Las drásticas medidas presupuestarias que está adoptando el gobierno del Partido Popular han generado un notable debate público. Sin duda, los ciudadanos son conscientes de que políticamente se está dirimiendo algo más que la forma de salir de la crisis, que es la conformación de las bases y capacidades de nuestro modelo de desarrollo económico y de bienestar social para los próximos treinta años. Y en este escenario, los impuestos han cobrado importancia desde el primer momento. Ya en su segundo Consejo de Ministros, el Gobierno abordó un paquete de medidas para elevar la recaudación, entre las que sobresalían el aumento de tipos en el IRPF (para rentas del trabajo y del capital) y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Con ello, incumplía uno de sus compromisos electorales básicos (no subir impuestos), algo que después ha convertido en una práctica habitual; pero es ese es otro tema.
Desde entonces se han adoptado otras iniciativas tributarias muy relevantes, como la reducción de deducciones en el Impuesto sobre Sociedades, un aumento de tasas y del impuesto sobre el tabaco, o una sangrante amnistía fiscal previo peaje de una mínima contribución (del 8-10%). Y hace unos días el Ministro de Economía nos anunciaba, con una retórica vergonzante, que en 2013 subirán el IVA (otro compromiso roto) y quizá rebajen las cotizaciones sociales.
El objeto de estas notas no es analizar estas actuaciones, sino señalar tres conclusiones que se pueden extraer tanto de la adopción de esas medidas tributarias en nuestro país como de las propuestas que se están realizando en algunos países de nuestro entorno, y que pueden servir para centrar el debate sobre la política tributaria, desnudando algunos tabúes que han marcado trágicamente la práctica política en esta materia en los últimos veinte años, con gobiernos de distinto signo político.
La primera constatación es que las necesidades financieras derivadas de la crisis han reabierto bruscamente el campo de maniobra de la política fiscal, de modo que muchas actuaciones que hasta ahora se nos presentaban vedadas, resulta que no solo son posibles, sino que se han tornado urgentes. No se podía (nos decían) elevar los tipos marginales del IRPF, porque desincentivaría el trabajo y se podían alcanzar niveles incluso considerados confiscatorios; ahora se ha subido el tipo máximo siete puntos, hasta el 52%. No se podía elevar la tributación de las rentas del capital, porque al ser un factor completamente móvil, huiría para tributar en otros países con fiscalidad más favorable; y se ha elevado el tipo máximo 6 puntos, hasta el 27%. No se podían reducir las deducciones del Impuesto sobre Sociedades (aumentando en consecuencia el tipo efectivo pagado), porque además de desincentivar la actividad, provocaría deslocalizaciones en masa; y se han eliminado o limitado severamente varias, dos de ellas muy importantes, como son la de gastos financieros y la libertad de amortización. No se podía establecer un impuesto sobre las transacciones financieras, por la misma razón de volatilidad del capital; hoy, con distintas concreciones, es una propuesta firme en muchos países de la eurozona y en la propia Comisión. No se podía mantener un impuesto sobre el patrimonio o la riqueza, porque suponía gravar dos veces la misma renta y castigaba a los inversores; pero el PSOE defiende ya con determinación una figura así, como sucede en Francia o EEUU. Hay, qué duda cabe, nuevas reglas de juego; mejor dicho, son las mismas, pero nos han devuelto las cartas que algunos se guardaban en la manga.
La segunda observación es que, cuando las circunstancias han requerido una mayor recaudación tributaria, lo que se ha hecho ha sido subir los impuestos, y no bajarlos. Aunque pueda parecer una obviedad para los más juiciosos, es algo destacable, porque durante mucho tiempo algunos economistas y políticos han defendido apasionadamente que para elevar los ingresos lo que había que hacer era bajar los impuestos, porque esto provocaría un aumento de las bases imponibles (más contribuyentes y más rentas declaradas) y consecuentemente una mayor recaudación. Pero cuando han venido mal dadas, resulta que todo el mundo ha abandonado a la carrera estas simplistas (y dañinas) tesis lafferianas y han pasado a defender y aplicar aumentos de tributación, como indica la racionalidad y la práctica económicas. Y el primero, el gobierno del PP, muchos de cuyos miembros (entre otros, el actual Ministro de Hacienda) han sido fervientes valedores del absurdo “reduce impuestos y recaudarás más”. Lo positivo de este cambio es que se recupera la sensatez económica en esta materia, esperemos que para siempre; lo penoso es que deja al descubierto que durante muchos años nos han vendido humo conscientemente.
La tercera reflexión es que la política fiscal y tributaria constituye un campo de juego de intereses de primer orden, y que las distintas opciones prácticas reflejan de forma muy visible ante los ciudadanos el modelo de desarrollo socioeconómico por el que apuesta un proyecto político. Durante años, gobiernos de uno y otro color han promovido un vaciamiento de las funciones recaudatorias y redistributivas de los impuestos, priorizando otros objetivos importantes pero tradicionalmente subordinados, como la neutralidad o la eficiencia económica. Los impuestos determinan quién y en qué medida contribuye al sostenimiento de los gastos públicos, lo que supone una de las expresiones más transparentes de la justicia social. Pues bien, uno de los errores básicos de la socialdemocracia en general y del PSOE en particular fue abandonar una visión de la fiscalidad progresista, que no renuncie a sus funciones redistributivas, y que sitúe la generalidad, la progresividad y la suficiencia recaudatoria como valores centrales. Mensajes como “bajar impuestos es de izquierdas” o “la redistribución debe hacerse vía gasto y no de impuestos” han sido muy nocivos y han contribuido a erosionar decisivamente la credibilidad del proyecto de izquierda que representa en nuestro país el Partido Socialista.
Las últimas propuestas del PSOE y las tendencias que se observan en Europa y EEUU están en la buena línea, pero apenas suponen el primer andamio de una construcción que está por definir y que urge, a la socialdemocracia y a la sociedad: un sistema tributario más potente, más eficiente y, sobre todo, más justo. Es posible.