4 de noviembre de 2010, 13:43
NUEVATRIBUNA.ES - 4.11.2010
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
Como se ha puesto de manifiesto y se refleja en los medios de comunicación, el cambio de gobierno, y particularmente el nombramiento de su nuevo portavoz, ha sido valorado positivamente por la ciudadanía en general y por los militantes socialistas en particular. Esta impresión favorable se ve reforzada por la actitud del PP, carente de alternativas conocidas para salir de la crisis. Lo poco que se conoce de su labor de oposición resulta preocupante y verdaderamente regresivo en términos económicos y sociales (FAES y plan Cameron) y, desde luego, reaccionario en cuanto a las libertades civiles y la igualdad de género. Todo indica que el PP ha encajado mal el golpe- al verse sorprendido y con el paso cambiado- y se ha encontrado descolocado de la noche a la mañana con dos candidatos potenciales a los que dirigirse y sin saber bien cual de ellos se presentará finalmente- encabezando la candidatura del PSOE- a las elecciones generales del año 2012.
Sin embargo, los problemas derivados de la crisis económica (sobre todo el escaso crecimiento de la economía y el alto desempleo) siguen sin resolverse y no es previsible que se resuelvan a corto plazo (desde luego no de aquí a las elecciones generales del año 2012), a pesar del cambio de gobierno y de su portavoz.
Resolver los efectos derivados de la crisis requiere un cambio de la política económica y social como piden los sindicatos. De no llevarse a cabo este cambio de poco servirá mejorar la comunicación (no sirve hacer de oposición al PP diciendo que el ajuste será más duro con la derecha); en todo caso, si el gobierno aspira a mejorar su comunicación lo más recomendable es que se refuerce la estructura orgánica del PSOE, de tal manera que sus afiliados y dirigentes puedan trasladar y defender delante de la opinión pública las políticas del gobierno a todos los niveles.
No debe extrañar que en esta situación los sindicatos se hayan convertido en la referencia de la izquierda sociológica y, en la práctica, en el único quebradero de cabeza del gobierno, además de su verdadera oposición. El gobierno no puede pretender que los sindicatos asuman el contenido de la reforma laboral y se limiten a negociar sólo su desarrollo reglamentario después del 29-S, porque eso traicionaría a cientos de miles de trabajadores. Tampoco es razonable pedirles que acepten la congelación de las pensiones y que a continuación negocien el resto de las medidas regresivas anunciadas por el gobierno y trasladadas en su día a Bruselas, que responden a una decisión unilateral y al margen del Pacto de Toledo. Lo mismo podemos manifestar sobre los recortes de las retribuciones de los empleados de las administraciones públicas y el contenido de los presupuestos generales del estado, encaminados a reducir el déficit fiscal a través de la reducción de la inversión pública y del gasto social sin tocar los ingresos fiscales. Una política de estas características terminará por afectar en negativo al crecimiento económico y al empleo, que representa nuestro principal problema. En este sentido, el gobierno debe ser consciente de que sin resolver el problema del desempleo no se reducirá el déficit y la deuda pública; incluso con altas tasas de desempleo persistentes se terminarán desequilibrando las cuentas de la seguridad social (pensiones), a pesar de que en la actualidad sigue teniendo superávit.
El ministro de trabajo sabe, o debería saber, que esas exigencias no pueden ser aceptadas por los sindicatos, y eso no es “poner patas arriba” la reforma laboral como ha manifestado a los medios de comunicación. Si alguien ha puesto patas arriba el mercado de trabajo (sin resolver el problema del desempleo, ni el de la precariedad de nuestro mercado de trabajo, como se está demostrando en la práctica con datos) ha sido el gobierno con sus medidas unilaterales y precipitadas respondiendo afirmativamente al Banco de España y a los defensores de una política neoliberal- siguen mandando en el ministerio de economía- fundamentadas en razones estrictamente ideológicas e interesadas, que mucho han tenido que ver con las recetas “anticrisis” de la UE, que se están llevando a cabo para reducir el déficit y la deuda a través de recortes fiscales y de la reducción drástica del gasto social y de los salarios.
