viernes. 29.03.2024

Límite de déficit: hacer sostenible el Estado

La forma elegida para hacer esta reforma constitucional, cuando apenas quedan 3 meses para las elecciones, no pudo ser más desacertada. Un asunto tan complejo y como expondré, prolijo, debe ser calibrado y valorado por todas las fuerzas políticas que deben intervenir en el debate. Pero sobre todo, porque, según parece, sería una medida que entraría en vigor a partir de 2018.

La forma elegida para hacer esta reforma constitucional, cuando apenas quedan 3 meses para las elecciones, no pudo ser más desacertada. Un asunto tan complejo y como expondré, prolijo, debe ser calibrado y valorado por todas las fuerzas políticas que deben intervenir en el debate. Pero sobre todo, porque, según parece, sería una medida que entraría en vigor a partir de 2018. De manera que, no entiendo la urgencia de incluirlo ahora en la constitución.

Parto en cualquier caso de la base de que Zapatero perdió el norte hace mucho tiempo, pero es que este bandazo, (sostener ahora lo que se criticaba hasta las vísperas), un asunto, tratado con tanta levedad, (ni el propio grupo parlamentario sabía las intenciones de Zapatero) solo puede ser explicado por una situación extrema de la economía española (me refiero a la crisis fiscal), pero tampoco podemos descartar una presión de Alemania ante las actuaciones del BCE recientes, consistentes en comprar deuda a España, una decisión de tal calado (permitió rebajar la prima de riesgo unos 130 puntos), que la contrapartida podría ser un compromiso que vaya en orden de asegurar la estabilidad financiera de España. En cualquier caso, Zapatero no ha dado las suficientes explicaciones ante un asunto que es estructural.

En cuanto al fondo, la medida puede tener ventajas e inconvenientes: el principal inconveniente lo podemos entender bien, si ponemos un ejemplo de la economía de la empresa. Me explico: Si a una empresa se le prohíbe acceder a un crédito o tener un determinado nivel de endeudamiento, tal vez ese cinturón puede suponer la desaparición de la empresa, porque ese endeudamiento pudiera permitir una mejora tecnológica que a la larga, provocaría que la empresa pudiera vender su producto a un coste menor (por tanto ser más competitivo) y a la larga obtener beneficios. Así lo podemos pensar con el Estado: tal vez el Estado deba endeudarse para mejorar su competitividad, o mejorar las exportaciones, o asegurar la productividad de las empresas, tal vez tenga que endeudarse para seguir una política keynesiana de estímulo del empleo a través de la inversión pública. En este sentido, el límite de déficit ha de ser flexible para realizar este tipo de políticas que activan la economía.

Sin embargo, fijar un límite de déficit en el Estado tiene la indiscutible ventaja de posibilitar, a largo plazo, el sostenimiento de los servicios públicos en la medida en que si un Estado se endeuda, como es el caso actual con el galopante déficit de las CC.AA. el Estado dispone de menos recursos para poder financiarlos, y aún más, la liquidez del Estado está en función de la capacidad de ese estado de poder colocar la deuda, lo cual genera, como ahora, una enorme inestabilidad que está afectando por ejemplo a cuestiones como la oferta de empleo público o, la calidad de los servicios, el pago a proveedores, esencial para la activación económica. :

Por tanto, hay que tener muy presente el funcionamiento de la economía, totalmente diferente al de hace solo 15 años, para tratar de entender el sentido de la reforma y su pertinencia así como su obligada flexibilidad. A grandes rasgos, los Estados funcionan de manera muy similar al de las familias o las empresas: cuando una familia gasta más de lo que ingresa o quiere acometer un gasto muy elevado, como la compra de una casa, pide dinero prestado. Los estados disponen de los ingresos que les proporcionan los impuestos, pero habitualmente recurren a financiación ajena, ya sea porque gastan demasiado o porque pretenden, por ejemplo, poner en marcha una gran infraestructura.

En los últimos dos años, las necesidades de financiación de los países han aumentado, por una doble vía: la crisis financiera ha reducido lo que ingresan a través de los impuestos y sus gastos han aumentado, ya que han puesto en marcha planes de estímulo económico (desde los rescates a la banca hasta las ayudas para comprar coches) y además deben pagar más por los denominados estabilizadores automáticos, como el subsidio de paro, que están fijados por ley.

