3 de septiembre de 2009, 4:39
NUEVATRIBUNA.ES - 25.4.2009
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
Las observaciones realizadas por el Gobernador del Banco de España, en esta ocasión ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, han acaparado de nuevo el primer plano del debate nacional. Y tampoco esta vez han estado exentas de controversia. De su comparecencia, tres son los mensajes que han tenido mayor repercusión: la afirmación de que las cuentas de la Seguridad Social podrían dejar pronto de estar en superávit, la hipótesis de aumentar la edad de jubilación y/o de incrementar el número de años para realizar el cálculo de la base reguladora de las pensiones y, por otra parte, la pregunta retórica sobre los altos índices de desempleo en España en relación con los de otros países europeos.
Alguna de estas cuestiones no figura en el texto escrito difundido por el Gabinete de Comunicación del Banco de España y, en cambio, dicho texto contiene otras posibles actuaciones en el campo de las pensiones de importancia igualmente relevante: la reducción de la tasa de sustitución (reducción del porcentaje de la cuantía de la pensión en relación con el salario en activo) y la modificación de la actual compensación a las pensiones por la desviación de la inflación (para hacerla más simétrica con la desviación de la inflación: no se entiende por lo dicho si es para que todas las pensiones, las altas y las bajas, recuperen el mismo porcentaje o si de lo que se trata es de que las pensiones también puedan decrecer en el supuesto de que la inflación final sea inferior al aumento inicial de las mismas{esto es lo que había escrito antes de saber ayer que el Banco de España se refería a la segunda opción, como era previsible. Algo que ye el PP intentó hacer en 1997 y 1998 pero que, finalmente, no se atrevió a hacerlo]). Pero vayamos por partes.
Reconocimiento. Las consideraciones y declaraciones de Miguel Ángel Fernández Ordóñez podrían ser catalogadas de inoportunas (la difusión de inquietudes y sombras sobre una de las cuestiones más sensibles para la opinión pública ha deslucido el estreno del nuevo gobierno) pero no de novedosas ni incoherentes con su ideario. Desde hace más de 30 años viene defendiendo las mismas ideas sobre la protección social, el mercado de trabajo, las relaciones laborales, el sector público, la intervención del Estado. En mi opinión, pocos tienen en nuestro país los conocimientos, la inteligencia y la convicción para representar mejor que él un auténtico pensamiento neoliberal. El actual Gobernador del Banco de España es - su trayectoria así lo acredita - un hombre de convicciones ideológicas firmes: cree en la regulación por el mercado, cree en una profunda desregulación laboral, cree en la iniciativa privada, cree en las privatizaciones, cree en la reducción de impuestos, cree en las pensiones privadas, desconfía del sector público, opina que los sindicatos son un factor de rigidez y de corporativismo. Seguramente por ello, el Sr. Fernández Ordóñez se distinguió durante los mandatos del Presidente Aznar por defender la tesis, a través de brillantes artículos y declaraciones, de que las realizaciones de los gobiernos populares - en el sector eléctrico, en las privatizaciones de empresas y, desde luego, en el campo laboral y de la protección social - habían sido mucho menos liberalizadoras y mucho más intervencionistas que las de los anteriores gobiernos socialistas. Sus posiciones no han sido nunca contradictorias con las orientaciones de fondo de los Ministros económicos que le han promocionado a las altas instancias que ha ocupado y ocupa (uno de los cuales terminó entrando a formar parte del laboratorio de ideas de José María Aznar), aunque siempre se ha distinguido por la mayor beligerancia y nitidez de sus posiciones ideológicas. Todo ello es perfectamente respetable y sólo pone de manifiesto la coherencia entre lo que dice y piensa el señor Gobernador. Si alguna incoherencia cabe señalar al respecto no es por lo que el Sr. Fernández Ordóñez piensa o dice, sino, en todo caso, porque, pensando como piensa, sea miembro del Partido Socialista. Quizá tampoco eso sea ninguna incoherencia sino más bien un cálculo racional y él se encuentre entre los que sostienen que es actuando desde los partidos de izquierdas como se pueden llevar mejor a cabo determinadas reformas liberales.
