28 de enero de 2009, 6:23
El borrador del anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que aprobó el viernes el Consejo de Ministros, es todo un monumento al quiero y no puedo, al toma y daca, al nadar y guardar la ropa. Pero quizá lo más sorprendente siga siendo esa formidable paradoja que estriba en que los inmigrantes que cuidan de nuestros mayores no puedan cuidar a los suyos. O, mejor dicho, podrán traerse a los ascendientes que tengan más de 65 años y estén fuera del mercado laboral, pero siempre y cuando sus familiares lleven ya cinco años en nuestro país. Si no van a poder trabajar en ningún caso, ¿por qué no pueden traerlos desde el primer momento? ¿O es que ahora resulta que la familia no es un factor de estabilidad para dichos trabajadores extranjeros, o sea, una poderosa razón para escapar de la marginalidad, del hampa o del síndrome de Ulises?.
"La reagrupación es un derecho fundamental, no un instrumento de política de inmigración", protestó Javier de Lucas, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), aunque al menos se ha logrado que la agrupación de los cónyuges sea inmediata y que sus hijos, como cualquiera de los del vecino, goce de escolarización plena hasta los 18 años.
Cabe admitir que el ministro Celestino Corbacho, titular de Trabajo y de Inmigración, ha dado marcha atrás a algunos de sus postulados iniciales, mucho más restrictivos que el documento que se tramitará ante las Cortes y que ya ha pasado por la lupa de otros ministerios implicados en su filosofía: Trabajo e Inmigración, Interior y Asuntos Exteriores, pero también otros.
Hasta ahora, los inmigrantes indocumentados que fueran sorprendidos sin papeles tenían que pasar cuarenta días por una suerte de limbo judicial que es el de los CIEs, centros de internamiento especiales, que no llegan a ser una prisión ni un reformatorio, pero se le parecen. De prosperar el anteproyecto, el plazo se ampliará a 60 días y a capricho del empleado público de turno, prorrogables en diez más bajo autorización judicial, en caso necesario: en junio, el Parlamento Europeo aprobó la llamada “directiva de la vergüenza”. Esto es, una norma que permite que en algunos países comunitarios el tiempo de retención en estos centros o en prisiones convencionales pueda ampliarse hasta 18 meses, incluyendo en el lote a los menores no acompañados. Bonita forma de resolver un problema desde estados hechos y de derechos como los de la democrática Europa. España se escuda en que, al menos, algunos países que no tenían establecido un tope para estos calabozos provisionales, ya lo tienen. Otra de sus incógnitas es la de por qué se permite que un simple funcionario que no tiene por qué ser un juez dicte el internamiento durante dos meses de una persona que no ha cometido delito alguno: el paso clandestino de fronteras es una simple infracción que no llega ni a falta administrativa.
Omisión hecha de la incorporación de los centros penitenciarios a esta especie de islas de Ellis a la europea, la situación de los CIEs no es la de tirar cohetes. Desde Canarias a Andalucía �en especial, Capuchinos en Málaga y La Piñera, en Algeciras�las organizaciones humanitarias reclaman su cierre por hacinamiento y pésima habitabilidad. Incluso hay un CIE que no es oficialmente un CIE: el de la Isla de Las Palomas, en Tarifa, un antiguo cuartel que legalmente no es nada, que se utilizó como almacén de espaldas mojadas durante el segundo mandato de José María Aznar y ahí sigue, aunque parecen haber mejorado sus circunstancias por más que nadie haya homologado dicho enclave con el resto de las instalaciones que sirven para ese mismo cometido. Ahora, según el borrador, las ONGs podrán tener acceso a su interior siempre y cuando cualquier inmigrante reclame su presencia. Algo hemos ganado: antes pedían su clausura de oídas y ahora podrán hacerlo sin intermediarios.
Frente a este ying, el yang de la nueva Ley extiende la asistencia letrada gratuita a todos los indocumentados. Lo sorprendente es que no lo fuera hasta esta fecha. Como nadie pareció darse prisa en restituir los derechos de reunión, asociación, sindicación y huelga que la Ley de Extranjería 8/2000 eliminó para quienes no tuvieran todas las bendiciones legales. El PSOE, junto con otros partidos e instituciones recurrió al Tribunal Constitucional que terminó dando la razón en esta materia, siete años más tarde. Pero los socialistas llevan casi cinco años en La Moncloa y hasta que el Supremo no se ha pronunciado no han movido pieza para poner en práctica lo que no sólo parecía sensato sino de pleno derecho.
Al PP, la nueva ley le parece blanda. Y a Izquierda Unida, dura. Dentro del PSOE, hay quienes piensan de una o de otra forma. Entre las organizaciones de inmigrantes y proi-inmigrantes, ya se habla de movilizaciones, aunque aceptan de grado algunos avances como la protección a las víctimas de la violencia de género, una excepcionalidad a la norma sugerida lúcidamente por el ministerio de Igualdad. Claro que con la crisis que está cayendo y la experiencia de los anteriores proyectos legislativos, nadie tiene claro de que las manifestaciones, las concentraciones y los encierros vayan a servir de mucho. Ahora, queda por saber si la entrada en vigor de esta norma, una vez que pase el rubicón del Congreso y del Senado, implicará un nuevo proceso de regularización. Europa puede decir misa, pero el número de sin papeles anda ya rozando la cota de un millón en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta que muchos que tenían todos los permisos de residencia o trabajo lo han perdido por trabas burocráticas o por falta de empleo. Algo habría que hacer al respecto. O podemos pasar a la historia con peor fama que Herodes en el día de los inocentes.
