Los jueces, una vez más, nos escandalizan con sus actuaciones y sus sentencias. Lo que están haciendo con el juez Garzón es indignante, especialmente porque nos toman por imbéciles. Pretenden justificar sus actuaciones con procedimientos y técnicas jurídicas cuando todos sabemos que lo que hacen es favorecer sus intereses y los de la derecha. No voy a caer en esa trampa, los juicios contra Garzón son políticos. Basta con ver quién sale beneficiado de esto, el Partido Popular implicado en la trama Gürtel y la extrema derecha franquista. Con el odio, la venganza y su ideología cargaron el arma con tres balas, para que no se pudiera escapar; con la primera se lo han cargado, las demás poco importan, ya han conseguido su objetivo, aunque aún pueden rematarlo. Una maniobra burda, donde se ha visto con claridad que iban a por él.
Hemos seguido con asombro las incidencias de los dos juicios celebrados hasta ahora, las irregularidades del juez instructor, reconocidas por el propio tribunal; la fiscalía no ha acusado en ninguno de los tres casos; se le ha rechazado la presentación de pruebas; en el juicio de la memoria histórica le guían la mano a la organización de extrema derecha que es la única que acusa y encima, para mayor escarnio, le acusan en la sentencia de prácticas totalitarias. Nos preguntamos con asombro cómo es posible que esto esté pasando en un llamado Estado de Derecho.
Conviene recordar el caso Naseiro, imputado por financiación ilegal del PP, donde no se admitió la prueba de las escuchas telefónicas por una argucia legal y fue exculpado; al juez que autorizó las escuchas no se le acusó de nada. O cuando el Presidente del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana archivó el caso de los trajes de su “más que amigo” Camps —quien por cierto ha sido absuelto— y el nuevo Fiscal General nombrado por el PP no piensa recurrir. O el caso Botín, donde la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo argumentaron la exculpación del banquero, acusado de fraude fiscal, porque la fiscalía no había presentado acusación. ¿Por qué entonces ese argumento vale con Botín y con Garzón no? Son casos que demuestran que los jueces tienen dos varas de medir y que siempre favorecen al mismo bando.
Al juez que se ha atrevido a imputar a Urdangarín ya han empezado a investigarlo, le acusan de filtrar el sumario. Es un aviso a navegantes; hay personas, instituciones e intereses que no se pueden tocar, tienen patente de corso.
Ahora nos sale el Presidente del Poder Judicial pidiéndonos que respetemos la decisión del Tribunal Supremo. Los primeros que tienen que respetar la Justicia deben ser los encargados de administrarla. Es muy grave lo que hacen, porque es muy grave dejar de confiar en la imparcialidad de un Estado de Derecho. Y vaya por delante que hay jueces honestos que aplican la Ley como mejor saben y pueden. Estoy convencido que más de uno hoy sentirá vergüenza por hechos como estos que desacreditan a la judicatura.