24 de noviembre de 2010, 15:57
NUEVATRIBUNA.ES - 8.7.2010
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
Los ataques del PP a la policía y a la fiscalía por la detención de varios presuntos corruptos en Alicante, las resistencias a acatar la Ley del aborto por algunos gobiernos autonómicos, y las llamadas a la movilización ciudadana contra la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán, son hechos muy diversos que tienen un lamentable elemento en común: se trata de desafíos inaceptables al normal funcionamiento del Estado de Derecho.
La Constitución de 1978 estableció en nuestro país “un Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1), en el que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (artículo 9). El Estado de Derecho conlleva grandes ventajas para asentar la convivencia sobre las bases de la libertad, la igualdad y la seguridad.
El imperio de la ley, la neutralidad política de policías y fiscales, y la independencia del poder judicial constituyen sus principales baluartes. Ahora bien, a estas ventajas le corresponden algunas responsabilidades, como el respeto y el acatamiento de sus resoluciones por todos los ciudadanos, especialmente por parte de los máximos representantes institucionales. No se puede obviar esta responsabilidad al socaire del tacticismo partidario, porque nos jugamos el cimiento mismo del sistema democrático.
Cuando un vicesecretario general del PP acusa a los policías y los fiscales de actuar al margen de ley, guiados por una motivación política, en la realización de una serie de registros y detenciones, se está socavando gravemente la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de la Justicia. El combate a la corrupción solo tendrá éxito cuando cuente con una respuesta clara, contundente y eficaz desde todos los actores políticos. El intento de aminorar los daños propios en la opinión pública mediante la descalificación del sistema policial y judicial resulta tan patético para el PP como peligroso para la credibilidad de las instituciones colectivas.
Algo parecido ocurre cuando al menos tres gobiernos autonómicos, los máximos representantes del Estado en sus territorios, hacen ostentación pública de su desacato a una ley en vigor. Nada obliga a suscribir políticamente todas las leyes. Es más, nuestro sistema de libertades ampara la crítica acerba a cualquier ley. Pero una vez debidamente aprobadas, publicadas y en vigor, todas las leyes deben acatarse y cumplirse con la máxima diligencia posible. ¿Con qué legitimidad podrán reclamar a sus ciudadanos los gobiernos de Murcia, de Navarra o de Madrid el cumplimiento de su propia legislación fiscal, por ejemplo, si ellos mismos presumen de no cumplir la legislación del Estado?
También merecen un reproche en el mismo sentido los responsables institucionales de diversa procedencia política que están convocando una manifestación para “salvar la dignidad de Cataluña” ante el último auto del TC sobre su Estatuto de autonomía. De hecho, quienes amenazan en mayor medida “la dignidad de Cataluña” son esos políticos que, por puro cálculo político, ponen en cuestión las instituciones democráticas y constitucionales que han suministrado para este territorio y para su gente el mayor grado de autogobierno de toda su historia.
La discusión sobre el lema de la marcha resulta tan lamentable como significativa. ¿La senyera o el “nosotros decidimos”? ¿Y cuál es la diferencia? Enarbolar la bandera autonómica contra una sentencia judicial equivale a la contraposición espuria de dos legitimidades. Y esgrimir la voluntad de la decisión propia contra esa misma resolución constituye un desafío intolerable al Estado de Derecho: si me gusta la sentencia, la acato, y si no me gusta, entonces “nosotros decidimos”. ¿Y valdrá así en Cataluña a partir de ahora para todas las sentencias y para todos los afectados por esas sentencias?
En el colmo de la extravagancia, algún dirigente ha acusado al PSOE de tener “miedo” a aceptar el proyecto federalista. ¿Miedo al proyecto federalista? No. Simplemente no estamos de acuerdo. Preferimos la España de las autonomías, de la solidaridad y de la cohesión que establece la Constitución de 1978. Personalmente me produce más miedo esa curiosa equiparación que se hace entre el partido y el Estado, más propia de otros tiempos y de otras latitudes ideológicas. Y produce un miedo más que justificado tanto desafío irracional al Estado de Derecho y al sistema de convivencia pacífica y en libertad que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos.