Credibilidad. La coherencia con sus posiciones ideológicas no le garantiza, sin embargo, al Sr. Gobernador el acierto en sus análisis y pronósticos. Su previsión de que la Seguridad Social puede entrar en déficit en el plazo de un año no coincide con los datos que ofrecen sus gestores. Pretender que el sistema español de SS, que ha tenido durante los últimos tres años el mayor superávit de todos los sistemas del conjunto de países de la OCDE, mantenga el mismo nivel de superávit en la coyuntura actual es, evidentemente, imposible. Pero, aún cuando fuera como dice el Sr. Fernández Ordóñez ¿por qué poner una nota de alarma en algo que es común a todas las cuentas públicas, a las empresas privadas, a las familias… en España y en la mayor parte de los países europeos? ¿No está, además, previsto en el propio Pacto de Toledo que, en caso de desequilibrio en las cuentas de la SS, el Estado debería acelerar la financiación a su cargo de los complementos de mínimos de las pensiones y otros capítulos del gasto impropiamente financiados con cotizaciones? Realmente ¿podemos considerar técnicamente sólido y políticamente inocuo vincular – bien es verdad que de forma subrepticia y al tiempo que se negaba su relevancia respecto al problema de fondo - un dato coyuntural, como el saldo de la SS en un año, o en varios, de profunda crisis económica y del empleo, con otro estructural, como es la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones? Este tipo de alarmismos basados en datos coyunturales nunca suelen ser, en todo caso, casuales: siempre tienen la finalidad de reclamar medidas inmediatas y urgentes.
Hay que decir, por otro lado, que ninguno de los muchos pronósticos alarmistas que se han realizado en nuestro país sobre la “quiebra” de la seguridad social se ha cumplido. En realidad, este tipo de estimaciones y modelos de extrapolación a 40 o 50 años son poco fiables, se prestan a cometer grandes errores y, muchas veces, están claramente escorados por la sobreestimación o subestimación de determinadas variables.
Además, y a mayor abundamiento, no son los tiempos actuales los más gloriosos para los pronósticos de los economistas. Y el Sr. Fernández Ordóñez lo es, además de estar apoyado en sus pronósticos por otros muchos. Otro economista, Richard Dale, británico en este caso a la vez que menos ortodoxo respecto a las escuelas que dominan en la actualidad la doctrina económica, ha señalado que “pese a la existencia de 4.000 profesores de finanzas en el mundo y de miles de trabajos de investigación publicados cada año”, la práctica totalidad de los especialistas no han sido capaces de prevenir a nadie de la posibilidad de la crisis que ha acaecido. La razón reside, de acuerdo con este otro tipo de economistas más autocríticos, en que la teoría financiera dominante no permite ni siquiera plantear la posibilidad de una crisis, ya que reposa sobre la hipótesis de la eficiencia de los mercados y del equilibrio óptimo de los mismos. La realidad ha venido a desmentir dramáticamente tal hipótesis. Esta confianza ciega en los modelos de la ciencia económica dominante, que se traduce en una fe absoluta en la autorregulación de los mercados es, según algunos de los economistas en boga, como Dani Rodrik o Paul Krugman, la prueba de que “los economistas han transmitido, demasiado a menudo, sus propias preferencias económicas y sociales. En lugar de ser analistas, han sido ideólogos” Esto es algo que, bastante antes de que dichos economistas estuviesen en candelero, ya se sospechaba en España: desde hace más de veinte años algunos sectores de la izquierda de este país, incluidos algunos integrados en el PSOE, han venido señalando, con muchos fundamentos, que el Banco de España era una entidad doblemente emisora: de moneda y de ideología.
Las propuestas. Es, no obstante, en el terreno de las propuestas donde cabe, sobre todo, señalar mayores discrepancias con las observaciones del Sr. Gobernador. No sólo por lo que dice sino, en gran medida, por lo que no dice. Para ser sintéticos, podemos señalar tres características de sus propuestas que suelen ser típicas de una manera de enfocar los desafíos futuros de los sistemas de pensiones.
En primer lugar, la comparación incompleta y parcial con las experiencias de otros países. Hacer referencia a medidas que se han adoptado en otros países europeos, o del conjunto de la OCDE, sobre el retraso de la edad de jubilación, la ampliación de los años de cotización para el cálculo de las pensiones, la reducción de la tasa de sustitución de las mismas, la vinculación de la pensión a la esperanza de vida o la acentuación del sistema hacia un mayor ratio contributivo, sin situar tales reformas en el contexto del conjunto del sistema en el que están articuladas, es un ejercicio más propio de la propaganda que del análisis riguroso.
