28 de enero de 2009, 7:17
El debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica parece que esta produciendo avances significativos. Sin embargo el hecho de que aún no se conozcan los datos concretos abre poderosos interrogantes al respecto.
Es evidente que el actual modelo de financiación autonómica impuesto en su día por el PP ha fracasado porque tiene una notoria insuficiencia de recursos para atender los servicios transferidos, no considera la evolución de la población y en el caso concreto de la Sanidad no tiene carácter finalista por lo que es cada Comunidad Autónoma la que decide los recursos que se destinan a esta y tal y como se ha demostrado por el seguimiento realizado por la FADSP ello supone una gran desigualdad en la financiación per capita entre CCAA ( por ej en los presupuestos aprobados para 2009 esta diferencia alcanza 448,71€, entre los 1607,34 € del País Vasco y los 1.158,63 de la Comunidad Valenciana).
El nuevo modelo que se esta negociando tiene evidentes mejoras, como son un aumento de los fondos destinados a las autonomías y una consideración mas flexible del criterio poblacional que pueda reflejar los incrementos que se están produciendo en la misma y que en parte son los responsables de la falta de adecuación de la financiación actual a las necesidades de las CCAA.
Por otro lado la creación de un fondo especifico de nivelación para los servicios básicos (educación, sanidad y dependencia) parece una medida positiva, sin embargo no parece que se asegure el carácter finalista de las nuevas aportaciones, por lo que de no aclararse este aspecto no podría evitarse que estas, como ha sucedido en el pasado, acaben dirigidas a fines que nada tienen que ver con estos servicios públicos fundamentales.
Otro tema llamativo es el que, a pesar de que la financiación de la Sanidad es uno de los argumentos mas utilizados por parte del Gobierno y de las CCAA a la hora de justificar el nuevo modelo, no se han evaluado los objetivos centrales del Sistema Nacional de Salud, ni tampoco realizado una análisis de las necesidades de salud y de atención sanitaria de los distintos servicios regionales de salud de las CCAA, y tampoco se han evaluado las desigualdades que se producen entre estas, no solo en el plano económico, sino sobre todo en el acceso y la calidad de las prestaciones que reciben los ciudadanos. Por cierto que ya la Ley General de Sanidad en 1986 establecía la necesidad de aprobar un Plan Integrado de Salud sin que se haya elaborado hasta la fecha, solo 23 años después.
Por eso no resulta extraña la ausencia en la negociación tanto del Ministerio de Sanidad como de las Consejerías de Sanidad de las CCAA, pero esta ausencia condiciona también el carácter fundamentalmente economicista del acuerdo, y pone en entredicho su utilidad para una financiación coherente del Sistema Nacional de Salud, por más que sea bienvenido cualquier incremento presupuestario. Desgraciadamente da la impresión de que se esta volviendo a desaprovechar otra ocasión para resolver el problema de la financiación sanitaria y para favorecer la cohesión y vertebración del Sistema Nacional de Salud.
Marciano Sánchez Bayle
Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
Es evidente que el actual modelo de financiación autonómica impuesto en su día por el PP ha fracasado porque tiene una notoria insuficiencia de recursos para atender los servicios transferidos, no considera la evolución de la población y en el caso concreto de la Sanidad no tiene carácter finalista por lo que es cada Comunidad Autónoma la que decide los recursos que se destinan a esta y tal y como se ha demostrado por el seguimiento realizado por la FADSP ello supone una gran desigualdad en la financiación per capita entre CCAA ( por ej en los presupuestos aprobados para 2009 esta diferencia alcanza 448,71€, entre los 1607,34 € del País Vasco y los 1.158,63 de la Comunidad Valenciana).
El nuevo modelo que se esta negociando tiene evidentes mejoras, como son un aumento de los fondos destinados a las autonomías y una consideración mas flexible del criterio poblacional que pueda reflejar los incrementos que se están produciendo en la misma y que en parte son los responsables de la falta de adecuación de la financiación actual a las necesidades de las CCAA.
Por otro lado la creación de un fondo especifico de nivelación para los servicios básicos (educación, sanidad y dependencia) parece una medida positiva, sin embargo no parece que se asegure el carácter finalista de las nuevas aportaciones, por lo que de no aclararse este aspecto no podría evitarse que estas, como ha sucedido en el pasado, acaben dirigidas a fines que nada tienen que ver con estos servicios públicos fundamentales.
Otro tema llamativo es el que, a pesar de que la financiación de la Sanidad es uno de los argumentos mas utilizados por parte del Gobierno y de las CCAA a la hora de justificar el nuevo modelo, no se han evaluado los objetivos centrales del Sistema Nacional de Salud, ni tampoco realizado una análisis de las necesidades de salud y de atención sanitaria de los distintos servicios regionales de salud de las CCAA, y tampoco se han evaluado las desigualdades que se producen entre estas, no solo en el plano económico, sino sobre todo en el acceso y la calidad de las prestaciones que reciben los ciudadanos. Por cierto que ya la Ley General de Sanidad en 1986 establecía la necesidad de aprobar un Plan Integrado de Salud sin que se haya elaborado hasta la fecha, solo 23 años después.
Por eso no resulta extraña la ausencia en la negociación tanto del Ministerio de Sanidad como de las Consejerías de Sanidad de las CCAA, pero esta ausencia condiciona también el carácter fundamentalmente economicista del acuerdo, y pone en entredicho su utilidad para una financiación coherente del Sistema Nacional de Salud, por más que sea bienvenido cualquier incremento presupuestario. Desgraciadamente da la impresión de que se esta volviendo a desaprovechar otra ocasión para resolver el problema de la financiación sanitaria y para favorecer la cohesión y vertebración del Sistema Nacional de Salud.
Marciano Sánchez Bayle
Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública