2 de septiembre de 2010, 13:45
NUEVATRIBUNA.ES - 1.9.2010
...y se somete a la población trabajadora a una mayor subordinación e inseguridad. Esta reforma laboral favorece el poder discrecional del empresario y debilita las garantías laborales del asalariado a quien deja más indefenso. Permite a la patronal seguir con la reestructuración y el ajuste de plantillas, con mayor facilidad y menores costes. Disminuye la capacidad defensiva y negociadora de los asalariados y su representación sindical, así como diluye el amparo de las garantías jurídicas del derecho laboral. Representa un claro retroceso de los derechos laborales, el de mayor alcance de estas décadas que, acumulado al de las anteriores reformas laborales y si no se reconsidera, va a consolidar un mercado de trabajo frágil y desprotegido para mucho tiempo.
Estas medidas profundizan la vía de abaratar costes laborales y doblegar la fuerza de trabajo en vez de aplicar mejoras en la organización del trabajo, la tecnología o la cualificación. Utiliza la flexibilidad interna para empeorar las condiciones laborales y debilitar la capacidad contractual de los sindicatos. No es una vía sustitutoria de la destrucción de puestos de trabajo sino que la complementa, dada la alta flexibilidad externa derivada de la elevada contratación temporal y el impulso para el abaratamiento y descausalización del despido. El empresario tiene más recursos para ajustar las plantillas y sus condiciones laborales, por mucho que pueda persistir la experiencia de acuerdos laborales, como algunos Expedientes de Regulación de Empleo centrados en la reducción de la jornada y la retribución correspondiente para evitar la destrucción de empleo, aceptados por los trabajadores y sus representantes sindicales para evitar un mal mayor, real e inmediato. La reforma refuerza la doble vía de la flexibilidad externa, salida y entrada en el empleo, y la flexibilidad interna, poder empresarial para modificar y empeorar las condiciones de trabajo. La flexibilidad aprobada no favorece la adecuación de las condiciones, el tiempo y la jornada de trabajo a los intereses y necesidades de trabajadores y trabajadoras (por ejemplo para la conciliación con la vida familiar y el desarrollo personal) ni aumenta la voluntariedad de los mismos en su elección. Tampoco facilita una mayor capacidad negociadora de los sindicatos para regularla. Al contrario, da más ‘libertad’ al empresario para imponer cambios de la organización del trabajo en perjuicio de las personas trabajadoras y debilitando la negociación colectiva.
Por tanto, esta reforma constituye una menor seguridad para la población trabajadora y una mayor inestabilidad y fragmentación laborales; consolida la segmentación y precariedad laboral y no crea empleo.
En definitiva, esta reforma laboral no es necesaria para crear empleo sino que es contraproducente, al ampliar la incertidumbre y disminuir la capacidad de consumo y la demanda de productos y servicios de la mayoría de la población. No se justifica en la supuesta rigidez o la poca productividad de la mano de obra ni tampoco en la igualdad o solidaridad con los parados o precarios. Significa mayor subordinación, particularmente del empleo poco cualificado y semicualificado, aunque también de parte del cualificado. Abarata el proceso de reestructuración de plantillas en las empresas y la administración pública y deja en una posición más indefensa a los asalariados. Es contraria a otra orientación: una mayor cualificación, integración social y capacidad adquisitiva de las clases trabajadoras, junto con un cambio del modelo productivo y una opción progresista de salida de la crisis. Supone un reequilibrio favorable al poder empresarial (y sus mecanismos institucionales y jerárquicos), como palanca para gestionar la crisis más a su favor, con garantías al poder económico y financiero de más beneficios para ellos y mayor inseguridad social. No crea puestos de trabajo sino que facilita la sustitución de empleo cualificado y estable por otro precario y de menor calidad; no favorece la cohesión social sino que genera mayor vulnerabilidad de las capas populares; no mejora la protección social sino que va reestructurando el Estado de bienestar en un sentido regresivo. Esta política socioeconómica y laboral constituye un retroceso para el desarrollo social y el bienestar de la mayoría de la sociedad y va contra el horizonte de una democracia social y económica más avanzada.
Esa política gubernamental descarga los mayores costes de la crisis en las capas desfavorecidas, refuerza el poder de los empresarios, no exige responsabilidades a los mercados y los poderosos y favorece la prolongación de la crisis, con un tipo de salida más lejana y regresiva y un reequilibrio más negativo en las relaciones laborales y sindicales. No obstante, esas medidas chocan con los intereses inmediatos de la mayoría de la sociedad, la exigencia de responsabilidades a los culpables de la crisis y la crítica popular a los poderosos, la conciencia de justicia social, la defensa de los sectores vulnerables, y el reajuste necesario de poder, rentas y riquezas.
Es necesario rechazar esta reforma laboral. La Huelga General del 29 de septiembre debe constituir una respuesta sindical y popular contundente y masiva.