Un par de datos pueden contribuir a relativizar este tipo de comparaciones. El primero: en algunos de los países europeos el gasto en pensiones representa el 13% del PIB (Francia, Holanda o Alemania) el 14% (Austria) o cerca del 15% (Italia) y en torno al 12%, de media, en el conjunto de la UE. En España, en cambio, no llega al 9%. Cabe preguntarse, a la luz de estos datos, si la insostenibilidad sistémica que nos anuncian para el año 2050 consistiría, por tanto, en llegar a un porcentaje de gasto en nuestro sistema de pensiones que sería un poco superior al que ya ahora, cuarenta años antes, destinan a ello otros países de nuestro entorno. El segundo: es igualmente relevante tener en cuenta que el gasto público total en España es inferior al 39% del PIB mientras que en Suecia, por ejemplo, es superior al 52%. Y en la Europa-15 es del 46%. Probablemente podríamos reflexionar mejor sobre las medidas de sostenibilidad y reforma del sistema de pensiones si incorporamos todos los datos del problema.
En segundo lugar, en este tipo de propuestas sólo cabe actuar sobre el gasto, nunca sobre los ingresos (salvo para apoyar fiscalmente a los fondos privados de pensiones). En las reflexiones del servicio de estudios del Banco de España, expresadas por su Gobernador, está descartado incrementar las cotizaciones. Y ni siquiera se contempla la posibilidad de actuar sobre otras fuentes de financiación para sufragar las pensiones contributivas. Y, como si la Seguridad Social fuera una compañía de seguros y no un sistema de reparto y solidaridad, se insiste en la contributividad pura. En realidad, sólo en 8 de los 27 países de la UE se financian exclusivamente las pensiones mediante cotizaciones (Zubiri,2009).
Tampoco en este tipo de enfoques reformadores se aborda nunca en detalle y con suficiente prioridad el actuar sobre otras variables que contribuirían a la sostenibilidad del sistema de pensiones: tasa de empleo, incremento de la productividad del trabajo, tasa de natalidad, medidas para favorecer la permanencia en el empleo y asegurar carreras completas de pensión de las mujeres trabajadoras o de los trabajadores mayores de 55 años, fórmulas alternativas para redistribuir los incrementos de la productividad. Más allá de los discursos generales, donde se reconoce en abstracto la necesidad de un tratamiento multifactorial, en el terreno de las propuestas concretas todas ellas tienen que ver con el gasto. Y específicamente con el recorte del gasto; es decir, con el recorte de las pensiones. Tal y como se plantean, retrasar la edad de jubilación, aumentar el número de años para calcular la pensión, reducir la tasa de sustitución, sustituir la “cotización definida” por la “prestación definida”, congelar la pensión máxima, modificar el sistema de revalorización de las pensiones….siempre suelen tener un objetivo apriorístico: recortar el futuro gasto en pensiones. Y, por ende, el importe de la mayoría de las mismas.
Un ejemplo de ello es la propuesta de retrasar la edad de jubilación. Una medida que, en pura hipótesis, no es rechazable. Entre otras cosas porque cabría pensar en otra distribución de las horas de trabajo a lo largo de la vida (reducción de jornada, tiempos sabáticos, etc). En cualquier caso, el debate sobre la misma, sin embargo, es inseparable de tres cuestiones. Primera, que realmente todos los trabajadores consigan llegar trabajando a la edad de jubilación (65 años, en nuestro país). La realidad es que nuestra tasa de empleo de los trabajadores mayores de 55 años es más de 30 puntos inferior a la media. Y la edad real de jubilación en España (una de las más elevadas de la UE) es de 63,7 años. Antes de proceder a retrasar la edad de jubilación tendríamos que hacer lo necesario para que todos los trabajadores que quieran puedan alcanzar trabajando la edad legal de jubilación. Y obstaculizar las prejubilaciones propiciadas por las empresas para deshacerse de los trabajadores mayores y, por lo tanto, con mayores cargas sociales. Segunda, el debate sobre el retraso de la edad de jubilación es indisociable de la tasa de empleo de los jóvenes. Lo que nos plantea la necesidad de aumentar la tasa general de empleo en nuestro país. Tercera, es necesario tener en cuenta el desgaste de determinadas labores y profesiones. De no abordar esas cuestiones primero, lo único que conseguiremos retrasando la edad de jubilación es precarizar aún más las pensiones de la mayoría y favorecer la prolongación de la vida laboral de una minoría privilegiada que, por las características de su trabajo, está en condiciones de hacerlo.
