4 de noviembre de 2010, 14:49
NUEVATRIBUNA.ES - 14.5.2010
Uno de los elementos más positivos que se derivaban de la nueva Ley era el importante efecto sobre el empleo, tanto desde el punto de vista del nuevo empleo, como por la cualificación, formación y reconocimiento profesional de las personas que trabajan en este sector.
Se estimaba que la aplicación de la ley podía generar 52.000 puestos de trabajo en la Región. Sin embargo el modelo de implantación, aplicado como “pasarela” entre los beneficiarios de los servicios sociales y la ley, unido a la opción casi forzosa de terminar aceptando un cheque-servicio, una tarjeta-monedero, en lugar de un servicio que debería ser lo prioritario, han conducido a no crear el empleo previsto, cuando no a perder empleo ya existente por efecto de la crisis.
35.000 personas trabajan en este sector que sigue teniendo empleo temporal y precario, feminizado, sometido a fuertes sobrecargas de trabajo. Por ejemplo, la ratio óptima es de 1 profesional por cada 7 residentes en una residencia. En las residencias públicas, la ratio es de 1 profesional por cada 8 residentes y en las residencias privadas de 1 por cada 12-14 residentes. En el 20 por ciento de las residencias privadas, la ratio se eleva a 1 profesional por cada 20 residentes. La calidad del empleo deja mucho que desear, al tiempo que los empleos tienen un reconocimiento social muy escaso.
El reconocimiento de las empresas prestadoras de servicios sería un elemento esencial para garantizar la calidad del empleo, estableciendo condiciones de formación y cualificación de su personal, pero de esto no se ha hecho nada. En una situación de crisis como la que vivimos no hemos creado empleo en uno de los sectores que más debería haber crecido. Por el contrario es uno de los sectores más afectados por la crisis. En Madrid, el Gobierno dilapida las ventajas y agudiza los inconvenientes, produciendo mayor desprotección social.
Francisco Javier López Martín - Secretario General de CCOO de Madrid.
Uno de los elementos más positivos que se derivaban de la nueva Ley era el importante efecto sobre el empleo, tanto desde el punto de vista del nuevo empleo, como por la cualificación, formación y reconocimiento profesional de las personas que trabajan en este sector.
Se estimaba que la aplicación de la ley podía generar 52.000 puestos de trabajo en la Región. Sin embargo el modelo de implantación, aplicado como “pasarela” entre los beneficiarios de los servicios sociales y la ley, unido a la opción casi forzosa de terminar aceptando un cheque-servicio, una tarjeta-monedero, en lugar de un servicio que debería ser lo prioritario, han conducido a no crear el empleo previsto, cuando no a perder empleo ya existente por efecto de la crisis.
35.000 personas trabajan en este sector que sigue teniendo empleo temporal y precario, feminizado, sometido a fuertes sobrecargas de trabajo. Por ejemplo, la ratio óptima es de 1 profesional por cada 7 residentes en una residencia. En las residencias públicas, la ratio es de 1 profesional por cada 8 residentes y en las residencias privadas de 1 por cada 12-14 residentes. En el 20 por ciento de las residencias privadas, la ratio se eleva a 1 profesional por cada 20 residentes. La calidad del empleo deja mucho que desear, al tiempo que los empleos tienen un reconocimiento social muy escaso.
El reconocimiento de las empresas prestadoras de servicios sería un elemento esencial para garantizar la calidad del empleo, estableciendo condiciones de formación y cualificación de su personal, pero de esto no se ha hecho nada. En una situación de crisis como la que vivimos no hemos creado empleo en uno de los sectores que más debería haber crecido. Por el contrario es uno de los sectores más afectados por la crisis. En Madrid, el Gobierno dilapida las ventajas y agudiza los inconvenientes, produciendo mayor desprotección social.
Francisco Javier López Martín - Secretario General de CCOO de Madrid.