lunes 29/11/21

Los límites de la prestidigitación política

NUEVATRIBUNA.ES - 14.9.2009PARA FUNDACIÓN SISTEMAEs muy improbable que las noticias políticas más relevantes de este verano, y los actos de rentrée protagonizados por los principales partidos, hayan contribuido a aumentar la confianza de los ciudadanos en la política.
NUEVATRIBUNA.ES - 14.9.2009

PARA FUNDACIÓN SISTEMA

Es muy improbable que las noticias políticas más relevantes de este verano, y los actos de rentrée protagonizados por los principales partidos, hayan contribuido a aumentar la confianza de los ciudadanos en la política. Salvo las novedades provenientes de Euskadi, donde PSOE y PP son capaces de entenderse en lo esencial y el nuevo gobierno ha puesto en práctica, más allá de la retórica, una política de tolerancia cero frente a cualquier actuación vinculada con el terrorismo, el resto de las noticias probablemente habrá contribuido a fomentar la indignación, el desánimo o la perplejidad de la ciudadanía.

Por ejemplo, el hecho de que mientras la crisis sigue provocando millones de parados en todo el mundo, los banqueros y otros operadores financieros, que han recibido billones en ayudas públicas para equilibrar sus cuentas, hayan vuelto a sus escandalosas remuneraciones. Las posibilidades de que las sucesivas cumbres mundiales acaben con esas prácticas indignantes parecen cada vez menos probables, más allá del recorte o eliminación de algunos de los efectos perversos de tales sistemas de remuneración para las propias entidades financieras.

Las reacciones ante una posible sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que rechazara algunos de los contenidos esenciales del Estatuto de Cataluña, tampoco son para tranquilizarnos sobre el futuro de nuestra convivencia. Las declaraciones de algún grupo de oposición pero también de miembros del Ejecutivo catalán y de los partidos que le sostienen han puesto en cuestión las reglas de juego de aprobación del Estatuto (entre las que está el posible pronunciamiento del TC), han ninguneado al Constitucional y han defendido un pacto bilateral que, en su esencia, poco parece diferenciarse de la famosa “propuesta Ibarretxe”.

¿Qué decir de la contribución del PP a la elevación de la moral ciudadana? En lugar de afrontar los casos de supuesta corrupción que le salpican por todas partes se ha dedicado a poner en cuestión al sistema judicial y al Gobierno, implicándoles sin pruebas ni argumentación razonada en una conspiración contra su partido. Lo peor es, sin embargo, el intento de legitimar las acusaciones de corrupción mediante el recurso a los resultados de las urnas. Y ya se sabe que la corrupción más corrosiva para la democracia es la legitimada por las urnas. Por si ello no fuera suficiente, el PP plantea una campaña contra cualquier subida de impuestos, del gasto público y de reducción a toda costa del déficit público. Como si la bajada de impuestos no generara el mismo o más déficit que el gasto público: la diferencia es que está archidemostrado que el gasto genera mucho más actividad, demanda y empleo que las reducciones fiscales. O como si en las comunidades y ayuntamientos en que gobierna la derecha no existiera déficit o no se aumentaran los impuestos indirectos. El drama es que el Partido Popular puede ganar las próximas elecciones con ese “programa” de puro desgaste ante el desarme de la izquierda, empezando por la que gobierna, ante los dogmas económicos de la derecha.

El sorprendente recorrido llevado a cabo para la aprobación definitiva de los 420 euros de ayuda especial a los parados ha convertido lo que era una idea cargada de buena intención y una medida imprescindible en una muestra de precipitación, de falta de dominio de la realidad y, sobre todo, de carencia de una concepción global de las cosas. Lo preocupante de este asunto no son las rectificaciones – rectificar es de sabios y puede ser expresión, como ha señalado el Presidente del Gobierno, de aceptación de las razones del otro – sino esta práctica de ir soltando ayudas (antes los 400 euros de deducción fiscal, ahora estos 420 de ayuda o renta provisional al desempleo) al margen de la lógica de los sistemas en los que se inscriben. Y a contrapelo de los postulados socialdemócratas. Lo lógico hubiera sido que esos 420 euros, como renta sustitutiva del trabajo, fuera un subsidio concedido dentro del sistema de protección al desempleo o, en todo caso, como un nuevo supuesto de los ya contemplados en la Renta Activa de Inserción. No es así y lo más preocupante de todo, a mi entender, es que en un momento determinado se pensó que fuera una ayuda a financiar, como asistencia social, al alimón con las Comunidades Autónomas, siguiendo el ejemplo – el mal ejemplo – iniciado con la ley de dependencia.

La serpiente estrella del verano han sido, no obstante, los anuncios, rectificaciones, negaciones y matizaciones respecto a la subida de impuestos. También en este tema lo que inquieta no es la propuesta sino el momento de hacerla y, sobre todo, la manera de defenderla. Subir impuestos no puede extrañar al electorado de izquierda en un país cuya presión fiscal está seis puntos por debajo de la media de la Europa de los quince. Por debajo de todos los países nórdicos, de Bélgica, Francia, Italia, Austria, Chipre, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Eslovenia…y un poco por encima de Portugal, de Luxemburgo o Malta. Y ello, pese a que la fiscalidad europea se ha hecho también, como consecuencia de la presión neoliberal, cada vez menos redistributiva y menos orientada a una voluntad de justicia social. En 2008, la tasa de imposición media europea sobre los tramos más altos de ingresos se situaba en el 37,8%. Un descenso de diez puntos en una decena de años. Con variaciones importantes de esa tasa de imposición por países, yendo del 10% en Bulgaria al 59% en Dinamarca o al 45,8% en Francia. En cuanto al impuesto de sociedades también ha sufrido una bajada muy fuerte: el tipo medio que, en 1995, se situaba en el 37,5% ha pasado en 2009 a representar el 25,9% en la zona euro. Esa es una de las principales razones de la crisis del modelo social europeo.