En tercer lugar, este tipo de reflexiones y de medidas de recorte siempre tienen un beneficiario último: las pensiones privadas. Como si las mismas estuvieran más protegidas o fueran más inmunes a los desafíos que plantean fenómenos como la reducción de la tasa de natalidad o el aumento de la esperanza de vida, y la consiguiente disminución del ratio entre activos y pasivos. O como si no hubiera que cotizar - aportar - para capitalizarlas; o como si éstas pensiones privadas estuvieran al abrigo de los riesgos de la coyuntura económica. Al hablar del impacto negativo de la crisis económica sobre las cuentas de la Seguridad Social el Sr. Gobernador podría haber realizado también una valoración sobre la debacle que han sufrido los fondos de pensiones privados. ¡Ese tipo de pensiones si que han evidenciado tener una “sostenibilidad” – un valor - bien vulnerable! De hecho, el 66% de los fondos de pensiones con 17 años de historia han tenido una rentabilidad inferior la inflación (Zubiri,2009). Por otra parte, de enero a octubre de 2008, las pensiones privadas de la zona OCDE registraron, según datos de esa organización, una pérdida real de cerca del 20% de su capital.
Tasa de paro. En este apartado, el Gobernador se limitó a señalar la conveniencia de mirar hacia otros países que tienen tasas de paro del 6, del 7, del 3 o del 4 por ciento porque, argumentó, quizá podamos aprender algo de ellos. Sin tratar de interpretar lo que el Sr. Fernández Ordóñez entienda que hay que aprender de ese tipo de países, sí conviene comentar algunas cuestiones que podemos aprender del nuestro y que, sin duda, explican, al menos en parte, la más elevada tasa de desempleo española. Seguramente el servicio de estudios del Banco de España podrá indicarnos también otras, pero modestamente sugeriría considerar las siguientes.
En primer lugar, la mayor tasa de paro española se explica por el enorme volumen de empleo industrial que se perdió en nuestro país al abandonar la autarquía y abrir la economía hacia el exterior. Hasta la segunda mitad de los años 70, la tasa de desempleo española no superaba el 5%. En sólo siete años (de 1977 a 1984) se pasó a una tasa de paro del 20% y la tasa de empleo descendió desde el 48%, en 1977, hasta el 38%, en 1994. Nada comparable sucedió en nuestros países vecinos.
En segundo lugar, en nuestro país la población activa en el campo ha pasado, en tres décadas, de representar un 20% de la población activa a suponer menos del 5%. Con la consiguiente pérdida de centenares de miles de puestos de trabajo. Fenómeno que tampoco ha tenido parangón en otros países europeos. En tercer lugar, en España ha aumentado mucho más la población activa que en otros países europeos. Ello, como consecuencia del “baby boom” de los años 60, de la incorporación de la mujer al trabajo y, más recientemente, de la entrada de inmigrantes. Por ejemplo, entre 1986 y 2006 (Antonio González González, 2009) la población activa en España creció en 7,9 millones. Mientras que, en el mismo periodo, en Francia aumentó en 3,7 millones, en el Reino Unido en 2,l millones, en Italia en 1,6 y en Dinamarca ha conocido un ligerísimo retroceso.
Finalmente, en nuestro país crece mucho más rápidamente el número de parados porque, entre otras cosas, en España es mucho más fácil despedir a los trabajadores que en otros países europeos. Por supuesto, en los contratos temporales. Pero también en los fijos. Salvo en los despidos colectivos, que son los únicos en los que es necesaria una negociación con los sindicatos. En los demás – despidos individuales de tipo improcedente o por causas objetivas – también se despide con mayor facilidad que en otros países. El mayor precio del despido improcedente (figura inexistente o prácticamente inviable en otros ordenamientos) no es un obstáculo insalvable para ello. Lo esencial es que ante el despido improcedente como en los despidos objetivos de tipo individual, es siempre el empresario el que tiene la opción de readmisión y éste opta sistemáticamente por indemnizar y mantener el despido. En toda Europa la readmisión en caso de improcedencia o no justificación del despido es universalmente una opción del trabajador ya que esta regla es la esencia misma de la institución del despido. Evidencias de la facilidad con la que se despide en nuestro país son el incremento espectacular de la tasa de salida del empleo indefinido en los últimos años al tiempo que el índice de paro de larga duración en España ha pasado a ser, antes de la presente crisis, uno de los más bajos de la Unión Europea (Antonio González Gonzáles, 2009). Seguramente estas no son todas las razones que explican nuestra mayor tasa de paro, pero entiendo que son algunas de las fundamentales y que no son frecuentemente destacadas.
José María Zufiaur ha sido Secretario General de la Unión Sindical Obrera y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores. Actualmente es Consejero del CES europeo, en representación de UGT. Forma parte de las secciones de Relaciones Exteriores y de Asuntos sociales y preside, dentro del CESE, el Observatorio del Mercado de Trabajo.
