20 de septiembre de 2010, 15:44
NUEVATRIBUNA.ES - 17.9.2009
Resultan asombrosas y turbadoras las medidas adoptadas por Berlusconi y los partidos más xenófobos de su coalición de gobierno. En general han sido acogidas en los medios de comunicación españoles como un referente pintoresco y escandaloso, como algo que aquí no puede suceder o que nuestra corrección política no estaría dispuesta a asumir.
Pero Berlusconi y su política muestran más bien un referente ejemplar de lo que puede pasar en cualquier país de Europa si vence el discurso del egoísmo y el miedo al otro frente al del derecho y los valores que dan razón de ser a ese invento inacabado al que llaman Europa.
En ese sentido, y por desgracia, aquí tampoco estamos exentos del peligro de menosprecio a los derechos, de renuncia a la promoción de la dignidad humana y de rechazo de los ideales de libertad, igualdad y justicia que se supone orientan nuestras normas de convivencia. La crisis económica ha venido a desvelar esas tendencias rastreras que se mantenían ocultas junto con otros demonios familiares en el fondo de nuestros peores instintos y costumbres seculares.
En este sentido, el enfoque que tenga el debate sobre la modificación de la conocida como “ley de extranjería” tal vez sea una prueba de fuego sobre nuestra capacidad de tomarnos en serio los derechos y por ello desde esta reflexión pedimos a la ciudadanía y a las instituciones sociales una atención singular a los términos en que este debate se produzca y al resultado final del mismo, pues en el empeño no sólo nos jugamos la regulación del modo de vida de cerca de dos millones y medio de personas (la mitad aproximada de los llamados inmigrantes no se verán afectados por la norma dado que proceden de países de la Unión Europea), sino la consagración de la discriminación como norma de convivencia por razones de origen étnico o nacional y la destrucción de un modelo de cohesión social basado en la interculturalidad, los derechos humanos y la aceptación del otro.
Porque el proyecto de reforma del gobierno, que en tantos puntos acierta y orienta la política migratoria hacia la igualdad de derechos, sí permite una cierta entrada a principios discriminatorios que, a la larga, pueden ser la primera piedra para políticas más restrictivas y, quién lo sabe, tal vez para una persecución desmedida de los inmigrantes irregulares y para una demonización de la inmigración, recudida a mera fuerza de trabajo residual, sospechosa y de segunda. Usando un conocido poema se empieza por los inmigrantes, se continua por los discrepantes y ¿dónde parará la eliminación del derecho?
El proyecto de ley, que como decimos mejora algunas condiciones hasta ahora muy discutibles en la redacción legal vigente y que, puesta en el contexto europeo de endurecimiento de las políticas hacia los inmigrantes es una ley al menos respetuosa de unos mínimos éticos, ha introducido “de rondón” algunos recortes de derechos sociales que tienen que ver con prestaciones básicas del Estado de bienestar que, de salir adelante la ley en sus actuales términos, sólo serán accesibles para los extranjeros de larga duración, es decir, que lleven en España más de cinco años. No sólo nos estamos refiriendo a la restricción del derecho a viviendas de protección oficial (¿qué hace esta prescripción sobre protección oficial en una norma sobre extranjería?), sino también de índole sanitario, de prestaciones de la seguridad social y otras.
Por otra parte, y en un intento asombroso de interpretar al Tribunal Constitucional, la ley introduce derechos ya reconocidos, como el de la educación, pero limitándolo hasta los 18 años de edad (el Tribunal Constitucional no señala este matiz y dice que es un derecho de todas las personas sin distinción de situación administrativa) o matizando el alcance de los derechos de asistencia jurídica, asociación, etc..
A su vez, el proyecto impide, o mejor dicho, podría impedir, el empadronamiento de los extranjeros “sin papeles”, lo que puede ser motivo de denegación de prestaciones elementales del estado de bienestar y sanciona, o podría sancionar, a las personas o instituciones que prestan un auxilio “humanitario” (da grima poner este nombre a una norma ética tan elemental)a los inmigrantes sin papeles en un vano intento por limitar los impulsos solidarios de una sociedad tal vez adormecida pero no necia.
Igualmente, y a pesar de haberse mejorado el tratamiento de la reagrupación de las familias nucleares, se corre el riesgo de una indignante limitación de la reagrupación de ascendientes bajo la indemostrada (o más bien, la demostrada falsedad estadística) de ser una puerta de entrada para el “efecto llamada” de un inasumible cúmulo de extranjeros por la puerta falsa.
