20 de septiembre de 2010, 16:48
NUEVATRIBUNA.ES - 7.5.2009
La noticia acerca de los diputados del PP Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch y Alberto López Viejo, suspendidos temporalmente de militancia por el Partido Popular debido a su imputación en el caso Gürtel, parecía un buen paso en la regeneración que la democracia y la política precisan. Pero por desgracia no viene acompañada de la consecuencia lógica de la gravedad de la situación en la que se encuentran los tres imputados: su renuncia al acta de diputados y con ello a la condición de aforados que ostentan en cuanto parlamentarios.
Resulta especialmente inaudito porque uno de ellos fue inicialmente nombrado presidente de la comisión de investigación de los espionajes que se constituyó en la Asamblea regional. Aunque renunció más tarde, el 18 de febrero, y posteriormente también dimitió como portavoz adjunto del grupo popular, el caso es que sigue protegido por su acta de diputado junto a los otros dos aforados y todos ellos cuentan con el aval de la presidenta de la comunidad ante hechos que nada tienen que ver con la gestión política ni con el debate público.
Es preocupante y creo que un mal ejemplo del que no podemos enorgullecernos. Los políticos debemos ser ejemplares, incluso para realizar renuncias dolorosas, por exigencias éticas y por respeto a los ciudadanos y ciudadanas, y cuando no lo somos cometemos un desafuero hacia el cuerpo electoral y hacia la ciudadanía. En este caso resultaría más justificada aún la renuncia porque lo que pesa sobre los tres diputados autonómicos son nada menos que acusaciones de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita y blanqueo de capital.
En mi opinión, este desafuero crea problemas de legitimidad democrática y potencia el desencanto social hacia la labor política. No es de extrañar que la gente tenga la mala opinión que reflejan las encuestas de los políticos en general y de los líderes políticos del Partido Popular en particular. Son pésimos referentes que nos salpican y nos degradan a todos, incluidos las instituciones y los partidos políticos que demuestran una notable falta de reflejos para reaccionar.
No se entiende cómo un viceconsejero cesado en sus funciones y suspendido de militancia persiste en el aforamiento. Este tipo de cosas parecen más propias de otras latitudes e impensables en un sistema sólido como es el español. No se entiende tampoco que, ante acusaciones de esta gravedad, el mejor discurso que predica el Partido Popular por boca de Esperanza Aguirre es la consabida cortina de humo del “y tú más” o la invocación de oscuras conspiraciones o ataques contra esa fuerza política, que tan a menudo oímos en la cámara regional y que sólo causan crispación.
La sociedad española, y la madrileña en particular, han de rechazar estas prácticas porque entrañan la deslegitimación de las instituciones en las que se asienta el sistema democrático y convierten a quienes las consienten en los verdaderos antisistema. Admitirlas cuando lo que está en juego es la credibilidad de unos parlamentarios regionales es extender la sombra de duda a todos los representantes democráticamente elegidos, a los 117 diputados que deberíamos estar fuera de toda duda.
Yo quiero confiar en la honorabilidad de los diputados ahora en entredicho. Quiero hacerlo por la salud democrática de nuestro sistema, porque me parece impensable que la corrupción –si la hay- haya penetrado tan hondo en los espacios públicos, y por la confianza en la política y sus representantes, porque nuestro deber es traer lo mejor de nuestra sociedad y lo mejor de nuestros esfuerzos a la regeneración que nuestra política requiere.
Es necesario decir a la sociedad que ante este tipo de cosas, sean ciertas o falsas, los políticos sabemos hacer renuncias precisamente para salvaguardar la dignidad de los órganos para los que fuimos elegidos por la ciudadanía y por respeto al pueblo y a los demás diputados. No, señores, no todos somos iguales y la política no es ni debe ser un estercolero. Eso lo recordaron los trabajadores de Iveco, Bp Solar y Arcelor en el pleno de la Asamblea de esta primera semana de mayo. Acudieron como invitados y para mostrar su total desacuerdo con el consejero Beteta, cuya inactividad para salvar sus puestos de trabajo pretendían denunciar, salieron de la tribuna gritando “fuera imputados”.
Si nos ponemos en la peor de las hipótesis, la de que la corrupción haya acabado por salpicar a las instituciones, sería un drama que esto no se esclareciera con las suficientes garantías porque equivaldría a admitir que la democracia es únicamente una panoplia al servicio de intereses abyectos.
Yo confío en la justicia y en su capacidad de investigar con fidelidad, respeto y garantías a los hoy imputados. Confío en el juez natural, como no puede ser menos, como garante de nuestros derechos en el ámbito judicial y espero de su competencia y de su función que sea capaz de desvelar la realidad.
