El sistema financiero español tiene un enorme problema de credibilidad del que se deriva una falta de confianza, dentro y fuera del país, que de no resolverse de forma inmediata puede llegar a provocar una situación de consecuencias incalculables.
Esta falta de credibilidad está provocada por las dudas sobre la situación real de las entidades financieras, el papel del Banco de España como organismo de supervisión y control, la transparencia y fiabilidad de la información y la propia capacidad de respuesta del gobierno para enfrentarse a la situación.
Lo que está puesto en cuestión es tanto la situación de liquidez como la propia solvencia del sistema financiero. Esto es, su capacidad para disponer de los recursos que le permitan cumplir con su calendario de vencimientos por un lado y su situación patrimonial amenazada por los problemas de valoración de una parte no menor de sus activos por otro.
Y en los dos casos el origen del problema es el mismo: su irresponsable comportamiento en la generación de la burbuja inmobiliaria que sufrió nuestro país desde la mitad de los 90 hasta que estalló en 2008. Un comportamiento irresponsable que contó con la complicidad del Banco de España y de los sucesivos gobiernos de Aznar y de Zapatero.
El problema de la liquidez
Entre 1996 y 2008 los bancos y cajas incrementaron su volumen de créditos hipotecarios en 936.962 millones de euros (155 billones de pesetas), una cifra brutal, que equivale a casi el 100% del PIB español. Como el ahorro interno no podía financiar este absurdo proceso de enladrillamiento, los bancos y cajas acudieron a los mercados mayoristas de crédito en el exterior para conseguir los fondos que necesitaba para inflar esa disparatada burbuja inmobiliaria.
Y aquí nace el problema de la liquidez. Porque las entidades españolas se endeudaron en Alemania, Francia, Holanda y otros países vendiendo cédulas hipotecarias con plazos de vencimiento medio de entre 3 y 5 años con los que financiaron en España hipotecas con plazos de devolución de entre 20 y 30 años. Dada la diferencia entre el período de cobro y el de pago y las dificultades de refinanciarse a partir de 2008 en unos mercados secos y sobre todo desconfiados, el sistema financiero español, entre otros, se vio en una situación crítica en las que se acercó varias veces al colapso a lo largo de 2010 y 2011. Esto es, a no poder cumplir con sus compromisos de pago.
Como estos problemas de liquidez afectaban a más países, y por lo tanto al propio sistema financiero europeo, el Banco Central Europeo los resolvió, al menos temporalmente, inyectando un billón de euros, en préstamos a tres años y al 1% de interés. Los bancos y cajas españolas se beneficiaron de esta aportación de fondos públicos por un importe de 250.000 millones que, sin embargo, no han utilizado para facilitar el crédito a empresas y familias y, por lo tanto, para recuperar la actividad económica.
¿Que han hecho con esa ingente cantidad de recursos? Pues dada su situación de falta de liquidez han vuelto a depositar en el BCE más de la mitad de esos fondos y el resto, unos 108.000 millones, los han destinado a comprar deuda pública. Esto es, en lugar de utilizar estos recursos para financiar la actividad se los guardan para resolver sus problemas internos.
En lugar de aportar liquidez, la absorben (del BCE, de los depósitos de clientes,…) acaparándola para garantizarse los fondos que necesitan para cumplir con sus vencimientos.
La consecuencia de esta práctica es el estrangulamiento financiero de la economía productiva y la asfixia de las empresas. El sistema financiero que fue en gran medida el responsable del inicio de la crisis es hoy el gran culpable de que no salgamos de la recesión, porque sin reconstruir el flujo del credito la recuperación es imposible.
El problema de la solvencia
Además de la liquidez nuestro sistema tiene un grave problema de solvencia. Esto es, que si se ajusta el valor por el que están contabilizados los activos en los balances de los bancos a su valor real actual se provocarían pérdidas tan elevadas que muchas entidades pasarían a tener fondos propios negativos. Esto es, estarían en quiebra, serían insolventes.