Antonio Antón - Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
...y se somete a la población trabajadora a una mayor subordinación e inseguridad. Esta reforma laboral favorece el poder discrecional del empresario y debilita las garantías laborales del asalariado a quien deja más indefenso. Permite a la patronal seguir con la reestructuración y el ajuste de plantillas, con mayor facilidad y menores costes. Disminuye la capacidad defensiva y negociadora de los asalariados y su representación sindical, así como diluye el amparo de las garantías jurídicas del derecho laboral. Representa un claro retroceso de los derechos laborales, el de mayor alcance de estas décadas que, acumulado al de las anteriores reformas laborales y si no se reconsidera, va a consolidar un mercado de trabajo frágil y desprotegido para mucho tiempo.
Estas medidas profundizan la vía de abaratar costes laborales y doblegar la fuerza de trabajo en vez de aplicar mejoras en la organización del trabajo, la tecnología o la cualificación. Utiliza la flexibilidad interna para empeorar las condiciones laborales y debilitar la capacidad contractual de los sindicatos. No es una vía sustitutoria de la destrucción de puestos de trabajo sino que la complementa, dada la alta flexibilidad externa derivada de la elevada contratación temporal y el impulso para el abaratamiento y descausalización del despido. El empresario tiene más recursos para ajustar las plantillas y sus condiciones laborales, por mucho que pueda persistir la experiencia de acuerdos laborales, como algunos Expedientes de Regulación de Empleo centrados en la reducción de la jornada y la retribución correspondiente para evitar la destrucción de empleo, aceptados por los trabajadores y sus representantes sindicales para evitar un mal mayor, real e inmediato. La reforma refuerza la doble vía de la flexibilidad externa, salida y entrada en el empleo, y la flexibilidad interna, poder empresarial para modificar y empeorar las condiciones de trabajo. La flexibilidad aprobada no favorece la adecuación de las condiciones, el tiempo y la jornada de trabajo a los intereses y necesidades de trabajadores y trabajadoras (por ejemplo para la conciliación con la vida familiar y el desarrollo personal) ni aumenta la voluntariedad de los mismos en su elección. Tampoco facilita una mayor capacidad negociadora de los sindicatos para regularla. Al contrario, da más ‘libertad’ al empresario para imponer cambios de la organización del trabajo en perjuicio de las personas trabajadoras y debilitando la negociación colectiva.
Por tanto, esta reforma constituye una menor seguridad para la población trabajadora y una mayor inestabilidad y fragmentación laborales; consolida la segmentación y precariedad laboral y no crea empleo.
En definitiva, esta reforma laboral no es necesaria para crear empleo sino que es contraproducente, al ampliar la incertidumbre y disminuir la capacidad de consumo y la demanda de productos y servicios de la mayoría de la población. No se justifica en la supuesta rigidez o la poca productividad de la mano de obra ni tampoco en la igualdad o solidaridad con los parados o precarios. Significa mayor subordinación, particularmente del empleo poco cualificado y semicualificado, aunque también de parte del cualificado. Abarata el proceso de reestructuración de plantillas en las empresas y la administración pública y deja en una posición más indefensa a los asalariados. Es contraria a otra orientación: una mayor cualificación, integración social y capacidad adquisitiva de las clases trabajadoras, junto con un cambio del modelo productivo y una opción progresista de salida de la crisis. Supone un reequilibrio favorable al poder empresarial (y sus mecanismos institucionales y jerárquicos), como palanca para gestionar la crisis más a su favor, con garantías al poder económico y financiero de más beneficios para ellos y mayor inseguridad social. No crea puestos de trabajo sino que facilita la sustitución de empleo cualificado y estable por otro precario y de menor calidad; no favorece la cohesión social sino que genera mayor vulnerabilidad de las capas populares; no mejora la protección social sino que va reestructurando el Estado de bienestar en un sentido regresivo. Esta política socioeconómica y laboral constituye un retroceso para el desarrollo social y el bienestar de la mayoría de la sociedad y va contra el horizonte de una democracia social y económica más avanzada.
Esa política gubernamental descarga los mayores costes de la crisis en las capas desfavorecidas, refuerza el poder de los empresarios, no exige responsabilidades a los mercados y los poderosos y favorece la prolongación de la crisis, con un tipo de salida más lejana y regresiva y un reequilibrio más negativo en las relaciones laborales y sindicales. No obstante, esas medidas chocan con los intereses inmediatos de la mayoría de la sociedad, la exigencia de responsabilidades a los culpables de la crisis y la crítica popular a los poderosos, la conciencia de justicia social, la defensa de los sectores vulnerables, y el reajuste necesario de poder, rentas y riquezas.
Es necesario rechazar esta reforma laboral. La Huelga General del 29 de septiembre debe constituir una respuesta sindical y popular contundente y masiva.
Antonio Antón - Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid