26 de julio de 2010, 14:42
NUEVATRIBUNA.ES - 26.7.2010
Ante la nueva regulación del aborto se ha producido una cascada de declaraciones de responsables políticos de las administraciones sanitarias de comunidades autónomas gobernadas por el PP (Murcia, etc) que pretenden responsabilizar a la masiva (incluso absoluta: el 100%) objeción de los médicos la inaplicación de la ley en su territorio, lo cual es totalmente falso.
Vayamos por partes. No se conoce la objeción de conciencia de los médicos que trabajan en la Sanidad Pública respecto al aborto. Algunos colegios de médicos han abierto registros de objetores a los que se ha apuntado un número insignificante de profesionales, pero ello en si mismo es poco representativo porque habría que conocer cuál es la situación entre los ginecólogos que trabajan en los centros públicos (yo no soy objetor, pero siendo pediatra los resultados prácticos de mi opción personal son irrelevantes). Es imprescindible conocer cual es la situación entre los profesionales directamente implicados, -para lo que se precisa un censo de objetores en la Sanidad Pública que sólo puede ser responsabilidad de las administraciones sanitarias- y por supuesto controlar que quien se declara objetor en el sistema público lo es también en el sector privado.
La segunda cuestión relevante es que la organización de la cobertura de una prestación sanitaria depende de los responsables de la administración sanitaria a todos sus niveles (consejeros, directores generales, gerentes, etc) que tienen que arbitrar los mecanismos para que esta prestación pueda realizarse en el caso del aborto: disponibilidad de quirófanos, de medios diagnósticos, de personal que atienda a las mujeres, etc. Y ello porque es fácil decir que nadie quiere hacerlo cuando la realidad es que no se permiten y se obstaculizan las condiciones organizativas para que sea posible. Tanto en Navarra como en Murcia ya ha habido profesionales que han señalado su disponibilidad dejando en evidencia que no son los médicos sino los que dirigen las administraciones sanitarias los que por motivos ideológicos, o simplemente por oponerse al gobierno central, son realmente responsables de la situación.
Si se conocen los recursos profesionales con que se cuenta y se adoptan las medidas de organización para facilitarlo, la prestación del aborto puede fácilmente garantizarse en la red pública, aunque es posible que en algún sitio concreto tenga que contratarse personal específico para ello, como por cierto se hace para muchas otras prestaciones que ofrece el sistema sanitario público.
Lo que está claro es que no puede esperarse que un grupo de profesionales, por militancia y a veces por puro heroísmo, permita dar salida a la situación de bloqueo. Los poderes públicos son los responsables. Esperemos que de una vez por todas se actúe con contundencia contra aquellos que obstaculizan el cumplimiento de una legislación en vigor e impiden que se haga efectivo un derecho de las mujeres.
Marciano Sánchez Bayle es médico y Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
Ante la nueva regulación del aborto se ha producido una cascada de declaraciones de responsables políticos de las administraciones sanitarias de comunidades autónomas gobernadas por el PP (Murcia, etc) que pretenden responsabilizar a la masiva (incluso absoluta: el 100%) objeción de los médicos la inaplicación de la ley en su territorio, lo cual es totalmente falso.
Vayamos por partes. No se conoce la objeción de conciencia de los médicos que trabajan en la Sanidad Pública respecto al aborto. Algunos colegios de médicos han abierto registros de objetores a los que se ha apuntado un número insignificante de profesionales, pero ello en si mismo es poco representativo porque habría que conocer cuál es la situación entre los ginecólogos que trabajan en los centros públicos (yo no soy objetor, pero siendo pediatra los resultados prácticos de mi opción personal son irrelevantes). Es imprescindible conocer cual es la situación entre los profesionales directamente implicados, -para lo que se precisa un censo de objetores en la Sanidad Pública que sólo puede ser responsabilidad de las administraciones sanitarias- y por supuesto controlar que quien se declara objetor en el sistema público lo es también en el sector privado.
La segunda cuestión relevante es que la organización de la cobertura de una prestación sanitaria depende de los responsables de la administración sanitaria a todos sus niveles (consejeros, directores generales, gerentes, etc) que tienen que arbitrar los mecanismos para que esta prestación pueda realizarse en el caso del aborto: disponibilidad de quirófanos, de medios diagnósticos, de personal que atienda a las mujeres, etc. Y ello porque es fácil decir que nadie quiere hacerlo cuando la realidad es que no se permiten y se obstaculizan las condiciones organizativas para que sea posible. Tanto en Navarra como en Murcia ya ha habido profesionales que han señalado su disponibilidad dejando en evidencia que no son los médicos sino los que dirigen las administraciones sanitarias los que por motivos ideológicos, o simplemente por oponerse al gobierno central, son realmente responsables de la situación.
Si se conocen los recursos profesionales con que se cuenta y se adoptan las medidas de organización para facilitarlo, la prestación del aborto puede fácilmente garantizarse en la red pública, aunque es posible que en algún sitio concreto tenga que contratarse personal específico para ello, como por cierto se hace para muchas otras prestaciones que ofrece el sistema sanitario público.
Lo que está claro es que no puede esperarse que un grupo de profesionales, por militancia y a veces por puro heroísmo, permita dar salida a la situación de bloqueo. Los poderes públicos son los responsables. Esperemos que de una vez por todas se actúe con contundencia contra aquellos que obstaculizan el cumplimiento de una legislación en vigor e impiden que se haga efectivo un derecho de las mujeres.
Marciano Sánchez Bayle es médico y Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública