedillo y con los dos presidentes del PAN: Fox y Calderón. El verdadero problema del gobierno con este sindicato es sencillo: su actual dirección se ha manifestado abiertamente a favor de la principal figura de oposición al gobierno de Calderón: Andrés Manuel López Obrador, lo que le ha granjeado muchos choques con el Ejecutivo. Este es el último.
No es mi intención con todo esto defender a alguna de las mafias sindicales, que existen y han hecho tanto daño al país. La cuestión es otra: es el hecho de que para golpear a un sindicato opositor y dejar paso a algunos empresarios y políticos a un negocio millonario (y de paso privatizar un sector estratégico), no se tenga empacho en poner en la calle a decenas de miles de trabajadores y orquestar una campaña nacional basada en engaños. Eso obliga a decir algo. Y a decirlo claro: las verdaderas razones del Gobierno no son los argumentos oscuros (y finalmente falsos) que utiliza para justificarse. El golpe a LyFC y al SME es un golpe a la clase trabajadora nacional que vulnera los principios que rigen la convivencia democrática. Y un ejemplo de lo peor del gobierno encabezado por Felipe Calderón.
César Morales Oyarvide - Politólogo mexicano.
...pues había sido una noche “futbolera”, en la que los mexicanos celebramos la victoria de la selección nacional en su paso hacia el Mundial. La mañana siguiente se publicó un decreto presidencial por el que Felipe Calderón declara desaparecida a la empresa, dejando en la calle a más de 40 mil trabajadores. De inmediato, esta acción intentó justificarse como de interés nacional: beneficiosa, legal, legitima, y oportuna; al tiempo que se llevaba a cabo una campaña de linchamiento mediático de la empresa LyFC y su sindicato, el Sindicato Mexicano de Electricistas (segundo objetivo de la acción, dada su oposición al gobierno de Calderón).
Mucho ha pasado desde entonces: los trabajadores, dándose cuenta de la gravedad de la acción del Ejecutivo y el riesgo que corrían como clase ante golpe de tal magnitud, del retroceso que el proyecto del gobierno significa para la relación de fuerzas entre capital y trabajo, y de las consecuencias anti populares que traería consigo el fin último de esta estrategia (la privatización de un servicio básico como la electricidad) han presionado al Gobierno y han buscado la solidaridad del pueblo mexicano para lograr la revocación de un decreto de extinción considerado ilegal e injusto, por medio de recursos legales y acciones de resistencia pacífica y desobediencia civil. Se han organizado plantones y marchas, se convocó a un paro cívico nacional, se han interpuesto recursos de amparo, y hay en curso hasta una huelga de hambre colectiva.
El repertorio de acción de los trabajadores es amplio, y se renueva tras cada golpe del gobierno, que sabe que este conflicto definirá su mandato (junto a la fallida guerra contra el narco). Por esa razón, desde octubre una cosa sigue sin cambiar: la campaña de linchamiento mediático y de desinformación que intenta ocultar la verdaderas causas del golpe, aprovechándose del sentimiento de insatisfacción de gran parte de los usuarios de servicios públicos en México (años de mal servicio nos han hecho pensar con el hígado) y de la animadversión hacia los sindicatos que una tradición (funcional al régimen del PRI pero también al del PAN) de corrupción y patrimonialismo ha provocado.
Para contrarrestar esto, hay que acercarnos a las causas esgrimidas por el Gobierno para ponerlas en su justa medida, y sacar a la luz las verdaderas razones de su acción, con información obtenida de los pocos medios que no han entrado al juego, en especial del trabajo de Rafael Barajas en “El Chamuco”.
LAS CAUSAS ALUDIDAS: DÉFICITS, INEFICIENCIA, CORRUPCIÓN, INTERÉS NACIONAL
El argumento vendido por el gobierno federal y sus empleados en los medios es que este golpe a las clases trabajadoras en realidad va en contra de los intereses particulares de unos pocos pillos y vividores , y que redunda en beneficio de la economía nacional y del interés público: debemos creer que es algo conveniente y oportuno. Hay un puñado de “causas justas” de la desaparición de LyFC que han tenido éxito en la propaganda (la ineficiencia, el déficit, la carestía del servicio y las corruptelas) pero que, vistas de cerca, resultan no ser atribuibles a los trabajadores sino a las disposiciones del propio gobierno en aras al desmantelamiento de la empresa para hacer negocios.
