20 de septiembre de 2010, 16:40
NUEVATRIBUNA.ES - 19.1.2010
La realidad siempre supera a la ficción y las peores fantasías de la ficción se pueden llegar a convertir en realidad a nada que nos descuidemos. Esto es lo que está pasando en Vic, Salt y Torrejón de Ardoz. Porque, ¿qué razón puede haber para que un Ayuntamiento no quiera empadronar a unas personas que viven en su término municipal, cuando todos sabemos que, con independencia de la obligación legal que tiene de hacerlo, el padrón es fundamental para determinar los ingresos que recibirá del Estado un municipio?.
Es imposible justificar esa negativa desde la perspectiva del interés general de los vecinos y si, como afirma el alcalde de Torrejón, no supone merma de derechos en los que se queden fuera del padrón, ¿por qué se hace? La respuesta la ha dado la presidenta del PP de Cataluña: “no se puede dar servicios a todos”. Es decir, que pretenden privar de servicios públicos a una parte de la población. ¿Y para qué se hace? Acaso para dar satisfacción a determinados grupos que manifiestan sentimientos xenófobos por la supuesta competencia de los inmigrantes o simplemente, como dicen algunos, “porque hay muchos”. Los mismos que no se quejan cuando estos inmigrantes le limpian el culo a la abuela, les recogen la fruta o trabajan de sol a sol en los invernaderos, casi por la comida, para llenarles los bolsillos.
Parece que estamos viviendo un “dejá vu” que suena igual que lo de “los judíos son culpables”. Por eso no se entiende cómo está tardando tanto en reaccionar el PSC. Cómo no ha echado a la puñetera calle en veinticuatro horas a los concejales que votaron a favor de la fascistada de Vic o a la alcaldesa de Salt. Manda narices que haya tenido que ser otra vez el sufrido Rubalcaba, el que ha puesto las cosas en su sitio, diciendo que esto no se puede hacer ni consentir. Y alucina leer y escuchar en algunos medios de comunicación, como si fuese lo más normal, que “se ha abierto un debate sobre la inmigración” o que el informe Roca (no el de los retretes) “avala” que es legal lo que pretenden estos alcaldes. Y Rajoy, que ya acaricia la Moncloa, se lanza - ¡qué valiente ahora! - y promete cambiar la Ley de Extranjería. ¿Para qué? ¿Para convertir a los inmigrantes ilegales y acaso también a los legales no comunitarios en “untermenschen”? Negar el empadronamiento a personas que viven en un municipio, es convertirles en apestados, sin derechos, inexistentes para la administración, de modo que hasta su muerte podría pasar desapercibida, como “las almas muertas” que afanosamente buscaba Chichikov, el taimado protagonista de la novela de Gógol para incorporarlas a su imaginaria servidumbre.
Esto no es ni más ni menos que fascismo puro y duro, del de siempre, del que asoló el mundo en el siglo pasado. ¿En nombre de qué ideología o qué cultura, algunos quieren un país en el que haya seres humanos sin derecho a la escolaridad, ni a la salud, sin derecho a nada porque no tienen los papeles en regla? Si llegasen a triunfar sus tesis, cuando la desesperación y la marginación arrojasen a estas personas al mundo de la delincuencia, ¿cuál sería el siguiente paso que darían los que propugnan la “mano dura” contra la inmigración? ¿Defenderían la pena de muerte con la misma fuerza con la que ahora combaten el aborto? Los demócratas tenemos la obligación de salir en tromba frente a los que apoyan semejante barbaridad: son la libertad y la dignidad humanas las que están otra vez en juego.
Pedro Díez Olazábal participó en la fundación del Sindicato de Enseñanza de CC.OO y ha estado siempre vinculado a los movimientos sociales. Ha desempeñado los cargos de Alcalde de Arganda del Rey, diputado de la Asamblea de Madrid y Vicepresidente Tercero, portavoz en la Comisión de Medio Ambiente y Presidente de la Asamblea de Madrid.