A 31 de diciembre de 2011 los prestamos hipotecarios vinculados a la construcción alcanzaban los 983.000 millones de euros, de los cuales 676.000 eran prestamos concedidos a las familias y el resto, 307.000 millones, a los promotores inmobiliarios. Y es en el valor real de estos préstamos, que están financiando la compra de suelo, promociones de viviendas, unas aún en construcción y otras terminadas pero no vendidas, donde se concentra el problema de solvencia.
Porque una parte relevante de estos prestamos no van a ser pagados por las empresas promotoras. De hecho a final de 2011, y por lo tanto antes de las dos primeras reformas del ministro Guindos, las entidades bancarias tenían contabilizados como créditos dudosos 184.000 millones de euros. Para cubrir el riego cierto de impago las entidades tenían dotadas provisiones por un importe de 63.000 millones de euros. Esto es, ya habían contabilizado en sus cuentas de resultados de los últimos años perdidas por este importe. El problema es que esta cifra está por debajo de la realidad.
Aceptando las estimaciones del Ministerio de Economía en sus dos reformas, la de febrero y la de mayo, las entidades tienen que provisionar antes de finalizar el año más de 82.000 millones de euros solo en el crédito a promotores.
Sin embargo lo que se está conociendo de la realidad de Bankia señala que además de este aumento de las provisiones al crédito promotor, los bancos y cajas tienen que asumir tambén perdidas en otros activos. La enorme dureza de la crisis y su extraordinaria duración, la recaída en una doble recesión provoca problemas de insolvencia en empresas y familias que se traducen en la incapacidad de cumplir sus compromisos de crédito, lo que se traslada a perdidas en los resultados de las entidades financieras y deterioro de sus balances.
Estamos hablando de los créditos a las familias para la compra de viviendas, que aún tienen una morosidad baja pero creciente; de los créditos a las pequeñas y medianas empresas del resto de sectores fuera de la construcción. Y también de las participaciones que los bancos y cajas tienen en las grandes empresas, entre ellas la cotizadas en bolsa, que valen bastante menos que cuando las compraron.
Determinar cual es la cifra de perdidas que tiene que asumir el sistema financiero español para sanear su balance es, a día de hoy, una tarea imposible, tal y como ha demostrado el ministro Guindos en el caso Bankia pasando de 4.000 a 23.000 millones de euros en apenas una semana. Pero existe un cierto consenso en el sector, sirva de ejemplo el informe de la Asociación Mundial de la Banca (IFG son sus siglas en ingles), de que el saneamiento a día de hoy se sitúa en el entorno de 100.000 millones de euros.
Una parte de esta elevadísima factura puede, y debe, ser pagada de forma inmediata por los bancos y las cajas asumiendo una dotación extraordinaria de provisiones contra su cuenta de resultados. Pero no toda. Porque el nivel de beneficios que genera el sector está muy por debajo de esta cifra.
Esto hace obligatorio la aportación de recursos externos que en la actual situación solo pueden ser de carácter público, por un importe que muchos estiman en no menos de 60.000 millones de euros, dentro de los cuales se incluyen los ya comprometidos en Bankia.
Quien y, sobre todo, como se va a poner ese dinero y como se recuperará, son las preguntas claves de la verdadera reforma que de forma urgente necesita el sistema financiero español.
Las reformas incompletas
Como estamos viendo estos días el saneamiento del sistema financiero era, y lo peor es que lo sigue siendo, la reforma prioritaria, la fundamental, que tenia que haber sido abordada desde que estalló la crisis. Entre otras cosas, porque el detonante de la Gran Recesión iniciada en 2007 fue la crisis de un modelo de negocio financiero hipertrofiado, especulativo, globalizado y desregulado.
De forma sorprendente el gobierno de Zapatero acató el discurso del lobby financiero español de que nuestros bancos y cajas eran las entidades más sólidas del mundo y que por lo tanto en España no hacia falta ningún tipo de reforma. Así mientras que en Alemania, Francia, Holanda, Gran bretaña, Italia o Estados Unidos se sanearon los bancos aquí el gobierno se dedicó a reformar las pensiones o el mercado laboral.
