29 de septiembre de 2010, 16:26
NUEVATRIBUNA.ES - 4.1.2010
Puede resultar sorprendente hablar de entrada de un estado federal referido a España cuando tan habituados estamos en hablar de “Estado de las Autonomías”. Sin embargo, esta denominación ha sido resultado de un proceso de negociación entre los partidos tardofranquistas (AP, UCD), la izquierda en el momento de la llamada Transición, como eran el PSOE, más como recuerdo y deseo en las mentes de los españoles; el PCE como única realidad de izquierdas y de lucha contra la dictadura franquista en su momento, y, en mucha menor medida, de algunos partidos nacionalistas de las llamadas “nacionalidades históricas”, aunque nunca fueran una nación, un país o un estado, salvo en épocas pre-modernas. De aquella negociación que buscó la neutralidad de los franquistas, del clero y de los militares -que no eran tampoco conjuntos disjuntos- ha devenido este estado... federal... imperfecto. Federal, porque no existen más que dos tipos de estados democráticos: centralizados o centralistas y federales. Todo lo demás son milongas y regates para no llamar las cosas por su nombre, ese sublime arte de la diplomacia. Y digo que sólo existen esos dos si partimos de lo que dicen los clásicos sobre qué es un Estado. Son tres cosas básicamente: una población, un territorio y un principio de soberanía. Lo de qué sea una nación o un país ya lo tengo menos claro y, seguramente, existirán tantas nociones de naciones y países como personas. Por mi parte sigo en esto al escritor vallisoletano y aficionado a la caza: mi patria es mi infancia. La confusión sobre estas cosas es notable. Incluso un sindicalista de cierto cargo institucional -no me meto en temas de liderazgo- hablaba en esta misma tribuna de “Estado Central” en un artículo. Pues bien, en España simplemente no existe ese supuesto “Estado Central”. Parece un error de poca monta, pero da una idea del estado -valga la redundancia- de confusión de la cuestión política.
Volviendo a las tres cosas que caracterizan a un Estado, sea el que sea, España es un estado federal simplemente por dos cosas que se reducen a una: 1) porque tiene su territorio y su población dividida en 17 zonas -y dos ciudades- donde se eligen Parlamentos con capacidad, obviamente, de legislación; 2) porque tiene competencias transferidas desde el Parlamento de la Nación a las Comunidades donde se legisla dentro de sus competencias. Estamos en el mismo caso -con todas las diferencias que se quiera- que la Alemania de los länders o los estados de los EE.UU. Los países que tienen centralizado la labor legislativa no tienen otros Parlamentos. Pueden tener más o menos descentralizada la política económica, cultural, de defensa, policial, etc., pero legisla un sólo Parlamento (con una o dos Cámaras). ¿Resulta obvio o trivial? Pues debería ser así, pero si vemos como se comportan los medios de comunicación, los periodistas, los políticos, y muchos nacionalistas, etc., no lo parece. Esta es la diferencia, sine qua non, entre federalismo y centralismo. Pero hasta dónde debe llegar esta transferencia de competencias y cuáles son estas, discuten los políticos en activo y otros que ejercen de forma encubierta de ello (v.gr., Pedro J., M. Rouco, Aznar,). Pues bien, hay una barrera que nunca traspasa un estado federal por mucho que se afanen los que quieren llegar más y más lejos: que el Parlamento de la Nación está un peldaño por encima de los parlamentos federales o federalizados. Hay una jerarquía en la concreción institucional del principio de soberanía insoslayable. Si se va más allá, se llega al confederalismo o, simplemente, a la separación absoluta. Yo no quito ni pongo rey, pero ahí queda eso. Todo esto parece tan obvio que da grima y espanto pensar cuantas energías y debates insulsos, interesados, necios, obcecados, se hacen entre nacionalistas de las nacionalidades llamadas históricas y el nacionalismo tardofranquista (el P.P.), y también -por desgracia- con el federalismo acomplejado y algo cobarde del PSOE. La llamada Transición es un engendro de compromisos, pero no entre las derechas y las izquierdas democráticas en su momento para llegar a acuerdos a largo plazo sobre la forma jurídica