Pero si graves son estos capítulos, que en realidad sí afectan a la vida diaria o cotidiana de estos más de dos millones y medio de personas, hay otros que resultan tal vez aplicables a un menor número de personas pero que erosionan de una manera muy grave la salud democrática de toda una sociedad y los cimientos mismos de nuestro sistema normativo, como son la ampliación del plazo de internamiento hasta 60 días (actualmente el plazo, también discutible porque supone una derogación parcial del sistema garantista de detención y privación de libertad de nuestra constitución, está en 40 días) en centros semicarce.larios de personas que no han cometido delito alguno y que se encuentran en situación irregular (es decir, sin autorización de residencia) y a la espera de su expatriación. Desde la sociedad civil más consciente, y desde luego con la unanimidad del movimiento asociativo de inmigración y de las entidades de apoyo a los inmigrantes, esta norma es inaceptable desde todo punto de vista. Se conocen denuncias del trato arbitrario, cuando no contrario a los derechos humanos, que algunas personas han recibido en los actuales CIES y es una exigencia ineludible, al menos, promover un régimen de vida, de control de la legalidad y de protección de los derechos de estas personas no menos garantista que el de los presos preventivos o penados que se encuentran en prisiones. Con independencia del pésimo recurso que es encarcelar a cualquier persona, no puede ser que quien no cometió delito alguno tenga menos garantías en su internamiento que quien está sometido a prisión por la comisión de un delito o a la espera de un juicio.
Llama la atención que la norma presentada al Parlamento por el gobierno mantenga este tipo de restricciones cuando todos los informes preceptivos recibidos, desde el Consejo del Poder Judicial al Consejo Económico y Social, pasando por el Foro Estatal para la Integración Social, Consejo de la Abogacía y tantos otros, han mostrado su rechazo a la introducción de estas novedades restrictivas. Si se trata, como no puede ser menos, de conseguir consenso social, qué mejor muestra de dicho consenso que la que indican dichos informes. Desde mi punto de vista, ante este amplio consenso, son las mordazas de los partidos y las malas prácticas del cálculo electoral y de la confrontación sin límites las que desentonan y pueden dar lugar a una mala ley y a una práctica antipedagógica ante la ciudadanía, abriendo la vía para discursos xenófobos de impredecibles consecuencias.
El debate parlamentario se adivina bronco y poco edificante. En primer lugar por la obstinación del gobierno en sacar adelante la norma a toda costa en sus aspectos más polémicos, en el menor plazo de tiempo, sin demasiada permeabilidad al debate y con el mínimo ruido, lo que permite poco margen para la negociación, el consenso y el diálogo. En segundo lugar, porque la enmienda a la totalidad planteada por el principal grupo de la oposición deja entrever los términos en que pretende (¿tal vez para contrarrestar el intento de rapidez y silencio del gobierno?) entablar el debate y exacerbar los ánimos más cainitas de nuestra sociedad. En tercer lugar porque la actual coyuntura económica y política, junto con la falta de siete votos en el parlamento para sacar adelante el proyecto gubernamental, permitirán componendas de negociación que, más allá del internes legítimo por la inmigración, salden cuentas que tienen que ver con otras situaciones.
Si el resultado final de este proceso es, sencillamente, el proyecto presentado al Parlamento, sin la introducción de mejoras exigidas por todas las instancias sociales, es más que probable que el debate se cierre en falso y que la propia ley se judicialice y muestre en breve su ineficacia, como pasó con las anteriores, para resolver un modelo de convivencia justo y coherente.
Por eso las organizaciones sociales y de inmigrantes hacemos en estos momentos esfuerzos y apelaciones a los parlamentarios y a la sociedad civil para que se reconsidere el rumbo del proyecto de ley, pero sobre todo, para que se reconsidere el tono del debate que necesariamente ha de producirse y se reconduzca hacia lo mejor que esta sociedad es capaz de dar de sí en cuanto a valores y apuestas de futuro. Tal vez eso justifique el inicio de una campaña de sensibilización y movilización en defensa de una ley sin recorte de derechos y garantías y con la intención de hacernos entender por la ciudadanía y por los legisladores en beneficio de la propia cohesión social, porque no queremos abrir la puerta a futuros males mayores.