Aunque el interés que paga el Estado cuando vende un bono no cambia tras la emisión, existe un mercado secundario de deuda en el que los inversores compran y venden títulos de deuda, por lo que el precio (el tipo de interés) varía.

En el mercado secundario europeo, el titulo de referencia es el bund, el bono a 10 años que emite Alemania, ya que el Estado alemán se considera un pagador seguro y sin riesgos: el inversor está convencido de recuperar el dinero que presta. Sin embargo, el resto de países deben ofrecer a los inversores una mayor remuneración, un tipo de interés más alto, para que asuman el riesgo de tener un bono suyo, en lugar de comprar deuda alemana.

Esa prima de riesgo o diferencial de deuda es el que aumenta. Sin embargo, eso no implica que el Estado pague ese diferencial: paga solo el tipo de interés que acordó en la emisión de la deuda. La prima de riesgo varía por diversos factores, aunque todos se resumen en la confianza que tengan los inversores en que recuperarán su dinero: las expectativas futuras de los inversores determinan el precio que exigen por arriesgarse a invertir. De este modo, una previsión desfavorable sobre el crecimiento de un país indica menos ingresos en el futuro y menos recursos para pagar las deudas, lo que eleva la prima de riesgo. Por el contrario, un recorte de los gastos o un mes de creación de empleo mejora las perspectivas de recuperar lo invertido y los intereses.

En ese sentido, los inversores penalizan especialmente la falta de transparencia, de ahí los esfuerzos por facilitar información de las autoridades europeas, como las pruebas sobre la solvencia de la banca. Un inversor puede optar o no por asumir el riesgo, pero lo que no tolera es la incertidumbre.

Evidentemente, también hay inversores que especulan para que la prima de riesgo aumente y obtener así mayor beneficio, por ejemplo, con las denominadas ventas a corto, que consisten en pedir prestado un título a cambio una comisión, venderlo con la esperanza de que baje de precio y recomprarlo más barato para ganar la diferencia. Un claro ejemplo de ello, es el ataque especulativo planificado que sufrió España a principios de agosto y que la puso al borde del abismo: El aumento de la prima de riesgo no afecta a la deuda ya emitida por un país, pero influye en la deuda que emita esos días: la desconfianza que representa se traslada al mercado primario de deuda y los inversores institucionales exigirán un mayor tipo de interés en las próximas subastas.

Además, también influye en los bancos del país -habitualmente, grandes tenedores de deuda pública de su gobierno-, que deberán pagar más intereses cuando traten de conseguir dinero en el mercado interbancario. A partir de los bancos, se distribuye en cascada por toda la economía: cuando las familias o las empresas acudan a pedir créditos, tendrán que pagar también más intereses.

Esta situación se agrava en un contexto de falta de liquidez como el actual: los países, los bancos, las familias y las empresas compiten por la financiación, lo que también eleva al alza los tipos de interés. España, en concreto, arrastra una deuda privada mucho mayor que la pública (en torno al 120% del PIB, frente al 45% de la deuda pública), lo que eleva su riesgo.

Así las cosas, la credibilidad se está intentando ganar realizando ajustes del gasto, pero los recortes frenan el crecimiento, lo que implica más problemas para pagar la deuda y, a largo plazo, nuevas dudas sobre la solvencia. El círculo vicioso de la desconfianza.

Limitar el déficit va en la dirección de hacer sostenible y sobre todo solvente al Estado y trata de salvaguardarlo de la volatilidad que hemos comentado antes del mercado de deuda y que puede provocar que ese estado no sea viable. En mi opinión esto no supone destruir el Estado del bienestar sino preservarlo de la incertidumbre. España tendrá, en cualquier caso, el Estado del Bienestar que se pueda permitir. Suecia, por ejemplo, tiene techo de déficit y sin embargo, es uno de los países que más gasto social ejecuta. Y esto es así, porque tiene un sistema de impuestos muy consolidado y progresivo y una economía altamente competitiva. De manera que, contrariamente a lo que dicen algunos analistas, considero que el techo o límite de déficit, lo que introduce es certidumbre financiera, que sin duda ha de delimitarse constitucionalmente, tal vez, con una clausula que asegure un mínimo para los servicios públicos. En cualquier caso, en mi opinión, el sostenimiento del Estado del bienestar pasa, sobre todo, por tener una base tributaria suficiente y proporcional. La regla básica para tener un Estado del bienestar es, fundamentalmente, generar una economía capaz de poder financiarlo. Considero que la medida, debe ir en este sentido.

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