17 de agosto de 2009, 6:33
Cuatro trabajadores muertos en Valencia por ir a buscar un salario. Y de nuevo todos pidiendo responsabilidades que al final terminarán recayendo en las víctimas. Un empresario sevillano afirma que los trabajadores acuden borrachos y drogados al trabajo.
Nos interesa exponer la realidad desnuda de la última década en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin desviar la atención del sufrimiento humano que ha producido y sigue produciendo la actividad de los trabajadores sobre la que se levanta toda la riqueza del país.
En España se han registrado oficialmente cerca de 15.000 muertos y 135.000 heridos graves en accidentes de trabajo a lo largo de los 10 últimos años, que se concentran casi exclusivamente en una reducida población de riesgo. Los índices de incidencia y de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo con baja en 2006 nos hacen retroceder a 1987.
El recién estrenado Ministro de Trabajo ya ha aprendido la lección de ingeniería estadística. A pesar de las muertes todo va bien. Y busca y rebusca un indicador que le permita decir que estamos reduciendo los accidentes en le trabajo.
Los poderes públicos y sobre todo los empresarios, les deben una explicación a estas víctimas y a sus familias, que sea algo muy distinto de actos protocolarios, jornadas, premios, aniversarios o “satisfacciones por lo conseguido”. Mientras el bullicio y la parafernalia se expanden, los más dolidos y las víctimas esperan un milagro. Estas víctimas nunca fueron invitadas a Congresos reservados para los expertos.
Las cifras del sufrimiento nos plantean el dilema de dónde ha estado la ley y donde ha estado el delito en los diez años pasados. La inmoralidad de la acumulación capitalista así lo exige. Fuera toda rigidez, fuera toda fuente de control de la actividad económica. ¿Dónde situamos los límites a la libertad empresarial y de mercado? Las dos principales fuentes del control de la actividad económica, -la acción de los trabajadores y la mediación del Estado-, han entrado en crisis.
La muerte en el trabajo se corresponde con los beneficios obtenidos por “empresas de prevención” que han convertido la salud de los trabajadores en un gran negocio. En contradicción con el nuevo y más correcto enfoque preventivo de la nueva normativa, la prevención se mercantiliza y la reparación se mantiene dentro de la actividad pública. Son los “nuevos yacimientos de negocio” para emprendedores. Desde Al Gore al Papa de Roma perciben el negocio que se esconde tras el nuevo concepto de “desarrollo sostenible”.
¿Soportaría nuestra sociedad que cada día murieran, tres banqueros, artistas, ejecutivos,…? La insensibilidad social hace ver como normal que cada año mueran en el mundo más de dos millones de trabajadores en su lugar de trabajo.
Ante tanta enfermedad y muerte en el trabajo es necesario llegar a la caja negra para averiguar las causas verdaderas de los homicidios blancos que dicen los italianos y que los ingleses llaman asesinatos de corporación.
El incumplimiento de la Legislación por parte de los empresarios es algo tan generalizado y tan escandaloso que basta con ver los datos de la propia Inspección de Trabajo. En los últimos diez años este organismo levantó más de medio millón de actas de infracción por incumplimiento de normas de salud y seguridad e impuso sanciones por valor de casi 1.300 millones de euros La mayoría de estas sanciones son recurridas, no se recaudan y aquí no pasa nada. Por tal motivo creemos que urge la aplicación a los empresarios infractores del principio “primero paga y después reclama” que se aplica en los países con tasas de siniestralidad más bajas de la UE, y de la aplicación del código penal que conduzca a prisión a los responsables de tantas muertes.
De lo contrario seguiremos asistiendo al escándalo social que supone la insumisión permanente a la ley, por parte de un colectivo muy especial de españoles, en medio del silencio de los corderos. Y todos los indicadores auguran un empeoramiento de las condiciones de trabajo en los próximos dos año, debido a la crisis económica. No hay justificación ética ni económica de tanto sufrimiento, de tanta enfermedad y muerte a cambio de un salario.
Uno de los sectores, con personajes de moda, más “tocado” por la fortuna es el de la construcción. Fortuna conseguida a través del maridaje de determinados empresarios con políticos de todos los colores y niveles y el endeudamiento de por vida de los jóvenes. Coincide con ser el sector con mayor accidentalidad, mortalidad laboral y tendencia creciente. Más contratos precarios, más jóvenes, más inmigrantes, más subcontratación, más fraude social, más corrupción.
Los impresionantes resultados en beneficios de las grandes constructoras de nuestro país y las rápidas fortunas amasadas en los últimos años permiten acallar conciencias de unos pero no evitar accidentes y dolor de otros. Consienten aquellos a los que hemos elegido para no consentir.
Hemos perdido el referente hegemónico en el control de la nocividad ambiental que precisa de unos valores y cultura alternativos a los valores y cultura dominante. Una cultura que anteponga la vida a la muerte. Una cultura de la solidaridad y el compañerismo frente al acosador consentido, frente a una gestión empresarial incompetente y “tóxica”. No es posible el consenso sobre cultura de la prevención.
Todo ello conducirá, siempre con luchas, a los seguros sociales, a la Seguridad Social, a los derechos sociales y al derecho a la vida y a la salud de los trabajadores y trabajadoras, que hoy, universalizados, conforman los derechos fundamentales del Estado social y democrático de Derecho en el que basa su legitimidad el Estado contemporáneo. Es una deuda que tenemos con las víctimas del trabajo.