En respuesta a este planteamiento regresivo los sindicatos han vuelto a anunciar movilizaciones- de acuerdo con la Confederación Europea de Sindicatos (CES)- para los días 15 y 18 de diciembre. Además han presentado a la opinión pública un documento propositivo, y a la vez alternativo, para reabrir las conversaciones con el gobierno. Los sindicatos se plantean defender las demandas de la huelga del 29-S y exigen una rectificación, con la pretensión de frenar la aplicación de las medidas adoptadas en relación con la reforma laboral (precariedad y abaratamiento del despido); el recorte de la inversión pública; las pensiones; las retribuciones de los empleados públicos; y la fiscalidad. Paralelamente se plantean comenzar a negociar por primera vez las políticas activas de empleo; la búsqueda de nuevos nacimientos de empleo; la reforma de las oficinas públicas de empleo (intermediación); así como la reforma de la negociación colectiva (flexibilidad interna) y los Convenios colectivos del año 2011.
Particular interés tienen los dos últimos puntos que deben abordarse de manera bilateral (sindicatos- empresarios). La CEOE ya ha presentado un avance de sus posiciones en relación con la reforma de la negociación colectiva que tiene un plazo de caducidad, marzo de 2011: el descuelgue general de los contenidos de los convenios- no sólo del apartado salarial- en función de las circunstancias de cada empresa; eliminar la llamada “ultractividad” de los convenios, dejando al convenio sin ningún efecto al término de su vigencia; eliminar la extensión de los convenios por parte de la autoridad laboral a propuesta de los interlocutores sociales, ante la ausencia de partes legitimadas para negociar en un marco determinado; eliminar la negociación en cascada y articular los diversos convenios de arriba hacia abajo fijando las materias a negociar en cada ámbito, en este caso de acuerdo- en cuanto al principio- con los sindicatos.
La propuesta empresarial debilita seriamente la negociación colectiva y reafirma la posición beligerante que viene defendiendo la CEOE al amparo de la crisis- en la que subyace la individualización de las relaciones laborales en la empresa- y que defiende la negociación colectiva prioritariamente en los centros de trabajo, lo que dejaría a las pequeñas empresas (representan más del 90% del tejido empresarial) prácticamente sin convenio, lo que representaría de hecho un verdadero torpedo en la línea de flotación de los sindicatos. Esta política se inscribe dentro la campaña antisindical que se desarrolla en la UE tendente a vaciar de contenido la acción sindical de los sindicatos y por lo tanto sin competencias y protagonismo fuera de los centros de trabajo.
A tenor de la propuesta y teniendo en cuenta el marco político en que nos movemos no será nada fácil un acuerdo, entre otras cosas, porque sería rentabilizado por el gobierno socialista y eso no está en el ánimo de los empresarios (por el momento la CEOE no tiene ninguna prisa para sentarse a negociar). Además, en el supuesto de desacuerdo está previsto que el gobierno tome medidas- a través de un proyecto de ley- que, no hay que descartar, puedan favorecer nuevamente a los empresarios como ha ocurrido con la reforma laboral, lo que desincentiva la búsqueda de un acuerdo por parte de los empresarios.
En cuanto a la negociación de los convenios para el año 2011, es previsible que esté plagada de problemas si tenemos en cuenta que ya se están poniendo de manifiesto dificultades en el presente año al amparo de la reforma laboral que, no lo olvidemos, permite al empresario vulnerar los convenios sectoriales, empeorar las condiciones de trabajo y el descuelgue salarial de los convenios.
Según UGT, en los nueve primeros meses del año se han registrado 2.032 convenios (la mayoría revisados en 2010) que incluyen a 5.149.469 trabajadores y a 665.448 empresas siendo el incremento salarial medio pactado del 1,32%. Del conjunto de los trabajadores con convenio, sólo 1.855.416 están protegidos por una cláusula de revisión salarial, lo que representa el 36,03%. En cuanto a las empresas con cláusula de revisión ésta se contempla en 209.195, lo que representa sólo el 31,44%.