No debiera sorprender que se plantee la subida de impuestos en este país cuando nuestro gasto social tendría que aumentar en siete puntos de PIB, es decir más de 60.000 millones de euros para alcanzar la media europea y bastante más para equipararnos a la Europa-15.Tampoco habría de extrañar tal propuesta cuando la crisis está aumentando las necesidades de cobertura social y somos uno de los países europeos desarrollados con mayores desigualdades sociales. Por supuesto, habría que subir los impuestos para hacer nuestro sistema fiscal mucho más justo y progresivo. Empezando por acabar con la elusión fiscal que suponen las Sociedades de Inversión de Capital Variable. Así mismo, habría que eliminar los mecanismos de elusión que posibilita la actual Ley General Tributaria, integrar las rentas del capital en la base general del IRPF para acabar con el trato de favor del que estas rentas gozan actualmente y elevar el tipo marginal a los contribuyentes con ingresos más elevados. También establecer unos impuestos sobre Sucesiones y Patrimonio realmente progresivos. Por supuesto que es necesario modificar los impuestos en nuestro país. Y no fundamentalmente porque sea necesario para amortiguar el déficit público, sino como requisito de justicia social y como instrumento para hacer posible la cohesión social, el desarrollo económico y la ampliación del Estado de Bienestar.

Por todo ello, lo que choca no es la decisión de subir los impuestos, es la oportunidad de hacerlo vinculándola a la reducción del déficit. Desde el punto de vista de una política socialdemócrata hubiera sido, probablemente, más lógico vincular la necesidad de aumentar la carga fiscal global a las medidas de relanzamiento económico, de inversiones para el inicio de un nuevo patrón productivo, de respuesta a las necesidades sociales emanadas de la crisis, emitiendo bonos del Estado para financiarlas, que vincularlo ahora a la reducción del déficit público. Legitimando, de esa manera, la ofensiva de la derecha para dar prioridad a la reducción del déficit público sobre la respuesta a la crisis. Por otro lado, lo que chirría es la manera tan balbuceante y acomplejada de defender la medida, con esa referencia, compartida con la derecha, a la clase media, como si fueran iguales el 63% de trabajadores mileuristas y las rentas superiores, por ejemplo, a 120.000 euros anuales (es decir el 1% de los contribuyentes que aportan el 20% de la recaudación por IRPF).

Finalmente hemos asistido a un ejercicio un tanto prematuro de declaraciones sobre brotes verdes, sensaciones positivas sobre la actividad económica, visiones de la salida del túnel de la crisis, afirmaciones rotundas de que nuestro país se recuperará al mismo ritmo que el resto de los países europeos. Afortunadamente, parece que la depresión ha sido evitada. Pero los expertos no descartan posibles recaídas. Sobre todo en Europa. Gran parte de la recuperación en algunos países europeos, como Alemania y Francia, ha sido debida a las ayudas al automóvil y, sobre todo, al sector exportador impulsado por la reactivación en Estados Unidos y China. Pero la situación sigue lejos de haberse superado. De entrada, porque el paro sube y va a seguir subiendo. Y es previsible que el empleo tarde en recuperarse varios años. Además, el sistema bancario en Europa sigue siendo muy frágil y el flujo de los créditos sigue en estado átono. Finalmente, por el hecho de que muchos gobiernos están planteando rebajar los planes de apoyo a la actividad para los próximos años y pretenden cerrar demasiado pronto el grifo presupuestario. Antes de que realmente se haya superado, parece extenderse en Europa una cierta desmovilización frente a la crisis.

En el caso de España, su mayor desempleo, menor productividad, mayor fragilidad de algunos de sus sectores productivos – como la construcción o el turismo- y su mayor endeudamiento exterior, es decir los componentes autóctonos de la crisis en nuestro país, convierten en bastante ilusoria la idea de recuperarnos al mismo tiempo que el resto de los países europeos.

En fin, la crisis está poniendo en cuestión las políticas ambidiestras y ambivalentes. Ya no hay margen para hacer al tiempo políticas liberales en lo económico y de izquierdas en el campo social. Probablemente tampoco para seguir alimentando y satisfaciendo las siempre insaciables demandas de los partidos nacionalistas autonómicos. Y la salida a la crisis sistémica a la que estamos asistiendo, como también la exigencia de establecer un nuevo modelo de desarrollo como consecuencia de los desafíos medioambientales, energéticos, alimentarios, etc, ponen sobre la mesa, de nuevo, la vieja cuestión del modelo de sociedad que queremos defender. Algo que no se puede arreglar con habilidades tácticas, ingeniería hermeneútica o la sucesión ininterrumpida de propuestas. Va a requerir volver a los fundamentos ideológicos, estratégicos y organizativos de la política.

José María Zufiaur ha sido Secretario General de la Unión Sindical Obrera y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores. Actualmente es Consejero del CES europeo, en representación de UGT. Forma parte de las secciones de Relaciones Exteriores y de Asuntos sociales y preside, dentro del CESE, el Observatorio del Mercado de Trabajo.
















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