Juan Carlos Rois - Presidente de América España Solidaridad y Cooperación (AESCO).
Resultan asombrosas y turbadoras las medidas adoptadas por Berlusconi y los partidos más xenófobos de su coalición de gobierno. En general han sido acogidas en los medios de comunicación españoles como un referente pintoresco y escandaloso, como algo que aquí no puede suceder o que nuestra corrección política no estaría dispuesta a asumir.
Pero Berlusconi y su política muestran más bien un referente ejemplar de lo que puede pasar en cualquier país de Europa si vence el discurso del egoísmo y el miedo al otro frente al del derecho y los valores que dan razón de ser a ese invento inacabado al que llaman Europa.
En ese sentido, y por desgracia, aquí tampoco estamos exentos del peligro de menosprecio a los derechos, de renuncia a la promoción de la dignidad humana y de rechazo de los ideales de libertad, igualdad y justicia que se supone orientan nuestras normas de convivencia. La crisis económica ha venido a desvelar esas tendencias rastreras que se mantenían ocultas junto con otros demonios familiares en el fondo de nuestros peores instintos y costumbres seculares.
En este sentido, el enfoque que tenga el debate sobre la modificación de la conocida como “ley de extranjería” tal vez sea una prueba de fuego sobre nuestra capacidad de tomarnos en serio los derechos y por ello desde esta reflexión pedimos a la ciudadanía y a las instituciones sociales una atención singular a los términos en que este debate se produzca y al resultado final del mismo, pues en el empeño no sólo nos jugamos la regulación del modo de vida de cerca de dos millones y medio de personas (la mitad aproximada de los llamados inmigrantes no se verán afectados por la norma dado que proceden de países de la Unión Europea), sino la consagración de la discriminación como norma de convivencia por razones de origen étnico o nacional y la destrucción de un modelo de cohesión social basado en la interculturalidad, los derechos humanos y la aceptación del otro.
Porque el proyecto de reforma del gobierno, que en tantos puntos acierta y orienta la política migratoria hacia la igualdad de derechos, sí permite una cierta entrada a principios discriminatorios que, a la larga, pueden ser la primera piedra para políticas más restrictivas y, quién lo sabe, tal vez para una persecución desmedida de los inmigrantes irregulares y para una demonización de la inmigración, recudida a mera fuerza de trabajo residual, sospechosa y de segunda. Usando un conocido poema se empieza por los inmigrantes, se continua por los discrepantes y ¿dónde parará la eliminación del derecho?
El proyecto de ley, que como decimos mejora algunas condiciones hasta ahora muy discutibles en la redacción legal vigente y que, puesta en el contexto europeo de endurecimiento de las políticas hacia los inmigrantes es una ley al menos respetuosa de unos mínimos éticos, ha introducido “de rondón” algunos recortes de derechos sociales que tienen que ver con prestaciones básicas del Estado de bienestar que, de salir adelante la ley en sus actuales términos, sólo serán accesibles para los extranjeros de larga duración, es decir, que lleven en España más de cinco años. No sólo nos estamos refiriendo a la restricción del derecho a viviendas de protección oficial (¿qué hace esta prescripción sobre protección oficial en una norma sobre extranjería?), sino también de índole sanitario, de prestaciones de la seguridad social y otras.
Por otra parte, y en un intento asombroso de interpretar al Tribunal Constitucional, la ley introduce derechos ya reconocidos, como el de la educación, pero limitándolo hasta los 18 años de edad (el Tribunal Constitucional no señala este matiz y dice que es un derecho de todas las personas sin distinción de situación administrativa) o matizando el alcance de los derechos de asistencia jurídica, asociación, etc..
A su vez, el proyecto impide, o mejor dicho, podría impedir, el empadronamiento de los extranjeros “sin papeles”, lo que puede ser motivo de denegación de prestaciones elementales del estado de bienestar y sanciona, o podría sancionar, a las personas o instituciones que prestan un auxilio “humanitario” (da grima poner este nombre a una norma ética tan elemental)a los inmigrantes sin papeles en un vano intento por limitar los impulsos solidarios de una sociedad tal vez adormecida pero no necia.
Igualmente, y a pesar de haberse mejorado el tratamiento de la reagrupación de las familias nucleares, se corre el riesgo de una indignante limitación de la reagrupación de ascendientes bajo la indemostrada (o más bien, la demostrada falsedad estadística) de ser una puerta de entrada para el “efecto llamada” de un inasumible cúmulo de extranjeros por la puerta falsa.