Juan José Téllez
Escritor y periodista
"La reagrupación es un derecho fundamental, no un instrumento de política de inmigración", protestó Javier de Lucas, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), aunque al menos se ha logrado que la agrupación de los cónyuges sea inmediata y que sus hijos, como cualquiera de los del vecino, goce de escolarización plena hasta los 18 años.
Cabe admitir que el ministro Celestino Corbacho, titular de Trabajo y de Inmigración, ha dado marcha atrás a algunos de sus postulados iniciales, mucho más restrictivos que el documento que se tramitará ante las Cortes y que ya ha pasado por la lupa de otros ministerios implicados en su filosofía: Trabajo e Inmigración, Interior y Asuntos Exteriores, pero también otros.
Hasta ahora, los inmigrantes indocumentados que fueran sorprendidos sin papeles tenían que pasar cuarenta días por una suerte de limbo judicial que es el de los CIEs, centros de internamiento especiales, que no llegan a ser una prisión ni un reformatorio, pero se le parecen. De prosperar el anteproyecto, el plazo se ampliará a 60 días y a capricho del empleado público de turno, prorrogables en diez más bajo autorización judicial, en caso necesario: en junio, el Parlamento Europeo aprobó la llamada “directiva de la vergüenza”. Esto es, una norma que permite que en algunos países comunitarios el tiempo de retención en estos centros o en prisiones convencionales pueda ampliarse hasta 18 meses, incluyendo en el lote a los menores no acompañados. Bonita forma de resolver un problema desde estados hechos y de derechos como los de la democrática Europa. España se escuda en que, al menos, algunos países que no tenían establecido un tope para estos calabozos provisionales, ya lo tienen. Otra de sus incógnitas es la de por qué se permite que un simple funcionario que no tiene por qué ser un juez dicte el internamiento durante dos meses de una persona que no ha cometido delito alguno: el paso clandestino de fronteras es una simple infracción que no llega ni a falta administrativa.
Omisión hecha de la incorporación de los centros penitenciarios a esta especie de islas de Ellis a la europea, la situación de los CIEs no es la de tirar cohetes. Desde Canarias a Andalucía �en especial, Capuchinos en Málaga y La Piñera, en Algeciras�las organizaciones humanitarias reclaman su cierre por hacinamiento y pésima habitabilidad. Incluso hay un CIE que no es oficialmente un CIE: el de la Isla de Las Palomas, en Tarifa, un antiguo cuartel que legalmente no es nada, que se utilizó como almacén de espaldas mojadas durante el segundo mandato de José María Aznar y ahí sigue, aunque parecen haber mejorado sus circunstancias por más que nadie haya homologado dicho enclave con el resto de las instalaciones que sirven para ese mismo cometido. Ahora, según el borrador, las ONGs podrán tener acceso a su interior siempre y cuando cualquier inmigrante reclame su presencia. Algo hemos ganado: antes pedían su clausura de oídas y ahora podrán hacerlo sin intermediarios.
Frente a este ying, el yang de la nueva Ley extiende la asistencia letrada gratuita a todos los indocumentados. Lo sorprendente es que no lo fuera hasta esta fecha. Como nadie pareció darse prisa en restituir los derechos de reunión, asociación, sindicación y huelga que la Ley de Extranjería 8/2000 eliminó para quienes no tuvieran todas las bendiciones legales. El PSOE, junto con otros partidos e instituciones recurrió al Tribunal Constitucional que terminó dando la razón en esta materia, siete años más tarde. Pero los socialistas llevan casi cinco años en La Moncloa y hasta que el Supremo no se ha pronunciado no han movido pieza para poner en práctica lo que no sólo parecía sensato sino de pleno derecho.
Al PP, la nueva ley le parece blanda. Y a Izquierda Unida, dura. Dentro del PSOE, hay quienes piensan de una o de otra forma. Entre las organizaciones de inmigrantes y proi-inmigrantes, ya se habla de movilizaciones, aunque aceptan de grado algunos avances como la protección a las víctimas de la violencia de género, una excepcionalidad a la norma sugerida lúcidamente por el ministerio de Igualdad. Claro que con la crisis que está cayendo y la experiencia de los anteriores proyectos legislativos, nadie tiene claro de que las manifestaciones, las concentraciones y los encierros vayan a servir de mucho. Ahora, queda por saber si la entrada en vigor de esta norma, una vez que pase el rubicón del Congreso y del Senado, implicará un nuevo proceso de regularización. Europa puede decir misa, pero el número de sin papeles anda ya rozando la cota de un millón en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta que muchos que tenían todos los permisos de residencia o trabajo lo han perdido por trabas burocráticas o por falta de empleo. Algo habría que hacer al respecto. O podemos pasar a la historia con peor fama que Herodes en el día de los inocentes.
Juan José Téllez
Escritor y periodista