FUNDACIÓN SISTEMA
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
Las observaciones realizadas por el Gobernador del Banco de España, en esta ocasión ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, han acaparado de nuevo el primer plano del debate nacional. Y tampoco esta vez han estado exentas de controversia. De su comparecencia, tres son los mensajes que han tenido mayor repercusión: la afirmación de que las cuentas de la Seguridad Social podrían dejar pronto de estar en superávit, la hipótesis de aumentar la edad de jubilación y/o de incrementar el número de años para realizar el cálculo de la base reguladora de las pensiones y, por otra parte, la pregunta retórica sobre los altos índices de desempleo en España en relación con los de otros países europeos.
Alguna de estas cuestiones no figura en el texto escrito difundido por el Gabinete de Comunicación del Banco de España y, en cambio, dicho texto contiene otras posibles actuaciones en el campo de las pensiones de importancia igualmente relevante: la reducción de la tasa de sustitución (reducción del porcentaje de la cuantía de la pensión en relación con el salario en activo) y la modificación de la actual compensación a las pensiones por la desviación de la inflación (para hacerla más simétrica con la desviación de la inflación: no se entiende por lo dicho si es para que todas las pensiones, las altas y las bajas, recuperen el mismo porcentaje o si de lo que se trata es de que las pensiones también puedan decrecer en el supuesto de que la inflación final sea inferior al aumento inicial de las mismas{esto es lo que había escrito antes de saber ayer que el Banco de España se refería a la segunda opción, como era previsible. Algo que ye el PP intentó hacer en 1997 y 1998 pero que, finalmente, no se atrevió a hacerlo]). Pero vayamos por partes.
Reconocimiento. Las consideraciones y declaraciones de Miguel Ángel Fernández Ordóñez podrían ser catalogadas de inoportunas (la difusión de inquietudes y sombras sobre una de las cuestiones más sensibles para la opinión pública ha deslucido el estreno del nuevo gobierno) pero no de novedosas ni incoherentes con su ideario. Desde hace más de 30 años viene defendiendo las mismas ideas sobre la protección social, el mercado de trabajo, las relaciones laborales, el sector público, la intervención del Estado. En mi opinión, pocos tienen en nuestro país los conocimientos, la inteligencia y la convicción para representar mejor que él un auténtico pensamiento neoliberal. El actual Gobernador del Banco de España es - su trayectoria así lo acredita - un hombre de convicciones ideológicas firmes: cree en la regulación por el mercado, cree en una profunda desregulación laboral, cree en la iniciativa privada, cree en las privatizaciones, cree en la reducción de impuestos, cree en las pensiones privadas, desconfía del sector público, opina que los sindicatos son un factor de rigidez y de corporativismo. Seguramente por ello, el Sr. Fernández Ordóñez se distinguió durante los mandatos del Presidente Aznar por defender la tesis, a través de brillantes artículos y declaraciones, de que las realizaciones de los gobiernos populares - en el sector eléctrico, en las privatizaciones de empresas y, desde luego, en el campo laboral y de la protección social - habían sido mucho menos liberalizadoras y mucho más intervencionistas que las de los anteriores gobiernos socialistas. Sus posiciones no han sido nunca contradictorias con las orientaciones de fondo de los Ministros económicos que le han promocionado a las altas instancias que ha ocupado y ocupa (uno de los cuales terminó entrando a formar parte del laboratorio de ideas de José María Aznar), aunque siempre se ha distinguido por la mayor beligerancia y nitidez de sus posiciones ideológicas. Todo ello es perfectamente respetable y sólo pone de manifiesto la coherencia entre lo que dice y piensa el señor Gobernador. Si alguna incoherencia cabe señalar al respecto no es por lo que el Sr. Fernández Ordóñez piensa o dice, sino, en todo caso, porque, pensando como piensa, sea miembro del Partido Socialista. Quizá tampoco eso sea ninguna incoherencia sino más bien un cálculo racional y él se encuentre entre los que sostienen que es actuando desde los partidos de izquierdas como se pueden llevar mejor a cabo determinadas reformas liberales.
