Como es sabido, el Gobierno del Partido Popular ha acometido políticas de recorte de derechos sociales (educación, sanidad, pensiones, atención a la dependencia, cultura, servicios sociales, transportes, etc…), políticas fiscales y de empleo, contrarias a lo que el propio programa electoral del PP contenía en su letra. Este es uno de los principales argumentos que motivan esta convocatoria de huelga: la ausencia de la democracia social que ha de extenderse desde el Gobierno en la puesta en marcha de sus políticas hacia los ciudadanos, a través de los mecanismos de diálogo y el consenso de voluntades en objetivos comunes. Y con ello el presunto fraude que conlleva que la ciudadanía desconozca y no participe de las decisiones de quien les gobierna.
Es en esta circunstancia donde se sitúa la profunda fractura social que evidencia la necesidad de convocatoria de una huelga general: no sólo la ausencia de diálogo o voluntad de consenso social, sino la auténtica sordera de un Gobierno, el popular, que desoye una y otra vez las constantes protestas de casi todos los colectivos de empleadas y empleados de este país. Y aún más grave: están generando de manera consciente una bolsa cada vez mayor de excluidos sociales pues sus políticas sólo consiguen aumentar considerablemente la desigualdad social, con el despido de trabajadores, la falta de protección de estos y con ello la miseria y exclusión de un número creciente de ciudadanos hasta ahora pertenecientes a la clase media, auténticamente desmantelada por sus políticas.
Entre esos colectivos en constante protesta se encuentran las empleadas y empleados públicos.
La petición por parte de las organizaciones sindicales de que el Gobierno acepte someter a referéndum sus políticas es perfectamente válida para los servicios públicos. No en vano gran parte de esas políticas van dirigidas contra estos, recortándolos e incluso desmantelándolos a través de descaradas privatizaciones. Y contra los trabajadores de estos servicios públicos, para quienes esta falta de consenso social del Gobierno se ha manifestado a través de despidos, imposición de recortes de derechos laborales y salariales y en la ausencia de diálogo y negociación colectiva.
Desde que el PP accediera al Gobierno ahora hace casi un año, las Administraciones Públicas han estado permanentemente en su punto de mira, con un doble objetivo: recortar su tamaño a través de privatizaciones y reducir los costes y el personal de las mismas. A golpe de Real Decreto Ley de los bien llamados “viernes negros” ha revertido el desarrollo democrático de 30 años de Servicios Públicos en nuestro país, acometiendo una de las mayores reformas de las Administraciones Públicas del periodo democrático, que ostenta el dudoso honor de ser la más impuesta y falta de diálogo, en suma, la más agresiva para los trabajadores y traumática para la sociedad que ve constantemente mermados sus derechos y su estado del bienestar.
Pero lo peor es que esto no termina aquí, que el paquete de reformas de las Administraciones Públicas impuestas mediante Real Decreto Ley aún nos depara normas casi ultimadas como son el Reglamento de despidos colectivos, donde se legaliza el despido libre en las Administraciones Públicas y la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, donde se recortan de forma considerable las competencias de los Ayuntamientos, suponiendo la eliminación en la práctica de todo servicio público que conlleve déficit en su prestación. Y esto nos da la segunda gran causa legítima motivadora de una Huelga General.
Hay que parar esto, hay que expresar el rechazo a todo esto en su máxima intensidad social para que el Gobierno frene, gire en sus políticas. Porque es cierto, pueden acabar con el futuro de todas y todos.
El Gobierno está desarrollando una ingeniería jurídica del Real Decreto Ley para crear una estructura impuesta de los servicios públicos muy distinta a la que hasta ahora conocíamos y que sólo beneficia a unos pocos desfavoreciendo al resto: quienes obtienen negocio a costa de privatizaciones de lo que es nuestro (véase Capio Sanidad). Esta estructura de los servicios públicos construye el modelo de sociedad que persigue el Gobierno del PP con sus políticas neoliberales: injusta, desestructurada, insolidaria, que es lo mismo que decir que nuestro bienestar social se aleja de las sociedades prósperas del norte para asemejarse a los países más al sur y fuera de Europa. Es en esos países donde es común ver multitud de jóvenes desocupados en las calles. Nuestro desempleo juvenil superior al 50% nos dice que no hay futuro. Una mayoría en las urnas no autoriza a nadie a acabar de golpe con un modelo social fruto del consenso y de años de lucha. Tenemos que hacer ver esta realidad, tenemos la obligación moral de luchar por nuestro futuro y el de nuestros hijos. No podemos consentirlo. Paremos el país el 14 de Noviembre. Entre todas y todos es posible.