La conclusión al día de hoy es que la negociación de los nuevos convenios está muy retrasada, cuando no paralizada (sólo se han negociado 318 convenios, que representan el 12,86% de los convenios nuevos a negociar en 2010), por la actitud interesada de los empresarios. Además, los incrementos salariales están muy por debajo del IPC (2,1% en septiembre), lo que significa que los trabajadores están perdiendo, de media, 0,78 puntos porcentuales de poder de compra en sus incrementos inicialmente pactados, lo que confirma la política de reducción de salarios que se está imponiendo en la UE- como alternativa a la devaluación del euro-, para ser más competitivos. La cláusula de revisión no arreglará la magnitud del problema dada su pequeña incidencia en el conjunto de los convenios como se ha señalado anteriormente.
Esta situación explica la fuerte desconfianza y el creciente malestar social de los trabajadores, así como su preocupación por su situación laboral: pérdida de su puesto de trabajo, aumento de las facilidades de despido, alto índice de precariedad y bajos salarios. También explica el problema que tienen los sindicatos para seguir practicando una política de moderación en los próximos convenios, así como las dificultades existentes para recuperar el diálogo social con el gobierno después de la huelga general, cuando además no se ponen en práctica medidas justas y equilibradas que hagan repercutir el costo de la crisis sobre los que más tienen.
Por estas razones el gobierno debe considerar el documento propositivo de los sindicatos cuanto antes, dando por hecho que esa decisión sería bien valorada por la ciudadanía y, desde luego, por los sindicatos en el primer encuentro que se celebre con el nuevo ministro de trabajo. Por el contrario, el esperar tácticamente al resultado de las elecciones en Cataluña y posteriormente a los resultados de las elecciones municipales y de algunas CCAA (mes de mayo) resultaría un suicidio en la actual situación e inhabilitaría al gobierno de cara a las elecciones generales del año 2012. La espera también cebaría la conflictividad social en los próximos meses y el enfrentamiento entre sindicatos y gobierno, lo que representaría la peor noticia para avanzar en la salida de la crisis. Sólo cabe, por lo tanto, la recomposición del consenso y del acuerdo que haga posible además abrir un debate en profundidad sobre la necesidad de un cambio de modelo productivo a medio plazo que nos garantice una verdadera convergencia en términos económicos, sociales y de empleo cualificado con los países más avanzados de la UE.
Antón Saracíbar es ex dirigente de UGT y miembro del Patronato de la Fundación Francisco Largo Caballero
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
Como se ha puesto de manifiesto y se refleja en los medios de comunicación, el cambio de gobierno, y particularmente el nombramiento de su nuevo portavoz, ha sido valorado positivamente por la ciudadanía en general y por los militantes socialistas en particular. Esta impresión favorable se ve reforzada por la actitud del PP, carente de alternativas conocidas para salir de la crisis. Lo poco que se conoce de su labor de oposición resulta preocupante y verdaderamente regresivo en términos económicos y sociales (FAES y plan Cameron) y, desde luego, reaccionario en cuanto a las libertades civiles y la igualdad de género. Todo indica que el PP ha encajado mal el golpe- al verse sorprendido y con el paso cambiado- y se ha encontrado descolocado de la noche a la mañana con dos candidatos potenciales a los que dirigirse y sin saber bien cual de ellos se presentará finalmente- encabezando la candidatura del PSOE- a las elecciones generales del año 2012.
Sin embargo, los problemas derivados de la crisis económica (sobre todo el escaso crecimiento de la economía y el alto desempleo) siguen sin resolverse y no es previsible que se resuelvan a corto plazo (desde luego no de aquí a las elecciones generales del año 2012), a pesar del cambio de gobierno y de su portavoz.
Resolver los efectos derivados de la crisis requiere un cambio de la política económica y social como piden los sindicatos. De no llevarse a cabo este cambio de poco servirá mejorar la comunicación (no sirve hacer de oposición al PP diciendo que el ajuste será más duro con la derecha); en todo caso, si el gobierno aspira a mejorar su comunicación lo más recomendable es que se refuerce la estructura orgánica del PSOE, de tal manera que sus afiliados y dirigentes puedan trasladar y defender delante de la opinión pública las políticas del gobierno a todos los niveles.