Credibilidad. La coherencia con sus posiciones ideológicas no le garantiza, sin embargo, al Sr. Gobernador el acierto en sus análisis y pronósticos. Su previsión de que la Seguridad Social puede entrar en déficit en el plazo de un año no coincide con los datos que ofrecen sus gestores. Pretender que el sistema español de SS, que ha tenido durante los últimos tres años el mayor superávit de todos los sistemas del conjunto de países de la OCDE, mantenga el mismo nivel de superávit en la coyuntura actual es, evidentemente, imposible. Pero, aún cuando fuera como dice el Sr. Fernández Ordóñez ¿por qué poner una nota de alarma en algo que es común a todas las cuentas públicas, a las empresas privadas, a las familias… en España y en la mayor parte de los países europeos? ¿No está, además, previsto en el propio Pacto de Toledo que, en caso de desequilibrio en las cuentas de la SS, el Estado debería acelerar la financiación a su cargo de los complementos de mínimos de las pensiones y otros capítulos del gasto impropiamente financiados con cotizaciones? Realmente ¿podemos considerar técnicamente sólido y políticamente inocuo vincular – bien es verdad que de forma subrepticia y al tiempo que se negaba su relevancia respecto al problema de fondo - un dato coyuntural, como el saldo de la SS en un año, o en varios, de profunda crisis económica y del empleo, con otro estructural, como es la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones? Este tipo de alarmismos basados en datos coyunturales nunca suelen ser, en todo caso, casuales: siempre tienen la finalidad de reclamar medidas inmediatas y urgentes.
Hay que decir, por otro lado, que ninguno de los muchos pronósticos alarmistas que se han realizado en nuestro país sobre la “quiebra” de la seguridad social se ha cumplido. En realidad, este tipo de estimaciones y modelos de extrapolación a 40 o 50 años son poco fiables, se prestan a cometer grandes errores y, muchas veces, están claramente escorados por la sobreestimación o subestimación de determinadas variables.
Además, y a mayor abundamiento, no son los tiempos actuales los más gloriosos para los pronósticos de los economistas. Y el Sr. Fernández Ordóñez lo es, además de estar apoyado en sus pronósticos por otros muchos. Otro economista, Richard Dale, británico en este caso a la vez que menos ortodoxo respecto a las escuelas que dominan en la actualidad la doctrina económica, ha señalado que “pese a la existencia de 4.000 profesores de finanzas en el mundo y de miles de trabajos de investigación publicados cada año”, la práctica totalidad de los especialistas no han sido capaces de prevenir a nadie de la posibilidad de la crisis que ha acaecido. La razón reside, de acuerdo con este otro tipo de economistas más autocríticos, en que la teoría financiera dominante no permite ni siquiera plantear la posibilidad de una crisis, ya que reposa sobre la hipótesis de la eficiencia de los mercados y del equilibrio óptimo de los mismos. La realidad ha venido a desmentir dramáticamente tal hipótesis. Esta confianza ciega en los modelos de la ciencia económica dominante, que se traduce en una fe absoluta en la autorregulación de los mercados es, según algunos de los economistas en boga, como Dani Rodrik o Paul Krugman, la prueba de que “los economistas han transmitido, demasiado a menudo, sus propias preferencias económicas y sociales. En lugar de ser analistas, han sido ideólogos” Esto es algo que, bastante antes de que dichos economistas estuviesen en candelero, ya se sospechaba en España: desde hace más de veinte años algunos sectores de la izquierda de este país, incluidos algunos integrados en el PSOE, han venido señalando, con muchos fundamentos, que el Banco de España era una entidad doblemente emisora: de moneda y de ideología.
Las propuestas. Es, no obstante, en el terreno de las propuestas donde cabe, sobre todo, señalar mayores discrepancias con las observaciones del Sr. Gobernador. No sólo por lo que dice sino, en gran medida, por lo que no dice. Para ser sintéticos, podemos señalar tres características de sus propuestas que suelen ser típicas de una manera de enfocar los desafíos futuros de los sistemas de pensiones.
En primer lugar, la comparación incompleta y parcial con las experiencias de otros países. Hacer referencia a medidas que se han adoptado en otros países europeos, o del conjunto de la OCDE, sobre el retraso de la edad de jubilación, la ampliación de los años de cotización para el cálculo de las pensiones, la reducción de la tasa de sustitución de las mismas, la vinculación de la pensión a la esperanza de vida o la acentuación del sistema hacia un mayor ratio contributivo, sin situar tales reformas en el contexto del conjunto del sistema en el que están articuladas, es un ejercicio más propio de la propaganda que del análisis riguroso.
