Superado el 25 de Marzo, al fin descubrimos lo que los PGE escondían de forma deliberada: el recorte del 37,6% para Andalucía, incumpliendo su Estatuto -donde se fija una aportación presupuestaria proporcional a la población- como ya hizo el Partido Popular en tiempos de Aznar. Vistos los resultados electorales, sólo podemos hablar de reincidencia mutua entre el electorado andaluz y el PP: ni ellos tienen en cuenta en los presupuestos la población total de Andalucía, ni Andalucía deja que el PP la gobierne.
Pero no sólo se han ocultado los presupuestos a los andaluces por motivos electorales sino a todo el electorado nacional, ya que si nos remitimos a la campaña electoral del 20N y la comparamos con el desglose de las partidas de los PGE, descubrimos que una gran mayoría de estas obedecen a fines contrarios a lo establecido en el programa electoral del Partido Popular, al igual que ocurrió con la subida de impuestos -reiteradamente negada en el programa y la campaña-. Lo vemos:
Las personas usuarias de servicios sociales básicos (como los comedores sociales, por ejemplo) han crecido hasta alcanzar ya casi ocho millones de personas -una cifra que se ha incrementado en un 39% en el periodo de crisis y que sigue subiendo-. Sin embargo, el Gobierno ha dejado sin cobertura presupuestaria a 4,6 millones de estas personas usuarias necesitadas de servicios sociales básicos y mínimos, dejándolas enteramente abandonadas a los recursos financieros autonómicos o municipales, que, como sabemos, son muy escasos. En cuanto a las ayudas para personas dependientes, el recorte aumentará la cifra de 300.000 personas que, con el derecho reconocido, aún esperan su ayuda, y se anulan un tercio de las subvenciones para ayuda a domicilio (200.000 de los 600.000 usuarios de 2011 quedarán sin ayuda).
La dotación presupuestaria para los planes de empleo, que es donde se deberían plasmar las soluciones que ofrece el Gobierno para lo que decían era su prioridad, desciende un 21,3%, y la dotación para la formación de desempleados -pieza clave de las políticas activas de empleo- desciende un 34%. Si tenemos en cuenta que para este año el Gobierno prevé que se destruirán otros 631.100 puestos de trabajo, estos recortes suponen un deliberado abandono de la lucha contra el desempleo. Bueno, alguien sí que va a luchar en esta materia: Fátima Báñez ha declarado que perseguirá el fraude en el desempleo, el único que parece va a perseguir este Gobierno entre tanta amnistía. En cambio, las bonificaciones al empleo establecidas en la nueva reforma laboral crecen un 6,1% hasta 2.600 millones que irán, como no, a manos de los empresarios.. La única explicación recibida para esta alarmante falta de ideas (¿alguien sabe cómo piensan recualificar a los trabajadores para otros puestos de trabajo si eliminan la formación para el empleo?) y este ataque frontal a las políticas activas de empleo es el razonamiento del ministro-filósofo Cristóbal Montoro: “Hay cosas que no se pueden mantener porque no se puede”. Que es lo mismo que decir: “Oiga, pregúntele usted a otro que yo pasaba por aquí”.
A esto hay que añadir los recortes de Fomento, que conllevarán, según los expertos, el cierre de más de 2.500 empresas en el sector de la construcción y el despido de más de 200.000 trabajadores.
El caos vendrá cuando las CC.AA. tengan que gestionar todos estos recortes sumándolos a la minoración del 25% en la inversión del sector público estatal fijada en los PGE. Está todo calculado: a través de los PGE se crea la “causa de insuficiencia presupuestaria” que, en aplicación de la Disposición Adicional II de la Reforma Laboral, nada precipitada, todo lo contrario, da vía directa al despido de empleados públicos y la consiguiente disminución de servicios a la ciudadanía. Lo que no resulta creíble es que con estas medidas la previsión de crecimiento del desempleo que realiza el Gobierno para este año se quede sólo en 631.100 personas desempleadas más.
El caos real será vivir en un país donde las puertas de la protección social básica mínima se han cerrado para más de 4,6 millones de personas. Para el resto, a los que no nos hayan despedido por un ERE “legal” por insuficiencia presupuestaria o por aplicación directa de la reforma laboral, ya sabemos lo que nos queda: subida del IRPF del 10%, subida del recibo de la luz del 7%, subida del IBI, subida de los transportes (a RENFE se le reduce a 0 una aportación de 2011 de 600 millones, Aguirre subió ayer el 30% la tarifa del metro). Eso si no nos reducen el salario de forma unilateral y sin previo aviso del empresario o suben el IVA. Sumándolo todo, gracias a ese programa electoral “oculto” de Rajoy, se estima que seremos un 25% más pobres.
El Presidente, por cierto, aún no ha explicado ninguna de estas medidas profundamente antisociales de las que sólo algunas -a modo de ejemplo- se exponen aquí y, digo yo, que algo consciente debe ser de que éstas hacen un daño profundo a la sociedad, cuando se ve obligado a salir del Senado huyendo de la prensa y por la puerta de atrás. Él que estaba “dispuesto a dar la cara por los españoles”.
Nos queda el consuelo de haber descubierto con claridad para quién gobierna Rajoy: para las grandes empresas que cometen delitos fiscales millonarios que ahora se perdonan, para las grandes patronales y los millonarios a los que no quieren importunar con un impuesto sobre las grandes fortunas y para la iglesia católica, a la que han incrementado su presupuesto en los PGE en la misma cantidad que la destinada a los conciertos educativos.
Los votos y las mayorías absolutas no son cheques en blanco para que los gobiernos hagan lo que quieran…”como Dios manda”. Los ciudadanos votamos en función de un programa electoral. Los PGE dejan sin protección social a muchos miles de españoles condenándolos deliberadamente a la indigencia y esto no ha de ser una opción en nuestro estado. La ciudadanía no va a estar dispuesta a consentirlo. No podrán acallar ni recortar nuestra voz.