Es un hecho que LyFC ha sido deficitaria (40 mil millones de pesos al año). Lo que no se sabe es que este déficit viene causado por dos disposiciones del gobierno: desde hace años LyFC no se dedica a la producción de electricidad sino a su distribución, estando obligada por ley a comprarle la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (otra empresa pública, con un sindicato “a modo”). Lo curioso es que la CFE vendía a LyFC el kilowatt/hora en 1.50 pesos cuando la tarifa industrial es de 88 centavos de peso. Es decir, mientras más distribuía LyFC, más dinero perdía, por disposición del Gobierno. Pero además, esto demuestra que la “pérdida” para la economía nacional no era tal, ya que todo se reducía a una operación contable entre empresas públicas y no implicaba pérdidas para el país. Eso sí, este argumento es muy útil para desacreditar a una empresa.
La segunda razón del déficit de la empresa viene porque, de nuevo por disposición oficial, LyFC distribuía un 80% de su electricidad a un precio muy por debajo del precio de mercado (46 centavos), no a sectores en situación de pobreza, sino a empresas (12 mil), cuando estas pagan una tarifa siempre más elevada que el consumidor doméstico. De hecho uno de los altos directivos de LyFC (colocados por el Gobierno) ha sido acusado por el SME de ser artífice de una deuda de 6 mil millones de pesos en concepto de privilegios para grandes empresas (cercanas a Calderón). Curiosamente, varios de los medios desde donde se lleva a cabo la campaña en contra del SME y a LyFC eran los que recibían energía casi gratuita.
Estos privilegios, además de explicar el origen del déficit de la empresa, echan luz sobre quiénes realmente eran los pillos en este asunto: se ha acusado a los trabajadores (44 mil) de bandidos, cuyos sueldos (300 euros al mes) y prestaciones por encima del mínimo estipulado por la ley eran injustos privilegios que arruinaron a la empresa, y no el resultado de la lucha de largos años por la mejora del contrato colectivo. Realmente, los salarios y prestaciones de los trabajadores no llegaban a representar ni el 15% de los ingresos de la empresa, mientras que los privilegios de los directivos eran tales que por ejemplo, podrían jubilarse luego de menos de dos años de laborar, con unos 6 mil euros mensuales. ¿Quién realmente se beneficiaba de privilegios en LyFC: los trabajadores o los grandes empresarios que no pagaban electricidad y los altos directivos colocados por el Gobierno que la administraban?
Hay que señalar que entre estos funcionarios estuvo en su día Felipe Calderón. Él fungió como jefe de la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza en la Presidencia de V. Fox, y luego fue Secretario (Ministro) de Energía. Hay que ser muy cínico para proclamarse “cruzado” en contra del sindicalismo corrupto y de las empresas (aparentemente) deficitarias y/o ineficientes cuando en los años en que fue directo responsable de la compañía que ahora cierra no hizo nada, y cuando tiene como aliados (intocables) a dos de los más grandes y corruptos sindicatos: el de maestros con la tristemente célebre Elba Esther Gordillo y el de trabajadores petroleros de Romero Deschamps. Al lado de ellos, los casos de corrupción (puntuales) del SME (uno de los sindicatos más democráticos de México) son naderías. Quienes vieron en el Presidente a un luchador contra las mafias sindicales y empresariales quedarán decepcionados.
Por último, no hay que dejar en el tintero el hecho de que los últimos gobiernos federales han ido quitando paulatinamente presupuesto a LyFC, lo que le ha impedido modernizar equipos e instalaciones: su “ineficiencia” pasa por este hecho claramente, y no por otra cosa. Si ha seguido funcionando con razonable éxito es gracias al esfuerzo de sus trabajadores (sigue siendo una empresa mejor valorada por sus usuarios que la CFE, a quien el Gobierno ha puesto como su ejemplo de “empresa pública de clase mundial” y que se hará cargo de suministrar el servicio que antes daba LyFC). De nuevo, resulta muy sospechoso que el mal desempeño (relativo si lo comparamos con cualquier compañía mexicana) de una empresa atacada por doquiera por el Gobierno (dejándola sin dinero, administrándola mal) sea achacado en exclusiva a sus trabajadores y a su Sindicato.