Un par de datos pueden contribuir a relativizar este tipo de comparaciones. El primero: en algunos de los países europeos el gasto en pensiones representa el 13% del PIB (Francia, Holanda o Alemania) el 14% (Austria) o cerca del 15% (Italia) y en torno al 12%, de media, en el conjunto de la UE. En España, en cambio, no llega al 9%. Cabe preguntarse, a la luz de estos datos, si la insostenibilidad sistémica que nos anuncian para el año 2050 consistiría, por tanto, en llegar a un porcentaje de gasto en nuestro sistema de pensiones que sería un poco superior al que ya ahora, cuarenta años antes, destinan a ello otros países de nuestro entorno. El segundo: es igualmente relevante tener en cuenta que el gasto público total en España es inferior al 39% del PIB mientras que en Suecia, por ejemplo, es superior al 52%. Y en la Europa-15 es del 46%. Probablemente podríamos reflexionar mejor sobre las medidas de sostenibilidad y reforma del sistema de pensiones si incorporamos todos los datos del problema.
En segundo lugar, en este tipo de propuestas sólo cabe actuar sobre el gasto, nunca sobre los ingresos (salvo para apoyar fiscalmente a los fondos privados de pensiones). En las reflexiones del servicio de estudios del Banco de España, expresadas por su Gobernador, está descartado incrementar las cotizaciones. Y ni siquiera se contempla la posibilidad de actuar sobre otras fuentes de financiación para sufragar las pensiones contributivas. Y, como si la Seguridad Social fuera una compañía de seguros y no un sistema de reparto y solidaridad, se insiste en la contributividad pura. En realidad, sólo en 8 de los 27 países de la UE se financian exclusivamente las pensiones mediante cotizaciones (Zubiri,2009).
Tampoco en este tipo de enfoques reformadores se aborda nunca en detalle y con suficiente prioridad el actuar sobre otras variables que contribuirían a la sostenibilidad del sistema de pensiones: tasa de empleo, incremento de la productividad del trabajo, tasa de natalidad, medidas para favorecer la permanencia en el empleo y asegurar carreras completas de pensión de las mujeres trabajadoras o de los trabajadores mayores de 55 años, fórmulas alternativas para redistribuir los incrementos de la productividad. Más allá de los discursos generales, donde se reconoce en abstracto la necesidad de un tratamiento multifactorial, en el terreno de las propuestas concretas todas ellas tienen que ver con el gasto. Y específicamente con el recorte del gasto; es decir, con el recorte de las pensiones. Tal y como se plantean, retrasar la edad de jubilación, aumentar el número de años para calcular la pensión, reducir la tasa de sustitución, sustituir la “cotización definida” por la “prestación definida”, congelar la pensión máxima, modificar el sistema de revalorización de las pensiones….siempre suelen tener un objetivo apriorístico: recortar el futuro gasto en pensiones. Y, por ende, el importe de la mayoría de las mismas.
Un ejemplo de ello es la propuesta de retrasar la edad de jubilación. Una medida que, en pura hipótesis, no es rechazable. Entre otras cosas porque cabría pensar en otra distribución de las horas de trabajo a lo largo de la vida (reducción de jornada, tiempos sabáticos, etc). En cualquier caso, el debate sobre la misma, sin embargo, es inseparable de tres cuestiones. Primera, que realmente todos los trabajadores consigan llegar trabajando a la edad de jubilación (65 años, en nuestro país). La realidad es que nuestra tasa de empleo de los trabajadores mayores de 55 años es más de 30 puntos inferior a la media. Y la edad real de jubilación en España (una de las más elevadas de la UE) es de 63,7 años. Antes de proceder a retrasar la edad de jubilación tendríamos que hacer lo necesario para que todos los trabajadores que quieran puedan alcanzar trabajando la edad legal de jubilación. Y obstaculizar las prejubilaciones propiciadas por las empresas para deshacerse de los trabajadores mayores y, por lo tanto, con mayores cargas sociales. Segunda, el debate sobre el retraso de la edad de jubilación es indisociable de la tasa de empleo de los jóvenes. Lo que nos plantea la necesidad de aumentar la tasa general de empleo en nuestro país. Tercera, es necesario tener en cuenta el desgaste de determinadas labores y profesiones. De no abordar esas cuestiones primero, lo único que conseguiremos retrasando la edad de jubilación es precarizar aún más las pensiones de la mayoría y favorecer la prolongación de la vida laboral de una minoría privilegiada que, por las características de su trabajo, está en condiciones de hacerlo.