No debe extrañar que en esta situación los sindicatos se hayan convertido en la referencia de la izquierda sociológica y, en la práctica, en el único quebradero de cabeza del gobierno, además de su verdadera oposición. El gobierno no puede pretender que los sindicatos asuman el contenido de la reforma laboral y se limiten a negociar sólo su desarrollo reglamentario después del 29-S, porque eso traicionaría a cientos de miles de trabajadores. Tampoco es razonable pedirles que acepten la congelación de las pensiones y que a continuación negocien el resto de las medidas regresivas anunciadas por el gobierno y trasladadas en su día a Bruselas, que responden a una decisión unilateral y al margen del Pacto de Toledo. Lo mismo podemos manifestar sobre los recortes de las retribuciones de los empleados de las administraciones públicas y el contenido de los presupuestos generales del estado, encaminados a reducir el déficit fiscal a través de la reducción de la inversión pública y del gasto social sin tocar los ingresos fiscales. Una política de estas características terminará por afectar en negativo al crecimiento económico y al empleo, que representa nuestro principal problema. En este sentido, el gobierno debe ser consciente de que sin resolver el problema del desempleo no se reducirá el déficit y la deuda pública; incluso con altas tasas de desempleo persistentes se terminarán desequilibrando las cuentas de la seguridad social (pensiones), a pesar de que en la actualidad sigue teniendo superávit.
El ministro de trabajo sabe, o debería saber, que esas exigencias no pueden ser aceptadas por los sindicatos, y eso no es “poner patas arriba” la reforma laboral como ha manifestado a los medios de comunicación. Si alguien ha puesto patas arriba el mercado de trabajo (sin resolver el problema del desempleo, ni el de la precariedad de nuestro mercado de trabajo, como se está demostrando en la práctica con datos) ha sido el gobierno con sus medidas unilaterales y precipitadas respondiendo afirmativamente al Banco de España y a los defensores de una política neoliberal- siguen mandando en el ministerio de economía- fundamentadas en razones estrictamente ideológicas e interesadas, que mucho han tenido que ver con las recetas “anticrisis” de la UE, que se están llevando a cabo para reducir el déficit y la deuda a través de recortes fiscales y de la reducción drástica del gasto social y de los salarios.
En respuesta a este planteamiento regresivo los sindicatos han vuelto a anunciar movilizaciones- de acuerdo con la Confederación Europea de Sindicatos (CES)- para los días 15 y 18 de diciembre. Además han presentado a la opinión pública un documento propositivo, y a la vez alternativo, para reabrir las conversaciones con el gobierno. Los sindicatos se plantean defender las demandas de la huelga del 29-S y exigen una rectificación, con la pretensión de frenar la aplicación de las medidas adoptadas en relación con la reforma laboral (precariedad y abaratamiento del despido); el recorte de la inversión pública; las pensiones; las retribuciones de los empleados públicos; y la fiscalidad. Paralelamente se plantean comenzar a negociar por primera vez las políticas activas de empleo; la búsqueda de nuevos nacimientos de empleo; la reforma de las oficinas públicas de empleo (intermediación); así como la reforma de la negociación colectiva (flexibilidad interna) y los Convenios colectivos del año 2011.
Particular interés tienen los dos últimos puntos que deben abordarse de manera bilateral (sindicatos- empresarios). La CEOE ya ha presentado un avance de sus posiciones en relación con la reforma de la negociación colectiva que tiene un plazo de caducidad, marzo de 2011: el descuelgue general de los contenidos de los convenios- no sólo del apartado salarial- en función de las circunstancias de cada empresa; eliminar la llamada “ultractividad” de los convenios, dejando al convenio sin ningún efecto al término de su vigencia; eliminar la extensión de los convenios por parte de la autoridad laboral a propuesta de los interlocutores sociales, ante la ausencia de partes legitimadas para negociar en un marco determinado; eliminar la negociación en cascada y articular los diversos convenios de arriba hacia abajo fijando las materias a negociar en cada ámbito, en este caso de acuerdo- en cuanto al principio- con los sindicatos.
La propuesta empresarial debilita seriamente la negociación colectiva y reafirma la posición beligerante que viene defendiendo la CEOE al amparo de la crisis- en la que subyace la individualización de las relaciones laborales en la empresa- y que defiende la negociación colectiva prioritariamente en los centros de trabajo, lo que dejaría a las pequeñas empresas (representan más del 90% del tejido empresarial) prácticamente sin convenio, lo que representaría de hecho un verdadero torpedo en la línea de flotación de los sindicatos. Esta política se inscribe dentro la campaña antisindical que se desarrolla en la UE tendente a vaciar de contenido la acción sindical de los sindicatos y por lo tanto sin competencias y protagonismo fuera de los centros de trabajo.