de nuestro estado. No lo fue porque, ni había derecha democrática en 1975, 1976, 1977, 1978 -en mi opinión no la hay hoy- y porque la izquierda determinante que negoció -o permitió el tardofranquismo que negociara- se había tomado un descanso de 40 años. Lo que ha cambiado es que ahora sí hay un partido de izquierdas de masas, democrático al uso, además de otros partidos menores, nacionalistas y no nacionalistas, de izquierdas y de derechas. No hay, sin embargo, aún un partido de derechas, nacional, de masas y democrático. Lo que hay es el P.P., que es un rescoldo de la dictadura franquista, nostálgico de ella, cuyo líder natural, Aznar, que es un falangista tardío; con uno de sus presidentes, Fraga, que es un ex-ministro de la dictadura; con otro de ellos, Rajoy, que fue elegido a dedo por “el de las armas de destrucción masiva”, y con un núcleo duro de votantes que preferirían volver a la dictadura -con Aznar como nuevo “generalísimo” civil- a que gobierne el PSOE. Esperemos que con el tiempo se forme ese partido. Y todo esto está condicionando a la izquierda y a los sindicatos al menos por dos motivos o cuestiones, con el agravante de que, en lugar de aprovechar estos el error del adversario, es el adversario el que saca fruto de ello:
a) No reconocer que estamos en un estado federal no favorece a la izquierda, contra lo que pudiera creerse en un primer momento, sino que le viene que ni pintado al P.P.. Utiliza su centralismo secular, otorgado por derecho divino según su tradición, para fustigar a la Izquierda y al Gobierno de la Nación en cuanto negocia de una u otra manera, como puede y, a veces erróneamente, con las Comunidades. Y lo hace el P.P. con la esperanza de ganar más votos en su España una, grande y libre, que los que pierde en la España de las nacionalidades. De ahí el recurso contra el Estatuto catalán y su ferocidad contra Ibarreche -en su día- por sus consultas soberanistas. Es un problema de balance de votos para el P.P., porque para este partido la democracia es sólo eso, votos y un sistema electoral, ese obstáculo -piensan el núcleo duro de sus votantes- que nos han traído los progres, rojos, separatistas y demás gente de mal vivir. Lo de masones y maricones ya lo han olvidado o lo guardan para otros lugares y momentos. Y al no tener una Cámara Federal donde se discutan estas cosas, el Gobierno de España debe recurrir a la negociación bilateral, con la apariencia -aprovechada por el P.P., claro- de romper ese principio de jerarquía entre parlamentos que caracterizan el estado federal del que hablábamos.
Ítem más, ante este federalismo de quiero y no puedo, se crea el espejismo sociológico de que el Gobierno de la Nación es un “Estado” con más poder del que realmente tiene. Este no ejecuta más allá del 20% del total de los presupuestos, aunque recaude más del 50% por mor de los traspasos de las competencias. Teniendo en cuenta además que gran parte de las partidas presupuestarias tienen una inercia de compromiso ineludible, el Gobierno de la Nación no tiene más allá de unos 20.000 millones de presupuesto marginal a redistribuir directamente entre partidas de un año a otro. Puede tener más, es cierto, pero recurriendo al déficit y al endeudamiento. No es criticable eso, al menos desde mi punto de vista, en determinadas circunstancias como las de ahora, pero sólo constato el hecho para acotar los términos del problema y de la soluciones. De esta ilusión, de ese error, participan los sindicatos. ¡Por fin aparecen los sindicatos! Sí, parecía que no iba con ellos la cosa, pero todo lo político repercute en los sindicatos, mal que les pese a algunos -de fuera e, incluso, de dentro-. De este cúmulo de errores -falsa concepción de lo que es un estado federal, de lo que es el estado español de las Comunidades y del poder real sobre la economía del ejecutivo de la nación- surge la reivindicación de lo del cambio de modelo que los sindicatos han sostenido y sostienen aún. ¡Ojalá no tuviéramos que cambiar de modelo! Si no hay que reivindicarlo, porque no queda y no nos queda -¡por desgracia!