Pero si graves son estos capítulos, que en realidad sí afectan a la vida diaria o cotidiana de estos más de dos millones y medio de personas, hay otros que resultan tal vez aplicables a un menor número de personas pero que erosionan de una manera muy grave la salud democrática de toda una sociedad y los cimientos mismos de nuestro sistema normativo, como son la ampliación del plazo de internamiento hasta 60 días (actualmente el plazo, también discutible porque supone una derogación parcial del sistema garantista de detención y privación de libertad de nuestra constitución, está en 40 días) en centros semicarce.larios de personas que no han cometido delito alguno y que se encuentran en situación irregular (es decir, sin autorización de residencia) y a la espera de su expatriación. Desde la sociedad civil más consciente, y desde luego con la unanimidad del movimiento asociativo de inmigración y de las entidades de apoyo a los inmigrantes, esta norma es inaceptable desde todo punto de vista. Se conocen denuncias del trato arbitrario, cuando no contrario a los derechos humanos, que algunas personas han recibido en los actuales CIES y es una exigencia ineludible, al menos, promover un régimen de vida, de control de la legalidad y de protección de los derechos de estas personas no menos garantista que el de los presos preventivos o penados que se encuentran en prisiones. Con independencia del pésimo recurso que es encarcelar a cualquier persona, no puede ser que quien no cometió delito alguno tenga menos garantías en su internamiento que quien está sometido a prisión por la comisión de un delito o a la espera de un juicio.
Llama la atención que la norma presentada al Parlamento por el gobierno mantenga este tipo de restricciones cuando todos los informes preceptivos recibidos, desde el Consejo del Poder Judicial al Consejo Económico y Social, pasando por el Foro Estatal para la Integración Social, Consejo de la Abogacía y tantos otros, han mostrado su rechazo a la introducción de estas novedades restrictivas. Si se trata, como no puede ser menos, de conseguir consenso social, qué mejor muestra de dicho consenso que la que indican dichos informes. Desde mi punto de vista, ante este amplio consenso, son las mordazas de los partidos y las malas prácticas del cálculo electoral y de la confrontación sin límites las que desentonan y pueden dar lugar a una mala ley y a una práctica antipedagógica ante la ciudadanía, abriendo la vía para discursos xenófobos de impredecibles consecuencias.
El debate parlamentario se adivina bronco y poco edificante. En primer lugar por la obstinación del gobierno en sacar adelante la norma a toda costa en sus aspectos más polémicos, en el menor plazo de tiempo, sin demasiada permeabilidad al debate y con el mínimo ruido, lo que permite poco margen para la negociación, el consenso y el diálogo. En segundo lugar, porque la enmienda a la totalidad planteada por el principal grupo de la oposición deja entrever los términos en que pretende (¿tal vez para contrarrestar el intento de rapidez y silencio del gobierno?) entablar el debate y exacerbar los ánimos más cainitas de nuestra sociedad. En tercer lugar porque la actual coyuntura económica y política, junto con la falta de siete votos en el parlamento para sacar adelante el proyecto gubernamental, permitirán componendas de negociación que, más allá del internes legítimo por la inmigración, salden cuentas que tienen que ver con otras situaciones.
Si el resultado final de este proceso es, sencillamente, el proyecto presentado al Parlamento, sin la introducción de mejoras exigidas por todas las instancias sociales, es más que probable que el debate se cierre en falso y que la propia ley se judicialice y muestre en breve su ineficacia, como pasó con las anteriores, para resolver un modelo de convivencia justo y coherente.
Por eso las organizaciones sociales y de inmigrantes hacemos en estos momentos esfuerzos y apelaciones a los parlamentarios y a la sociedad civil para que se reconsidere el rumbo del proyecto de ley, pero sobre todo, para que se reconsidere el tono del debate que necesariamente ha de producirse y se reconduzca hacia lo mejor que esta sociedad es capaz de dar de sí en cuanto a valores y apuestas de futuro. Tal vez eso justifique el inicio de una campaña de sensibilización y movilización en defensa de una ley sin recorte de derechos y garantías y con la intención de hacernos entender por la ciudadanía y por los legisladores en beneficio de la propia cohesión social, porque no queremos abrir la puerta a futuros males mayores.
Juan Carlos Rois - Presidente de América España Solidaridad y Cooperación (AESCO).