La realidad siempre supera a la ficción y las peores fantasías de la ficción se pueden llegar a convertir en realidad a nada que nos descuidemos. Esto es lo que está pasando en Vic, Salt y Torrejón de Ardoz. Porque, ¿qué razón puede haber para que un Ayuntamiento no quiera empadronar a unas personas que viven en su término municipal, cuando todos sabemos que, con independencia de la obligación legal que tiene de hacerlo, el padrón es fundamental para determinar los ingresos que recibirá del Estado un municipio?.
Es imposible justificar esa negativa desde la perspectiva del interés general de los vecinos y si, como afirma el alcalde de Torrejón, no supone merma de derechos en los que se queden fuera del padrón, ¿por qué se hace? La respuesta la ha dado la presidenta del PP de Cataluña: “no se puede dar servicios a todos”. Es decir, que pretenden privar de servicios públicos a una parte de la población. ¿Y para qué se hace? Acaso para dar satisfacción a determinados grupos que manifiestan sentimientos xenófobos por la supuesta competencia de los inmigrantes o simplemente, como dicen algunos, “porque hay muchos”. Los mismos que no se quejan cuando estos inmigrantes le limpian el culo a la abuela, les recogen la fruta o trabajan de sol a sol en los invernaderos, casi por la comida, para llenarles los bolsillos.
Parece que estamos viviendo un “dejá vu” que suena igual que lo de “los judíos son culpables”. Por eso no se entiende cómo está tardando tanto en reaccionar el PSC. Cómo no ha echado a la puñetera calle en veinticuatro horas a los concejales que votaron a favor de la fascistada de Vic o a la alcaldesa de Salt. Manda narices que haya tenido que ser otra vez el sufrido Rubalcaba, el que ha puesto las cosas en su sitio, diciendo que esto no se puede hacer ni consentir. Y alucina leer y escuchar en algunos medios de comunicación, como si fuese lo más normal, que “se ha abierto un debate sobre la inmigración” o que el informe Roca (no el de los retretes) “avala” que es legal lo que pretenden estos alcaldes. Y Rajoy, que ya acaricia la Moncloa, se lanza - ¡qué valiente ahora! - y promete cambiar la Ley de Extranjería. ¿Para qué? ¿Para convertir a los inmigrantes ilegales y acaso también a los legales no comunitarios en “untermenschen”? Negar el empadronamiento a personas que viven en un municipio, es convertirles en apestados, sin derechos, inexistentes para la administración, de modo que hasta su muerte podría pasar desapercibida, como “las almas muertas” que afanosamente buscaba Chichikov, el taimado protagonista de la novela de Gógol para incorporarlas a su imaginaria servidumbre.
Esto no es ni más ni menos que fascismo puro y duro, del de siempre, del que asoló el mundo en el siglo pasado. ¿En nombre de qué ideología o qué cultura, algunos quieren un país en el que haya seres humanos sin derecho a la escolaridad, ni a la salud, sin derecho a nada porque no tienen los papeles en regla? Si llegasen a triunfar sus tesis, cuando la desesperación y la marginación arrojasen a estas personas al mundo de la delincuencia, ¿cuál sería el siguiente paso que darían los que propugnan la “mano dura” contra la inmigración? ¿Defenderían la pena de muerte con la misma fuerza con la que ahora combaten el aborto? Los demócratas tenemos la obligación de salir en tromba frente a los que apoyan semejante barbaridad: son la libertad y la dignidad humanas las que están otra vez en juego.
Pedro Díez Olazábal participó en la fundación del Sindicato de Enseñanza de CC.OO y ha estado siempre vinculado a los movimientos sociales. Ha desempeñado los cargos de Alcalde de Arganda del Rey, diputado de la Asamblea de Madrid y Vicepresidente Tercero, portavoz en la Comisión de Medio Ambiente y Presidente de la Asamblea de Madrid.