- más remedio que ¡lamentar! su ineludible advenimiento. Desde la CEOE, la pequeña y mediana empresa y hasta el presidente de Gobierno, están de acuerdo con lo del cambio de modelo. ¿Para cuándo? Esta fue la pregunta que los sindicalistas omitieron en su reivindicación. Debieron pensar que ese cambio debía estar listo para estos Reyes Magos: ¿es posible eso en una economía del sólo mercado? ¿Con una participación de lo público 35% en el PIB? ¿Sin sector público empresarial significativo? ¿Con un margen de no más de 20.000 millones de euros de libre disposición del Gobierno de la Nación, siendo generosos? ¿En plena crisis, donde son otros los problemas acuciantes? Ha sido un error de planteamiento y sigue siéndolo. A corto, incluso a medio plazo, son más los empleos que se han perdido que los que presumiblemente se ganarán, incluso en el mejor de los escenarios posibles. Y si no, al tiempo. No es que haya que rehuir el cambio de modelo porque este se dará por añadidura, pero reivindicarlo como la solución al aumento del paro de estos dos últimos años es un absoluto sin sentido en el que han caído los sindicatos. Es mi punto de vista. Es, por su puesto, un punto de vista heterodoxo, pero el tiempo dirá.
b) Ante la demagogia de la derecha, a la izquierda y a los sindicatos les interesa un estado federal con todas las consecuencias. Una de ellas es la absoluta separación de las fuentes de financiación. Que una analfabeta funcional como Esperanza Aguirre utilice sus medios -TeleMadrid, principalmente-, para reivindicar dinero de los Presupuestos Generales del Estado que no le corresponde ante las dificultades de la financiación de la sanidad pública madrileña por obra y gracia -desgracia- de su privatización, es sólo posible porque confía en el también analfabetismo político y su antisocialismo, avant la lettre, del núcleo duro de sus votantes, que no van a distinguir -ni quieren- entre competencias. Y no sólo ella, sino que enanos políticos como los Beteta y los Güemes le bailen el agua a la líder de lo palurdo, da una idea del potencial demagógico que tiene para la derecha tardofranquista este estado federal imperfecto, defectuoso, inacabado, insuficiente y cabreante, que es el “Estados de las Autonomías” actual. Y esto repercute de nuevo en los sindicatos, que tienen que luchar parceladamente contra la política privatizadora de esta señora y de Camps en Valencia, sin que pueda extenderse la reivindicación y la lucha de lo público a nivel nacional, porque no es el caso ni siquiera en todos los lugares donde gobierna el P.P. Si esta señora fuera presidenta del Gobierno de la Nación no se atrevería a una política privatizadora generalizada, porque sus mismos compadres de partido se lo impedirían por miedo a la pérdida de votos. Esa es una de las razones -y no la única- por la que entiendo que los sindicatos deberían reivindicar -otra vez el verbo, lo siento- el traspaso de las competencias de la Sanidad al Parlamento de la Nación y, por ende, a su Ejecutivo y a la Administración Central. Así, sin miedo y sin complejos. Los sindicatos son libres de luchar por lo que estimen conveniente para sus afiliados y, si lo estiman oportuno, para todos los ciudadanos.
Volvemos a la fiscalidad. Nada de impuestos propios, cedidos y compartidos. Sólo dos tipos de impuestos: los que recaudan -no digo que legislen- enteramente las diferentes Autonomías y los que recauda la Administración Central como órgano administrativo del Parlamento de la Nación y del Gobierno de la Nación. Legislar es otra cosa. Aquí las posibilidades son muchas, pero con una salvedad y que es consecuencia de consideraciones anteriores: que en un estado federal como el nuestro -con sus defectos- la soberanía y la labor legislativa están jerarquizadas. Se entiende sin más explicación. Si se llegara a este estadio de federalismo consecuente, cada ciudadano sabría -como lo saben en Alemania y en USA- a dónde reclamar, a dónde van a parar los impuestos y desde dónde se reciben los servicios. Por supuesto que el Gobierno de la Nación, en su potestad y competencias de acuerdo con la constitución, leyes orgánicas y ordinarias, podría hacer la labor redistributiva entre territorios y personas que estime oportuno, pero ya desde los presupuestos y competencias propias, sin impuestos compartidos y sin gastos participativos.