Quiero confiar en la honorabilidad de los imputados, que a día de hoy merecen todo el respeto que les otorga la presunción de inocencia que la Constitución nos reconoce a todos. Quiero hacerlo por tranquilidad personal, por la tranquilidad de los diputados regionales que representamos la voluntad popular en la comunidad de Madrid, por la tranquilidad de nuestros ciudadanos y por la tranquilidad de nuestro sistema democrático. Y digo más, quiero confiar en que todo esto sea una pesadilla y que pase pronto. Pero precisamente son todas estas razones las que me llevan a pedir que los hoy aforados se desafueren y se sometan a la justicia en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano.
Podría decirse, tal vez haya quien lo esgrima, que el aforamiento es una protección porque los aforados lo son como consecuencia de su quehacer político y el caso en el que están imputados es una trama urdida contra su actuación política o la de su partido. Sería un argumento válido si las imputaciones fueran de naturaleza política, pero éste no es el caso. Sería razonable si el propio Partido Popular no hubiera acudido presto a suspender de militancia a los aforados. Ninguno de esos argumentos es aplicable a este caso y por eso es tan importante que los aforados hagan honor al carácter respetable que se les supone.
Es cierto que, una vez que se ha producido la imputación, si finalmente se demuestra la inocencia de los imputados, será difícil reparar el daño. Pensemos que esta terrible situación es la misma que tiene que soportar cualquier persona imputada por delitos de cualquier naturaleza que obtiene un fallo de inocencia por parte de los tribunales. En casos semejantes, justo será devolver la dignidad puesta en entredicho precisamente por los mismos principios de regeneración ética y democrática que ahora señalo.
No renunciar en este caso, entiendo yo, hace caer sobre el Parlamento regional la sombra de la duda: ¿Qué votaciones, participadas por parlamentarios sometidos a graves acusaciones de corrupción, podrán considerarse justas y legítimas? Vaya espectáculo: recurrir millonarias fianzas por estar imputado y acto seguido votar en la Asamblea. Es difícil pensar que los ciudadanos de Madrid vayan a soportarlo cuando están padeciendo el paro y quieren soluciones, lo que se resume en el grito de “¡Menos corrupción y más trabajo!” que profirieron este jueves los trabajadores frente a la Asamblea. La representación más gráfica de lo que está ocurriendo por el empeño de estos señores de aferrarse a su acta de diputados es la de una manzana podrida en una cesta de manzanas sanas. ¿Cuántas corren el riesgo, o la sospecha, de quedar contaminadas?
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.
La noticia acerca de los diputados del PP Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch y Alberto López Viejo, suspendidos temporalmente de militancia por el Partido Popular debido a su imputación en el caso Gürtel, parecía un buen paso en la regeneración que la democracia y la política precisan. Pero por desgracia no viene acompañada de la consecuencia lógica de la gravedad de la situación en la que se encuentran los tres imputados: su renuncia al acta de diputados y con ello a la condición de aforados que ostentan en cuanto parlamentarios.
Resulta especialmente inaudito porque uno de ellos fue inicialmente nombrado presidente de la comisión de investigación de los espionajes que se constituyó en la Asamblea regional. Aunque renunció más tarde, el 18 de febrero, y posteriormente también dimitió como portavoz adjunto del grupo popular, el caso es que sigue protegido por su acta de diputado junto a los otros dos aforados y todos ellos cuentan con el aval de la presidenta de la comunidad ante hechos que nada tienen que ver con la gestión política ni con el debate público.
Es preocupante y creo que un mal ejemplo del que no podemos enorgullecernos. Los políticos debemos ser ejemplares, incluso para realizar renuncias dolorosas, por exigencias éticas y por respeto a los ciudadanos y ciudadanas, y cuando no lo somos cometemos un desafuero hacia el cuerpo electoral y hacia la ciudadanía. En este caso resultaría más justificada aún la renuncia porque lo que pesa sobre los tres diputados autonómicos son nada menos que acusaciones de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita y blanqueo de capital.
En mi opinión, este desafuero crea problemas de legitimidad democrática y potencia el desencanto social hacia la labor política. No es de extrañar que la gente tenga la mala opinión que reflejan las encuestas de los políticos en general y de los líderes políticos del Partido Popular en particular. Son pésimos referentes que nos salpican y nos degradan a todos, incluidos las instituciones y los partidos políticos que demuestran una notable falta de reflejos para reaccionar.
No se entiende cómo un viceconsejero cesado en sus funciones y suspendido de militancia persiste en el aforamiento. Este tipo de cosas parecen más propias de otras latitudes e impensables en un sistema sólido como es el español. No se entiende tampoco que, ante acusaciones de esta gravedad, el mejor discurso que predica el Partido Popular por boca de Esperanza Aguirre es la consabida cortina de humo del “y tú más” o la invocación de oscuras conspiraciones o ataques contra esa fuerza política, que tan a menudo oímos en la cámara regional y que sólo causan crispación.
