Una vez más, como sucedió hace dos años con la candidatura de Iniciativa Internacionalista para las elecciones europeas, el Tribunal Constitucional ha enmendado la plana al Tribunal Supremo y da el visto bueno a que Bildu compita en las próximas elecciones. Como en aquella ocasión, el Constitucional considera que no hay pruebas suficientes de que la coalición sea un instrumento de ETA, que no se puede ilegalizar preventivamente y, por lo tanto, no se puede impedir el derecho a ser elegidos de los integrantes de la coalición.
Desde el punto de vista jurídico se acabó la discusión. En el Constitucional se ha impuesto la interpretación más garantista con los derechos de los ciudadanos y esto, en unos momentos en los que los derechos humanos y libertadas no pasan por su mejor momento (justificación de torturas y asesinatos en la lucha contra el terrorismo, xenofobia, campañas contra la libertad de prensa…), debe ser motivo de satisfacción. Con la legalización de Bildu no ha ganado ETA, ha ganado la democracia. No tenemos que elegir entre seguridad y libertad, nuestro Estado de Derecho es suficientemente fuerte y tiene los instrumentos necesarios como para resolver cualquier intento de fraude de ley que puedan intentar los integrantes de la coalición.
Lo que no ha terminado es el debate político porque, la legalización de Bildu no es más que el comienzo de una nueva etapa en la que está en juego la capacidad de nuestras instituciones, de la sociedad en general, para integrar a la izquierda abertzale (o la mayor parte de ella) en una dinámica política democrática y de rechazo a la violencia y en este terreno los partidos mayoritarios no han estado a la altura de las circunstancias.
El último ejemplo ha sido su reacción ante la foto del expreso de ETA, Ander Errandonea, pidiendo el voto para Bildu. Errandonea vincula a Bildu con la independencia y el socialismo, algo perfectamente compatible con nuestra legislación, y en ningún memento reivindica consignas específicas de la organización terrorista. ¿Qué se pretende de la gente que ha militado o simpatizado con ETA, que acepte el juego democrático o que también renuncie a sus ideas? Pero aunque hablase en nombre de ETA, la legalidad de la coalición no puede depender de acciones de terceros sino de su propia actuación política.
Si realmente el PSOE y el Gobierno se creen, como dijo Zapatero, que la política tiene un papel en la lucha contra el terrorismo, ¿cuál es ese papel? ¿Cómo se consigue en Euskadi el aislamiento social de ETA? ¿Qué requisitos para participar en la vida política se exigen a los simpatizantes de Batasuna? ¿No es suficiente con cumplir los requisitos de la Ley de Partidos, rechazar la violencia?
O los socialistas no tienen estrategia política para alcanzar la paz es Euskadi o, presionados por la proximidad de las elecciones, han sido incapaces de enfrentarse al PP y han optado por pasar la patata caliente a los Tribunales con la esperanza de que el Constitucional, como hizo en el caso de Iniciativa Internacionalista, diese luz verde a la candidatura abertzale. En cualquiera de los dos casos no salen muy bien parados.
Lo del PP, aunque esperado, es mucho más grave. Sigue con su estrategia de vincular cualquier conflicto político en Euskadi con el terrorismo y utilizarlo para desgastar al gobierno y hacer electoralismo en el resto del Estado, y en esta ocasión ha traspasado todos los límites razonables.
Los populares mienten cuando equiparan a Bildu con ETA. EA y Alternativa son organizaciones independentistas pero no han tenido nunca nada que ver con ETA y siempre han condenado el terrorismo y en cuanto a los independientes próximos a Batasuna, son personas con todos sus derechos que rechazan la violencia. Ni siquiera la foto del expreso de ETA, Ander Errandonea, pidiendo el voto para Bildu cambia las cosas. Errandonea vincula a Bildu con la independencia y el socialismo, algo perfectamente compatible con nuestra legislación, y en ningún memento reivindica consignas específicas de la organización terrorista. La mentira y la demagogia del PP condenan al silencio a decenas de miles de vascos independentistas.
También mienten cuando hacen responsable al Gobierno de la legalización de Bildu. Independientemente de las preferencias socialistas ha sido el Tribunal Constitucional quien ha tomado la decisión, con la misma independencia que modificó el Estatuto catalán que había defendido el Gobierno.
La reacción del PP ante la legalización de Bildu es antidemocrática, niega la independencia judicial, siembra en todo el Estado la desconfianza y el rechazo hacia el pueblo vasco que mayoritariamente aprueba la decisión del TC y, en lugar de contribuir a analizar la complejidad de las cosas y sosegar los estados de ánimo, difunde un mensaje simplista que apela más a los sentimientos que a la razón.
Hace unos días, Josu Onaindi decía desde esta tribuna que merece la pena apostar por la posibilidad de incorporar a la izquierda abertzale al sistema democrático de un Estado de Derecho, estoy totalmente de acuerdo pero mal lo tenemos, los planteamientos más reaccionarios de la derecha han calado en la sociedad. Que los dioses nos sean propicios si en las próximas elecciones generales, los electores no lo quieran, gana el Partido Popular. Aunque vista la experiencia, a lo mejor consigue la cuadratura del círculo negociando con el Movimiento de Liberación de Euskadi en lugar de con ETA.