Hay o pueden considerarse más motivos para defender un estado federal consecuente. Por ejemplo, en un estado federal, donde no hay privilegios de competencias, no habría “cupos” que defender, porque los estados -o autonomías, que por la semántica no vamos a discutir- serían todas de “cupo” y, por serlo todas, no lo sería ninguna. No habría sistemas fiscales distintos, ni sistemas forales de privilegio, porque todos tendrían el mismo, salvo que alguna autonomía o federación renunciara al cobro de algún impuesto. Ese sería un tema político a resolver desde la política, que para eso está. Todas las competencias serían discutibles y discutidas y, llegado el momento, podrían aumentarse o... disminuirse, pero en todas las Autonomías, en las 17. Así, sin complejos. Sí, café para todos, pero cada uno se haría y se pagaría el suyo con sus ingresos propios. Decía Ortega y Gasset que el tema catalán era un problema sin resolver e irresoluble. No estoy de acuerdo con el insigne... madrileño. Hay una solución: convertir en 17 el problema catalán: automáticamente dejaría de ser un problema, porque lo es, precisamente, no porque sea un problema catalán, sino porque es uno. Alemania, USA, Francia y Gran Bretaña han tenido a lo largo de la historia su “problema catalán” y lo han resuelto: convirtiendo en múltiples länders los germanos, en múltiples estados federales los yanquis, los británicos con el colonialismo lo mal resolvieron y los franceses con el republicanismo.
Mientras no se resuelvan estos problemas sobre el Estado, no sólo los políticos, no sólo la izquierda, encontrarán obstáculos en su avance, sino también los sindicatos, aunque parezca que no va con ellos, con los ciudadanos a los que defienden. Y ello porque hay un obstáculo peor que el que no se ve: el que no se espera.
Antonio Mora Plaza - Economista.
Puede resultar sorprendente hablar de entrada de un estado federal referido a España cuando tan habituados estamos en hablar de “Estado de las Autonomías”. Sin embargo, esta denominación ha sido resultado de un proceso de negociación entre los partidos tardofranquistas (AP, UCD), la izquierda en el momento de la llamada Transición, como eran el PSOE, más como recuerdo y deseo en las mentes de los españoles; el PCE como única realidad de izquierdas y de lucha contra la dictadura franquista en su momento, y, en mucha menor medida, de algunos partidos nacionalistas de las llamadas “nacionalidades históricas”, aunque nunca fueran una nación, un país o un estado, salvo en épocas pre-modernas. De aquella negociación que buscó la neutralidad de los franquistas, del clero y de los militares -que no eran tampoco conjuntos disjuntos- ha devenido este estado... federal... imperfecto. Federal, porque no existen más que dos tipos de estados democráticos: centralizados o centralistas y federales. Todo lo demás son milongas y regates para no llamar las cosas por su nombre, ese sublime arte de la diplomacia. Y digo que sólo existen esos dos si partimos de lo que dicen los clásicos sobre qué es un Estado. Son tres cosas básicamente: una población, un territorio y un principio de soberanía. Lo de qué sea una nación o un país ya lo tengo menos claro y, seguramente, existirán tantas nociones de naciones y países como personas. Por mi parte sigo en esto al escritor vallisoletano y aficionado a la caza: mi patria es mi infancia. La confusión sobre estas cosas es notable. Incluso un sindicalista de cierto cargo institucional -no me meto en temas de liderazgo- hablaba en esta misma tribuna de “Estado Central” en un artículo. Pues bien, en España simplemente no existe ese supuesto “Estado Central”. Parece un error de poca monta, pero da una idea del estado -valga la redundancia- de confusión de la cuestión política.