Gregorio Benito Bartres y Ángel Cárcoba son expertos en Salud Laboral.
Nos interesa exponer la realidad desnuda de la última década en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin desviar la atención del sufrimiento humano que ha producido y sigue produciendo la actividad de los trabajadores sobre la que se levanta toda la riqueza del país.
En España se han registrado oficialmente cerca de 15.000 muertos y 135.000 heridos graves en accidentes de trabajo a lo largo de los 10 últimos años, que se concentran casi exclusivamente en una reducida población de riesgo. Los índices de incidencia y de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo con baja en 2006 nos hacen retroceder a 1987.
El recién estrenado Ministro de Trabajo ya ha aprendido la lección de ingeniería estadística. A pesar de las muertes todo va bien. Y busca y rebusca un indicador que le permita decir que estamos reduciendo los accidentes en le trabajo.
Los poderes públicos y sobre todo los empresarios, les deben una explicación a estas víctimas y a sus familias, que sea algo muy distinto de actos protocolarios, jornadas, premios, aniversarios o “satisfacciones por lo conseguido”. Mientras el bullicio y la parafernalia se expanden, los más dolidos y las víctimas esperan un milagro. Estas víctimas nunca fueron invitadas a Congresos reservados para los expertos.
Las cifras del sufrimiento nos plantean el dilema de dónde ha estado la ley y donde ha estado el delito en los diez años pasados. La inmoralidad de la acumulación capitalista así lo exige. Fuera toda rigidez, fuera toda fuente de control de la actividad económica. ¿Dónde situamos los límites a la libertad empresarial y de mercado? Las dos principales fuentes del control de la actividad económica, -la acción de los trabajadores y la mediación del Estado-, han entrado en crisis.
La muerte en el trabajo se corresponde con los beneficios obtenidos por “empresas de prevención” que han convertido la salud de los trabajadores en un gran negocio. En contradicción con el nuevo y más correcto enfoque preventivo de la nueva normativa, la prevención se mercantiliza y la reparación se mantiene dentro de la actividad pública. Son los “nuevos yacimientos de negocio” para emprendedores. Desde Al Gore al Papa de Roma perciben el negocio que se esconde tras el nuevo concepto de “desarrollo sostenible”.
¿Soportaría nuestra sociedad que cada día murieran, tres banqueros, artistas, ejecutivos,…? La insensibilidad social hace ver como normal que cada año mueran en el mundo más de dos millones de trabajadores en su lugar de trabajo.
Ante tanta enfermedad y muerte en el trabajo es necesario llegar a la caja negra para averiguar las causas verdaderas de los homicidios blancos que dicen los italianos y que los ingleses llaman asesinatos de corporación.
El incumplimiento de la Legislación por parte de los empresarios es algo tan generalizado y tan escandaloso que basta con ver los datos de la propia Inspección de Trabajo. En los últimos diez años este organismo levantó más de medio millón de actas de infracción por incumplimiento de normas de salud y seguridad e impuso sanciones por valor de casi 1.300 millones de euros La mayoría de estas sanciones son recurridas, no se recaudan y aquí no pasa nada. Por tal motivo creemos que urge la aplicación a los empresarios infractores del principio “primero paga y después reclama” que se aplica en los países con tasas de siniestralidad más bajas de la UE, y de la aplicación del código penal que conduzca a prisión a los responsables de tantas muertes.
De lo contrario seguiremos asistiendo al escándalo social que supone la insumisión permanente a la ley, por parte de un colectivo muy especial de españoles, en medio del silencio de los corderos. Y todos los indicadores auguran un empeoramiento de las condiciones de trabajo en los próximos dos año, debido a la crisis económica. No hay justificación ética ni económica de tanto sufrimiento, de tanta enfermedad y muerte a cambio de un salario.
Uno de los sectores, con personajes de moda, más “tocado” por la fortuna es el de la construcción. Fortuna conseguida a través del maridaje de determinados empresarios con políticos de todos los colores y niveles y el endeudamiento de por vida de los jóvenes. Coincide con ser el sector con mayor accidentalidad, mortalidad laboral y tendencia creciente. Más contratos precarios, más jóvenes, más inmigrantes, más subcontratación, más fraude social, más corrupción.
Los impresionantes resultados en beneficios de las grandes constructoras de nuestro país y las rápidas fortunas amasadas en los últimos años permiten acallar conciencias de unos pero no evitar accidentes y dolor de otros. Consienten aquellos a los que hemos elegido para no consentir.
Hemos perdido el referente hegemónico en el control de la nocividad ambiental que precisa de unos valores y cultura alternativos a los valores y cultura dominante. Una cultura que anteponga la vida a la muerte. Una cultura de la solidaridad y el compañerismo frente al acosador consentido, frente a una gestión empresarial incompetente y “tóxica”. No es posible el consenso sobre cultura de la prevención.
Todo ello conducirá, siempre con luchas, a los seguros sociales, a la Seguridad Social, a los derechos sociales y al derecho a la vida y a la salud de los trabajadores y trabajadoras, que hoy, universalizados, conforman los derechos fundamentales del Estado social y democrático de Derecho en el que basa su legitimidad el Estado contemporáneo. Es una deuda que tenemos con las víctimas del trabajo.
Gregorio Benito Bartres y Ángel Cárcoba son expertos en Salud Laboral.