La sociedad española, y la madrileña en particular, han de rechazar estas prácticas porque entrañan la deslegitimación de las instituciones en las que se asienta el sistema democrático y convierten a quienes las consienten en los verdaderos antisistema. Admitirlas cuando lo que está en juego es la credibilidad de unos parlamentarios regionales es extender la sombra de duda a todos los representantes democráticamente elegidos, a los 117 diputados que deberíamos estar fuera de toda duda.
Yo quiero confiar en la honorabilidad de los diputados ahora en entredicho. Quiero hacerlo por la salud democrática de nuestro sistema, porque me parece impensable que la corrupción –si la hay- haya penetrado tan hondo en los espacios públicos, y por la confianza en la política y sus representantes, porque nuestro deber es traer lo mejor de nuestra sociedad y lo mejor de nuestros esfuerzos a la regeneración que nuestra política requiere.
Es necesario decir a la sociedad que ante este tipo de cosas, sean ciertas o falsas, los políticos sabemos hacer renuncias precisamente para salvaguardar la dignidad de los órganos para los que fuimos elegidos por la ciudadanía y por respeto al pueblo y a los demás diputados. No, señores, no todos somos iguales y la política no es ni debe ser un estercolero. Eso lo recordaron los trabajadores de Iveco, Bp Solar y Arcelor en el pleno de la Asamblea de esta primera semana de mayo. Acudieron como invitados y para mostrar su total desacuerdo con el consejero Beteta, cuya inactividad para salvar sus puestos de trabajo pretendían denunciar, salieron de la tribuna gritando “fuera imputados”.
Si nos ponemos en la peor de las hipótesis, la de que la corrupción haya acabado por salpicar a las instituciones, sería un drama que esto no se esclareciera con las suficientes garantías porque equivaldría a admitir que la democracia es únicamente una panoplia al servicio de intereses abyectos.
Yo confío en la justicia y en su capacidad de investigar con fidelidad, respeto y garantías a los hoy imputados. Confío en el juez natural, como no puede ser menos, como garante de nuestros derechos en el ámbito judicial y espero de su competencia y de su función que sea capaz de desvelar la realidad.
Quiero confiar en la honorabilidad de los imputados, que a día de hoy merecen todo el respeto que les otorga la presunción de inocencia que la Constitución nos reconoce a todos. Quiero hacerlo por tranquilidad personal, por la tranquilidad de los diputados regionales que representamos la voluntad popular en la comunidad de Madrid, por la tranquilidad de nuestros ciudadanos y por la tranquilidad de nuestro sistema democrático. Y digo más, quiero confiar en que todo esto sea una pesadilla y que pase pronto. Pero precisamente son todas estas razones las que me llevan a pedir que los hoy aforados se desafueren y se sometan a la justicia en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano.
Podría decirse, tal vez haya quien lo esgrima, que el aforamiento es una protección porque los aforados lo son como consecuencia de su quehacer político y el caso en el que están imputados es una trama urdida contra su actuación política o la de su partido. Sería un argumento válido si las imputaciones fueran de naturaleza política, pero éste no es el caso. Sería razonable si el propio Partido Popular no hubiera acudido presto a suspender de militancia a los aforados. Ninguno de esos argumentos es aplicable a este caso y por eso es tan importante que los aforados hagan honor al carácter respetable que se les supone.
Es cierto que, una vez que se ha producido la imputación, si finalmente se demuestra la inocencia de los imputados, será difícil reparar el daño. Pensemos que esta terrible situación es la misma que tiene que soportar cualquier persona imputada por delitos de cualquier naturaleza que obtiene un fallo de inocencia por parte de los tribunales. En casos semejantes, justo será devolver la dignidad puesta en entredicho precisamente por los mismos principios de regeneración ética y democrática que ahora señalo.
No renunciar en este caso, entiendo yo, hace caer sobre el Parlamento regional la sombra de la duda: ¿Qué votaciones, participadas por parlamentarios sometidos a graves acusaciones de corrupción, podrán considerarse justas y legítimas? Vaya espectáculo: recurrir millonarias fianzas por estar imputado y acto seguido votar en la Asamblea. Es difícil pensar que los ciudadanos de Madrid vayan a soportarlo cuando están padeciendo el paro y quieren soluciones, lo que se resume en el grito de “¡Menos corrupción y más trabajo!” que profirieron este jueves los trabajadores frente a la Asamblea. La representación más gráfica de lo que está ocurriendo por el empeño de estos señores de aferrarse a su acta de diputados es la de una manzana podrida en una cesta de manzanas sanas. ¿Cuántas corren el riesgo, o la sospecha, de quedar contaminadas?
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.