Volviendo a las tres cosas que caracterizan a un Estado, sea el que sea, España es un estado federal simplemente por dos cosas que se reducen a una: 1) porque tiene su territorio y su población dividida en 17 zonas -y dos ciudades- donde se eligen Parlamentos con capacidad, obviamente, de legislación; 2) porque tiene competencias transferidas desde el Parlamento de la Nación a las Comunidades donde se legisla dentro de sus competencias. Estamos en el mismo caso -con todas las diferencias que se quiera- que la Alemania de los länders o los estados de los EE.UU. Los países que tienen centralizado la labor legislativa no tienen otros Parlamentos. Pueden tener más o menos descentralizada la política económica, cultural, de defensa, policial, etc., pero legisla un sólo Parlamento (con una o dos Cámaras). ¿Resulta obvio o trivial? Pues debería ser así, pero si vemos como se comportan los medios de comunicación, los periodistas, los políticos, y muchos nacionalistas, etc., no lo parece. Esta es la diferencia, sine qua non, entre federalismo y centralismo. Pero hasta dónde debe llegar esta transferencia de competencias y cuáles son estas, discuten los políticos en activo y otros que ejercen de forma encubierta de ello (v.gr., Pedro J., M. Rouco, Aznar,). Pues bien, hay una barrera que nunca traspasa un estado federal por mucho que se afanen los que quieren llegar más y más lejos: que el Parlamento de la Nación está un peldaño por encima de los parlamentos federales o federalizados. Hay una jerarquía en la concreción institucional del principio de soberanía insoslayable. Si se va más allá, se llega al confederalismo o, simplemente, a la separación absoluta. Yo no quito ni pongo rey, pero ahí queda eso. Todo esto parece tan obvio que da grima y espanto pensar cuantas energías y debates insulsos, interesados, necios, obcecados, se hacen entre nacionalistas de las nacionalidades llamadas históricas y el nacionalismo tardofranquista (el P.P.), y también -por desgracia- con el federalismo acomplejado y algo cobarde del PSOE. La llamada Transición es un engendro de compromisos, pero no entre las derechas y las izquierdas democráticas en su momento para llegar a acuerdos a largo plazo sobre la forma jurídica de nuestro estado. No lo fue porque, ni había derecha democrática en 1975, 1976, 1977, 1978 -en mi opinión no la hay hoy- y porque la izquierda determinante que negoció -o permitió el tardofranquismo que negociara- se había tomado un descanso de 40 años. Lo que ha cambiado es que ahora sí hay un partido de izquierdas de masas, democrático al uso, además de otros partidos menores, nacionalistas y no nacionalistas, de izquierdas y de derechas. No hay, sin embargo, aún un partido de derechas, nacional, de masas y democrático. Lo que hay es el P.P., que es un rescoldo de la dictadura franquista, nostálgico de ella, cuyo líder natural, Aznar, que es un falangista tardío; con uno de sus presidentes, Fraga, que es un ex-ministro de la dictadura; con otro de ellos, Rajoy, que fue elegido a dedo por “el de las armas de destrucción masiva”, y con un núcleo duro de votantes que preferirían volver a la dictadura -con Aznar como nuevo “generalísimo” civil- a que gobierne el PSOE. Esperemos que con el tiempo se forme ese partido. Y todo esto está condicionando a la izquierda y a los sindicatos al menos por dos motivos o cuestiones, con el agravante de que, en lugar de aprovechar estos el error del adversario, es el adversario el que saca fruto de ello:
a) No reconocer que estamos en un estado federal no favorece a la izquierda, contra lo que pudiera creerse en un primer momento, sino que le viene que ni pintado al P.P.. Utiliza su centralismo secular, otorgado por derecho divino según su tradición, para fustigar a la Izquierda y al Gobierno de la Nación en cuanto negocia de una u otra manera, como puede y, a veces erróneamente, con las Comunidades. Y lo hace el P.P. con la esperanza de ganar más votos en su España una, grande y libre, que los que pierde en la España de las nacionalidades. De ahí el recurso contra el Estatuto catalán y su ferocidad contra Ibarreche -en su día- por sus consultas soberanistas. Es un problema de balance de votos para el P.P., porque para este partido la democracia es sólo eso, votos y un sistema electoral, ese obstáculo -piensan el núcleo duro de sus votantes- que nos han traído los progres, rojos, separatistas y demás gente de mal vivir. Lo de masones y maricones ya lo han olvidado o lo guardan para otros lugares y momentos. Y al no tener una Cámara Federal donde se discutan estas cosas, el Gobierno de España debe recurrir a la negociación bilateral, con la apariencia -aprovechada por el P.P., claro- de romper ese principio de jerarquía entre parlamentos que caracterizan el estado federal del que hablábamos.