En tercer lugar, este tipo de reflexiones y de medidas de recorte siempre tienen un beneficiario último: las pensiones privadas. Como si las mismas estuvieran más protegidas o fueran más inmunes a los desafíos que plantean fenómenos como la reducción de la tasa de natalidad o el aumento de la esperanza de vida, y la consiguiente disminución del ratio entre activos y pasivos. O como si no hubiera que cotizar - aportar - para capitalizarlas; o como si éstas pensiones privadas estuvieran al abrigo de los riesgos de la coyuntura económica. Al hablar del impacto negativo de la crisis económica sobre las cuentas de la Seguridad Social el Sr. Gobernador podría haber realizado también una valoración sobre la debacle que han sufrido los fondos de pensiones privados. ¡Ese tipo de pensiones si que han evidenciado tener una “sostenibilidad” – un valor - bien vulnerable! De hecho, el 66% de los fondos de pensiones con 17 años de historia han tenido una rentabilidad inferior la inflación (Zubiri,2009). Por otra parte, de enero a octubre de 2008, las pensiones privadas de la zona OCDE registraron, según datos de esa organización, una pérdida real de cerca del 20% de su capital.
Tasa de paro. En este apartado, el Gobernador se limitó a señalar la conveniencia de mirar hacia otros países que tienen tasas de paro del 6, del 7, del 3 o del 4 por ciento porque, argumentó, quizá podamos aprender algo de ellos. Sin tratar de interpretar lo que el Sr. Fernández Ordóñez entienda que hay que aprender de ese tipo de países, sí conviene comentar algunas cuestiones que podemos aprender del nuestro y que, sin duda, explican, al menos en parte, la más elevada tasa de desempleo española. Seguramente el servicio de estudios del Banco de España podrá indicarnos también otras, pero modestamente sugeriría considerar las siguientes.
En primer lugar, la mayor tasa de paro española se explica por el enorme volumen de empleo industrial que se perdió en nuestro país al abandonar la autarquía y abrir la economía hacia el exterior. Hasta la segunda mitad de los años 70, la tasa de desempleo española no superaba el 5%. En sólo siete años (de 1977 a 1984) se pasó a una tasa de paro del 20% y la tasa de empleo descendió desde el 48%, en 1977, hasta el 38%, en 1994. Nada comparable sucedió en nuestros países vecinos.
En segundo lugar, en nuestro país la población activa en el campo ha pasado, en tres décadas, de representar un 20% de la población activa a suponer menos del 5%. Con la consiguiente pérdida de centenares de miles de puestos de trabajo. Fenómeno que tampoco ha tenido parangón en otros países europeos. En tercer lugar, en España ha aumentado mucho más la población activa que en otros países europeos. Ello, como consecuencia del “baby boom” de los años 60, de la incorporación de la mujer al trabajo y, más recientemente, de la entrada de inmigrantes. Por ejemplo, entre 1986 y 2006 (Antonio González González, 2009) la población activa en España creció en 7,9 millones. Mientras que, en el mismo periodo, en Francia aumentó en 3,7 millones, en el Reino Unido en 2,l millones, en Italia en 1,6 y en Dinamarca ha conocido un ligerísimo retroceso.
Finalmente, en nuestro país crece mucho más rápidamente el número de parados porque, entre otras cosas, en España es mucho más fácil despedir a los trabajadores que en otros países europeos. Por supuesto, en los contratos temporales. Pero también en los fijos. Salvo en los despidos colectivos, que son los únicos en los que es necesaria una negociación con los sindicatos. En los demás – despidos individuales de tipo improcedente o por causas objetivas – también se despide con mayor facilidad que en otros países. El mayor precio del despido improcedente (figura inexistente o prácticamente inviable en otros ordenamientos) no es un obstáculo insalvable para ello. Lo esencial es que ante el despido improcedente como en los despidos objetivos de tipo individual, es siempre el empresario el que tiene la opción de readmisión y éste opta sistemáticamente por indemnizar y mantener el despido. En toda Europa la readmisión en caso de improcedencia o no justificación del despido es universalmente una opción del trabajador ya que esta regla es la esencia misma de la institución del despido. Evidencias de la facilidad con la que se despide en nuestro país son el incremento espectacular de la tasa de salida del empleo indefinido en los últimos años al tiempo que el índice de paro de larga duración en España ha pasado a ser, antes de la presente crisis, uno de los más bajos de la Unión Europea (Antonio González Gonzáles, 2009). Seguramente estas no son todas las razones que explican nuestra mayor tasa de paro, pero entiendo que son algunas de las fundamentales y que no son frecuentemente destacadas.
José María Zufiaur ha sido Secretario General de la Unión Sindical Obrera y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores. Actualmente es Consejero del CES europeo, en representación de UGT. Forma parte de las secciones de Relaciones Exteriores y de Asuntos sociales y preside, dentro del CESE, el Observatorio del Mercado de Trabajo.
FUNDACIÓN SISTEMA