Rafael Simancas - Diputado del PSOE en el Congreso
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
Los ataques del PP a la policía y a la fiscalía por la detención de varios presuntos corruptos en Alicante, las resistencias a acatar la Ley del aborto por algunos gobiernos autonómicos, y las llamadas a la movilización ciudadana contra la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán, son hechos muy diversos que tienen un lamentable elemento en común: se trata de desafíos inaceptables al normal funcionamiento del Estado de Derecho.
La Constitución de 1978 estableció en nuestro país “un Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1), en el que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (artículo 9). El Estado de Derecho conlleva grandes ventajas para asentar la convivencia sobre las bases de la libertad, la igualdad y la seguridad.
El imperio de la ley, la neutralidad política de policías y fiscales, y la independencia del poder judicial constituyen sus principales baluartes. Ahora bien, a estas ventajas le corresponden algunas responsabilidades, como el respeto y el acatamiento de sus resoluciones por todos los ciudadanos, especialmente por parte de los máximos representantes institucionales. No se puede obviar esta responsabilidad al socaire del tacticismo partidario, porque nos jugamos el cimiento mismo del sistema democrático.
Cuando un vicesecretario general del PP acusa a los policías y los fiscales de actuar al margen de ley, guiados por una motivación política, en la realización de una serie de registros y detenciones, se está socavando gravemente la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de la Justicia. El combate a la corrupción solo tendrá éxito cuando cuente con una respuesta clara, contundente y eficaz desde todos los actores políticos. El intento de aminorar los daños propios en la opinión pública mediante la descalificación del sistema policial y judicial resulta tan patético para el PP como peligroso para la credibilidad de las instituciones colectivas.
Algo parecido ocurre cuando al menos tres gobiernos autonómicos, los máximos representantes del Estado en sus territorios, hacen ostentación pública de su desacato a una ley en vigor. Nada obliga a suscribir políticamente todas las leyes. Es más, nuestro sistema de libertades ampara la crítica acerba a cualquier ley. Pero una vez debidamente aprobadas, publicadas y en vigor, todas las leyes deben acatarse y cumplirse con la máxima diligencia posible. ¿Con qué legitimidad podrán reclamar a sus ciudadanos los gobiernos de Murcia, de Navarra o de Madrid el cumplimiento de su propia legislación fiscal, por ejemplo, si ellos mismos presumen de no cumplir la legislación del Estado?
También merecen un reproche en el mismo sentido los responsables institucionales de diversa procedencia política que están convocando una manifestación para “salvar la dignidad de Cataluña” ante el último auto del TC sobre su Estatuto de autonomía. De hecho, quienes amenazan en mayor medida “la dignidad de Cataluña” son esos políticos que, por puro cálculo político, ponen en cuestión las instituciones democráticas y constitucionales que han suministrado para este territorio y para su gente el mayor grado de autogobierno de toda su historia.
La discusión sobre el lema de la marcha resulta tan lamentable como significativa. ¿La senyera o el “nosotros decidimos”? ¿Y cuál es la diferencia? Enarbolar la bandera autonómica contra una sentencia judicial equivale a la contraposición espuria de dos legitimidades. Y esgrimir la voluntad de la decisión propia contra esa misma resolución constituye un desafío intolerable al Estado de Derecho: si me gusta la sentencia, la acato, y si no me gusta, entonces “nosotros decidimos”. ¿Y valdrá así en Cataluña a partir de ahora para todas las sentencias y para todos los afectados por esas sentencias?
En el colmo de la extravagancia, algún dirigente ha acusado al PSOE de tener “miedo” a aceptar el proyecto federalista. ¿Miedo al proyecto federalista? No. Simplemente no estamos de acuerdo. Preferimos la España de las autonomías, de la solidaridad y de la cohesión que establece la Constitución de 1978. Personalmente me produce más miedo esa curiosa equiparación que se hace entre el partido y el Estado, más propia de otros tiempos y de otras latitudes ideológicas. Y produce un miedo más que justificado tanto desafío irracional al Estado de Derecho y al sistema de convivencia pacífica y en libertad que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos.
Rafael Simancas - Diputado del PSOE en el Congreso