Ítem más, ante este federalismo de quiero y no puedo, se crea el espejismo sociológico de que el Gobierno de la Nación es un “Estado” con más poder del que realmente tiene. Este no ejecuta más allá del 20% del total de los presupuestos, aunque recaude más del 50% por mor de los traspasos de las competencias. Teniendo en cuenta además que gran parte de las partidas presupuestarias tienen una inercia de compromiso ineludible, el Gobierno de la Nación no tiene más allá de unos 20.000 millones de presupuesto marginal a redistribuir directamente entre partidas de un año a otro. Puede tener más, es cierto, pero recurriendo al déficit y al endeudamiento. No es criticable eso, al menos desde mi punto de vista, en determinadas circunstancias como las de ahora, pero sólo constato el hecho para acotar los términos del problema y de la soluciones. De esta ilusión, de ese error, participan los sindicatos. ¡Por fin aparecen los sindicatos! Sí, parecía que no iba con ellos la cosa, pero todo lo político repercute en los sindicatos, mal que les pese a algunos -de fuera e, incluso, de dentro-. De este cúmulo de errores -falsa concepción de lo que es un estado federal, de lo que es el estado español de las Comunidades y del poder real sobre la economía del ejecutivo de la nación- surge la reivindicación de lo del cambio de modelo que los sindicatos han sostenido y sostienen aún. ¡Ojalá no tuviéramos que cambiar de modelo! Si no hay que reivindicarlo, porque no queda y no nos queda -¡por desgracia!- más remedio que ¡lamentar! su ineludible advenimiento. Desde la CEOE, la pequeña y mediana empresa y hasta el presidente de Gobierno, están de acuerdo con lo del cambio de modelo. ¿Para cuándo? Esta fue la pregunta que los sindicalistas omitieron en su reivindicación. Debieron pensar que ese cambio debía estar listo para estos Reyes Magos: ¿es posible eso en una economía del sólo mercado? ¿Con una participación de lo público 35% en el PIB? ¿Sin sector público empresarial significativo? ¿Con un margen de no más de 20.000 millones de euros de libre disposición del Gobierno de la Nación, siendo generosos? ¿En plena crisis, donde son otros los problemas acuciantes? Ha sido un error de planteamiento y sigue siéndolo. A corto, incluso a medio plazo, son más los empleos que se han perdido que los que presumiblemente se ganarán, incluso en el mejor de los escenarios posibles. Y si no, al tiempo. No es que haya que rehuir el cambio de modelo porque este se dará por añadidura, pero reivindicarlo como la solución al aumento del paro de estos dos últimos años es un absoluto sin sentido en el que han caído los sindicatos. Es mi punto de vista. Es, por su puesto, un punto de vista heterodoxo, pero el tiempo dirá.