LAS VERDADERAS CAUSAS: EL SINDICALISMO INCÓMODO, LA PRIVATIZACIÓN Y EL NEGOCIO DEL TRIPLE PLAY
A nadie extrañará que este asunto sea una piedra más en el camino de la privatización de los sectores estratégicos de la energía y sea esta la causa oculta general del conflicto. La mala administración impuesta desde el gobierno, las falsas acusaciones, la “desaparición”, solo se entienden como una forma de allanar el terreno para privatizar. Aunque el Presidente ha negado una y otra vez este hecho, la bancada del PAN ha declarado abiertamente ya esta intención. De nuevo, a nadie sorprende, pues la privatización de la energía eléctrica en México está ya muy avanzada. Violando la Constitución se han ido otorgando más y más permisos “especiales” (más de 700) a particulares para generar energía eléctrica, mientras LyFC fue quedando como una empresa pública, pero dedicada únicamente a la distribución: así se salva la cara ante la opinión pública contraria a privatizar, y no pierden dinero (la distribución no es un negocio grande, luego no importa).
¿Por qué ahora LyFC? La causa oculta particular que está detrás del golpe a LyFC se encuentra en el negocio de la fibra óptica y del “triple play”. Un negocio multimillonario por el que compiten empresarios y políticos mexicanos. El triple play es una tecnología que permite trasmitir televisión, internet, y teléfono a través de redes de fibra óptica al mismo tiempo. De este tipo de redes, LyFC tiene más de mil kilómetros a lo largo del país, lo que la convierte en un negocio de varios miles de millones de dólares. El Sindicato Mexicano de Electricistas y la empresa lo sabían, por lo que desde 2008 empezaron a gestionar el permiso para usar estas (sus) redes para ofrecer servicio de “triple play” (barato o hasta gratuito). Lo que ocurrió fue que toparon con los límites del capitalismo de “cuates” que opera en México (Dresser dixit), pues aunque no había impedimento legal para que el gobierno otorgara dichos permisos, había uno de facto: que en la pelea por el negocio de la fibra óptica estaban empresarios como Slim (magnate mundial y dueño de la telefonía del país) y Azcárraga (dueño de una de las televisoras que integran el duopolio nacional), y empresas como Telefónica y WL Comunicaciones ( en la que participan políticos de las filas del partido del presidente como Canales Clariond o Martens). Amén de que dejar transmitir “triple play” a LyFC y al SME hubiera dado fuerza a un sindicato incómodo y a una paraestatal, fomentado la verdadera competencia y obligado a bajar los precios. En suma, hubiera roto las reglas del manejo de los negocios en el país: la competencia entre monopolios de amigos (del gobierno).
¿Por qué el SME? Como se ha dicho, la acusación de corruptos, bandidos, privilegiados, hacia los trabajadores de LyFC y el SME difícilmente se sostiene (y utilizando un doble rasero). El hecho de que hubiese puntuales casos de corrupción en un Sindicato no justifica el despido de 44 mil trabajadores. Y, si efectivamente el gobierno dio por desaparecida la empresa por esta razón, esa forma de gestionar un problema no dice nada del “buen gobierno” del Ejecutivo y si, mucho, de su torpeza. De hecho el SME es uno de los pocos sindicatos democráticos que existen en México (sus líderes se renuevan cada dos años), y que siempre ha tenido un perfil luchador en materia laboral y por la democratización, desde su fundación en 1914. Se ha opuesto a la privatización de un servicio básico como la electricidad con el PRI de Zedillo y con los dos presidentes del PAN: Fox y Calderón. El verdadero problema del gobierno con este sindicato es sencillo: su actual dirección se ha manifestado abiertamente a favor de la principal figura de oposición al gobierno de Calderón: Andrés Manuel López Obrador, lo que le ha granjeado muchos choques con el Ejecutivo. Este es el último.
No es mi intención con todo esto defender a alguna de las mafias sindicales, que existen y han hecho tanto daño al país. La cuestión es otra: es el hecho de que para golpear a un sindicato opositor y dejar paso a algunos empresarios y políticos a un negocio millonario (y de paso privatizar un sector estratégico), no se tenga empacho en poner en la calle a decenas de miles de trabajadores y orquestar una campaña nacional basada en engaños. Eso obliga a decir algo. Y a decirlo claro: las verdaderas razones del Gobierno no son los argumentos oscuros (y finalmente falsos) que utiliza para justificarse. El golpe a LyFC y al SME es un golpe a la clase trabajadora nacional que vulnera los principios que rigen la convivencia democrática. Y un ejemplo de lo peor del gobierno encabezado por Felipe Calderón.
César Morales Oyarvide - Politólogo mexicano.