miércoles. 24.04.2024

Lo llaman desahucio, pero es atentado

Caso de acabar en suicidio, se trata de pérdida de vida provocada, inducida, genocidio financiero, en suma. En ocasiones, hasta sesenta policías han intervenido para materializar un desahucio. Nunca hubo tan extraordinaria desproporción entre fuerzas del orden y ciudadanos desamparados. Y el caso es que acatan órdenes, cuya justicia está en entredicho.

Caso de acabar en suicidio, se trata de pérdida de vida provocada, inducida, genocidio financiero, en suma. En ocasiones, hasta sesenta policías han intervenido para materializar un desahucio. Nunca hubo tan extraordinaria desproporción entre fuerzas del orden y ciudadanos desamparados. Y el caso es que acatan órdenes, cuya justicia está en entredicho. Los propios jueces, que son los garantes de los derechos de los ciudadanos, lo han denunciado, aireándolo a los cuatro vientos. Ahora, incluso los policías dicen estar incómodos con las ejecuciones. Contemplando las imágenes de algunos casos, bien parece que se exceden con demasiada ligereza, probablemente amparados por sus jefes y superiores, en especial los de la escala política que no han tenido empacho en ampararlos en otros excesos, alentándolos en las “impecables” intervenciones en las que la contundencia fue desmedida y desproporcionada para el nivel de resistencia del caso. De aquellos polvos, estos lodos.

Europa se ha pronunciado valorando que nuestra legislación y su aplicación pudieran ser hasta “ilegales”, ¡qué vergüenza! Contienen cláusulas excesivas y habría que detener su aplicación antes de hacer salir a la gente a la calle. Una vez más las leyes, cuando se ponen a prueba, se revelan insuficientes, inadecuadas, inapropiadas, elaboradas contra los intereses de los ciudadanos y en especial de los más débiles. Esto es lo que ahora podemos observar, los que elaboraron estas leyes, son los padres de este disparate. Si estuvieran vivos, no se sonrojarían, siquiera. Sería de aurora boreal la justificación que tendríamos que escuchar. La protección de la ley contempla tan sólo a los financieros implicados, la cobertura no alcanza a las personas. Es que después de una dación en pago con una tasación como de un 50% del valor original suscrito en la hipoteca, se entrega la casa y hay que seguir pagando hipoteca, cuando supuestamente podrán vender el bien por encima del valor tasado en la dación en pago. ¿Qué si no es la usura?, ¿puede haber otra modalidad más descarnada?

Las cifras que se barajan son escalofriantes: en torno a unos 500.000 desahucios acumulados y del orden de los 500 diarios. Y estas cifras, en un contexto en el que el escenario está dispuesto para ayudar al sistema financiero, rechina porque parece gritar un “salvamos al sistema financiero y no tenemos ni tiempo ni intención de salvarte a ti” Y las entidades financieras no han sido capaces de, mínimamente, cumplir con el código de buenas prácticas que suponía una decencia por parte de los Bancos y Cajas, gratuitamente atribuidas, sin algún mérito aportado. Unos tienen la fama y otros cardan la lana, que diría el refrán.

Hay que dar un paso y hacer algo de más entidad. La insensibilidad de los gobiernos neoliberales, como el que soportamos en estos momentos en España, o de ese corte, aunque sea discutible su fuste, pero de intenciones malévolas acreditadas, puestas de manifiesto en los recortes practicados y los previsibles, salvaguardando intereses de unos pocos, a costa de perjudicar a la mayoría, hace necesaria una oposición decidida a adoptar iniciativas de gobierno, aunque no sea su actual papel el de gobernar; así lo decidieron los ciudadanos al pronunciarse por airear las estructuras de poder, pensando, ingenuamente, que vendría aire fresco. Ahora es posible que se arrepientan, pero habrá que aguantar mecha y eso si, desde la oposición ir marcando un tanto en los temas de gravedad, con objeto de que no dejen el país arrasado, en lo posible. Así hay que entender el apoyo de los socialistas a los populares en la cuestión de los desahucios. No fueron contundentes las medidas de los socialistas, digamos lo suficiente, como para que las financieras fueran lo suficientemente responsables con la Sociedad a la que se deben y de la que viven, para amortiguar los daños irremediables que derivan de una situación económica envenenada con las personas. Las financieras no dieron la talla una vez más. Pero esto obliga a aquilatar más el terreno en el que operan, y restringir su campo de acción, para evitar los desmanes actuales. Y eso es apoyar la concreción de las reglas de juego para detener los desahucios, evitando las daciones retroactivas, habilitando alquileres sociales del parque que las financieras han acumulado, en gran parte de forma ilegítima. Es posible que, de esta forma, el actual gobierno, en un alarde de inteligencia, inusual por otro lado, llegue a comprender que gobernar, lo que es gobernar, no se puede plantear como unas medidas a tomar en función de la presión social, si, además, resulta ser provocada por medidas inapropiadas, inadecuadas o improcedentes. Es así de simple, ¿lo entenderán?

Lo llaman desahucio, pero es atentado