b) Ante la demagogia de la derecha, a la izquierda y a los sindicatos les interesa un estado federal con todas las consecuencias. Una de ellas es la absoluta separación de las fuentes de financiación. Que una analfabeta funcional como Esperanza Aguirre utilice sus medios -TeleMadrid, principalmente-, para reivindicar dinero de los Presupuestos Generales del Estado que no le corresponde ante las dificultades de la financiación de la sanidad pública madrileña por obra y gracia -desgracia- de su privatización, es sólo posible porque confía en el también analfabetismo político y su antisocialismo, avant la lettre, del núcleo duro de sus votantes, que no van a distinguir -ni quieren- entre competencias. Y no sólo ella, sino que enanos políticos como los Beteta y los Güemes le bailen el agua a la líder de lo palurdo, da una idea del potencial demagógico que tiene para la derecha tardofranquista este estado federal imperfecto, defectuoso, inacabado, insuficiente y cabreante, que es el “Estados de las Autonomías” actual. Y esto repercute de nuevo en los sindicatos, que tienen que luchar parceladamente contra la política privatizadora de esta señora y de Camps en Valencia, sin que pueda extenderse la reivindicación y la lucha de lo público a nivel nacional, porque no es el caso ni siquiera en todos los lugares donde gobierna el P.P. Si esta señora fuera presidenta del Gobierno de la Nación no se atrevería a una política privatizadora generalizada, porque sus mismos compadres de partido se lo impedirían por miedo a la pérdida de votos. Esa es una de las razones -y no la única- por la que entiendo que los sindicatos deberían reivindicar -otra vez el verbo, lo siento- el traspaso de las competencias de la Sanidad al Parlamento de la Nación y, por ende, a su Ejecutivo y a la Administración Central. Así, sin miedo y sin complejos. Los sindicatos son libres de luchar por lo que estimen conveniente para sus afiliados y, si lo estiman oportuno, para todos los ciudadanos.
Volvemos a la fiscalidad. Nada de impuestos propios, cedidos y compartidos. Sólo dos tipos de impuestos: los que recaudan -no digo que legislen- enteramente las diferentes Autonomías y los que recauda la Administración Central como órgano administrativo del Parlamento de la Nación y del Gobierno de la Nación. Legislar es otra cosa. Aquí las posibilidades son muchas, pero con una salvedad y que es consecuencia de consideraciones anteriores: que en un estado federal como el nuestro -con sus defectos- la soberanía y la labor legislativa están jerarquizadas. Se entiende sin más explicación. Si se llegara a este estadio de federalismo consecuente, cada ciudadano sabría -como lo saben en Alemania y en USA- a dónde reclamar, a dónde van a parar los impuestos y desde dónde se reciben los servicios. Por supuesto que el Gobierno de la Nación, en su potestad y competencias de acuerdo con la constitución, leyes orgánicas y ordinarias, podría hacer la labor redistributiva entre territorios y personas que estime oportuno, pero ya desde los presupuestos y competencias propias, sin impuestos compartidos y sin gastos participativos.
Hay o pueden considerarse más motivos para defender un estado federal consecuente. Por ejemplo, en un estado federal, donde no hay privilegios de competencias, no habría “cupos” que defender, porque los estados -o autonomías, que por la semántica no vamos a discutir- serían todas de “cupo” y, por serlo todas, no lo sería ninguna. No habría sistemas fiscales distintos, ni sistemas forales de privilegio, porque todos tendrían el mismo, salvo que alguna autonomía o federación renunciara al cobro de algún impuesto. Ese sería un tema político a resolver desde la política, que para eso está. Todas las competencias serían discutibles y discutidas y, llegado el momento, podrían aumentarse o... disminuirse, pero en todas las Autonomías, en las 17. Así, sin complejos. Sí, café para todos, pero cada uno se haría y se pagaría el suyo con sus ingresos propios. Decía Ortega y Gasset que el tema catalán era un problema sin resolver e irresoluble. No estoy de acuerdo con el insigne... madrileño. Hay una solución: convertir en 17 el problema catalán: automáticamente dejaría de ser un problema, porque lo es, precisamente, no porque sea un problema catalán, sino porque es uno. Alemania, USA, Francia y Gran Bretaña han tenido a lo largo de la historia su “problema catalán” y lo han resuelto: convirtiendo en múltiples länders los germanos, en múltiples estados federales los yanquis, los británicos con el colonialismo lo mal resolvieron y los franceses con el republicanismo.
Mientras no se resuelvan estos problemas sobre el Estado, no sólo los políticos, no sólo la izquierda, encontrarán obstáculos en su avance, sino también los sindicatos, aunque parezca que no va con ellos, con los ciudadanos a los que defienden. Y ello porque hay un obstáculo peor que el que no se ve: el que no se espera.
Antonio Mora Plaza - Economista.