15 de noviembre de 2010, 14:34
NUEVATRIBUNA.ES - 11.6.2010
La última barrera, la representación genuina de la izquierda, las únicas organizaciones que todavía no son plenamente procapitalistas... De estas y parecidas maneras se describe a los sindicatos de clase desde muy diversas instancias de la sociedad, unas veces con intención de halago y otras de descalificación, y en no pocas ocasiones mezclándose ambas valoraciones en la argumentación de un mismo interlocutor.
Con motivo de los recientes acontecimientos que han desembocado en la huelga de los empleados públicos, hemos visto como los mismos voceros que denigraban a los sindicatos por blandos, amigos del gobierno, paniaguados, cobardes por no atreverse a convocar un paro general, les tachan ahora de débiles, no representativos, fracasados...Todo ello, obviamente, con la intención de apartarles de la escena y poder forzar con más facilidad a los poderes políticos a desarrollar lo que llaman “reformas estructurales imprescindibles”, lo que en roman paladín significa exaltación de todo lo privado, disminución drástica de lo público y colectivo y por tanto del estado del bienestar. Lo que pretenden es debilitar a las organizaciones sindicales y a todas aquellas fuerzas que se oponen a estos procesos.
Los dos grandes sindicatos de clase españoles tienen dos orígenes bien diferentes. UGT fue fundada por Pablo Iglesias poco después del PSOE, dentro de esa filosofía muy común en Europa que establece una estrecha relación entre el partido político y el sindicato conviviendo en la misma familia socialista ó socialdemócrata, una filosofía que con altibajos ha perdurado hasta el día de hoy. CC.OO. surgió directamente de las fábricas y de las empresas durante la dictadura, en respuesta a la necesidad de los trabajadores de organizarse frente a la falta de derechos, de negociación colectiva y contra el férreo control establecido por el sindicato vertical. Aunque en sus orígenes contó con el apoyo de las fuerzas políticas clandestinas y opuestas a la dictadura, su génesis es profundamente participativa, plural y democrática.
Siguiendo esta tradición, que se plasmó en el papel constitucional de los sindicatos duramente conquistado, su capacidad de representación se mide democráticamente mediante elecciones universales en las que participan todos los trabajadores para renovar a sus representantes cada cuatro años. Incluso allí donde la ley no permite realizar elecciones porque se trata de empresas con entre uno y seis empleados, los sindicatos vienen proponiendo arbitrar fórmulas para que estos trabajadores puedan expresarse. Pocas organizaciones y estructuras sociales pueden exhibir esa capacidad de representación fuera de los partidos políticos, que la tienen gracias a una ley electoral como mínimo discutible, y cuyas cifras de afiliación son mucho menores en términos absolutos en sus estructuras.
¿De dónde surge tanto interés permanente en la descalificación de los sindicatos de clase? Los sindicatos españoles tienen vocación confederal, es decir, no se limitan a defender determinados problemas de los trabajadores en función de su puesto de trabajo sino que aspiran a elevarse hacia una actividad sociopolítica que les defienda en todos los ámbitos sociales: vivienda, salud, educación, empleo, pensiones y derechos cívicos en general, lejos de un mero corporativismo de cada grupo particular que es a lo que la mayoría de voces que se oponen a su labor les gustaría reducirles.
Lógicamente todo ello supone la defensa de unos intereses que colisionan con otros muy distintos, los de los empresarios, del capital financiero y de todos los que con ellos colaboran y a ellos sirven. Pero los sindicatos son también incómodos para los partidos políticos en la medida que mantienen su autonomía, cuya consecuencia es la defensa de los intereses de los trabajadores, por encima de la afinidad, y el apoyo permanente a sus estrategias y a sus necesidades políticas.