A tenor de la propuesta y teniendo en cuenta el marco político en que nos movemos no será nada fácil un acuerdo, entre otras cosas, porque sería rentabilizado por el gobierno socialista y eso no está en el ánimo de los empresarios (por el momento la CEOE no tiene ninguna prisa para sentarse a negociar). Además, en el supuesto de desacuerdo está previsto que el gobierno tome medidas- a través de un proyecto de ley- que, no hay que descartar, puedan favorecer nuevamente a los empresarios como ha ocurrido con la reforma laboral, lo que desincentiva la búsqueda de un acuerdo por parte de los empresarios.
En cuanto a la negociación de los convenios para el año 2011, es previsible que esté plagada de problemas si tenemos en cuenta que ya se están poniendo de manifiesto dificultades en el presente año al amparo de la reforma laboral que, no lo olvidemos, permite al empresario vulnerar los convenios sectoriales, empeorar las condiciones de trabajo y el descuelgue salarial de los convenios.
Según UGT, en los nueve primeros meses del año se han registrado 2.032 convenios (la mayoría revisados en 2010) que incluyen a 5.149.469 trabajadores y a 665.448 empresas siendo el incremento salarial medio pactado del 1,32%. Del conjunto de los trabajadores con convenio, sólo 1.855.416 están protegidos por una cláusula de revisión salarial, lo que representa el 36,03%. En cuanto a las empresas con cláusula de revisión ésta se contempla en 209.195, lo que representa sólo el 31,44%.
La conclusión al día de hoy es que la negociación de los nuevos convenios está muy retrasada, cuando no paralizada (sólo se han negociado 318 convenios, que representan el 12,86% de los convenios nuevos a negociar en 2010), por la actitud interesada de los empresarios. Además, los incrementos salariales están muy por debajo del IPC (2,1% en septiembre), lo que significa que los trabajadores están perdiendo, de media, 0,78 puntos porcentuales de poder de compra en sus incrementos inicialmente pactados, lo que confirma la política de reducción de salarios que se está imponiendo en la UE- como alternativa a la devaluación del euro-, para ser más competitivos. La cláusula de revisión no arreglará la magnitud del problema dada su pequeña incidencia en el conjunto de los convenios como se ha señalado anteriormente.
Esta situación explica la fuerte desconfianza y el creciente malestar social de los trabajadores, así como su preocupación por su situación laboral: pérdida de su puesto de trabajo, aumento de las facilidades de despido, alto índice de precariedad y bajos salarios. También explica el problema que tienen los sindicatos para seguir practicando una política de moderación en los próximos convenios, así como las dificultades existentes para recuperar el diálogo social con el gobierno después de la huelga general, cuando además no se ponen en práctica medidas justas y equilibradas que hagan repercutir el costo de la crisis sobre los que más tienen.
Por estas razones el gobierno debe considerar el documento propositivo de los sindicatos cuanto antes, dando por hecho que esa decisión sería bien valorada por la ciudadanía y, desde luego, por los sindicatos en el primer encuentro que se celebre con el nuevo ministro de trabajo. Por el contrario, el esperar tácticamente al resultado de las elecciones en Cataluña y posteriormente a los resultados de las elecciones municipales y de algunas CCAA (mes de mayo) resultaría un suicidio en la actual situación e inhabilitaría al gobierno de cara a las elecciones generales del año 2012. La espera también cebaría la conflictividad social en los próximos meses y el enfrentamiento entre sindicatos y gobierno, lo que representaría la peor noticia para avanzar en la salida de la crisis. Sólo cabe, por lo tanto, la recomposición del consenso y del acuerdo que haga posible además abrir un debate en profundidad sobre la necesidad de un cambio de modelo productivo a medio plazo que nos garantice una verdadera convergencia en términos económicos, sociales y de empleo cualificado con los países más avanzados de la UE.
Antón Saracíbar es ex dirigente de UGT y miembro del Patronato de la Fundación Francisco Largo Caballero