14 de abril de 2009, 8:34
NUEVATRIBUNA.ES / FUNDACIÓN SISTEMAS | 6.2.2009
Lo que está en juego en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid es mucho más trascendente, de mayor calado, que una mera historia de espionaje que, de ser demostrada su existencia, podría y debería suponer ceses inmediatos en los cargos políticos responsables. El daño menor para la salud democrática sería que ese gravísimo atentado contra los derechos básicos de cualquier ciudadano pudiera resolverse con la identificación de algún culpable, tanto a escala de responsabilidades políticas como en sede judicial. Se extirpa el órgano dañado y se salva la vida antes de que se produzca la metástasis. La amenaza latente, en vista de los primeros pronunciamientos de la máxima responsable del Partido Popular en Madrid y en el gobierno de la Comunidad es, sin embargo, que se intente negar la existencia del mal y se pongan todas las trabas posibles al equipo médico para que no pueda emitir su diagnóstico.
La imposición como presidente de la Comisión, de un miembro fidelísimo de la guardia de corps de Esperanza Aguirre genera las más legítimas sospechas de que se va a intentar obstaculizar, desde la interpretación más cerrada del reglamento, la labor de la oposición, ya de por sí coartada en su capacidad de llegar al fondo de cada cuestión planteada por la imposibilidad de repreguntar a los comparecientes.
Los esfuerzos de Esperanza Aguirre por minimizar los daños inevitables de un suceso que ha puesto de manifiesto las luchas intestinas entre los diversos grupos que optan a hacerse con el control político y económico de la Comunidad, todos con la marca PP, deben ser denunciados con la máxima firmeza y expuestos al conocimiento y juicio último de la sociedad. Se tiene que saber que si hay una Comisión investigadora no ha sido por su iniciativa sino que la ha aceptado cuando desde su propio partido, desde instancias que no podía dominar plenamente, se había dado orden de hacerlo. En aplicación de la teoría del mal menor ha preferido que el escenario sea un territorio en el que piensa poder manejar a su antojo el director, la mayoría de los actores y el cuadro de luces. Por el momento lo único que puede escapar a su obsesión totalitaria de poder en esta que considera su “finca de Ambiciones” es la reacción del público y de la crítica. Por eso es prioritario, imprescindible, que los ciudadanos asistan a la integridad de la obra dramática y que se garantice la pluralidad en la transmisión y valoración de los medios informativos.
Todas las argucias habituales en el repertorio de Esperanza Aguirre, capaz de comenzar afirmando que “todo era un montaje de El País”, y ahora enrabietada porque el propio Rajoy admita la existencia de “dossiers” y dé credibilidad a las denuncias, serían débil cortina de humo frente a una transmisión íntegra de las sesiones por Telemadrid, aunque ella prefiera los montajes selectivos realizados desde su mando a distancia. En todo caso, la oposición montará su propia estrategia para hacer llegar a la sociedad los elementos clave de un escándalo político sobre el que sobrevuela la sospecha de la corrupción económica. Está en juego la salud democrática en la Comunidad de Madrid y tenemos el convencimiento de que existe ya una indignación por las prácticas de la Presidenta que es transversal y que la experimentan con dolor también quienes se sienten miembros de la derecha civilizada y aplauden que un dirigente socialista madrileño denuncie que hay otra derecha que merece el calificativo de “facha”.
Eduardo Sotillos es periodista y, actualmente, secretario de Comunicación y Estrategia del PSM
Lo que está en juego en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid es mucho más trascendente, de mayor calado, que una mera historia de espionaje que, de ser demostrada su existencia, podría y debería suponer ceses inmediatos en los cargos políticos responsables. El daño menor para la salud democrática sería que ese gravísimo atentado contra los derechos básicos de cualquier ciudadano pudiera resolverse con la identificación de algún culpable, tanto a escala de responsabilidades políticas como en sede judicial. Se extirpa el órgano dañado y se salva la vida antes de que se produzca la metástasis. La amenaza latente, en vista de los primeros pronunciamientos de la máxima responsable del Partido Popular en Madrid y en el gobierno de la Comunidad es, sin embargo, que se intente negar la existencia del mal y se pongan todas las trabas posibles al equipo médico para que no pueda emitir su diagnóstico.
La imposición como presidente de la Comisión, de un miembro fidelísimo de la guardia de corps de Esperanza Aguirre genera las más legítimas sospechas de que se va a intentar obstaculizar, desde la interpretación más cerrada del reglamento, la labor de la oposición, ya de por sí coartada en su capacidad de llegar al fondo de cada cuestión planteada por la imposibilidad de repreguntar a los comparecientes.
Los esfuerzos de Esperanza Aguirre por minimizar los daños inevitables de un suceso que ha puesto de manifiesto las luchas intestinas entre los diversos grupos que optan a hacerse con el control político y económico de la Comunidad, todos con la marca PP, deben ser denunciados con la máxima firmeza y expuestos al conocimiento y juicio último de la sociedad. Se tiene que saber que si hay una Comisión investigadora no ha sido por su iniciativa sino que la ha aceptado cuando desde su propio partido, desde instancias que no podía dominar plenamente, se había dado orden de hacerlo. En aplicación de la teoría del mal menor ha preferido que el escenario sea un territorio en el que piensa poder manejar a su antojo el director, la mayoría de los actores y el cuadro de luces. Por el momento lo único que puede escapar a su obsesión totalitaria de poder en esta que considera su “finca de Ambiciones” es la reacción del público y de la crítica. Por eso es prioritario, imprescindible, que los ciudadanos asistan a la integridad de la obra dramática y que se garantice la pluralidad en la transmisión y valoración de los medios informativos.
Todas las argucias habituales en el repertorio de Esperanza Aguirre, capaz de comenzar afirmando que “todo era un montaje de El País”, y ahora enrabietada porque el propio Rajoy admita la existencia de “dossiers” y dé credibilidad a las denuncias, serían débil cortina de humo frente a una transmisión íntegra de las sesiones por Telemadrid, aunque ella prefiera los montajes selectivos realizados desde su mando a distancia. En todo caso, la oposición montará su propia estrategia para hacer llegar a la sociedad los elementos clave de un escándalo político sobre el que sobrevuela la sospecha de la corrupción económica. Está en juego la salud democrática en la Comunidad de Madrid y tenemos el convencimiento de que existe ya una indignación por las prácticas de la Presidenta que es transversal y que la experimentan con dolor también quienes se sienten miembros de la derecha civilizada y aplauden que un dirigente socialista madrileño denuncie que hay otra derecha que merece el calificativo de “facha”.
Eduardo Sotillos es periodista y, actualmente, secretario de Comunicación y Estrategia del PSM