Por eso, en general, y en tiempos de más o menos estabilidad económica y social, se ningunea la actividad sindical, se la sitúa en un segundo plano intentando hacerla aparecer como una actividad parcial, situándolos al mismo nivel que los sindicatos corporativos defensores de un grupo concreto y por lo tanto no de clase, como si fueran una especie de colegios profesionales. Sin embargo, cuando las dificultades son mayores como ocurre en este momento, con los recortes y la reforma laboral en la mesa del diálogo social, se les llama a primera fila, se les alaba su responsabilidad siempre que se sumen a las propuestas de gobiernos y patronales o se les denigra si no lo hacen y optan por mantener la firmeza de sus posiciones en la defensa de los intereses de los trabajadores. Sin término medio.
Ya hemos visto la representatividad democrática de los sindicatos, muy superior a la de cualquier otra asociación o estructura social -incluidas por supuesto las organizaciones patronales- pero es que además los sindicatos, contra lo que pudiera parecer, no actúan solamente cuando se da relevancia mediática a una actividad especial como una huelga importante o un convenio colectivo conflictivo, o en periodos electorales. Un representante sindical, al contrario que un cargo político que sólo se presenta ante sus electores cada cuatro años, rinde cuentas ante los suyos -los trabajadores de su centro de trabajo o sector- todos los días, gestionando todo tipo de problemas que continuamente se suscitan en la vida laboral cotidiana.
Los sindicatos de clase siempre, pero más visiblemente en situaciones de crisis y de recortes de derechos como la actual, se encuentran con escasos aliados. Los sindicatos constituyen -es verdad- la última barrera establecida en aquello que es realmente importante: el empleo, el salario, las condiciones de trabajo y los derechos sociales. Es preciso entender que cuando decimos sindicatos estamos diciendo organización de los trabajadores. El marco político es importante, la dirección que tome uno u otro gobierno también, pero la realidad es que la capacidad de los trabajadores de organizarse en el movimiento sindical es la casi exclusiva garantía de que disponen para la defensa real de sus derechos más importantes. Así se ha demostrado reiteradamente cada que las dificultades se han exacerbado.
Javier Fernández - Sindicalista
La última barrera, la representación genuina de la izquierda, las únicas organizaciones que todavía no son plenamente procapitalistas... De estas y parecidas maneras se describe a los sindicatos de clase desde muy diversas instancias de la sociedad, unas veces con intención de halago y otras de descalificación, y en no pocas ocasiones mezclándose ambas valoraciones en la argumentación de un mismo interlocutor.
Con motivo de los recientes acontecimientos que han desembocado en la huelga de los empleados públicos, hemos visto como los mismos voceros que denigraban a los sindicatos por blandos, amigos del gobierno, paniaguados, cobardes por no atreverse a convocar un paro general, les tachan ahora de débiles, no representativos, fracasados...Todo ello, obviamente, con la intención de apartarles de la escena y poder forzar con más facilidad a los poderes políticos a desarrollar lo que llaman “reformas estructurales imprescindibles”, lo que en roman paladín significa exaltación de todo lo privado, disminución drástica de lo público y colectivo y por tanto del estado del bienestar. Lo que pretenden es debilitar a las organizaciones sindicales y a todas aquellas fuerzas que se oponen a estos procesos.
Los dos grandes sindicatos de clase españoles tienen dos orígenes bien diferentes. UGT fue fundada por Pablo Iglesias poco después del PSOE, dentro de esa filosofía muy común en Europa que establece una estrecha relación entre el partido político y el sindicato conviviendo en la misma familia socialista ó socialdemócrata, una filosofía que con altibajos ha perdurado hasta el día de hoy. CC.OO. surgió directamente de las fábricas y de las empresas durante la dictadura, en respuesta a la necesidad de los trabajadores de organizarse frente a la falta de derechos, de negociación colectiva y contra el férreo control establecido por el sindicato vertical. Aunque en sus orígenes contó con el apoyo de las fuerzas políticas clandestinas y opuestas a la dictadura, su génesis es profundamente participativa, plural y democrática.