Las consecuencias de este gravísimo error las estamos pagando ahora. Porque la economía española no es capaz de salir del bucle de la recesión en gran parte porque la situación de las entidades financieras bloquea el acceso al crédito a familias y empresas. Pero sobre todo, porque el deterioro de los bancos y las cajas puede llegar a provocar el temido rescate, intervención en realidad, de la economía española.
Y sin embargo esta situación se podría haber evitado. Porque era cierto que las entidades españolas no tenían en sus balances los activos tóxicos provocados por las hipotecas ”subprime” o los paquetes estructurados que obligaron a rescates multimillonarios de entidades en toda Europa y Estados Unidos.
Pero si que teníamos una situación de riesgo: la enorme exposición de las entidades al crédito inmobiliario porque bancos y cajas fueron los principales responsables en inflar la burbuja inmobiliaria española. Si nuestro problema inmobiliario/financiero se hubiera abordado cuando estallo la burbuja habrían sido necesarios muchos menos recursos, se habría podido evitar en parte el desplome de la construcción y por lo tanto el deterioro del valor de los activos inmobiliarios y en consecuencia la propia crisis financiera.
Y se hubiera hecho además en un momento en que tanto los mercados como las autoridades europeas se mostraron enormemente complacientes y comprensivos con las ayudas publicas a las entidades financieras en crisis.
Nosotros no lo hicimos y los cuatro años que llevamos de crisis ha provocado un gravísimo deterioro en el valor de los activos inmobiliarios, en especial en el suelo comprado de forma masiva y a unos precios absurdamente elevados. Un deterioro de valor que inevitablemente se traslada a los balances de las entidades financieras.
La reforma financiera en España se hace tarde y además mal. Las dos primeras reformas, hasta ahora, pilotadas por Rajoy son un cúmulo de errores que hasta han sido criticadas duramente por la Comisión Europea y el propio BCE. El primer error es no entender que la reforma tiene que ser compatible con que los bancos y cajas den crédito a las empresas y las familias.
Y sin embargo las reformas Guindos tienen como elemento central obligar a aumentar las provisiones por deterioro de los activos contra las cuentas de resultados de las entidades lo que inevitablemente se traduce en mayores restricciones al crédito.
El segundo error es minusvalorar el importe real de saneamiento. Lo hizo Zapatero y lo repite Rajoy. Hasta el cambio de gobierno el FROB había aportado 13.869 millones de euros para recapitalizar el sistema financiero español frente a los 84.600 de Alemania o los 88.500 de Gran Bretaña. De Guindos, cuando presentó su segunda reforma, dijo que la aportación del Estado sería inferior en todo caso a los 15.000 millones pero solo quince días después tiene que poner 19.000 millones solo para Bankia. Tal y como es de confusa la información sobre la situación real de las entidades es difícil decir cuanto va a costar, pero existe un cierto consenso en que no menos de 60.000 millones de euros.
El tercer error es no dejar claro cual va a ser el papel del Estado en el proceso de saneamiento. Hacen falta muchos recursos que en la situación actual solo pueden ser aportados por las instituciones públicas. En vez de ir a trompicones, detrás de los acontecimientos, desdiciéndose cada día, el gobierno debe asumir esa realidad.
Ahora bien, el saneamiento del sistema financiero no lo deben pagar los ciudadanos con sus impuestos. El dinero público tiene que ser recuperado en su totalidad porque el coste de la crisis finalmente lo tienen que asumir las entidades financieras que resulten del proceso de reestructuración del sector. Y por supuesto, exigir responsabilidades a todos los que provocaron ese brutal fiasco económico/financiero, desde los gestores a los supervisores pasando por los responsable políticos e institucionales.
El cuarto error, y posiblemente el más grave, es la falta de claridad, de determinación, del gobierno. Algo más que la sensación de que no hay un plan, de que no saben que hacer, que se trata tan solo de ganar tiempo para ver si escampa. Y eso, lo único que hace, es agravar el problema. Tanto que algo impensable hasta hace unos días, la intervención de la economía española, empieza a formularse por culpa de los errores del gobierno en la gestión de la crisis financiera.