Siguiendo esta tradición, que se plasmó en el papel constitucional de los sindicatos duramente conquistado, su capacidad de representación se mide democráticamente mediante elecciones universales en las que participan todos los trabajadores para renovar a sus representantes cada cuatro años. Incluso allí donde la ley no permite realizar elecciones porque se trata de empresas con entre uno y seis empleados, los sindicatos vienen proponiendo arbitrar fórmulas para que estos trabajadores puedan expresarse. Pocas organizaciones y estructuras sociales pueden exhibir esa capacidad de representación fuera de los partidos políticos, que la tienen gracias a una ley electoral como mínimo discutible, y cuyas cifras de afiliación son mucho menores en términos absolutos en sus estructuras.
¿De dónde surge tanto interés permanente en la descalificación de los sindicatos de clase? Los sindicatos españoles tienen vocación confederal, es decir, no se limitan a defender determinados problemas de los trabajadores en función de su puesto de trabajo sino que aspiran a elevarse hacia una actividad sociopolítica que les defienda en todos los ámbitos sociales: vivienda, salud, educación, empleo, pensiones y derechos cívicos en general, lejos de un mero corporativismo de cada grupo particular que es a lo que la mayoría de voces que se oponen a su labor les gustaría reducirles.
Lógicamente todo ello supone la defensa de unos intereses que colisionan con otros muy distintos, los de los empresarios, del capital financiero y de todos los que con ellos colaboran y a ellos sirven. Pero los sindicatos son también incómodos para los partidos políticos en la medida que mantienen su autonomía, cuya consecuencia es la defensa de los intereses de los trabajadores, por encima de la afinidad, y el apoyo permanente a sus estrategias y a sus necesidades políticas.
Por eso, en general, y en tiempos de más o menos estabilidad económica y social, se ningunea la actividad sindical, se la sitúa en un segundo plano intentando hacerla aparecer como una actividad parcial, situándolos al mismo nivel que los sindicatos corporativos defensores de un grupo concreto y por lo tanto no de clase, como si fueran una especie de colegios profesionales. Sin embargo, cuando las dificultades son mayores como ocurre en este momento, con los recortes y la reforma laboral en la mesa del diálogo social, se les llama a primera fila, se les alaba su responsabilidad siempre que se sumen a las propuestas de gobiernos y patronales o se les denigra si no lo hacen y optan por mantener la firmeza de sus posiciones en la defensa de los intereses de los trabajadores. Sin término medio.
Ya hemos visto la representatividad democrática de los sindicatos, muy superior a la de cualquier otra asociación o estructura social -incluidas por supuesto las organizaciones patronales- pero es que además los sindicatos, contra lo que pudiera parecer, no actúan solamente cuando se da relevancia mediática a una actividad especial como una huelga importante o un convenio colectivo conflictivo, o en periodos electorales. Un representante sindical, al contrario que un cargo político que sólo se presenta ante sus electores cada cuatro años, rinde cuentas ante los suyos -los trabajadores de su centro de trabajo o sector- todos los días, gestionando todo tipo de problemas que continuamente se suscitan en la vida laboral cotidiana.
Los sindicatos de clase siempre, pero más visiblemente en situaciones de crisis y de recortes de derechos como la actual, se encuentran con escasos aliados. Los sindicatos constituyen -es verdad- la última barrera establecida en aquello que es realmente importante: el empleo, el salario, las condiciones de trabajo y los derechos sociales. Es preciso entender que cuando decimos sindicatos estamos diciendo organización de los trabajadores. El marco político es importante, la dirección que tome uno u otro gobierno también, pero la realidad es que la capacidad de los trabajadores de organizarse en el movimiento sindical es la casi exclusiva garantía de que disponen para la defensa real de sus derechos más importantes. Así se ha demostrado reiteradamente cada que las dificultades se han exacerbado.
Javier Fernández - Sindicalista